La Fiscalía cuestionó la suficiencia de la caución real ofrecida por el padre del investigado, al advertir que solo era titular del 50 % del inmueble presentado como garantía, circunstancia que no había sido informada. En 2023, desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos se lo había citado a audiencia de imputación, pero nunca se presentó por lo que se solicitó sea declarado en rebeldía, su detención y captura internacional.
En el marco de una causa por tres hechos de estafa vinculados con inversiones en criptomonedas, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la revisión de la caución real ofrecida para suspender la orden de detención del investigado. A partir del planteo formulado, se hizo lugar al requerimiento fiscal y se revocó la suspensión de la orden de detención y captura internacional.
La intervención de la UDEC se produjo al analizar la documentación registral del inmueble ofrecido como garantía por el padre del acusado. De las constancias, se advirtió que el fiador era titular únicamente del 50 % indiviso de la propiedad, circunstancia que no había sido explicitada por la defensa al momento de formular el ofrecimiento.
En su presentación, la Fiscalía especializada en Delitos Económicos señaló que había prestado conformidad a la caución sobre la base de la información proporcionada inicialmente, sin que se hubiera informado la existencia de un condominio. Advirtió que esta omisión resultaba relevante para determinar la suficiencia económica de la garantía, dado que no es equivalente ofrecer un inmueble sobre el cual se tiene dominio exclusivo que comprometer una participación indivisa.
La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la caución debía evaluarse considerando exclusivamente los derechos patrimoniales efectivamente disponibles por el fiador y no el valor total de la propiedad. También señaló las dificultades que podría presentar una eventual ejecución judicial de la participación indivisa, particularmente por las condiciones de comercialización y los derechos del restante condómino.
Sobre la base de estos argumentos, la UDEC solicitó la revisión de la caución real, la incorporación de información registral actualizada y la acreditación de la solvencia patrimonial del fiador, así como la eventual presentación de garantías complementarias o sustitutivas suficientes.
Asimismo, la fiscal Salinas Odorisio requirió que, de resultar insuficiente la garantía y no lograrse su adecuada integración, se mantuvieran las medidas de coerción vigentes, en función de los riesgos procesales acreditados.
Al resolver la presentación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la jueza de Garantías hizo lugar al requerimiento fiscal y revocó la providencia que había suspendido por 30 días la orden de detención y captura internacional. Consideró que la caución ofrecida no resultaba suficiente, en esta instancia, para neutralizar el peligro de fuga.
La resolución establece que la detención deberá hacerse efectiva inmediatamente cuando el investigado arribe a la Argentina, adonde está siendo deportado desde Australia, según la información proporcionada por Interpol de ese país.
También dispuso que la revisión de la garantía sea tratada en una audiencia, una vez concretada la detención y cuando el acusado se encuentre a disposición de la Justicia.
La causa
La investigación de la UDEC se inició a partir de tres denuncias presentadas por hombres que mantenían relaciones de amistad con el investigado, quien les habría ofrecido invertir dinero en operaciones con criptomonedas, con una rentabilidad mensual del 10 %.
Según las denuncias, las inversiones comenzaron durante 2021 y, en los primeros meses, los damnificados recibieron los pagos acordados, lo que generó confianza y, en algunos casos, motivó nuevas entregas de dinero.
Uno de los denunciantes manifestó haber entregado 10.000 dólares en octubre de 2021 y recibido durante tres meses pagos de 1.000 dólares, hasta que se interrumpió el contacto con el acusado. Otro sostuvo que realizó sucesivas inversiones entre julio y diciembre de 2021, con una entrega inicial de 4.000 dólares.
El tercer denunciante indicó que efectuó entregas de dinero y criptomonedas que alcanzaron aproximadamente los 150.000 dólares, y que había recibido 34.320 dólares en concepto de rentabilidad.
En febrero de 2022, los damnificados tomaron conocimiento de que el investigado había abandonado el país y, según sus denuncias, les reconoció haber perdido el capital invertido y no poder restituirlo.
En junio de 2023, desde la UDEC se lo citó a audiencia de imputación como presunto autor del delito de estafas reiteradas (tres hechos), en concurso real, pero el investigado no compareció.
Ante esa situación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó que fuera declarado en rebeldía y se ordenara su detención y captura internacional. La reciente intervención de UDEC permitió que se revocara la suspensión temporal de esa orden, luego de que la Fiscalía advirtiera y fundamentara la insuficiencia de la garantía patrimonial ofrecida.
