Este jueves se reanuda el juicio contra la exintendente de Isla de Cañas

Los hechos por los que se la acusa fueron denunciados por el actual jefe comunal.La audiencia de debate se reanudará con la recepción de los últimos testimonios previstos.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos).

Este jueves 29 se reanudará la audiencia de debate y se continuará con la recepción de los últimos testimonios previstos.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

Condenan al exintendente de Angastaco y a su esposa por peculado

La Auditoría de la Provincia presentó una denuncia en junio de 2020 sobre irregularidades en el manejo de fondos por parte del intendente saliente. La investigación de la Unidad de Delitos Económicos confirmó la acusación relacionada con la administración de la Hostería municipal.

Mediante juicio abreviado, el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz fue condenado por ser autor del delito de peculado en calidad de autor y Alicia Elvira Ríos, agente sanitaria y esposa del exjefe comunal como partícipe necesaria del peculado y como autora del delito de falsificación de instrumento público.

La fiscal Penal de la Unidad de delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que tras la admisión de culpabilidad, Díaz fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y Ríos a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta en ambos casos.

Además, como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el exintendente de Angastaco y su esposa deberán reparar el daño ocasionado al municipio, depositando en el día de la fecha, la suma de $1.000.000. Cabe recordar que el perjuicio auditado por la UDEC fue de $141.412,74 en el año 2018.

Los hechos

El 6 de junio de 2020, la Auditoría General de la Provincia (AGPS), presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente.  En el relevamiento de información para la transición institucional en la Municipalidad de Angastaco, el organismo detectó que la Hostería municipal era administrada desde diciembre de 2017 por la esposa del ex intendente sin contrato de concesión, y el responsable de cobranzas del establecimiento no estaba registrado. Además la mujer, quien fuera designada Secretaria de Acción Social, utilizaba su cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes mediante la página de Booking.

La investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos llevó a obtener pruebas de lo denunciado por la AGPS. Luego del análisis de datos y pruebas recolectadas, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF confirmaron que Alicia Elvira Ríos, recibió pagos por los servicios de hospedaje en la Hostería de dos formas: en efectivo, directamente de los huéspedes que se alojaban en el lugar; y a través de tarjetas de crédito utilizando una cuenta de Mercado Pago a su nombre. No se encontraron pruebas que indiquen que estos fondos hayan sido rendidos a la Municipalidad.

El entonces Intendente de la Municipalidad de Angastaco era responsable de la administración de la Hostería, incluyendo los gastos y la recaudación de los ingresos derivados de los servicios de restaurante y hospedaje, y designó a su esposa como encargada,  sin seguir los procedimientos administrativos necesarios. Además, según las declaraciones de la mujer ante las autoridades de la AGPS, ella se encargaba de administrar y recibir los ingresos generados por la explotación de la Hostería, circunstancias que determinaron que  Salinas Odorisio acuse a Eduardo Ramón Díaz por peculado y a su esposa como partícipe necesaria.

La fiscal de la UDEC también acusó a la mujer por falsificación de instrumento público. En su defensa, la mujer había presentado la Resolución 33/18 bis como prueba de su designación como encargada de la Hostería. Sin embargo, la Municipalidad de Angastaco informó la inexistencia de tal registro en el Libro de Actas de Resoluciones.

 

 

Desde las 14, tercera jornada del juicio contra el exintendente de Campo Quijano

Desde este lunes y hasta el viernes se espera que distintos testigos presten su testimonio en la audiencia debate contra Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

A lo largo de toda la semana continuará desarrollándose la audiencia debate contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

De acuerdo al cronograma, a lo largo de toda la semana, desde las 14 horas, en la Sala de Grandes Juicios continuará la ronda de testigos. El lunes 3 de julio se desarrollará a partir de las 13.30; el martes 4 de julio, desde las 11, y el miércoles 5 de julio, último día previsto para el juicio, será desde las 13.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, cuando el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, denunció la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Por su parte, el informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registración contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC acusó formalmente a los exfuncionarios municipales.

 

Segunda jornada del juicio contra el exintendente de Quijano

Hoy prestaron declaración los efectivos policiales que participaron de la investigación y testigos civiles. Se exhibieron ante el Tribunal mensajes de texto y de WhatsApp entre los imputados, Manuel Cornejo y Carmen Rosa Méndez que demuestran su autoría en los hechos imputados.

En la segunda jornada de la audiencia debate seguida contra Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real; y Carmen Rosa Méndez,  exsecretaria de Hacienda de ese municipio por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real, prestaron testimonio los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y testigos civiles.

La fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y sostiene la acusación contra el exjefe comunal y la exsecretaria de Hacienda, presentando las pruebas recabadas a lo largo de la investigación.

En ese marco, durante la declaración de uno de los policías que prestó testimonio hoy, se presentaron en pantalla gigante conversaciones entre los imputados que demuestran la existencia del delito de peculado, que le imputa Salinas Odorisio.

Los delitos

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, quien aseguró que había detectado desorden y ausencia de documentación municipal relacionada a la actividad contable.

A través de la investigación realizada, desde la UDEC identificaron distintos ilícitos.

El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el imputado adquirió -en beneficio personal- una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del Municipio por la suma de $ 750.000. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08 secuestrado.

Surgió como segundo hecho que el imputado Cornejo, a pocos días de finalizar su mandato como Intendente, sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente Cornejo, le pertenecían.

El titular del predio manifestó en su declaración que Cornejo le pidió un sector de la finca para guardar la maquinaria, a fines de noviembre o principios de diciembre de 2019, sin darle mayores explicaciones. Tampoco supo quién llevó hasta allí la maquinaria. Sin embargo, un empleado que se desempeñó por 14 años en el municipio y que estuvo cargo del parque automotor; sostuvo que en los primeros días de diciembre de 2019, hizo un inventario en el que consignó todas las maquinarias del taller y del parque automotor.

Surgió que en ese inventario, solamente consignó las máquinas que había en el canchón, pero que había otras en el predio de la Usina Municipal. Sobre las máquinas secuestradas en el predio de la Finca Pucará, sostuvo que cuando llegó al lugar, las reconoció a todas como las que antes estaban en el Municipio, pues se encargaba de su reparación. Ello dio cuenta que el imputado, días previos a finalizar su función, dispuso en su beneficio personal sobre las maquinarias del municipio, además de haber pagado con fondos municipales los seguros correspondientes de los vehículos.

Por otra parte, la fiscal tuvo por acreditada la participación punible de Cornejo en el tercer hecho, que surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad. Surgió de los recibos, que no se estableció ni el beneficiario ni el monto que se otorgaba, por lo que la maniobra fue utilizada para disponer libremente de fondos municipales en beneficio propio.

Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.

Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.

Además existen copias de los cartulares que eran emitidos a la orden de la imputada Carmen Rosa Méndez y luego endosados para ser cobrados por los empleados del Municipio, quienes concurrían a la entidad bancaria del Banco Patagonia ubicada en la rotonda de Limache, por orden de la acusada, para traer dinero para el “doctor”, en referencia a Cornejo.

La maniobra también fue acreditada con los mensajes extraídos del teléfono celular del acusado -y que fueron exhibidos en pantalla gigante hoy ante el Tribunal- de los que surgió la maniobra descripta: esperar la trasferencia de fondos nacionales o provinciales, transferirlos a la cuenta del Banco Patagonia, constituir plazos fijos para generar intereses y luego disponer de esos fondos, los que incluso, fueron retirados en bolsos, meses antes de finalizar su mandato.

Todo los descripto, dio cuenta que tanto Cornejo como Méndez, desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos, de los que se apropiaron y que les correspondía administrar, con abuso del poder de Cornejo en disponibilidad que le fuera otorgado en razón de su cargo y con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.

Amplían la imputación a un hombre por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

El hombre, que actuaba bajo los alias de Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue detenido el 29 de mayo pasado. La UDEC intervino tras denuncias en agosto de 2022 sobre un esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. También se reportaron casos de engaño en la venta de terrenos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación contra un hombre detenido el 29 de mayo pasado por estafas relacionadas a la gestión de viviendas.

El hombre, que también se hacía llamar Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue imputado por estafas reiteradas (6 hechos), y falsificación de instrumento público (2 hechos), todo en concurso real.

Sobre el imputado pesaba una orden de detención anterior emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La UDEC intervino luego de una denuncia en agosto de 2022, en la cual una mujer relató que su hermano le informó sobre un supuesto esquema de entrega de viviendas sociales recuperadas. Otra mujer también fue engañada en abril de 2022 con la venta de terrenos por parte de una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmaba trabajar en el Gobierno. Además, en 2019, una mujer entregó dinero a un hombre que se hacía pasar por Julián Reinoso, supuesto empleado del IPV, con la promesa de obtener una casa en el Barrio Pereyra Rosas.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre que se presentaba como Reinoso entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos.

En el inicio del juicio, no declaró el ex intendente de Campo Quijano

Este viernes por la tarde comenzó la audiencia de debate contra Manuel Cornejo y contra Carmen Mendez y tras la lectura del requerimiento a juicio, se plantearon cuestiones preliminares de las defensas. Tras ser rechazadas, comenzó la audiencia y los acusados no declararon.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Manuel Cornejo como exintendente de la localidad de Campo Quijano por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (4 hechos) en concurso real y contra Carmen Mendez como exsecretaria de Hacienda de la Municipalidad por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, también en concurso real.

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los defensores de la acusada Méndez plantearon la recusación al Juez de la Sala VI y solicitaron su apartamiento, la nulidad del proceso y sobreseimiento de su defendida. La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el pedido de recusación del Tribunal realizado por la defensa de Méndez es extemporáneo, por lo que la solicitud de la defensa debe ser rechazada, a lo que adhirió la querella.

En tanto, la defensa del imputado Cornejo planteó la nulidad absoluta de las actuaciones a partir de mayo de 2021 y solicitó el sobreseimiento sin audiencia de debate de su representado. En forma subsidiaria planteó la nulidad del requerimiento a juicio de la querella en relación al enriquecimiento ilícito. Ambos planteos fueron rechazados por  la fiscal Salinas Odorisio con adhesión de la querella.

Tras un cuarto intermedio, el juez Guillermo Pereyra resolvió respecto a los planteos de la defensa. En el caso de Méndez, rechazó la recusación por considerarla inapropiada y presentada fuera de plazo, lo que hizo que el planteo de nulidad general del procedimiento careciera de sustento para ser considerado. En cuanto a los planteos de la defensa de Cornejo, el juez también rechazó la solicitud de nulidad absoluta formulada. En relación a la solicitud de nulidad parcial sobre la acusación presentada por la querella, el magistrado consideró que era improcedente, ya que esa cuestión ya había sido resuelta previamente en un Juzgado de Garantías.
El juez rechazó los planteos presentados y procedió a preguntar a los acusados si deseaban prestar declaración. Tanto Méndez como Cornejo, optaron por abstenerse de declarar. Posteriormente, se dio inicio a la ronda de testimoniales con el testimonio de tres personas.
El denunciante Carlos Folloni, quien actualmente ocupa el cargo de intendente de Campo Quijano, no compareció a declarar tal como estaba programado. En su lugar, presentó una nota solicitando realizar su declaración por escrito.

El juicio continuará el viernes 23 a las 11 de la mañana.

La intervención de la UDEC comenzó en enero de 2020, cuando Oscar Folloni, presentó una denuncia ante la falta de registros contables de fondos municipales durante los períodos comprendidos entre 2017 y 2019. Además, un informe elaborado por la Auditoria General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos. También se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Cornejo y verificar la legitimidad de los gastos. Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC presentó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales implicados.

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

La intervención se originó a raíz de la denuncia presentada por el actual intendente, Oscar Folloni. La audiencia debate  iniciará este viernes  a las 13 en la Sala 6 del Tribunal de Juicio y se extenderá hasta el 5 de julio. 

Hoy inicia la audiencia debate contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representará en la ocasión, al Ministerio Público Fiscal.

Salinas Odorisio imputó a Cornejo por haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en cuatro ocasiones, todo en concurso real. Por otro lado, Méndez es acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, también en concurso real.

La intervención de la UDEC tuvo inicio en enero de 2020, cuando Oscar Folloni, actual intendente de Campo Quijano, presentó una denuncia ante la falta de registros contables de fondos municipales durante los períodos comprendidos entre 2017 y 2019.

Además, un informe elaborado por la Auditoria General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos. También se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Cornejo y verificar la legitimidad de los gastos.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC presentó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales implicados.

El juez Guillermo Pereyra presidirá el juicio, que se llevará a cabo en el Salón de Grandes Juicios desde hoy, 16 de junio, hasta el 5 de julio.

Isla de Cañas: El juicio contra la exintendente continuará el próximo 29 de junio

Angelina Lucía Canchi es juzgada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos). Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.

Durante la quinta jornada se continuó con la ronda de testimoniales. A solicitud de la fiscal Torres, se ordenó la detención del exsecretario de Gobierno municipal, Saturnino Zambrano, quien como testigo, será investigado por la posible comisión de falso testimonio.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 29 de junio para continuar con la ronda de testimoniales.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.

Saulo SRL: Amplían la imputación a 537 estafas y vaciamiento de empresa

El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que los denunciantes efectuaron, a favor de la financiera, desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresa contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por  estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Al realizarse los allanamientos en los locales comerciales no se encontró tal cantidad de dinero y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Salinas Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer las sumas de dinero que ingresaban a la empresa de los pagos que efectuaban los clientes por los contratos de capitalización celebrados y que no cumplimentaron, y que concluyeron con el cierre de la financiera. Sumado al hecho de que la totalidad de los locales comerciales se encuentran cerrados o en poder de terceros, todo ello afectando el patrimonio, garantía común de los acreedores

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

 

Ascienden a más de 20 millones de pesos las estafas con cheques electrónicos

Se realizaron dos nuevos allanamientos en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Hay tres detenidos, tres prófugos y un hombre fue citado a la Fiscalía.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga distintas denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas.

En este marco se realizó, con la colaboración del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, allanamientos en dos viviendas en barrio San Antonio y San Francisco Solano, donde se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre los que se encuentran comprobantes de cuentas bancarias.

Además, la fiscal Salinas Odorisio solicitó la captura de tres hombres que estarían involucrados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

Una de ellas, es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

Hasta el momento, desde UDEC fueron identificadas como autores de las estafas con cheques electrónicos siete personas, que actuaban de común acuerdo y cumpliendo distintos roles. Hay tres hombres detenidos e imputados por los delitos de estafa y asociación ilícita, un cuarto integrante de la banda que fue identificado y citado a la Fiscalía y tres personas prófugas con pedido de detención.

Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF durante uno de los allanamientos