Imputan por administración fraudulenta a una empleada administrativa

Durante la audiencia, la mujer se abstuvo de declarar e informó que lo hará por escrito. La Fiscalía solicitó el mantenimiento de su detención mientras avanza la investigación.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó de manera provisional a una mujer por el delito de administración fraudulenta.

Durante la audiencia, fue asistida por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía, informando que lo haría por escrito. Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de su detención mientras avanza la investigación penal.

La mujer fue detenida el miércoles 8 de abril en el marco de una causa por posibles irregularidades en aptos médicos para licencias de conducir profesionales.

La intervención del Ministerio Público Fiscal se inició a partir de la denuncia formulada el 23 de diciembre por el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra una empleada administrativa.

Según lo expuesto, la clínica, prestadora de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), detectó durante una licencia la posible emisión de recibos por prestaciones no rendidas y la carga en el sistema oficial (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas no atendidas.

Ante ello, se solicitó a la Agencia un informe de los aptos emitidos en 2025 y se modificaron las claves de acceso. Del cruce entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados cargados sin respaldo en atenciones reales, validándose como aptas a igual número de personas sin evaluación médica.

En paralelo, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre; sin embargo, el 22 de ese mes se registraron seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario.

La Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó los sistemas informáticos y entrecruzó bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada, quien habría generado recibos por prestaciones inexistentes. Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para el seguimiento de operaciones.

La pericia contable detectó una desproporción entre ingresos declarados y movimientos en cuentas, con transferencias de terceros coincidentes con personas incluidas en los registros de la clínica.

 

Allanamientos y una detenida por aptos médicos irregulares para licencias profesionales de conducir

Allanamientos y una detenida por aptos médicos irregulares para licencias profesionales de conducir

La Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para licencias de conducir profesionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, denunció que se habrían validado como aptas a 3.477 personas sin la debida evaluación médica. A partir del análisis de sistemas informáticos, la trazabilidad de cuentas bancarias y tareas de campo, UDEC solicitó allanamientos en tres domicilios y la detención de una empleada administrativa del nosocomio. 

Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad y en el barrio Pereyra Rosas, en el marco de una investigación por administración fraudulenta, dirigida por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y trasladada a la Alcaidía General de la ciudad de Salta. Además, se secuestró documentación de interés para la causa.

La intervención de la Fiscalía se inició tras la denuncia que realizó ,el 23 de diciembre pasado, el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra una empleada administrativa.

De acuerdo con lo manifestado, la Clínica Cruz Azul es prestadora de servicios de estudios psicofísicos para licencias de conducir profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Durante las vacaciones de una empleada, la supervisora del área advirtió que se habrían emitido recibos por prestaciones no rendidas al área contable y que, además, se habrían cargado en el sistema oficial de la Agencia (REPRE) certificados de aptitud correspondientes a personas que no habrían sido atendidas en la institución.

A partir de ello, la clínica solicitó a la Agencia un informe completo de los aptos emitidos durante 2025 y modificó las claves de acceso al sistema. Del cruce de datos entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados de aptitud que habrían sido cargados sin respaldo en atenciones reales; es decir, que se habrían validado como aptas a 3.477 personas sin la debida evaluación médica.

Mientras se avanzaba en la investigación interna, la empleada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, días después, el 22 de diciembre, se detectó la carga de seis nuevos aptos irregulares desde otro usuario.

A fin de investigar lo denunciado, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF realizó el análisis de los sistemas informáticos utilizados por la clínica, así como el entrecruzamiento de bases de datos internas (GoMedisys) con registros oficiales (REPRE), lo que permitió vincular las maniobras con la empleada administrativa, quien habría sido la encargada de ingresar certificados de aptitud psicofísica sin respaldo en estudios médicos reales, además de generar recibos por prestaciones inexistentes.

Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para realizar un seguimiento de las operaciones financieras.

La pericia contable detectó una importante desproporción entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos registrados en sus cuentas, con un flujo constante de transferencias provenientes de terceros que coinciden con personas incluidas en los listados de la clínica. Asimismo, se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal.

Finalmente, se identificó a otras dos personas que habrían colaborado con la maniobra investigada.

Con la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 8, el allanamiento de tres domicilios, la detención de la empleada administrativa y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Hallan culpable a un abogado de defraudación por abuso de firma en blanco

En su alegato, la Fiscalía había considerado acreditados los delitos y había solicitado la restitución del inmueble a la víctima. El Tribunal consideró que esa cuestión debe resolverse por la vía civil.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que eun Tribunal colegiado, integrado por los jueces María Gabriela González, Pablo Farah y Maximiliano Troyano, condenó a Francisco Raúl Figueroa a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de defraudación por abuso de firma en blanco. Además, lo absolvió del delito de estafa en grado de tentativa por prescripción de la acción penal.

El Tribunal no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de restitución del inmueble a la víctima, al considerar que esa cuestión debe resolverse por la vía civil.

En su alegato, la fiscal había considerado acreditados ambos delitos y había solicitado que se hiciera justicia para la víctima mediante la restitución del inmueble como forma de restablecer la situación previa al hecho.

En su argumentación, Salinas Odorisio sostuvo que el accionar del imputado no podía analizarse como un hecho aislado, sino dentro de un contexto sostenido de violencia de género, atravesado por una marcada desigualdad de poder en la relación de pareja.

Para la fiscal, durante el juicio quedó demostrado que la mujer fue víctima de episodios reiterados de agresiones verbales, humillaciones, expulsiones del hogar y desatención durante una enfermedad grave, en una dinámica compatible con ciclos de violencia. En ese contexto, afirmó que el imputado, en su condición de abogado, no solo tenía una posición de superioridad técnica, sino que utilizó ese conocimiento para ejercer control personal, económico y legal sobre su expareja, generando una situación de confianza y subordinación que resultó determinante para la maniobra.

La Fiscalía también sostuvo que, a lo largo del debate, quedó acreditado que el boleto de compraventa de 2013 está a nombre de la víctima, certificado por escribano, y que existen facturas, recibos y comprobantes que demuestran que fue ella quien financió la construcción, incluso mediante un préstamo bancario.

En contraposición, remarcó que el imputado atravesaba, en ese mismo período, una situación económica crítica, con concurso preventivo, pedido de quiebra y calificaciones negativas en registros fiscales, lo que lo colocaba en una posición incompatible con una inversión de esa magnitud.

Pese a ello, sostuvo que Figueroa construyó una apariencia de titularidad frente a terceros, actuando como intermediario y administrador, para luego avanzar en la maniobra central: hacer firmar a la víctima documentos en blanco bajo el pretexto de trámites vinculados a la relación o al divorcio, y posteriormente completarlos con una supuesta cesión gratuita del inmueble a su favor.

Respecto de ese documento, la fiscal fue categórica al señalar que carece de los requisitos mínimos de validez; no tiene certificación, fecha cierta ni condiciones verificables, presenta tachaduras y rasgos gráficos —como la misma forma de tipeo— que lo vinculan con el propio imputado, lo que reforzó la hipótesis de que fue confeccionado con posterioridad y de manera fraudulenta.

Asimismo, sostuvo que el objetivo final era lograr la homologación judicial de esa cesión mediante una vía no contenciosa, lo que le habría permitido consolidar el desapoderamiento del bien. Sin embargo, la oposición de la víctima y la intervención judicial derivaron en el rechazo del planteo.

Por último, Salinas Odorisio advirtió sobre un patrón de conducta basado en el uso abusivo de herramientas legales por parte del imputado. Señaló que, aprovechando su conocimiento técnico del sistema judicial, promovió demandas civiles con contenido intimidatorio, realizó denuncias en el fuero de violencia familiar que derivaron en la exclusión de la mujer del inmueble y desplegó estrategias procesales orientadas a obstaculizar su defensa y generar desgaste económico.

En función de ello, solicitó que Figueroa fuera condenado por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa, en concurso real.

Talapampa: Vendió un terreno sin ser el propietario y fue condenado por estelionato

Admitió su participación en una maniobra fraudulenta y recibió una pena unificada de 12 años y seis meses de prisión efectiva por contar con antecedentes. El hecho se enmarca en la venta de un bien ajeno, tipificada como estelionato en el Código Penal.

Por instrucción de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, el secretario letrado Walter Inda representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia multipropósito en la que Jorge Matías González Güemes admitió su responsabilidad como autor del delito de estelionato, tras la venta de un terreno que no le pertenecía.

La jueza Gabriela Romero Nayar homologó el acuerdo alcanzado por las partes y condenó al imputado a la pena de tres meses de prisión. En virtud de que registraba condenas previas, se dispuso la unificación de penas, fijándose una pena única de doce años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

De acuerdo con la investigación, el acusado comercializó,  junto a su madre (ya fallecida), un terreno ubicado sobre la Ruta Provincial 68, en la localidad de Talapampa, al denunciante, por la suma de $300.000, conforme surge del boleto de compraventa incorporado a la causa.

Posteriormente, al intentar registrar la transacción ante la Dirección General de Inmuebles, se informó que la vendedora no era titular del dominio del inmueble, lo que impidió su inscripción y permitió advertir la irregularidad.

La Fiscalía acreditó que el imputado participó activamente en la maniobra, interviniendo en las gestiones previas a la concreción de la operación y en la recepción del dinero. En ese contexto, se determinó que actuó mediante maniobras engañosas, induciendo a error al comprador, quien efectuó el pago confiando en la legitimidad de la operación, resultando perjudicado económicamente sin recibir el bien adquirido.

Requieren elevar a juicio una causa por presunto peculado de fondos destinados a niños en un hogar estatal

La causa se originó por la falta de rendición de fondos públicos destinados al sostenimiento de niños, niñas y adolescentes alojados en el Dispositivo Crisantemos, con montos que superan el millón de pesos.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), requirió al Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa seguida contra la coordinadora del Dispositivo Proteccional Crisantemos, dependiente de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, como presunta autora del  delito de peculado.

La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada en mayo de 2025 por el director de Dispositivos de Protección de ese organismo, quien advirtió la falta de rendición de fondos públicos asignados. Los recursos estaban destinados al sostenimiento de los niños, niñas y adolescentes alojados en la institución.

De acuerdo con la investigación, la imputada —en su carácter de responsable de la administración y firmante de la cuenta oficial del dispositivo— no presentó las declaraciones juradas ni los comprobantes respaldatorios de los gastos correspondientes a los períodos 2022 y 2023.

Personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) constató, con base en informes técnicos del área contable del Ministerio, que los montos observados ascienden a $1.046.076,76 para el período 2023 y $289.368,76 para el período 2022.

Según la hipótesis fiscal, la conducta no se limita a un incumplimiento administrativo, sino que configura la posible sustracción de caudales públicos, al no haberse justificado el destino de los fondos ni acreditado su restitución, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado provincial.

En el marco de la causa, se incorporaron testimonios del área técnica que describen el sistema de control de rendiciones y las intimaciones cursadas a la imputada. Asimismo, se determinó que parte de los fondos fue transferida a una delegación del interior y rendida por esa dependencia, aunque sin la correspondiente formalización por parte de la responsable del dispositivo.

Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar.

 

Condenaron al exintendente de San Lorenzo a 5 años de prisión, que se elevan a 7 por unificación de pena

Con Tribunal colegiado y luego de escuchar a los acusados y los alegatos de las partes, se desarrollaron las instancias finales del juicio seguido contra los exfuncionarios Ernesto Fernando Gonza; Rogelio Higinio Guaymás y Aldo Dalmiro Gonza.

La fiscal penal Claudia Geria, en representación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante la acusación que finalizó con la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza.

Con la sentencia, el Tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados y resolvió condenar al exintendente Ernesto Fernando Gonza a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua, como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.

Asimismo, se dispuso la revocación de una condena condicional previa que registraba, y la unificación de penas, fijándose en definitiva una pena única de siete años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta perpetua, conforme a lo previsto en el artículo 58 del Código Penal.

En el caso del exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación absoluta, como autor penalmente responsable de hechos de peculado, también en concurso real.

Por su parte, Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario en un hecho de peculado. El tribunal le impuso además reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.

En relación a la situación procesal, el tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, disponiendo su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.

Finalmente, se dispuso remitir antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró durante el debate, así como otros hechos que podrían revestir carácter delictivo y que surgieron en el transcurso del juicio.

La denuncia contra los exfuncionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien, tras asumir durante su primer mandato, dispuso la realización de una auditoría externa sobre la gestión anterior. El informe final reveló numerosas inconsistencias.

Luego de escuchar los alegatos de las partes y en la etapa de réplicas, la fiscal Claudia Geria reafirmó la solidez del proceso y sostuvo que la investigación y el juicio se desarrollaron con pleno apego a las garantías constitucionales. En ese sentido, recordó que el requerimiento de elevación a juicio fue oportunamente controlado por el juez de Garantías, incluso frente a planteos de nulidad formulados por la defensa, los cuales fueron rechazados, habilitando la continuidad del proceso.

Asimismo, remarcó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se encuentra estrictamente regida por el principio de legalidad, descartando cualquier finalidad ajena al proceso. Señaló que las medidas solicitadas —incluidas las penas y los pedidos de restricción de la libertad— responden exclusivamente al cumplimiento de sus deberes funcionales y quedan, en todos los casos, sujetas a la decisión del Tribunal.

En relación a la prueba, indicó que los elementos incorporados durante el debate —documentales, periciales y testimoniales— no fueron desvirtuados por las defensas, destacando que los propios imputados no desconocieron su existencia. Agregó que los cuestionamientos sobre la validez u objetividad de determinadas pericias ya habían sido analizados y resueltos durante el desarrollo del juicio.

Respecto de la calificación legal, sostuvo que fue debidamente fundamentada en sus alegatos, y rechazó las interpretaciones defensivas que pretendieron desvirtuar el encuadre jurídico de las conductas investigadas.

También desestimó los planteos vinculados a supuestos excesos en la actuación fiscal o pedidos de detención, al considerar que carecen de sustento, y reiteró que todas las medidas impulsadas se ajustaron a derecho. En ese marco, recordó además que uno de los imputados registra antecedentes condenatorios, circunstancia que fue considerada en el proceso.

Finalmente, subrayó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se enmarcó estrictamente en el cumplimiento de sus funciones legales, conforme a las disposiciones vigentes, y solicitó al Tribunal que valore de manera integral la totalidad de la prueba producida al momento de dictar sentencia.

Cabe recordar que el día anterior, en sus alegatos, la fiscal había solicitado siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Gonza, seis años para Rogelio Guaymás y cuatro años para Aldo Gonza, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para los tres imputados. Asimismo, requirió la detención inmediata de los acusados y, en el caso del exintendente, la unificación de pena por registrar una condena anterior.

 

Juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo: La Fiscalía solicitó penas de hasta 7 años de prisión

Se trata de penas de cumplimiento efectivo para los imputados, al sostener la Fiscalía en sus alegatos que se probó el desvío de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes durante la gestión municipal.

La fiscal penal Claudia Geria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra los imputados, el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza, el ex Secretario de Hacienda de ese municipio, Rogelio Guaymás y el exconcejal Aldo Gonza, en el marco del juicio seguido por delitos contra la administración pública, en una audiencia presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello.

En sus alegatos, la fiscal desarrolló una exposición extensa en la que reconstruyó —sobre la base de prueba documental, pericial y testimonial— un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos durante la gestión municipal a cargo del exintendente Ernesto Gonza, al que definió como un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario. “No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal”, enfatizó al marcar la gravedad institucional de los hechos.

Geria explicó que los imputados, en razón de sus cargos, tenían la administración, percepción y custodia de los fondos públicos, y que fue precisamente en el ejercicio de esas funciones donde —según sostuvo— se concretaron las maniobras investigadas. “Se evadió toda forma de registración para que nadie los pueda controlar”, afirmó, al referirse a la lógica que atravesó las operatorias detectadas.

El eje central de la acusación por peculado se estructuró en torno a distintos hechos que, según la fiscal, evidencian un patrón común: la salida de dinero sin respaldo legal ni registración contable. En ese sentido, describió un sistema de pagos mediante vales y recibos que funcionaba por fuera de los circuitos formales, sin documentación que acreditara el destino de los fondos. “No me cabe duda de que había una salida de fondos sin justificación”, sostuvo ante el tribunal.

A partir de ese mecanismo, indicó que se realizaron entregas de dinero en efectivo sin control, con montos que excedían cualquier práctica administrativa regular y sin correlato en documentación válida. Señaló además que, en muchos casos, la registración era inexistente o se intentaba justificar con comprobantes que no coincidían en fechas ni conceptos, lo que —según su interpretación— revela una operatoria destinada a encubrir el destino real de los fondos.

Otro de los aspectos desarrollados fue la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales exigidos. En ese punto, remarcó que no existieron actos administrativos, registros patrimoniales ni inventarios que acreditaran la incorporación de esos bienes al municipio, y subrayó que muchos de ellos no fueron entregados a la gestión entrante. 

La fiscal también abordó el manejo de fondos con destino específico, particularmente en el marco de programas sociales. Sostuvo que existían partidas transferidas al municipio que no fueron rendidas conforme a la normativa vigente, pese a tratarse de recursos que no podían ser utilizados discrecionalmente. “Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente”, remarcó.

En relación al estado del patrimonio municipal, la Fiscal hizo hincapié en inconsistencias entre los gastos registrados y la situación real de los bienes, especialmente en el parque automotor. Indicó que se documentaron compras y reparaciones que no se reflejaban en la realidad, lo que —a su criterio— demuestra una disposición irregular de fondos sin contraprestación efectiva.

A ello sumó la existencia de préstamos informales y erogaciones sin respaldo administrativo, prácticas que —según afirmó— no solo contravienen la normativa vigente, sino que refuerzan la hipótesis de un manejo discrecional del dinero público. “Se desvió dinero cuya administración tenían en su poder”, sintetizó.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la Fiscal sostuvo que los imputados omitieron de manera reiterada remitir información obligatoria a los órganos de control, impidiendo el ejercicio de las funciones de fiscalización. “No hay una negligencia, hay una intencionalidad en no cumplir con las leyes”, afirmó, al descartar cualquier explicación basada en desorden administrativo.

Respecto de Aldo Gonza, planteó que su intervención fue necesaria en algunas de las maniobras, lo que permitió imputarle participación en el delito, aun sin integrar formalmente el Ejecutivo municipal. En el caso de Ernesto Gonza, además, le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber intervenido en un acto en beneficio propio desde su cargo.

La fiscal concluyó que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un patrón de conducta sostenido en el tiempo, con una clara finalidad de sustraer recursos públicos y evitar los controles institucionales. En ese sentido, sostuvo que la gravedad de las conductas radica no solo en el perjuicio económico, sino en el daño a la administración pública y a la confianza institucional.

La fiscal Claudia Geria culminó su alegato solicitando siete años de prisión de cumplimiento efectivo para el exintendente Ernesto Gonza, al considerarlo responsable de cinco hechos de peculado, tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.

Para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás, pidió una pena de seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso real.

En tanto, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe necesario en un hecho de peculado.

Para los tres imputados, la fiscal solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

En relación a la situación de Ernesto Gonza, señaló que registra una condena anterior, por lo que pidió la aplicación del mecanismo de unificación de penas previsto en el Código Penal.

Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, requirió la detención inmediata de los tres acusados, medida que quedó sujeta a la decisión del tribunal.

 

Juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo: Pericia contable expuso irregularidades en el manejo de fondos municipales

La denuncia fue impulsada por el actual intendente de San Lorenzo tras asumir su primer mandato y ordenar una auditoría sobre la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. La investigación sostiene que el exjefe comunal y otros imputados habrían administrado de manera discrecional los recursos municipales, incumpliendo normas vigentes, sin rendición de cuentas y ocasionando un perjuicio al erario público.

La fiscal penal Claudia Geria, representó al Ministerio Publico Fiscal en la audiencia de juicio contra exfuncionarios del municipio de San Lorenzo, acusados por distintos delitos en perjuicio de la administración pública. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello. 

Este viernes declararon los últimos testigos y se destacó la exposición de la perito contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien presentó ante el Tribunal una serie de conclusiones técnicas que evidencian importantes irregularidades en la administración financiera del municipio de San Lorenzo durante el período analizado, todo ello en base a la documentación que tuvo a la vista.

En primer término, la experta señaló que no se encontraban presentadas las Cuentas Generales del Ejercicio correspondientes a los años 2018 y 2019, ni existían registros completos de Ejecución Presupuestaria, lo que impidió verificar la planificación y aplicación de los recursos públicos. Tampoco se halló documentación suficiente que permitiera reconstruir la ejecución del gasto en esos períodos.

En relación a las contrataciones, la perito indicó que no se encontró respaldo que acredite procedimientos legales de adquisición de bienes. No se verificaron licitaciones, concursos ni contrataciones directas justificadas, detectándose compras de distintos bienes —como tablets, televisores, estufas y una camioneta— sin cumplimiento de los mecanismos exigidos.

Respecto del control patrimonial, sostuvo que no existía inventario de bienes ni registros que permitieran identificar su incorporación, valor, ubicación o responsables, lo que impidió determinar su trazabilidad.

Uno de los puntos centrales fue el manejo de fondos en efectivo. A partir de la documentación analizada, la perito detectó un sistema de vales y recibos para registrar salidas de dinero, sin respaldo suficiente. 

También señaló la existencia de referencias cruzadas entre distintos destinatarios en esos instrumentos.

Asimismo, se identificaron erogaciones bajo conceptos no presupuestarios, como “campaña electoral”, “apertura campaña” y “elecciones”, las cuales no correspondían a adelantos de sueldo, ya que las remuneraciones se abonaban por vía bancaria sin descuentos.

La experta remarcó que el uso de efectivo no era el mecanismo adecuado para este tipo de pagos, indicando que debían realizarse mediante instrumentos formales. En esa línea, afirmó que no existían controles básicos como arqueos de caja, conciliaciones bancarias ni registros contables, lo que impedía verificar los movimientos financieros.

También explicó que los ingresos municipales deben ser depositados diariamente, aunque de la documentación analizada surgió un uso reiterado de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario.

En cuanto a los fondos destinados a programas sociales, indicó que existían saldos pendientes en años anteriores, pero advirtió que la situación se agravó hacia el final del período, cuando prácticamente no se registraron rendiciones, pese a tratarse de recursos con destino específico.

Respecto de las retenciones impositivas, señaló que el municipio no ingresó en tiempo y forma los montos retenidos a proveedores, generando una deuda que luego fue regularizada mediante un plan de pago.

Finalmente, indicó que el acta de corte solo reflejaba la situación al momento del traspaso de gestión, sin registros históricos que permitieran reconstruir la evolución financiera.

Como conclusión, la perito sostuvo que la administración municipal presentaba un sistema caracterizado por el uso intensivo de efectivo, la ausencia de controles, la falta de documentación respaldatoria y el incumplimiento de las normas legales, lo que derivó en pagos sin respaldo, gastos no presupuestados, irregularidades en las contrataciones y falta de rendición de fondos.

Tras la investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), El exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza, fue imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. En tanto, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.

Se prevé que entre el lunes y el martes de la próxima semana se lleven a cabo las declaraciones de los imputados y los alegatos de las partes, de manera previa al veredicto.

 

Juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo: Declararon el actual intendente y el expresidente del Concejo, ambos denunciantes en la causa

Juzgan a un abogado por defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa

El imputado fue denunciado por su expareja. La audiencia de debate comenzó el miércoles y está previsto que se extienda hasta el 7 de abril.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un abogado es juzgado por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa, en concurso real.

En la tercera jornada, está previsto que el Tribunal colegiado, integrado por los jueces María Gabriela González, Pablo Farah y Maximiliano Troyano, reciba la declaración de distintos testigos.

La intervención de la UDEC se inició en 2018 con la denuncia radicada por una mujer contra su expareja, a quien acusó de haberla despojado de un inmueble mediante maniobras fraudulentas.

Según su relato, conoció al imputado en 2012 y al año siguiente lo contactó para asesorarse en la compra de un terreno en un barrio privado de Cerrillos, que adquirió con ahorros propios y comenzó a edificar. Detalló que, en ese contexto, iniciaron una relación, se casaron en 2015 y el imputado se mudó a su vivienda, cuya construcción solventó con recursos de ella.

La mujer relató que, pocos meses después, el acusado comenzó a ejercer violencia, lo que la llevó a realizar una denuncia policial. Aunque más tarde retomaron la relación, durante ese tiempo él le pidió que firmara documentación en blanco bajo el pretexto de trámites judiciales, petición que ella accedió a cumplir. Posteriormente, se produjo la separación.

En noviembre de 2017, el imputado le envió una carta documento en la que alegaba una supuesta cesión gratuita de derechos sobre el inmueble a favor de sus hijos. Según la denunciante, el documento fue elaborado utilizando su firma en blanco. La mujer rechazó el contenido, negó haber cedido sus derechos e intimó la restitución de los mismos.

Pese a ello, el acusado intentó homologar el instrumento ante un Juzgado Civil y Comercial, trámite que fue rechazado.

El juicio inició el miércoles 25 de marzo y está previsto que se extienda hasta el 7 de abril.

Imputan a tres hombres por una estafa bajo la modalidad “cuento del tío”

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que fue engañada mediante una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por su hija y la convencieron de entregar dinero. A partir del análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF logró identificar a los sospechosos en Jujuy.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a tres hombres por el delito de estafa. Durante la audiencia, los acusados fueron asistidos por una abogada particular.

La intervención de la UDEC inició el pasado 28 de febrero, a partir de la denuncia radicada por una mujer mayor de edad, quien manifestó que recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por su hija y le dijo que se encontraba realizando trámites en el banco vinculados al supuesto vencimiento de dólares. Según relató, la convenció de reunir el dinero que tenía en su domicilio para entregárselo a un supuesto empleado que pasaría a retirarlo.

De acuerdo con lo denunciado, la mujer realizó dos entregas de dinero en efectivo, que en total alcanzaron la suma de 37.700 dólares. Para completar la segunda entrega, se trasladó hasta la vivienda de su hija, ubicada a pocos metros de su domicilio, donde retiró una parte del dinero.

A partir de la investigación realizada por personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, se logró establecer la presencia de un automóvil Volkswagen Gol Trend color rojo, que fue captado en distintas oportunidades en inmediaciones del domicilio de la víctima durante el lapso en que se concretó la maniobra.

Las tareas investigativas permitieron además reconstruir el recorrido previo del vehículo, que fue detectado por cámaras del sistema de monitoreo cuando circulaba por Ruta Nacional 34 en la ciudad de General Güemes y posteriormente al ingresar a la ciudad de Salta por el ex peaje Aunor, desde donde continuó su trayecto hasta la localidad de Vaqueros.

Según los investigadores, el automóvil ingresó y salió en reiteradas ocasiones de la zona del domicilio de la denunciante durante la franja horaria en la que se produjeron las entregas del dinero.

Por otra parte, una vecina aseguró haber observado el vehículo estacionado frente a su vivienda y a dos hombres que descendieron del mismo, uno de los cuales se encontraba hablando por teléfono.

El análisis de las comunicaciones permitió establecer que la llamada telefónica que dio inicio a la maniobra habría sido realizada desde un teléfono celular ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ese dato, junto con los registros fílmicos y otras tareas investigativas, permitió orientar la investigación hacia los imputados.

Con la información reunida hasta el momento, la fiscal Salinas Odorisio dispuso la imputación provisional de los tres hombres como coautores del delito de estafa, al considerar que habrían actuado de manera coordinada con otras personas aún no identificadas para engañar a la mujer y lograr que entregara el dinero. Además, requirió la detención de los involucrados.