Condenaron a dos mujeres por falsificar un boleto de compraventa de una vivienda

Una mujer que había adquirido una vivienda en 2009, debió luego iniciar un juicio de desalojo para recuperarla. Cuatro años después se enfrentó a un intento de usurpación respaldado por un boleto de compraventa falsificado. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se desarrolló en la Sala 3 del Tribunal de Juicio.

Tras la presentación de las pruebas reunidas en la etapa de investigación por la UDEC, Mirta Elizabeth Anze Villena y Ana Lisa Montiel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autoras de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsificación de documento privado en concurso real.

La intervención de la UDEC inició con la denuncia radicada por una mujer que adquirió una vivienda en calle Zuviría al 1500 en el año 2009. En diciembre de 2011 tomó conocimiento de que tres personas habían habían ingresado sin autorización al inmueble, obligándola a iniciar un juicio de desalojo que se tramitó en el Juzgado Civil Y Comercial 2, obteniendo sentencia favorable y logrando que el inmueble se le restituyera.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2017, la denunciante fue notificada de una audiencia en el Centro de Mediación del Poder Judicial con dos de las mujeres que habían sido desalojadas en 2012. Allí, su abogado fue informado de la existencia de un boleto de compraventa supuestamente completado y firmado por ella a favor de las mujeres, quienes reclamaban la propiedad del inmueble.

Desde UDEC se inició una investigación, determinando la pericia caligráfica efectuada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que “del estudio comparativo entre los elementos dubitados, consistentes en la firma del boleto de compraventa y del contrato de locación y las firmas indubitadas del cuerpo de escritura y del DNI de la denunciante, surge que no guardan relación grafo-estructural entre ellas, observando diferencias en su formato y en los patrones gráficos mencionados”.

Por otra parte, se pudo establecer que en 2014, Anze Villena y Montiel se habían presentado ante una escribana pública en supuesto carácter de locatarias del inmueble, solicitando que se deje constancia del estado del mismo y de todo lo que ellas mejoraron o incorporaron al inmueble para hacer posible su ocupación, agregando fotografías para que se incorporen al primero testimonio.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que todo ello demostró las intenciones de las acusadas de hacer pasar por cierto el hecho de que eran locatarias del inmueble mencionado y así reforzar sus falsas pruebas para hacer incurrir en error al juez civil para que declare la nulidad de los juicios iniciados en su contra por la damnificada.

 

Imputaron por estafa y asociación ilícita a las mujeres extraditadas a Salta

Estafaban a distintas personas mediante la modalidad vishing. Se solicitó el mantenimiento de su detención.

Las tres mujeres detenidas en Mendoza y extraditadas a Salta fueron imputadas provisionalmente por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, por los delitos de estafa y asociación ilícita, en concurso real.

Durante la audiencia, las imputadas fueron asistidas por defensores públicos y negaron los hechos. La fiscal de UDEC solicitó el mantenimiento de la detención de las tres mujeres.

En tanto, los cinco hombres que se encuentran detenidos en las unidades carcelarias de Alma Fuerte y Boulogne Sur Mer de la provincia de Mendoza, serán imputados en los próximos días.

La intervención de la UDEC inició luego de que una mujer denunciara en abril pasado que, a través de Facebook, había contactado a una mujer para alquilar una vivienda en Salta. A través de la red social le brindaron el número de teléfono de contacto, llamando la víctima para conocer las condiciones de alquiler.

La damnificada se comunicó y uno de los detenidos en el penal simuló ser el encargado inmobiliario, enviándole fotografías a través de Whatsapp de la vivienda a alquilar y solicitándole que transfiriera distintos montos de dinero a cuentas bancarias para reservar la propiedad. La mujer así lo hizo para luego anoticiarse de que se trataba de una estafa.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos Complejos del CIF detectó que, mediante la modalidad vishing, los cuatro hombres alojados en las penitenciarías de Alma Fuerte y Boulogne Sur Mer estafaban a distintas personas. Los reclusos actuaban en connivencia con las tres mujeres extraditadas a Salta, quienes operaban cuentas virtuales y recibían el dinero producto de las estafas telefónicas y de redes sociales que protagonizaban.

 

El Vishing es una modalidad delictiva mediante la cual, los estafadores utilizan teléfonos falsos, solicitándole a la víctima que se comunique y mediante argumentos engañosos, recopilan los datos que precisan para el fraude. Si una persona es víctima de este delito, puede realizar su denuncia a través de la web del Ministerio Público Fiscal de Salta.

 

 

Allanamientos en dos penales de Mendoza por estafas virtuales

Allanamientos en dos penales de Mendoza por estafas virtuales

La Unidad de Delitos Económicos Complejos,  solicitó al Juzgado de Garantías de Mendoza el allanamiento de cuatro celdas de los penales de Alma Fuerte y Boulogne Sur Mer y tres viviendas. Tres mujeres fueron extraditadas a Salta y serán imputadas en las próximas horas.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas virtuales en Salta, se realizaron allanamientos en la provincia de Mendoza, dos de ellos en las Unidades carcelarias de Alma Fuerte y Boulogne Sur Mer y los otros tres en domicilios particulares.

Como resultado del procedimiento fueron detenidas tres mujeres, que fueron extraditadas por personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a Salta el sábado 5 de agosto y alojadas en la Alcaidía General de la Ciudad tras el control de legalidad. En las próximas horas serán imputadas.

Los allanamientos en Mendoza fueron realizados por efectivos pertenecientes a la División Delitos Económicos de la Provincia de Mendoza y efectivos de la Unidad de Delitos Económicos del CIF en las viviendas fueron secuestrados teléfonos celulares, una camioneta traffic y plantas de marihuana. En el penal de Boulogne Sur Mer fueron allanadas cuatro celdas, mientras que en el de Alma Fuerte, una; secuestrándose 14 teléfonos a cinco hombres, pendrives, chips, cuadernos con anotaciones varias y otros papeles de interés para la causa.

A través de tareas de investigación, el Departamento de Delitos Económicos Complejos del CIF detectó que, mediante la modalidad vishing, un grupo de hombres alojados en las penitenciarías de Alma Fuerte y Boulogne Sur Mer de Mendoza estafaban a distintas personas. Los reclusos actuaban en connivencia con tres mujeres que operaban cuentas virtuales y recibían el dinero producto de las estafas telefónicas y de redes sociales que protagonizaban.

 

Condenan a dos empleados municipales por falsificación de instrumento público

Hernán Ochoa y Andrea Cecilia Palacios fueron sentenciados a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la conden.

La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.

Ambos, además, fueron absueltos del delito de estafa. Por su parte, Azucena del Valle Ruiz resultó absuelta de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

Durante su alegato, la fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Ochoa; 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 5 años 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Palacios. En cuanto a Ruiz, la fiscal de UDEC solicitó la absolución por la duda razonable.

Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un Permiso Transitorio de Habilitación a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700, con su firma falsificada.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

 

Generación Zoe: Requieren juicio para Cositorto y sus socios salteños por 118 estafas y asociación ilícita

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
  • Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.

 

 

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

 

Elevan a juicio la causa contra Rubén Méndez Salazar

El exintendente de Salvador Mazza y otras diez personas son acusadas de distintos delitos por el Ministerio Público Fiscal.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot fue informada este mediodía por el Juzgado de Garantías de Salvador Mazza de la elevación a juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras diez personas.

El Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 25 de octubre de 2022 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió elevar la causa a juicio.

La Unidad Fiscal acusa a:

Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real

Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).

Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

 

Orán: Docente que se encontraba prófuga, fue detenida por estafar con postítulos docentes

Permanecía prófuga desde 2016 y fue detenida cuando intentó realizar un trámite migratorio. Por el hecho se encuentran requeridas a juicio otras dos mujeres.

La Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos, informó la detención e imputación de Lucila del Milagro Gutiérrez como autora de los delitos de estafa y utilización de sellos.

La acusada se encontraba prófuga y fue detenida el pasado 21 de julio, cuando intentó egresar hacia Bolivia.

Tras su detención, la fiscal penal en feria Daniela Murúa, quien se encontraba subrogando en la Fiscalía, fue quien realizó la audiencia de imputación.

La investigación es en relación a hechos ocurridos entre 2013 y 2014, cuando una importante cantidad de docentes de ese departamento adquirió cursos de postítulos para perfeccionamiento docente con modalidad a distancia y en forma posterior, descubrieron que los mismos no eran válidos y además del perjuicio económico, resultaron sancionados por el Ministerio de Educación, que los excluyó del cuadro de orden de mérito para la cobertura de cargos interinos o suplentes.

En la causa ya se encuentran requeridas a juicio desde 2020, Kobien Silvia de los Ángeles Ceferino y Sandra Beatriz Luna como coautoras.

La maniobra consistía en que las acusadas, invocando su estatus de docentes, generaron confianza en sus colegas para que realizaran el curso de perfeccionamiento que les ofrecían, haciéndolos incurrir en un error para que les abonen las sumas de dinero correspondientes a la inscripción y cuotas en detrimento de su patrimonio, obteniendo las acusadas un beneficio económico injustificado.

Se determino en la investigación que resultaron damnificados un importante número de docentes del departamento Oran, quienes además, resultaron excluidos por el Ministerio de Educación del cuadro de orden de méritos para cobertura de cargos interinos o suplentes a los docentes porque los cursos carecían de validez al no coincidir el postitulo con los registros obrantes en el Departamento de Control y Acreditación de Títulos del área de educación.

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Desde UDEC fueron identificadas diez personas involucradas, siendo dos de ellos los líderes de la banda.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas, esta mañana fueron detenidos dos hombres.

Personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana tres viviendas del municipio de San Lorenzo; dos de ellas ubicadas en barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo, que fue requerido por la fiscal Salinas Odorisio al Juzgado de Garantías 1, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo y serán imputados mañana. Los otros ocho involucrados ya fueron imputados provisionalmente por  los delitos de estafas y asociación ilícita.

Con la nueva detención ya fueron capturados los diez integrantes de la banda que estarían implicados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

La primera de ella es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

 

 

 

 

Juzgan a tres empleados municipales por estafa y falsificación de instrumento público

La audiencia debate se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusa de emitir un Permiso Transitorio de Habilitación con la firma falsificada de la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta y cobrar por ello.

La fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.

Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2020, a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

A través del entrecruzamiento de datos, los efectivos pudieron identificar a los tres empleados municipales involucrados en la estafa, reuniendo las pruebas necesarias para su imputación.

En febrero de 2021, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio para los tres acusados, instancia que se desarrolla desde hoy y hasta el miércoles 2 de agosto en la Sala 6 del Tribunal de Juicio.

Condenaron al exintendente de Campo Quijano a seis años de prisión

Manuel Cornejo fue hallado responsable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de funcionario público. Fue sentenciado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, una vez que la condena esté firme. Carmen Méndez, que era su secretaria de Hacienda, también fue condenada a tres años de ejecución condicional.

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y Carmen Méndez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

El juez Guillermo Pereyra dispuso que Cornejo mantenga la libertad hasta tanto la condena se encuentre firme, aunque ordenó se mantengan las medidas con las que llegó a juicio.

Los condenados llegaron al juicio acusados por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en el caso de Cornejo; y de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el de Méndez.

En su sentencia, el Tribunal absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó en el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, ordenó que los elementos secuestrados sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano.

A lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Durante su alegato, la Fiscalía había solicitado seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exmandatario y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Méndez.

Previo a la condena, el juez Pereyra ofreció a Cornejo y a Méndez la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Ambos acusados optaron por no hacer uso de ese derecho.

 

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano