Imputan a un hombre por estafas y amenazas con arma de fuego

La Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga maniobras fraudulentas relacionadas con la compraventa de autos usados que habría realizado el hombre desde la concesionaria Next.

En audiencia de formalización de investigación penal, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de estafas reiteradas (10 hechos) en concurso real y amenazas con arma de fuego (3 hechos), en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la compraventa de autos usados.

Durante la audiencia, el denunciado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no prestar declaración ni contestar preguntas de la Fiscalía.

La intervención de la fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de distintas denuncias en las que los damnificados aseguraron que realizaron acuerdos con el ahora imputado, quien se presentaba como titular de la concesionaria de autos Next.

En el primero de los casos, un hombre denunció que entregó un automóvil marca Volkswagen Fox a cambio de un pago de $7.500.000, recibiendo solo $3.000.000. El saldo de $4.500.000 debía ser cancelado en 30 días, pero el denunciado no pagó, se mudó y perdió contacto, sin devolver el vehículo ni completar el pago acordado.

En otro caso, otro denunciante manifestó que vendió un Toyota Corolla por $25.000.000 pesos, quedando pendiente un saldo de $4.500.000. Para garantizar el pago, el acusado firmó pagarés en cuotas, pero no cumplió con los pagos ni entregó el vehículo.

Un tercer afectado relató que entregó un Volkswagen Fox con toda la documentación al acusado, quien inicialmente brindó excusas por la demora en la cancelación de la deuda. Aseguró que, finalmente, se enteró de que el auto había sido vendido a un tercero y no pudo recuperarlo ni obtener el dinero.

En otro reclamo, un denunciante narró que acordó la entrega de un automóvil y realizó negociaciones verbales con el vendedor, quien le prometió pagos y mostró opciones para créditos prendarios con el fin de cancelar una deuda, sin llegar a formalizar contratos firmados. El vehículo no estaba a nombre de la víctima y, tras la entrega, este dejó de recibir pagos y perdió contacto con el responsable .

Un quinto caso involucró la venta de un Toyota Corolla, en la que el denunciante manifestó que recibió pagarés y algunos pagos parciales, pero el saldo quedó impago. El vehículo habría sido vendido en otra provincia sin autorización.

Otra víctima aseguró que su camioneta Fiat Toro fue entregada en consignación para su venta y que, aunque se firmaron documentos preliminares, no hubo contratos certificados ante escribano público. Precisó que le había prometido la entrega de otro vehículo y pagos parciales, pero ello no sucedió.

Además, tres mujeres denunciaron que habían sido amenazadas de muerte con un arma por el vendedor, al reclamarle por la fallida operación de venta; mientras que en otros dos casos, las damnificadas le habrían realizado préstamos de dinero, que no fue devuelto. Ante el reclamo, el sujeto las habría amenazado.

Personal de la Unidad de Investigaciones UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analizó los contratos de compraventa y documentos relacionados con las operaciones entre los damnificados y el denunciado, copias simples de comunicaciones por WhatsApp, así como comprobantes de transferencias bancarias vinculados con las operaciones. También se incorporaron informes de dominio emitidos por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, que permitieron constatar la titularidad y situación registral de los vehículos involucrados.

Teniendo en cuenta los testimonios de los damnificados y los informes de los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio imputó provisionalmente al hombre.

Mantienen la prisión preventiva y amplían a 57 los hechos de estafa atribuidos a una mujer investigada por falsas contrataciones mineras

La acusación fue ampliada durante una audiencia de formalización de la investigación penal. La Fiscalía sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales vinculados al sector minero y solicitaba dinero para trámites y estudios preocupacionales. Hay otras cuatro personas involucradas.

Por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal, en la que formuló la ampliación de la acusación contra una mujer por el delito de estafas reiteradas (57 hechos) en concurso real.

La mujer fue detenida el pasado 10 de marzo en el marco de una investigación que lleva adelante UDEC por presuntas estafas vinculadas con ofrecimientos laborales en el sector minero.

Durante la audiencia, el juez Ignacio Colombo tuvo por formulada la ampliación de la acusación y rechazó el pedido de la defensa técnica, manteniendo la prisión preventiva de la acusada.

La investigación de la Fiscalía se inició a partir de denuncias radicadas por distintas personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros.

En ese marco, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales detectaron que la acusada se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía supuestas posibilidades de participación en obras vinculadas con empresas del sector.

Con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las maniobras investigadas, la acusada promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, que habrían sido utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada con supuestos procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial relacionada con proyectos mineros.

Según la investigación, a través de esas firmas se convocaba a profesionales y trabajadores (entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios) bajo la promesa de futuras contrataciones en obras presentadas como vinculadas con empresas del sector minero.

En ese contexto, se habría solicitado dinero para distintos conceptos asociados con el proceso de contratación, como trámites administrativos y estudios preocupacionales. Los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo.

La investigación también involucra a otras cuatro personas vinculadas a las maniobras investigadas, cuya imputación se realizará en los próximos días.

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Detienen a una pareja por estafas vinculadas a falsas ofertas laborales en el sector minero

A juicio, por presunta estafa a su exmujer con un cheque firmado en blanco

La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinó que una mujer de nacionalidad boliviana habría completado un cheque previamente firmado en blanco y luego lo endosó al exmarido de la denunciante. Con ese documento, el hombre inició un proceso ejecutivo contra su expareja, lo que derivó en el embargo de su sueldo. Desde UDEC se requirió la elevación a juicio de la causa.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre y una mujer imputados por los delitos de estafa y defraudación por abuso de firma en blanco, en perjuicio de la expareja del primero.

La intervención de la UDEC se inició con la denuncia de una mujer, quien fue notificada en 2020 de un embargo sobre sus haberes en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por su excónyuge. La acción judicial se sustentaba en un cheque por 800.000 pesos, emitido en agosto de 2018 a favor de una mujer de nacionalidad boliviana.

La denunciante explicó que en abril de 2013 había cerrado la cuenta bancaria. Señaló además, que tras separarse en 2014, el hombre se negó a devolverle una tarjeta bancaria y una chequera, por lo que decidió denunciarlas como extraviadas por precaución, ya que habían quedado en su poder. Desconoció la deuda y sostuvo que, si bien la firma en el cheque le pertenecía, nunca había realizado operación comercial alguna con la beneficiaria. Asimismo, indicó que durante la relación matrimonial firmaba cheques en blanco por razones de confianza y administración de fondos.

En su denuncia, la mujer también describió la situación familiar. Señaló que su expareja se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios desde 2018 por incumplir con la cuota alimentaria de sus dos hijos, quienes presentan parálisis cerebral y otras patologías, y requieren asistencia permanente. Indicó además que fue citada a una instancia de mediación en la que, según sostuvo, el hombre le habría propuesto que renunciara tanto a la cuota alimentaria como a la deuda acumulada desde 2015, a cambio de levantar el embargo que pesaba sobre su salario.

De acuerdo con su relato, ante su negativa, se habría concretado la maniobra defraudatoria, que derivó en la retención de sus haberes y en el secuestro judicial de la camioneta que utilizaba para trasladar a sus hijos a controles médicos y terapias, un recurso primordial para su atención cotidiana.

Investigación penal

La fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, inició una investigación. En ese marco, las pericias caligráficas determinaron que la firma del cheque correspondía a la damnificada, pero que el llenado del instrumento y el endoso habían sido realizados por la mujer imputada. Asimismo, se constató que la cuenta bancaria vinculada al cheque había sido cerrada en 2013, es decir, varios años antes de la fecha consignada en el documento.

La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales también determinó que la mujer de nacionalidad boliviana no registraba residencia ni actividad económica en el país y que, incluso, no se encontraba en Argentina en la fecha consignada en el cheque. Según un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, la mujer ingresó al país el 13 de agosto de 2019 y egresó una semana después junto al imputado, en un vehículo registrado a nombre de él.

Para la Fiscalía, la mujer habría completado el cheque firmado en blanco y luego lo habría endosado al hombre, quien lo utilizó para iniciar un proceso ejecutivo contra su expareja. Como consecuencia de esa maniobra, se dispuso el embargo de bienes de la denunciante, concretando así el perjuicio económico investigado.

Estafas procesales: Piden frenar ejecuciones para evitar perjuicios irreparables

Desde la UDEC se informó al Juzgado de Procesos Ejecutivos N.° 4 sobre avances en una investigación por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada. Asimismo, se solicitó evaluar medidas urgentes para resguardar el patrimonio de los eventuales damnificados y preservar la regularidad del proceso.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, informó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos N.° 4 sobre avances en una investigación que lleva adelante por presuntas estafas procesales, falsificación de instrumentos privados, abuso de firma en blanco y usura agravada.

La Fiscalía advirtió, además, sobre el riesgo concreto de que la continuidad de medidas de ejecución patrimonial —como embargos, libramientos de fondos, transferencias o pagos judiciales— genere perjuicios de difícil o imposible reparación.

En ese marco, puso en conocimiento el estado actual de la causa y solicitó que se evalúe la adopción urgente de medidas preventivas o conservatorias en los procesos ejecutivos vinculados, con el objetivo de resguardar el patrimonio de los eventuales damnificados, preservar la regularidad del proceso y evitar la consolidación de maniobras ilícitas mientras se esclarecen los hechos en sede penal.

La causa, que se inició a partir de denuncias de juzgados civiles, tiene como imputados a un abogado del fuero local y a quien sería su empleada por los presuntos delitos de estafas procesales reiteradas (28 hechos), en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (18 hechos); estafas procesales reiteradas en concurso ideal con el delito de abuso de firma en blanco (31 hechos) y usura agravada.

De las medidas investigativas surgieron indicios de una posible maniobra sistemática que incluiría la utilización de domicilios inexistentes, deshabitados o ajenos a los demandados, lo que habría impedido notificaciones efectivas y afectado el derecho de defensa. También se analizan irregularidades en la documentación, como firmas en blanco e instrumentos cuya autenticidad está cuestionada, junto con una presunta reiteración de prácticas vinculadas a la usura.

Un abogado imputado por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada

Un abogado imputado por presuntas estafas procesales, abuso de firma en blanco y usura agravada

La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo letrado. Desde UDEC se inició una investigación que también involucra a una mujer y que incluyó el análisis de más de 70 expedientes, entrecruzamiento de datos y tareas de campo, donde se detectaron presuntas estafas vinculadas al uso de pagarés y la promoción de juicios ejecutivos.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un abogado del fuero local y a una mujer por los presuntos delitos de estafas procesales reiteradas (28 hechos), en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (18 hechos); estafas procesales reiteradas en concurso ideal con el delito de abuso de firma en blanco (31 hechos) y usura agravada.

Durante la audiencia, ambos fueron representados por abogados particulares. Tras la lectura del decreto de imputación, manifestaron que presentarán su declaración por escrito.

La intervención de UDEC se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías se advirtió la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluso con coincidencias entre domicilios de actores y demandados. A ello se sumaron denuncias penales de particulares y tareas preliminares de investigación.

Personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó más de 70 expedientes judiciales, en los que detectó patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante.

Los investigadores efectuaron constataciones en distintos inmuebles y verificaron que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, se encontraban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. En paralelo, se desarrollaron tareas de entrecruzamiento de datos y seguimiento que permitieron identificar a los imputados y diversos domicilios vinculados a la maniobra.

También se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas compatibles con el uso de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial, Famosa Bankia SA, presuntamente utilizada como estructura de soporte de la operatoria.

De acuerdo con los elementos reunidos, los investigados habrían desplegado un mecanismo consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.

Luego, promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía su correcta notificación, colocándolos en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.

Ante los elementos reunidos y el riesgo de ocultamiento o destrucción de prueba, desde UDEC se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de 19 domicilios. La medida se concretó el 29 de abril e incluyó residencias particulares, inmuebles consignados en procesos judiciales y un estudio jurídico.

En el estudio jurídico se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. En el domicilio de la investigada se incautaron dinero, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de pagarés en dólares y comprobantes bancarios. En otros inmuebles vinculados a procesos ejecutivos y civiles se detectaron irregularidades, con ocupantes que negaron vínculos con los investigados o acreditaron titularidad ajena. También se constataron domicilios deshabitados o en estado de abandono, donde se secuestró documentación judicial y cédulas de notificación.

Además, desde UDEC se solicitó el levantamiento del secreto bancario respecto del abogado y de la firma Famosa Bankia SA, de la cual sería el único socio, mientras que la mujer se desempeñaría como administradora suplente. Asimismo, se requirió para ambos la prohibición de salir del país sin autorización, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de mantener contacto con denunciantes y damnificados.

 

Allanan 19 domicilios por presuntas estafas con pagarés y juicios ejecutivos

Allanan 19 domicilios por presuntas estafas con pagarés y juicios ejecutivos

La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo abogado. Fueron allanados un estudio jurídico, domicilios particulares de los investigados e inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales, donde se secuestró dinero, documentación y dispositivos.

Bajo la dirección del fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Rivero, personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó 19 domicilios de la ciudad de Salta en el marco de una investigación la presunta existencia de una organización dedicada a la comisión de estafas procesales mediante el uso fraudulento de títulos ejecutivos.

El operativo se realizó por requerimiento de UDEC y fue autorizado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán.

Entre los domicilios allanados se encuentra un estudio jurídico, por lo que en cumplimiento de la normativa vigente para el registro de sedes profesionales de letrados, se dio intervención al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Asimismo, fue designado como veedor -a fin de garantizar la legalidad del acto y el resguardo del secreto profesional-, a un abogado de la matrícula.

Para la ejecución coordinada del operativo, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF afectó 55 efectivos y 13 vehículos.

La causa

La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de 1º, 2º y 3º Nominación, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías advertidas se destacó la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluyendo coincidencias entre domicilios de actores y demandados.

A estas actuaciones se sumaron denuncias penales de particulares y tareas preliminares de investigación.

Personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF realizó un análisis integral de más de 70 expedientes judiciales, detectando patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante.

Los investigadores efectuaron constataciones en múltiples inmuebles, verificándose que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. Paralelamente, se llevaron adelante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar el núcleo operativo de la presunta organización, así como domicilios vinculados a los investigados.

También se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas, compatibles con la utilización de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial (Famosa Bankia SA) presuntamente utilizada como estructura de soporte para la operatoria.

De acuerdo con los elementos reunidos, la organización habría desplegado un mecanismo sistemático consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco; y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.

Luego, se promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía la correcta notificación de las víctimas, colocándolas en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.

Teniendo en cuenta los elementos reunidos y ante el riesgo de ocultamiento o destrucción de prueba, el fiscal Pablo Rivero solicitó al Juzgado de Garantías, 19 allanamientos simultáneos, ejecutados en domicilios vinculados a las maniobras investigadas, incluyendo residencias particulares, inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales y un estudio jurídico.

Además, requirió el levantamiento de Secreto Bancario del abogado y  de la firma Famosa Bankia SA, de la cual es el único socio y la mujer, administradora suplente. También se solicitó para ambos investigados la prohibición de salir sin autorización del país, se le retenga los documentos de viaje que posean y la prohibición de tener contacto con los denunciantes y damnificados.

Resultado del operativo

Como resultado de los allanamientos, en el estudio jurídico ubicado en avenida Uruguay se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, una computadora, tres teléfonos celulares, documentación, expedientes y pagarés relacionados con la causa.

En el domicilio de la investigada se secuestró dinero en moneda nacional, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de pagarés en dólares, un teléfono celular y comprobantes bancarios, entre otros elementos.

En un domicilio de pasaje Aguado, consignado en los procesos ejecutivos como sede jurídica para el pago de préstamos, un hombre entregó documentación que acredita la titularidad del inmueble, adquirido mediante subasta hace 15 años. De la cédula parcelaria surge que la anterior titular era la investigada.

En otro domicilio, ubicado en calle Balcarce, también consignado en los procesos ejecutivos, una mujer se presentó como actual moradora y manifestó no tener vínculo de parentesco, dependencia ni relación jurídica alguna con los investigados.

Situaciones similares se verificaron en otros domicilios allanados.

En una vivienda consignada como domicilio de demandados en procesos civiles, el inmueble se encontraba deshabitado y en estado de abandono. En el lugar se secuestraron un talonario de recibos y documentación correspondiente a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta.

En otro domicilio, también sin moradores, el propietario indicó que el inmueble se encuentra en trámite sucesorio. Allí se secuestraron dos cédulas de notificación de expedientes judiciales iniciados por la investigada.

Las personas sospechosas fueron citadas a audiencia de imputación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Condenan a una empleada por administración fraudulenta

Tras conocerse las pruebas reunidas en su contra, la mujer admitió haber cargado en el sistema aptos médicos apócrifos correspondientes a personas que tramitaban licencias de conducir. Fue condenada a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta, y deberá reparar el perjuicio económico. La Fiscalía dispuso remitir copia de la sentencia a los organismos intervinientes en la emisión y control de licencias de conducir.

El fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que una empleada administrativa de la Clínica Cruz Azul SRL reconoció ser autora del delito de administración fraudulenta.

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, homologó el acuerdo alcanzado por las partes y condenó a María Macarena Porcel García a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta por tres años.

Como forma de reparación se dispuso que los 294.860 pesos y 1.050 euros secuestrados, queden a favor de la clínica. Asimismo, deberá abonar $15.000.000 en cuotas al nosocomio.

Además, desde la Fiscalía se dispuso remitir copia de la sentencia a los organismos intervinientes en la emisión y control de licencias de conducir, a fin de que tomen conocimiento de lo resuelto.

La intervención del Ministerio Público Fiscal se inició a partir de la denuncia formulada el 23 de diciembre por el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra Porcel García. Según lo expuesto, la clínica, prestadora de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), detectó la posible emisión de recibos por prestaciones no rendidas y la carga en el sistema oficial (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas no atendidas.

Ante ello, se solicitó a la Agencia un informe de los aptos emitidos en 2025. Del cruce entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados cargados sin respaldo en atenciones reales, validándose como aptas a igual número de personas sin evaluación médica.

La Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó los sistemas informáticos y cruzó bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada, quien cargó aptos médicos apócrifos en el sistema. Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para el seguimiento de operaciones. La pericia contable detectó una desproporción entre ingresos declarados y movimientos en cuentas, con transferencias de terceros coincidentes con personas incluidas en los registros de la clínica.

La mujer fue detenida el 8 de abril pasado.

Allanamientos y una detenida por aptos médicos irregulares para licencias profesionales de conducir

Imputan a dos cadetes por presunta administración fraudulenta

La investigación se inició tras la denuncia de una empresa del rubro cárnico. Se les atribuye haber cobrado operaciones con posnet, anularlas y registrarlas como válidas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. El perjuicio superaría los 150 millones de pesos.

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, interino en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a dos hombres por el delito de administración fraudulenta.

Durante la audiencia, fueron asistidos por un abogado particular e hicieron uso de su derecho a no declarar.

La intervención de la UDEC se inició en marzo pasado a partir de la denuncia del administrador de Abasto del Norte S.A.S., dedicada a la comercialización de carnes, contra dos cadetes independientes (padre e hijo), encargados de la entrega de mercadería y del cobro a clientes, a quienes la firma les había entregado un posnet para esas operaciones.

El 12 de marzo detectaron una diferencia en el pago de un cliente, ya que, según precisó, el cobro ingresó a la cuenta de la empresa pero fue revertido de inmediato al titular. Al ser consultado, uno de los cadetes atribuyó lo ocurrido a fallas del dispositivo, aunque luego fue sorprendido cuando intentaba desarmarlo en una ferretería.

A partir de esa situación, la empresa denunció que constató una diferencia de $8.350.000, que fue reconocida por el cadete y reintegrada en efectivo ese mismo día. En la presentación también aseguraron que detectaron que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se habrían realizado múltiples operaciones anuladas que igualmente fueron rendidas como válidas, por un total de $159.431.707,48.

En el marco de la investigación, personal de UDEC realizó tareas de campo y solicitó información sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados. Del análisis surgió que uno de los cadetes (padre) registra múltiples tarjetas de crédito y débito asociadas a su cuenta, incluidas algunas a nombre de su esposa y de una hija. Además, en los movimientos de una de sus cuentas se observó un volumen significativo de operaciones, con transferencias por $18.000.000 recibidas de la cuenta de su esposa y $2.000.000 de su hija, además de ingresos por $147.000.000 provenientes de una clienta vinculada a la maniobra investigada en el período analizado.

Respecto de otra cuenta, se advirtió la recepción de transferencias por más de $10.000.000 desde una clienta y testigo de la causa, junto con movimientos entre cuentas propias en distintas plataformas. También se registraron transferencias hacia su esposa, ingresos desde esa misma cuenta y derivaciones de fondos hacia otras cuentas personales y un comercio.

Desde la UDEC se requirió el allanamiento de la vivienda de los involucrados, medida que se realizó el jueves pasado. Como resultado del operativo, se secuestraron documentos de interés para la causa, dinero en efectivo, CPU, una consola de videojuegos, dos vehículos y otros bienes.

Allanaron una vivienda en barrio Solidaridad por una causa de administración fraudulenta

Allanaron una vivienda en barrio Solidaridad por una causa de administración fraudulenta

La investigación se inició a partir de la denuncia de una empresa del rubro cárnico. Secuestraron documentación, dinero en efectivo, dos vehículos y otros bienes.

En la mañana de este jueves 16 de abril, en el marco de una investigación por administración fraudulenta que lleva adelante el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Gustavo Torres Rubelt, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó un domicilio en barrio Solidaridad.

Como resultado del operativo se secuestraron documentos de interés para la causa, dinero en efectivo, CPU, una consola de videojuegos, dos vehículos y otros bienes.

La intervención de la UDEC se inició en marzo pasado a partir de la denuncia del administrador de Abasto del Norte S.A.S., empresa dedicada a la comercialización de carnes, contra dos cadetes independientes (padre e hijo) encargados de la entrega de mercadería y del cobro a clientes. Según indicó, hace aproximadamente un año la firma les había entregado un posnet para realizar esas operaciones.

En su presentación, manifestó que el 12 de marzo detectaron una diferencia en el pago de un cliente, ya que, según precisó, el cobro ingresó a la cuenta de la empresa pero luego fue revertido de manera inmediata al titular. Agregó que, al consultar a uno de los cadetes, este atribuyó lo ocurrido a fallas en el dispositivo, aunque posteriormente fue sorprendido cuando intentaba desarmarlo en una ferretería.

Siempre de acuerdo con lo denunciado, a partir de esa situación la empresa constató una diferencia de $8.350.000, que fue reconocida por el cadete, quien devolvió el dinero en efectivo ese mismo día. Asimismo, indicó que, tras una revisión posterior se detectó que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se habrían realizado múltiples operaciones anuladas que igualmente fueron rendidas como válidas, alcanzando un total de $159.431.707,48.

En ese marco, sostuvo que los cadetes habrían abusado de la confianza de la empresa mediante una maniobra consistente en cobrar las operaciones, anularlas y luego rendirlas como efectivas, generando un perjuicio económico.

En el marco de la investigación, personal de UDEC realizó tareas de campo y solicitó a COELSA información sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados. Con esos datos se requirió ampliación a distintas entidades financieras y plataformas digitales.

Los investigadores de UDEC informaron que del análisis surge que uno de los cadetes (padre) registra múltiples tarjetas de crédito y débito asociadas a su cuenta, incluidas algunas a nombre de su esposa y de una hija. Además, en los movimientos de una de sus cuentas se observa un volumen significativo de operaciones, con transferencias por $18.000.000 recibidas de la cuenta de su esposa y $2.000.000 de su hija, además de ingresos por $147.000.000 provenientes de una clienta vinculada a la maniobra investigada, en el período analizado.

Respecto de otra cuenta, se advierte la recepción de transferencias por más de $10.000.000 desde una clienta y testigo de la causa, junto con movimientos entre cuentas propias en distintas plataformas. También se registran transferencias hacia su esposa, ingresos desde esa misma cuenta y derivaciones de fondos hacia otras cuentas personales y un comercio.

Ante la magnitud y circulación de los fondos, con reiteradas transferencias entre el grupo familiar, cuentas propias y terceros vinculados a los hechos investigados, desde UDEC se solicitó el allanamiento del domicilio de los sospechosos.

Requieren juicio para un hombre por 69 estafas vinculadas a la venta de materiales de construcción

La causa se originó a partir de denuncias por maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de materiales de construcción en General Güemes. El hombre, de 79 años, permanece detenido, mientras que su hijo se encuentra prófugo. El perjuicio económico supera los 83 millones de pesos.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de una causa seguida contra un hombre de 79 años por el delito de estafas reiteradas (69 hechos), en concurso real.

Su hijo, también vinculado a la causa, fue declarado en rebeldía. Desde la UDEC se reiteró el pedido de detención en su contra.

La investigación se inició a partir de denuncias de particulares que reportaron maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de materiales de construcción en la ciudad de General Güemes.

Según consta en las denuncias, el mecanismo empleado era el mismo: los clientes de un corralón abonaban los materiales —en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales—, pero no recibían los productos. En algunos casos, la entrega era parcial, mientras que en otros, nunca se concretaba.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, al vencerse los plazos de entrega, los compradores acudían al local comercial, donde recibían excusas por demoras o supuesta falta de stock. Con el tiempo, el comercio cerró y sus responsables se ausentaron, lo que derivó en la radicación masiva de denuncias.

Del análisis del expediente, la Fiscalía estableció que el perjuicio económico actualizado supera los 83 millones de pesos, evidenciándose una maniobra reiterada y planificada destinada a obtener dinero mediante engaños.

En noviembre pasado, a partir de tareas investigativas y del entrecruzamiento de datos, se determinó que los acusados residían en un camping de La Caldera. Allí fue detenido el imputado de mayor edad, mientras que su hijo no fue localizado.

En el marco de la causa y a pedido de la Fiscalía, se dispuso la inmovilización de 13 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

Un detenido por presuntas estafas en la venta de materiales de construcción