Hacen lugar al recurso de casación de la Fiscalía y confirman la responsabilidad penal del exintendente de San Lorenzo

La Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia dictada en primera instancia contra Ernesto Fernando Gonza, quien había sido condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa. El Tribunal consideró que los hechos imputados revisten carácter de consumados, y en consecuencia, ordenó fijar una nueva audiencia para la imposición de la pena.

El fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, fue notificado de la resolución dictada por la Sala 4 del Tribunal de Impugnación, que hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la causa seguida contra Ernesto Fernando Gonza, exintendente del municipio de San Lorenzo, y Sergio Armando.

El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y declaró la responsabilidad penal de ambos acusados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real.

Asimismo, se ordenó a la OFIJU que, conforme a la disponibilidad del calendario judicial, fije una audiencia de visu a fin de determinar la nueva pena que corresponda imponerles a los condenados.

El 12 de diciembre de 2022, el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Araníbar había condenado a Gonza a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al cumplimiento de reglas de conducta, al considerarlo autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.

Por su parte, Sergio Armando había sido condenado a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, en calidad de autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.

Durante los alegatos, la titular de UDEC había requerido la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para Gonza y tres años y seis meses para Armando. Ambas, de cumplimiento efectivo.

En su recurso de casación, la fiscal Salinas Odorisio planteó que los hechos vinculados con las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” configuraban delitos consumados, en tanto el perjuicio al Estado se había concretado y no fueron tentativos, como había sostenido el tribunal de juicio.

El Tribunal de Impugnación coincidió con el criterio de la Fiscalía y reconoció la consumación de los delitos, circunstancia que agrava la responsabilidad penal de los condenados.

Por su parte, las defensas técnicas de ambos acusados también interpusieron recursos de casación, los cuales fueron rechazados por el Tribunal.

Condena e inhabilitación perpetua para Ernesto Gonza, exintendente de San Lorenzo

Imputan a coordinadora de hogar estatal por peculado de fondos destinados a menores

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) investiga la falta de rendición de fondos públicos destinados al Dispositivo Crisantemos, con perjuicio económico al Estado provincial.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a la coordinadora del Dispositivo Proteccional Crisantemos, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, por el delito de peculado.

Durante la audiencia, la mujer fue asistida por un abogado particular y ejerció su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada en mayo pasado por el director de Dispositivos de Protección de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, quien advirtió la falta de rendición de los fondos públicos asignados al entonces Dispositivo Crisantemos. Dichos fondos estaban destinados al sostenimiento de los niños, niñas y adolescentes alojados en la institución.

El informe pericial elaborado por personal de la UDEC constató que la imputada no presentó la declaración jurada ni los comprobantes respaldatorios, ni rindió los fondos depositados por la Provincia de Salta durante los años 2022 y 2023.

Los montos observados ascienden a $1.046.076,76 correspondientes al período 2023 y $289.368,76 al período 2022. La falta de rendición o restitución de esas sumas habría generado un perjuicio económico a las arcas del Estado provincial.

Imputado por estafas con viviendas sociales

Un hombre, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al Instituto Provincial de Vivienda, ofreció a los denunciantes la confección de carpetas para acceder a una vivienda social a cambio de dinero.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de estafa reiterada (dos hechos), en concurso real.

La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada este año por una mujer que afirmó haber conocido al acusado en 2022, cuando abordó el vehículo que ella conducía como chofer de remis. Según relató, el hombre le manifestó que trabajaba en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y, al consultarle ella cómo podía inscribirse para acceder a una casa, él se ofreció a ayudarla. Poco después la contactó, le indicó que debía presentar documentación y entregar una suma de dinero en efectivo.

La denunciante señaló que cumplió con los requisitos y que incluso el imputado la llevó hasta el barrio Pereyra Rosas —donde aún se construían viviendas— asegurándole que una de esas casas sería para ella. Luego, la contactó nuevamente y le comentó que varias personas se habían dado de baja del programa, por lo que le preguntó si conocía a alguien interesado. Ella le presentó entonces a su hermano y a su prima.

Tras la investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró acreditado que el denunciado, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al IPV, ofreció a la víctima la confección de una carpeta para acceder a una vivienda social a cambio de setenta mil pesos ($70.000). La mujer, confiando en sus dichos, le entregó esa suma, creyendo que así accedería a una vivienda propia. Posteriormente, entregó otra suma de sesenta mil pesos ($60.000) en nombre de su hermano, por una vivienda adicional.

El acusado también la convenció de entregarle otros montos de dinero para distintos fines: veinte mil pesos ($20.000) para pintura y construcción de medianeras, y cien mil pesos ($100.000) para la supuesta compra de cubiertas de autos. En el caso de la prima, utilizó una modalidad similar, obteniendo de ella sesenta mil pesos ($60.000).

De este modo, el imputado logró hacerse de diversas sumas de dinero en beneficio propio, perjudicando el patrimonio de los damnificados

Unidad Carcelaria 1: Condenaron a los 17 imputados a penas de entre 1 y 10 años y 6 meses

Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en la UC1 recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias -que iniciaron el 4 de agosto y se extendieron hasta hoy- la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes como resultado de la investigación realizada.

Luego de diez semanas de audiencias, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, dictaron veredicto respecto de los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares vinculados, acusados de integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal.

El Tribunal impuso penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión a los funcionarios penitenciarios; y penas de entre 1 y 9 años y 6 meses a los internos y familiares involucrados.

En su mayoría, las condenas se corresponden con lo solicitado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador General Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes sostuvieron que quedó acreditado que los acusados actuaron de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para sostener un sistema criminal basado en dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel, aprovechando la vulnerabilidad de los internos, y la perpetración de exacciones ilegales.

Según la acusación, ambos delitos “reportaron un beneficio económico directo a los imputados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente”.

En su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella resaltó la gravedad institucional del caso y la necesidad de garantizar la verdad real frente a los hechos investigados. Advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos, al permitir que algunos funcionarios decidieran —mediante prácticas arbitrarias y extorsivas— quién sufría abusos y quién obtenía privilegios, desnaturalizando la función estatal de ejecución de las penas.

Sostuvo que estas conductas no sólo configuraron delitos económicos y contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad, cuya protección constituye una obligación internacional del Estado. Finalmente, destacó que la organización ilícita contaba con jerarquías y roles definidos, con un funcionamiento persistente en el tiempo, y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.

Las penas:

  1. Sergio Faustino Moya: Condenado a 10 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  2. Francisco Arturo Bisceglia: Condenado a 10 años y 6 meses de prisión de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (5 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  3. Luis Roberto Castaño: 6 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  4. Marcos Matías Bucotich García: 6 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de de exacciones ilegales agravadas -concusión (1 hecho); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  5. Raúl Antonio Arjona: 7 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor del delito de exacciones ilegales agravadas -concusión (1 hecho); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  6. Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (5 hechos); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  7. Rubén Antonio Guaymás: 5 años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de exacciones ilegales agravadas (1 hecho), incumplimiento de los deberes de funcionario público (3 hechos) y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  8. José Luis Alarcón: 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
  9. Baldomero Darío Córdoba: 2 años de prisión de ejecución condicional por considerarlo partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas.
  10. Manuel Méndez: 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real. Por condena anterior de 10 años, se unificó en una única condena de 19 años y 6 meses. Fue declarado reincidente por primera vez.
  11. María Inés Méndez: 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  12. Héctor Gustavo Banega: 8 años de prisión efectiva por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  13. Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  14. María Cristina Galindo: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención.
  15. Nicole Judith Ana Luna: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad domiciliaria con consigna policial, por ser partícipe necesario de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  16. Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
  17. Andrea Abigail Alba: 1 año de prisión de ejecución condicional por ser considerada autora de tenencia simple de estupefacientes. Por condena anterior de 7 años y 2 meses, se unificó en una única condena a 8 años y 2 meses de prisión.

En cuanto a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía había retirado la acusación.

Videos:
1)  https://www.youtube.com/watch?v=zMBqJkv52yM

2) https://youtu.be/E3v2R-oHKOA

3) https://youtu.be/rjgk6ZxErZk

Unidad Carcelaria 1: Mañana se conocerá el veredicto

A las 8:30 horas, en el salón del Tribunal Electoral, los imputados ejercerán su derecho a expresarse ante el Tribunal de Juicio, que a las 13:30 procederá a la lectura de la sentencia.

Tras dos meses y medio de audiencias, el proceso judicial que se sigue contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares ingresará mañana, miércoles 15 de octubre, en su etapa final. A partir de las 8:30, en el salón del Tribunal Electoral, los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a las últimas palabras ante el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. La lectura del veredicto está prevista para las 13:30.

Desde el inicio de las audiencias, el pasado 4 de agosto, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador General, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— presentó un cuerpo probatorio que sostiene la acusación contra los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón, imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, por haberse cometido dentro de un establecimiento de detención, con participación de más de tres personas y por funcionarios encargados de la guarda de presos.

Asimismo, a Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón también se les atribuyen distintos hechos de exacciones ilegales agravadas (concusión). Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.

Por otra parte, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores afrontan cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario, en concurso con asociación ilícita.

Todos los imputados enfrentan, además, la acusación de integrar una asociación ilícita.

Unidad Carcelaria 1: El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 6 y 12 años para los funcionarios del penal

Chofer de flete, condenado por estafa

Fue a partir de la denuncia de un chofer que señaló a un colaborador por la apropiación indebida de productos médicos destinados a distintos puntos de la ciudad de Salta. Parte de esa mercadería fue hallada posteriormente a la venta en un supermercado.

Por expresas directivas de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, el auxiliar fiscal Pablo Nieva representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito en la que Luis Antonio Raúl Diez Gómez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, homologó el acuerdo alcanzado por las partes, con el reconocimiento de culpabilidad del acusado por el delito de estafa.

La intervención de la UDEC se originó el 20 de enero de 2018, a partir de la denuncia radicada por un chofer de la empresa Expresso Total, quien aseguró que Diez Gómez, contratado para colaborar con la distribución local, se había apropiado indebidamente de mercadería destinada a distintos puntos de la ciudad de Salta.

El denunciante explicó que, el 8 de enero de ese año, debía distribuir productos de un laboratorio médico, empaquetados en diecinueve bultos. Debido a que el camión a su cargo no podía circular por la zona céntrica, el reparto fue delegado a Diez Gómez, quien utilizaba una camioneta tipo flete.

El acusado entregó remitos con firmas de recepción falsificadas, correspondientes a dos destinos: la firma Cofaral y un domicilio particular en calle 25 de Mayo, donde debía entregarse la mercadería a un visitador médico. Con esa documentación, percibió el pago correspondiente al servicio.

Días después, el 18 de enero, la empresa de transporte descubrió que la mercadería destinada al visitador médico nunca fue recibida. Al ser consultado, el acusado aseguró que había cumplido con la entrega y afirmó que se encontraba trabajando en Tartagal. Prometió regresar a Salta para “recuperar la mercadería”, pero luego dejó de responder las llamadas.

Durante la investigación, el visitador médico, representante de Nutricia Bagó S.A. en la región, explicó que los productos en cuestión eran muestras médicas sin valor comercial, destinadas exclusivamente a profesionales de la salud para su evaluación. Sin embargo, tiempo después, parte de esa mercadería fue detectada a la venta en un supermercado del barrio Santa Ana.

Tres condenados por peculado en la Autoridad Metropolitana de Transporte

Dos de ellos eran empleados de la AMT. Exigían sumas de dinero a cambio de liberar, de manera irregular, vehículos que habían sido secuestrados por prestar servicios de transporte ilegal.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos,  representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que tres hombres fueron condenados por el delito de peculado. Dos de ellos eran empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT).

El juez de la Sala 3 del Tribunal de Juicio, Pablo Farah, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, con el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados. Sergio Gonzalo Musso fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. José Fernando Carrasco (autor) y Guillermo Sebastián Villafañe (partícipe necesario) recibieron la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, quien advirtió la desaparición de un automóvil secuestrado en una de las playas del organismo. Al revisar las cámaras de seguridad, observó cómo un hombre se presentó con un papel, lo entregó al guardia y retiró el vehículo. Luego se comprobó que la orden de liberación había desaparecido y que los expedientes de entre 148 y 160 vehículos confiscados habían sido eliminados del sistema informático.

Los investigadores de UDEC establecieron que Musso, inspector de la AMT, encabezaba las maniobras con fines de lucro personal, en complicidad con Carrasco, empleado de la Mesa de Entradas. Ambos captaban a las víctimas, propietarios de autos secuestrados por prestar servicios ilegales de transporte (remises no habilitados o Uber), a quienes exigían entre 30.000 y 40.000 pesos a cambio de una orden de liberación con la que podían retirar sus rodados.

En la operatoria también intervenía Villafañe, quien no pertenecía a la planta de personal de la AMT, pero se encargaba de recibir el dinero en efectivo y entregar las órdenes falsas, en coordinación directa con Musso, quien facilitaba su contacto a las víctimas.

La investigación de UDEC permitió reunir pruebas y establecer la mecánica utilizada para la entrega irregular de vehículos, lo que generó un perjuicio a las arcas provinciales.

 

Unidad Carcelaria 1: El jueves 9 se conocerá el veredicto

A las 8:30, los acusados tendrán la oportunidad de expresar sus últimas palabras y, a las 13:30, el Tribunal dará lectura a la sentencia.

La vigésimo octava jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, continuó con las réplicas de los alegatos presentadas por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Posteriormente, las defensas formularon sus contrarréplicas.

Concluida esta etapa, el Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de octubre a las 8:30, ocasión en la que se escucharán las últimas palabras de los acusados. La lectura del veredicto se fijó para ese mismo día a las 13:30.

Cabe recordar que son veinte los imputados en la causa, aunque sólo diecinueve están siendo juzgados, dado que una de las acusadas fue declarada en rebeldía.

Los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada —por la participación de más de tres personas, en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos—.

En los casos de Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón, también se les atribuye exacciones ilegales agravadas (concusión) en distintos hechos. Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.

Todos los mencionados, además, están acusados de integrar una asociación ilícita.

Por otra parte, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores fueron acusados de comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario, en concurso con asociación ilícita.

Finalmente, Andrea Abigail Alba enfrenta cargos por tenencia simple de estupefacientes, mientras que respecto de Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.

Unidad Carcelaria 1: El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 6 y 12 años para los funcionarios del penal

Unidad Carcelaria 1: Inició la ronda de réplicas de los alegatos

El próximo martes 30 continuarán las réplicas y contraréplicas de las partes.

En la Sala de Grandes Juicios se desarrolló esta mañana la vigesimoséptima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares.

Tal como estaba previsto, la jornada inició con la ronda de réplicas a los alegatos. La Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, respondió a los argumentos de las defensas de los imputados Héctor Gustavo Banegas, Ivana Marcela Gutiérrez, Francisco Arturo Bisceglia y Rubén Antonio Guaymás.

Las defensas de los imputados realizaron sus contraréplicas.

Luego, el Tribunal de Juicio -compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de septiembre, en que continuarán las réplicas.

 

Unidad Carcelaria 1: El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 6 y 12 años para los funcionarios del penal

Saulo Capital SRL: Condenan a más de diez años a los responsables de la financiera por 520 estafas y asociación ilícita

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que los imputados reconocieran su responsabilidad en el esquema de captación ilegal de fondos montado por Saulo Capital SRL.

En audiencia de juicio abreviado llevado adelante ante el juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, se condenó a los imputados en el marco de la causa Saulo Capital SRL.

Antes del inicio de la audiencia de debate prevista para hoy, las defensas presentaron una propuesta de juicio abreviado. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el abogado querellante Facundo Burgos, prestaron su consentimiento tras el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.

De esta manera, Morales, Cabana y Ramos fueron condenados como coautores de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa. En tanto, Resina admitió haber cometido encubrimiento agravado. Marcelo Alfredo Morales recibió la pena de diez años y seis meses de prisión. Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos fueron condenados a diez años y cinco meses de prisión efectiva, mientras que Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.

La investigación de UDEC se inició en mayo de 2022, tras cientos de denuncias y un informe del Banco Central que advirtió que Saulo Capital operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Se comprobó que los fondos captados eran reinvertidos en negocios locales y usados para pagar intereses a otros inversores, hasta el cierre de la sede en Salta, mientras la firma publicitaba altos rendimientos.

Según el CIF, las víctimas entregaron más de $188 millones, USD 2,3 millones y BUSD 2.300, principalmente entre enero y marzo de 2022. La sociedad llegó a administrar once comercios.