Vishing: Fueron condenados los seis responsables de perpetrar las estafas

Se trata de una maniobra fraudulenta, utilizada para obtener dinero mediante llamadas telefónicas en las que prometían la obtención de premios que nunca existieron. Los damnificados recibirán una compensación dineraria.

La fiscal de la Un idad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 2, en la audiencia de juicio abreviado contra seis personas, vinculadas a una causa por estafas telefónicas que se realizaban desde una unidad carcelaria de la provincia de Jujuy.

Las dos mujeres y cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

La maniobra, conocida como “vishing”, por la que resultaron damnificadas distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo consistió en persuadirlas para que transfirieran dinero, a cambio de recibir premios de conocidas empresas.

El vishing, término derivado de la unión de dos palabras (voice y phishing) es una amenaza que resulta de la combinación de dos maniobras: la llamada de telefónica fraudulenta con información que se extrae, previamente, de internet y que, en la práctica, implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión de los acusados, condenó a las dos mujeres a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y les impuso el cumplimiento de reglas de conducta; otros tres imputados fueron condenados a la pena de 4 meses de prisión de ejecución efectiva; en tanto, el último acusado recibió la pena de 8 meses de prisión de ejecución efectiva.

En el mismo acto, los 5 condenados se comprometieron a cumplir con una reparación económica, consistente en el pago de la suma de $1.977.518,37, actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la que será distribuida entre los damnificados.

Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

Agrinvert: Primera condena a prisión efectiva por estafa piramidal en Salta

Alejandro Daniel Cedrón fue condenado a cinco años y 3 meses de prisión y María Rosa Manzano, a cinco años de prisión. El juez Eduardo Sángari ordenó su inmediata detención y traslado a la Acaidía. También ordenó una indemnización para las 27 víctimas de estafa.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, halló culpables del delito de estafa a los directivos de la financiera Agrinvert y ordenó la inmediata detención de la pareja compuesta por Alejandro Daniel Cedrón y María Rosa Manzano.

Alejandro Daniel Cedrón fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor de 27 hechos de estafa. María Rosa Manzano recibió una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por 26 hechos de estafa. Además, Eduardo Martín Cedrón fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de 26 hechos de estafa.

En sintonía con lo solicitado por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, el juez Sángari ordenó una indemnización para las víctimas, debiendo volver las cosas al estado anterior de la realización de los hechos. Para esto, se dispuso la emisión de oficios al Banco Central de la Nación Argentina, al Registro de la Propiedad Inmueble de todas las provincias y a la Dirección Nacional del Registro Automotor. En caso de resultados positivos, se ordenarán embargos sobre los bienes informados hasta cubrir la suma de capital e intereses adeudados a las 27 víctimas, con montos actualizados.

Asimismo, el juez hizo lugar a la demanda civil interpuesta por una de las víctimas, ordenando a los tres sentenciados a pagar $338,000 y US$20,000 más intereses, además de $350,000 en concepto de daño moral, una vez que la sentencia sea firme.

Tras la lectura de la sentencia, la fiscal Salinas Odorisio destacó la importancia del fallo, señalando que se trata del primer juicio por estafas con el sistema piramidal en la provincia de Salta.

La causa

La intervención de UDEC comenzó en 2019, cuando varias personas denunciaron haber firmado contratos de «Mutuo pesos» con la financiera Agroinvert S.A., entregando diversas sumas de dinero con el propósito de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a devolver el crédito en un plazo determinado, incluyendo el reintegro del capital más los intereses acordados.

Según el testimonio de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel de cinco estrellas en la capital salteña y presumían de tener un alto poder adquisitivo. En un principio, la financiera cumplió con el pago de los intereses, lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agroinvert. Sin embargo, poco tiempo después, la financiera dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejando de atender los teléfonos y responder mensajes.

 

La Fiscalía solicitó condenas de más de 7 años para los directivos de la financiera Agrinvert

En su alegato, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, sostuvo que durante el juicio quedó demostrado que se trata de una estafa piramidal que perjudicó a numerosas personas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del distrito judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, la condena de cumplimiento efectivo para María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A. por el delito de estafa.

En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio presentó pruebas que sostienen la responsabilidad de los acusados en la estafa a distintas personas a través de Agrinvert. La Fiscal argumentó que la operación realizada por los hermanos Cedrón y Manzano encuadra en una estafa piramidal, un esquema que capta víctimas prometiendo significativas ganancias a corto plazo mediante la reinversión continua y la incorporación de nuevos participantes. Este tipo de fraude se sostiene mientras ingresen nuevos inversores; sin embargo, cuando se agota la entrada de nuevos fondos y los inversores desean retirar su dinero sin reinvertirlo, el esquema colapsa.

En el caso de Agrinvert, las víctimas firmaron contratos de préstamo en pesos, entregando diversas sumas de dinero para su inversión con la expectativa de obtener beneficios. La financiera se comprometía a devolver el capital con intereses en un plazo determinado. Sin embargo, según los testimonios de las víctimas, los acusados promovían su negocio principalmente entre personas de alto poder adquisitivo, generalmente amigos y conocidos, quienes a su vez referían a otros familiares, extendiendo así el alcance del fraude. Inicialmente, la firma cumplía con el pago de intereses, pero posteriormente dejó de hacerlo, defraudando a los inversores.

Por ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó para María Rosa Manzano la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarla autora de 26 hechos de estafa; para Alejandro Daniel Cedrón solicitó la pena de siete años y tres meses por ser autor de 27 hechos de estafa; y para Eduardo Martín Cedrón, tres años de prisión por ser partícipe necesario de 26 hechos de estafa.

Además, requirió la inmediata detención y la indemnización a las víctimas con el monto actualizado.

 

El próximo lunes serán los alegatos en la causa Agrinvert

La acusada María Rosa Manzano testificó en dos oportunidades durante el juicio, pero se negó a responder preguntas de la Fiscalía especializada en delitos económicos.

El juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Raúl Sángari, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de junio a las 8:30, para dar lugar a los alegatos de las partes en la causa seguida en contra de María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A por los delitos de estafas (27 hechos). La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

Desde el inicio del juicio el 3 de junio pasado y hasta esta tarde, prestaron testimonio los damnificados y peritos, entre ellos la contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien estimó que el monto actualizado del perjuicio ocasionado es de 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

En cuanto a los acusados, Alejandro Daniel Cedrón prestó declaración el 4 de junio pasado, pero no aceptó preguntas ni de la Fiscalía ni de los abogados de los damnificados. Por su parte, María Rosa Manzano solicitó en dos oportunidades prestar testimonio y, al igual que su pareja, en ambas oportunidades se negó a contestar preguntas de las partes.

Eduardo Martín Cedrón optó por no testificar.

Cabe recordar que la intervención de UDEC inició en 2019 con distintas personas que denunciaron que habían firmado un contrato de “Mutuo pesos” con la financiera llamada Agroinvert S.A. entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

De acuerdo al relato de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel cinco estrellas de la capital salteña y ostentaban tener un alto poder adquisitivo. Además, en un primer momento, la financiera cumplió con el pago de los intereses lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agrinvert, que al poco tiempo dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejaron de atender los teléfonos y responder mensajes.

 

 

 

Sustracción de bienes de asistencia social: Imputan a exsecretaria de Desarrollo Humano

Silvia Varg asistió a la audiencia acompañada por su abogado particular y escuchó el decretó de imputación. Optó por no declarar ni responder preguntas de la fiscalía.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó esta mañana a Silvia Varg por el presunto delito de malversación imprudente, en el marco de la causa que investiga la sustracción de materiales y mercadería destinada a fines sociales desde los depósitos municipales. Con esta nueva imputación, ya son tres los involucrados en el caso.

La exsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta no se presentó ayer a la citación para la audiencia de imputación y tampoco justificó su ausencia, lo que motivó a la UDEC a emitir una nueva convocatoria para hoy. Asistió acompañada por un abogado particular, pero no declaró, no aportó documentación a la causa y optó por no responder preguntas de la fiscalía.

El 8 de diciembre de 2023, fecha en la que Fayón y Nux retiraron una significativa cantidad de mercadería y bienes de los depósitos municipales, Varg ocupaba el cargo de Secretaria de Desarrollo Humano. En virtud de su posición, era la responsable de la custodia y administración de estos bienes, destinados a la atención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, conforme a la Ordenanza Nº 15832.

En el decreto de imputación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que Varg no implementó los controles necesarios sobre los bienes sociales bajo su custodia. Además, permitió la entrega de los mismos sin la documentación correspondiente y la intervención de funcionarios de otras áreas sin respaldo legal adecuado. También se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios permanentes, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023.  Estas irregularidades propiciaron la comisión del delito de peculado por parte de Luis Emilio Fayón Medina y Emiliano Nux, ambos imputados en la misma causa.

 

Imputaron al expresidente de la Panadería Social y a su compañero por peculado

 

 

Condenan a un hombre que estafaba con viviendas prefabricadas

Recibía dinero a cambio de la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se entregaron. Se lo acusó de seis delitos de estafa. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Fabián Enrique Ramos Escalera fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.

Minutos antes del inicio de la audiencia, y tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el acusado admitió ante la Sala 4 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro ser el autor del delito de estafa por seis hechos.

El hombre fue denunciado por varias personas entre 2016 y 2018, quienes afirmaron haberle entregado dinero para la construcción de viviendas prefabricadas que nunca se realizaron.

Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) detectaron patrones comunes en las denuncias. Todas las víctimas relataron haber conocido a Ramos Escalera a través de la red social Facebook, donde se presentaba como representante de La Cañada, una supuesta empresa dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas.

Tras ganarse la confianza de las víctimas, les ofrecía viviendas a precios accesibles, lo que las motivaba a entregarle sumas de dinero en efectivo. Con el tiempo, al no recibir noticias sobre las viviendas adquiridas, las personas afectadas comenzaron a presentar sus denuncias.

 

Imputaron al expresidente de la Panadería Social y a su compañero por peculado

Luis Emilio Fayón Medina y Andrés Nux se presentaron en la Fiscalía con abogados particulares, pero no declararon ni respondieron preguntas de la UDEC. La exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no se presentó a la audiencia.

Esta mañana, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina como autor del delito de peculado y a Andrés Nux como partícipe necesario del mismo delito.

El expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, Luis Emilio Fayón Medina, se presentó acompañado por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía. Andrés Nux, siguiendo la misma estrategia, también asistido por un abogado particular, se negó a declarar.

Por su parte, la exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no compareció a la audiencia de imputación, motivo por el cual será citada nuevamente.

La investigación llevada a cabo por la UDEC reveló que el 8 de diciembre de 2023, Fayón y Nux se presentaron en los depósitos municipales de la avenida Durañona Nº 125, con la intención de retirar «todo el restante» y «todo el sobrante» de mercaderías y bienes allí almacenados. Alegaron estar autorizados por el señor Aroldo Tonini, pero no presentaron ninguna orden de entrega u otra documentación justificativa. Procedieron, así, a retirar todos los elementos disponibles en los depósitos.

A raíz de estos hechos y de información adicional recabada por los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de una finca propiedad de Fayón y de la vivienda de Nux. El operativo se realizó el pasado 7 de junio.

Durante el procedimiento, se incautaron diversas mercaderías en la vivienda de Nux, situada en la zona sur, y en la finca de Fayón se encontraron camas, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros elementos destinados a fines sociales.

 

Incautan alimentos y bienes con fines sociales en la finca del expresidente de la Panadería Social

Por requerimiento de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana se realizaron allanamientos en una vivienda y en la finca del exfuncionario municipal. Fueron secuestrados mercadería, sillas ortopédicas, calzados y ventanas; entre otros bienes y productos con fines sociales.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por la sustracción de elementos con fines sociales de depósitos de la Municipalidad de Salta, esta mañana se llevaron a cabo dos allanamientos en la zona sur de la ciudad.

Se trata de la finca del expresidente del Directorio de “Pan Solidario – Panadería Social”, donde se encontraron sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros productos y bienes destinados a fines sociales. También se secuestraron mercaderías sociales en la vivienda de otro hombre.

La intervención de la UDEC inició luego de que la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad de la Ciudad de Salta radicara una denuncia web en diciembre pasado por posibles delitos económicos relacionados con la sustracción de materiales, mercadería y otros bienes de los depósitos municipales ubicados en la calle Durañona del Parque Industrial.

La investigación se centró en reconstruir los movimientos de entrada y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal involucrado en la gestión de los depósitos.

Así, los investigadores de la UDEC detectaron irregularidades como la falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos, ausencia de cámaras de seguridad, y la falta de elementos de seguridad como matafuegos.

Ante la complejidad de la situación y las evidencias recabadas, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda y la finca y el secuestro de los elementos que se pudieran encontrar y así recabar más pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrado, tarea llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF.

Estimaron en más de 500 millones de pesos y 250 mil dólares el perjuicio a las víctimas de la financiera Agrivert S.A

Una perita contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales prestó testimonio en la audiencia debate que se desarrolla desde el lunes pasado en la Sala 2 del Tribunal de Juicio y calculó el monto actualizado a hoy del perjuicio ocasionado a los 27 inversores.

En la cuarta jornada de la audiencia debate seguida contra María Rosa Manzano, Alejandro Daniel Cedrón y Eduardo Martín Cedrón, de la financiera Agrinvert S.A., por estafas reiteradas en 27 hechos, se estimó que el monto actualizado del perjuicio ocasionado a las víctimas asciende a 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

En el requerimiento de juicio, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había estimado que, en 2019, el perjuicio ocasionado a las víctimas ascendía a $19.219.375,14 y U$S 248.564,00. Ahora, la perita contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) prestó testimonio frente a la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, brindando precisiones sobre el funcionamiento de la financiera y precisó que, tras aplicar la fórmula de actualización por inflación, el monto actualizado es de 535.738.845,81 pesos y 248.564 dólares.

Durante la jornada, uno de los acusados, Alejandro Daniel Cedrón, prestó declaración y brindó explicaciones sobre los hechos.

Cabe recordar que la intervención de UDEC inició en 2019 con distintas personas que denunciaron que habían firmado un contrato de “Mutuo pesos” con la financiera llamada Agroinvert S.A. entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

De acuerdo al relato de las víctimas, los acusados operaban desde una oficina ubicada en un hotel 5 estrellas de la capital salteña y ostentaban tener un alto poder adquisitivo. Además, en un primer momento, la financiera cumplió con el pago de los intereses lo que llevó a que los inversores recomendaran a Agrinvert, que al poco tiempo dejó de pagar. Ante los reclamos, los acusados desaparecieron, dejaron de atender los teléfonos y responder mensajes.

Inició el juicio por las millonarias estafas de la Financiera Agrinvert

Vishing: Dictan prisión preventiva a seis implicados en estafas telefónicas desde la cárcel de Jujuy

Se los acusa de realizar estafas telefónicas persuadiendo a personas de distintas localidades de la provincia de Salta, a transferir dinero a cambio de premios que resultaron ser inexistentes. La actividad se habría llevado a cabo con la colaboración de familiares y conocidos que facilitaban la apertura de cuentas bancarias para disponer del dinero obtenido ilegalmente.

El juez de Garantías 7 Pablo Zerdán hizo lugar al pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y dictó la prisión preventiva de seis personas vinculadas a una causa de estafas telefónicas realizadas desde un penal de la provincia de Jujuy.

Se trata de dos mujeres que fueron detenidas el 17 de mayo pasado y de cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario 1 de la provincia de Jujuy que fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas en 5 hechos, en concurso real con asociación ilícita.

De acuerdo a lo determinado por la Unidad de Investigación UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, los acusados habrían estafado a distintas personas de San Carlos, Cachi, San Lorenzo y Palermo persuadiéndolas a transferir dinero a cambio de recibir premios de empresas conocidas. Esta táctica, conocida como «vishing», implica el uso de engaños y persuasión por parte de los estafadores para cometer el fraude.

Durante la investigación realizada por UDEC, se identificó a una mujer involucrada en esta actividad, quien recibía las transferencias de dinero que luego utilizaba para recargas telefónicas, comprar equipos y servicios personales. Se observó un aumento significativo en su patrimonio, además de descubrir varias cuentas virtuales y bancarias asociadas a ella, que probablemente se utilizaban para mover el dinero obtenido de las estafas.

Además, se examinaron las llamadas entrantes y salientes de los sospechosos, así como su uso de datos móviles, con el fin de determinar su ubicación y la de sus dispositivos durante la investigación. Se verificó que mayormente se encontraban en la ciudad de San Salvador de Jujuy y se confirmó que las líneas y sus usuarios estaban próximos al Servicio Penitenciario N° 1 de Jujuy en el momento de los hechos denunciados, lo que sugiere una posible relación con actividades delictivas en la cárcel.

Por último, se reveló que la persona bajo investigación tenía un total de 12 líneas telefónicas y mantenía una comunicación constante con uno de los detenidos en la prisión.

Así, la información recopilada por los investigadores reveló vínculos entre dos mujeres que presuntamente recolectaban dinero ilegalmente, un detenido que lideraba la banda delictiva y tres internos que ejecutaban el fraude a través de llamadas telefónicas. Todo esto contaba con la colaboración de familiares y conocidos que facilitaban la apertura de cuentas bancarias.

Vishing: Allanamiento y detenciones en Jujuy por estafas telefónicas