Nueva imputación contra el abogado Martín Poma Ovejero

Es por una operación inmobiliaria efectuada en General Güemes. El acusado habría engañado al denunciante falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al abogado Martín Poma Ovejero por los delitos de estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Esta imputación surge de una denuncia presentada en enero de 2020, donde se acusó a Poma Ovejero de cometer una supuesta estafa en una operación inmobiliaria en General Güemes. El denunciante relató que encontró la oferta de terrenos en la página de Facebook «Martina Loteo Residencial» y se comunicó con el anunciante, quien afirmó tener terrenos disponibles para la venta.

Una vez acordada la operación, el afectado se reunió con Poma Ovejero y le entregó la suma de $187.000. El ahora imputado se comprometió a realizar el boleto de compra-venta ante un escribano público, en presencia del supuesto dueño del terreno.

Tras algunas demoras, el comprador fue citado en una Escribanía de la calle Lerma, donde firmó el contrato en presencia de la secretaria. Debido a la ausencia del propietario del terreno, Poma Ovejero pactó la entrega del documento en su domicilio. Días más tarde, el abogado entregó al comprador el contrato de compraventa firmado y la correspondiente Actuación Notarial.

Posteriormente, el denunciante descubrió irregularidades y al contactar al propietario del terreno, este negó haber autorizado la venta y afirmó que la firma en los documentos no era la suya.

Tras una investigación de la UDEC, se determinó que Poma Ovejero habría engañado al denunciante y falsificado firmas, incluyendo las de una escribana fallecida en 2010. Basándose en esta evidencia, la fiscal Salinas Odorisio decidió imputar a Poma Ovejero por estafa y falsificación de documento, en concurso ideal.

Cabe destacar que el abogado también enfrenta cargos por estelionato por la venta de un terreno en 2020 que ya había sido vendido en 2011. Además, en marzo pasado, la fiscal solicitó juicio para Poma Ovejero por su presunta participación en delitos como peculado, resistencia a la autoridad, lesiones, robo, daño agravado, y falsedad de instrumento público, entre otros.

Requieren juicio para Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta

Corrupción en Servicio Penitenciario: Se ampliaron imputaciones

Es en el marco de la investigación penal respecto de funcionarios del Servicio Penitenciario y otros involucrados por la comisión de delitos para la obtención de beneficios carcelarios.

La Unidad Fiscal a cargo de la investigación, integrada por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto, amplió la imputación para 8 mujeres y 11 hombres que ya se encontraban involucrados en la causa, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en calidad de miembros.

En la investigación se sostiene que la evidencia presentada sugiere una posible conexión entre los acusados, indicativa de una organización narcocriminal y de corrupción de funcionarios públicos. A través del análisis de cuentas bancarias, intervenciones telefónicas, vigilancia, filmaciones y fotografías de las actividades de los acusados, se determinó que estos formaron una empresa delictiva altamente organizada, con una planificación detallada y una clara división de tareas entre sus miembros para llevar a cabo las diferentes etapas de su actividad ilegal.

La Unidad Fiscal se encuentra realizando las audiencias de ampliación de imputación desde el pasado 17 de abril y está previsto que se extiendan hasta el próximo 24 de abril.

Prisión preventiva para dos jefes del Servicio Penitenciario

Cafayate: Acusados de cometer dos delitos de hurto durante la madrugada

Los hombres se habrían apoderado de una moto con la que luego cometieron otro ilícito. Se solicitó mantenimiento de detención.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó provisionalmente a dos hombres de 27 y 34 años de edad por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y hurto simple.

La madrugada del pasado 28 de marzo, los acusados se habrían apoderado de una moto que estaba estacionada sin seguridad en la vía pública.

El damnificado había ingresado a un local bailable. Al salir, se dio con la novedad que su motovehículo había sido sustraído.

Horas después, utilizando la motocicleta de la que se habrían apoderado, se acercaron a una mujer que volvía a su domicilio, junto a su hija adolescente. Uno de los acusados descendió del rodado y le habría exigido que le entregara sus pertenencias.

Ante la amenaza y temiendo por su integridad y la de su hija, la damnificada hizo entrega de su mochila que contenía varios objetos, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito y los DNI de ambas. Luego, los acusados se dieron a la fuga.

De la investigación y el análisis posterior de las imágenes de cámaras de seguridad, se observó a ambos sospechosos ingresando a un domicilio.

Con esta certeza y, previa consulta judicial, personal policial procedió a entrevistar al propietario de la vivienda, donde funciona un inquilinato, y, tras una requisa, se logró dar con los dos individuos.

Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar. Por su parte, la fiscal Rojas solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, el  mantenimiento de detención.

Conciliación entre partes en caso de estafa de operador de seguros

Mediante acuerdo rubricado por todas las partes, concluyó la causa por estafa, administración infiel y falsificación de documento en concurso real en contra de un operador de seguros.

Las partes involucradas en el caso son la UTE que emitió los cheques, la compañía de seguros, la escribana que certificó las firmas de las pólizas apócrifas (denunciantes) y el bróker de seguros (imputado).

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, comenzó su intervención en julio de 2023 a raíz de una denuncia presentada por la representante de la UTE (Unión Transitoria de Empresa) Mariana Solar – FCS S.R.L. – Los Arcángeles S.A. La denuncia estaba relacionada con la emisión de dos pólizas de seguros contratadas y emitidas por el imputado a nombre de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A., las cuales resultaron ser falsas.

La empresa Litio Minera Argentina S.A. fue la que detectó la maniobra y notificó a la aseguradora de tal situación.

La UTE había emitido dos pagos por las sumas de $5.919.568,62 y $20.693.444,80 por las dos pólizas, con cheques de su cuenta.

Ante el reclamo de la UTE, la compañía de seguros respondió que las pólizas no coincidían con sus registros y que habían sido emitidas por el imputado, quien era su apoderado. En respuesta, Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. procedió inmediatamente a revocar el poder conferido al imputado.

El individuo fue denunciado por estafa, abuso de confianza y falsificación de documento privado.

Merced  a las tareas de investigación realizadas por la Unidad de Investigación UDEC-CIF, se pudo identificar al acusado, quien había realizado diversas operaciones, como la compra de un automóvil y el pago de cuotas escolares de uno de sus hijos, utilizando cheques de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.

Posteriormente, se llevó a cabo un allanamiento solicitado por la fiscal Salinas Odorisio, durante el cual se incautaron cinco cheques de pago diferido y un vehículo marca Honda.

En el acuerdo de conciliación entre las partes, se establece que el imputado asume la responsabilidad total en la ejecución de la maniobra fraudulenta. Esto incluye la confección de pólizas apócrifas, la recepción y cobro de los cheques, así como la obtención de la certificación de firmas por parte de la escribana, a pesar de tener pleno conocimiento de que excedía las facultades otorgadas mediante poder por parte de la aseguradora.

Además, el bróker de seguros se comprometió y efectuó el pago a la UTE de una suma acordada por las partes, como reparación por el daño causado.

Al ser la aseguradora otra parte afectada por la falsificación de documentación, en el acuerdo se la exime de toda responsabilidad, evitando así una posible ejecución a futuro.

Finalmente, la firma del documento establece que las partes firmantes renuncian a cualquier reclamo ulterior.

 

Realizarán la inspección del celular del operador de seguros imputado

Imputado por fraude a la administración pública

Se trata del representante de una concesionaria automotriz que ganó una contratación abreviada del Gobierno de Salta para la compra de dos vehículos que nunca fueron entregados. Desde UDEC descubrieron que el hombre había anulado las facturas y empleado el dinero a su favor.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

El imputado asistió a la audiencia acompañado por un abogado particular y brindó su versión de los hechos, manifestando que su accionar no constituía un delito.

La intervención de UDEC inició luego de que en marzo de 2023 ingresara una denuncia en contra del representante en Salta de la empresa Conde Automotores SRL en la que se indicó que el denunciado presentó una oferta en el marco de la Contratación Abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta para la compra de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault.

La oferta fue preadjudicada por un monto de $24.270.000 y, posteriormente, se emitió una orden de compra por el mismo valor. Sin embargo, los vehículos no fueron entregados.

El entrecruzamiento de datos y la investigación llevada adelante por el personal de la UDEC, estableció que el denunciado, una vez recibida la transferencia por parte de Tesorería de la Provincia, anuló las facturas correspondientes a los vehículos y realizó transferencias de dinero a terceros, como las firmas Grandote SA y Clama SA, y efectuó pagos a particulares.

Todo esto, mientras afirmaba falsamente que uno de los rodados estaba en trámite de patentamiento a favor de la Provincia, exigiendo una diferencia de precio injustificada para retrasar la entrega.

Teniendo en cuenta el informe del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la fiscal Salinas Odorisio tomó la determinación de imputar provisionalmente al hombre.

Se aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de la audiencia debate contra Rubén Méndez

El Ministerio Público Fiscal requirió juicio para el exintendente y otras diez personas el 25 de octubre de 2022. El 31 de julio de 2023, el Juzgado de Garantías de Tartagal elevó la causa a juicio. Las defensas técnicas de los acusados presentaron reiteradas suspensiones de plazos. Ahora, el Tribunal de Juicio de Tartagal deberá fijar la fecha de la audiencia debate.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de la audiencia de debate contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez y otras diez personas a las que acusa de enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 25 de octubre de 2022 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió, el 31 de julio de 2023, elevar la causa a juicio (leer más).

Vencidos los plazos de la etapa procesal del ofrecimiento de pruebas –que sufrió numerosas suspensiones por pedido de las defensas técnicas de los acusados-, desde el Ministerio Público Fiscal se aguarda que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije finalmente la fecha de la audiencia de debate.

La Unidad Fiscal acusa a:

  1. Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.
  2. Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  3. Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  4. Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  5. Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  6. Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real
  7. Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  8. Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  9. Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.
  10. Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).
  11. Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

Condenan a un empleado de Vialidad por peculado

El agente sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Rodrigo Sebastián Cruz, agente de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Vialidad, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

Además, el sentenciado deberá abonar $100.000 a la Dirección de Vialidad de Salta, cuyo monto será abonado en un solo pago, sin perjuicio de las acciones civiles que el organismo público lleva adelante.

La intervención de la UDEC en la causa inició en 2018, cuando la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta informó que vecinos de barrio El Círculo 4 denunciaron que vehículos oficiales de la Provincia de Salta eran vistos reiteradamente descargando bidones de combustible en distintas casas para posteriormente ser ofrecidos a la venta a la gente del lugar.

A través del entrecruzamiento de datos efectuado por los Departamentos de Mantenimiento Vial y Contable Financiero con los equipos de GPS de vehículos a cargo del agente, la UDEC estableció que en el período comprendido entre el 04/05/2018 al 31/10/2018, realizó 84 visitas al barrio El Circulo y 110 visitas al barrio Los Ceibos, en horario laboral y sin autorización del superior jerárquico.

En el mismo período, uno de los vehículos a su cargo, registró un recorrido de 10.273,128 kilómetros, lo que representa un consumo promedio total de 856 litros de gasoil tomando en consideración un consumo medio (ruta-ciudad) de 12 km/litro. Sin embargo, la camioneta registró la carga de 3.714 litros de gasoil, de los cuales sólo habrían sido utilizados 856 litros para recorrer los 10.273.128 kilómetros que marca el equipo de GPS. Lo expuesto relevó un excedente de 2.858 litros y una potencialidad de 34.296 kilómetros que se podrían haber recorrido con dicha cantidad y sobre los cuales no existe ningún tipo de registro.

Tras analizar las distintas pruebas recabadas por los investigadores, Salinas Odorisio consideró que el empleado, en los periodos 2017 y 2018, sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio, por lo que lo acusó de delito de peculado.

 

Requieren juicio para Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta

La causa se originó en un accidente de tránsito, que desencadenó una serie de eventos que incluyeron la presentación de documentos falsos y  otras maniobras en el  intento de recuperar una camioneta. La denuncia formal fue presentada por los titulares de organismo municipales. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 3, la elevación a juicio de la causa que tiene como acusados a Martín Miguel Poma Ovejero, Julio Conte y César Eduardo Acosta.

La Fiscalía considera que Poma Ovejero es responsable de ser partícipe necesario del delito de peculado y coautor del delito de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal. Además, lo acusa de ser autor de los delitos de daño agravado, falsedad de instrumento público en dos hechos, todo en concurso real.

Conte se encuentra imputado por el delito de peculado en calidad de autor, mientras que Acosta, como coautor de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones, robo y daño agravado, en concurso ideal, todo en concurso real.

La causa

El 5 de enero, una camioneta Amarok estuvo involucrada en un accidente de tránsito. Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial llegó al lugar y al constatar que el conductor no tenía la documentación del vehículo, se decidió secuestrarlo y trasladarlo. Sin embargo, un abogado del fuero local, posteriormente identificado como Martín Miguel Poma Ovejero, se opuso al traslado. Tras dialogar con los agentes de Tránsito, acordó llevar él mismo la camioneta hasta la Comisaría de barrio Santa Lucía.

Transcurridas unas cuadras alegó problemas mecánicos, por lo cual los agentes solicitaron la grúa. Sin embargo, el abogado se subió a la camioneta e intentó llevársela, provocando un altercado con el agente denunciante quien colocó su motocicleta delante, resultando agredido y amenazado por dos hombres, uno de ellos identificado como César Acosta. En la Comisaría de Santa Lucía, Poma Ovejero provocó daños en el Libro de Guardia, y por este hecho fue demorado y trasladado al Centro de Contraventores.

Días después, según las pruebas recopiladas por los investigadores de la UDEC, el abogado presentó un Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos ante el Tribunal de Faltas municipal para solicitar la restitución de la camioneta, que estaba registrada a nombre de una empresa, pero resultó ser falso. También presentó una cédula verde adulterada. Sin embargo, no se le concedió la liberación del vehículo secuestrado.

El 18 de enero, el conductor de la camioneta en el siniestro vial, Poma Ovejero y otro hombre llegaron al Canchón Municipal en un Renault Logan. Se puede observar en las cámaras de seguridad cómo, tras mantener un diálogo con el empleado de la Municipalidad de Salta Julio Conte, Poma Ovejero se encuentra tras el volante de la camioneta mientras el otro hombre la empuja. Ya en la calle, los tres sujetos cambian de lugar. El que se encontraba en el Logan pasa a conducir el vehículo de mayor porte, el abogado pasa al lugar de acompañante y el otro hombre ingresa al automóvil blanco.

Finalmente, el 20 de enero, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizó una denuncia penal por la sustracción de la camioneta. Manifestó que no se puede efectuar la liberación de un vehículo sin el oficio del Juzgado de Faltas municipal y el trámite interno correspondiente, algo que era de conocimiento del agente Conte.

 

Detienen a un abogado y a un agente de la Secretaría de Tránsito municipal

 

Irá a juicio por peculado: Alteraba pagos a proveedores del Estado

Está acusado de desviar dinero público a su cuenta bancaria personal, utilizando maniobras de ocultamiento para encubrir sus acciones. La denuncia fue realizada por una funcionaria provincial.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías en turno la elevación a juicio de la causa que tiene acusado al contador público Juan Ramón Maizares, como autor del delito de peculado, habiendo presuntamente sustraído caudales públicos cuya administración le fue confiada por razón de su función.

El requerimiento fiscal afirma que, mediante maniobras de ocultamiento, Maizares desviaba a su propia cuenta bancaria dinero que debía transferir a diferentes proveedores del Estado en pago de sus servicios.

Según la fiscal Salinas Odorisio, el imputado Maizares llegó a ingresar ilegalmente a su cuenta-sueldo la cantidad de $3.665.630,11 pertenecientes al erario, maniobra que intentaba ocultar encubriendo la deuda contraída con unos proveedores, con el pago extemporáneo a otros.

La denuncia de los hechos fue formulada a finales de enero de 2022 por la entonces Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, Lucrecia Fátima Cintioni.

A raíz de la queja de un proveedor que afirmó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que la misma figuraba como emitida por la SAF en una fecha determinada, la funcionaria descubrió que el dinero había sido ingresado a la cuenta personal de Maizares, que unos días después transfirió el pago al proveedor, pero desde su propia cuenta, no desde la cuenta oficial del gobierno.

La investigación fiscal puso de manifiesto al menos ocho maniobras similares, todas ellas ejecutadas con la misma modalidad y, aparentemente, encadenadas unas con otras. Todos los proveedores perjudicados reclamaron en su momento la manipulación de sus transferencias.

Según el escrito de requerimiento de juicio, Maizares desviaba el dinero de forma intencional, para beneficio propio, adulterando para ello un archivo de texto emitido automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable. La adulteración -impercetible, porque Maizares guardaba registros duplicados de los archivos- permitía que las transferencias se redirigieran fraudulentamente a su propia cuenta bancaria, sin dejar huella de la manipulación informática.

La investigación reveló también que el empleado de la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de la Provincia de Salta, aprovechaba la demora de los bancos en acreditar las transferencias para ocultar sus movimientos ilegales.

Salinas Odorisio solicitó que Maizares sea juzgado y propuso como testigos a la denunciante y a varios de los proveedores afectados.

 

Requieren juicio para el intendente de La Merced y tres concejales

El Ejecutivo Municipal realizó en 2020, una transferencia a las cuentas bancarias personales de los tres ediles sin justificación. Además, en septiembre de 2020, los concejales percibieron dos sueldos, uno del Ejecutivo Municipal y otro del Concejo Deliberante.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para el intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y para los concejales Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico, por el delito de peculado, en calidad de partícipes necesarios.

Además, solicitó el sobreseimiento parcial de Wayar respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al intendente en la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación, estableciendo que la Municipalidad de La Merced efectuó el 3 de septiembre de 2020 una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10330, que se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar en función de su calidad como Intendente de La Merced.

A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores de la UDEC corroboraron que en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada el o de septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que acusa la fiscal Salinas Odorisio a Wayar,  la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.