Ríos & Asociados: Nuevamente otorgan arresto domiciliario a la líder de la falsa financiera

En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia multipropósito en la que el juez Javier Araníbar otorgó prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario a Cinthya del Valle Moya, quien está imputada por los delitos de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 casos) y asociación ilícita, en concurso real, en calidad de organizadora.

Luego de una extensa jornada de audiencia y tras un cuarto intermedio, el juez Araníbar dispuso otorgarle a Moya el arresto domiciliario a pesar de los contundentes argumentos vertidos por Salinas Odorisio, quien consideró que el arresto domiciliario de Moya no sólo pone en riesgo la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, sino que también recordó que la mujer estuvo prófuga de la Justicia durante 12 días y las nuevas denuncias en contra de la líder de Ríos & Asociados.

Cabe recordar que la Fiscal de UDEC había solicitado el viernes 1 de septiembre pasado, la detención de Moya ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, a raíz de nuevas denuncias que daban cuenta de que la imputada había conformado una nueva financiera.

Días después, Moya fue detenida por orden del juez Antonio Pastrana por incumplir las medidas sustitutivas de detención dispuestas. Junto a la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, fue detenida la agente de la Policía de la Provincia de Salta, Zulma Yanina Correa.

La primera detención de Cinthya del Valle Moya se concretó en abril de 2022, luego de permanecer prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados.

Tras varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia de la Vocalía I, Sala II del Tribunal de Impugnación, resolvió la liberación de Moya, en octubre de 2022, con medidas sustitutivas de detención, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados en la causa y las víctimas de la estafa.

General Güemes: Detienen a una mujer denunciada por 67 personas por estafas con viviendas sociales

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, lleva adelante la investigación.

En el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas con viviendas sociales, esta mañana se realizaron dos allanamientos en General Güemes.

Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y secuestrados documentos de interés para la causa, celulares y otros elementos.

La intervención de la UDEC inició luego de que 67 personas denunciaran en junio de 2023 que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita, a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del B° 200 Viviendas en la zona de la Banda, en General Güemes.

Además de la entrega de dinero, manifestaron que debían hacer trabajo de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada. Ante la falta de la concreción de la entrega del terreno, los damnificados reclamaron a la mujer, quien les explicó que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. En el lugar desconocían la existencia de la mujer y de las carpetas, por lo que los damnificados radicaron denuncias.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron una investigación y elevaron un informe a la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas, solicitando sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de realizar la supuesta confección de carpetas que les posibilitaría obtener un lote y/o terreno por la intervención de sus influencias con el Intendente municipal, actuando a sabiendas de que no cumplirían con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia”

En este marco, desde UDEC se solicitó al Juzgado de Garantías 2 el allanamiento de dos viviendas, la detención de la mujer y el secuestro de elementos de interés para la causa, medida que se concretó en la mañana de hoy.

La Unidad Fiscal que investiga la causa de la Caja de Abogados ordenó un Informe Pericial Contable

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elevará un Informe Pericial Contable a los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC) y Ramiro Ramos Ossorio (Penal 2).

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, en la investigación por administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta, requirió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales que realice un Informe Pericial Contable.

Para ello, desde UDEC se entregó al CIF toda la documentación obrante en el Legajo de Investigación, consistente de dos cuerpos de 231 fojas y un bibliorato de 411 fojas.

Se espera que en 15 días hábiles, los peritos eleven un informe a la Unidad Fiscal.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente y que, al hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar, provocando que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.

 

Un detenido por la supuesta malversación de fondos de la Caja de Abogados

Condenaron al hombre denunciado por estafar con la promesa de viviendas sociales

Tras permanecer nueve meses detenido, Matías Alejandro Macedo admitió ser responsable de simular tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional para entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero. Además, confesó haber confeccionado y utilizado documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta.

Macedo llegó al juicio luego de estar nueve meses detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y aceptó su responsabilidad en los seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), de los que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

Como parte del acuerdo alcanzado, y teniendo en cuenta que permaneció privado de su libertad desde su detención el 19 de enero pasado, el condenado resarció económicamente a las víctimas de sus estafas.

La causa

El 19 de enero pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, radicó denuncia al tomar conocimiento sobre una maniobra que realizaba Macedo, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial para, a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

Horas más tarde, la mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Durante la investigación realizada por UDEC, se pudo determinar que Macedo había operado de la misma manera con dos conocidos del colegio secundario, a quienes les ofreció gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó. El mismo modus operandi fue empleado para estafar a un hombre que trabajaba en el Hospital San Bernardo.

En otro hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Tras reunir todas las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, acusó al hombre de los delitos de estafas reiteradas (6 hechos), falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos).

 

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales

Detienen a un hombre por estafas vinculadas al alquiler de automóviles

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investigó distintas denuncias contra el individuo. Tras reunir distintas pruebas solicitó su detención.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas, esta mañana un hombre fue detenido en un domicilio en calle Alvarado de la ciudad de Salta.

Durante el operativo -realizado por personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales– fueron secuestrados celulares, un CPU y documentación de interés para la causa.

Desde marzo pasado, la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga distintas denuncias contra el hombre por estafas reiteradas vinculadas al alquiler de automóviles y otros. Tras reunir distintas pruebas, solicitó al Juzgado de Garantías 1, la detención del individuo y el allanamiento de una vivienda en donde funcionarían sus oficinas.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y será imputado en las próximas horas.

 

 

Juzgan a un hombre por estafas con cheques

El dueño de un comercio denunció que el hombre le pagó con cheques diferidos y, cuando se presentó a cobrar en el banco, le informaron que el titular había emitido una orden de no pagar.

En la Sala 4 del Tribunal del Juicio se desarrolla la audiencia debate contra Galo Leonel Ortuño acusado del delito estafa. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

La intervención de la UDEC inició en noviembre de 2019, luego de que el representante legal de una empresa, denunciara que Ortuño se presentaba a comprar productos, los que pagaba con cheques diferidos, sin que hubiera inconvenientes.

Con el tiempo, y a medida que la confianza crecía, aseguró que el denunciado efectuó diversas compras de insumos tecnológicos como computadoras, monitor, placa de red, impresora, copiadora, toners, resmas de papel, entre otros bienes, abonando con diferentes cheques a la orden de pago diferido.

No obstante, al acudir al banco, la institución financiera le notificó que no podía efectuar el pago, ya que existía una orden de no pago emitida debido a que Ortuño los había denunciado como robados. Este incidente involucró a un total de diez cheques.

Condenan a otro intendente de Animaná

Había sido denunciado en 2017 por José Rolando Guaimás, quien ayer fue condenado por peculado. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en las dos causas.

La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado, en la que el exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras reconocer su culpabilidad, Condorí fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos electorales.

La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás (quien ayer fue condenado por condenado la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado),  por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.

Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.

Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.

Condenado por estafas con cheques

El dueño de un comercio denunció que el hombre le pagó con cheques diferidos y, cuando se presentó a cobrar en el banco, le informaron que el titular había emitido una orden de no pagar

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Galo Leonel Ortuño fue hallado culpable del delito de estafa.

Tras la admisión de responsabilidad de Ortuño en el hecho, la Sala 4 del Tribunal del Juicio lo sentenció a un año de prisión de cumplimiento condicional y la reparación del daño ocasionado.

La intervención de la UDEC inició en noviembre de 2019, luego de que el representante legal de una empresa, denunciara que Ortuño se presentó a comprar productos, los que pagaba con cheques diferidos, sin que hubiera inconvenientes. Con el tiempo, y a medida que la confianza crecía, aseguró que el denunciado efectuó diversas compras de insumos tecnológicos como computadoras, monitor, placa de red, impresora, copiadora, toners, resmas de papel, entre otros bienes, abonando los mismos con diferentes cheques a la orden de pago diferido.

Al presentarse en el banco, la entidad financiera le informó que no podía pagarle porque existía una orden de no pagar emitida por que Ortuño, quien los había denunciado como robados. Esto sucedió con diez cheques.

Detuvieron con $2.328.350 a la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga nuevas denuncias vinculadas a otra financiera, que habría conformado Cinthya Moya. Al momento de ser detenida se encontraba con la agente de la Policía de Salta, Zulma Correa, también imputada en la causa Ríos

La líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cinthya del Valle Moya, fue detenida por orden del juez Antonio Pastrana por incumplimiento de las medidas sustitutivas de detención que le habían sido dictadas. Junto a Moya fue detenida la agente de la Policía de la Provincia de Salta Zulma Yanina Correa.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado el viernes pasado al Juzgado de Garantías 3 la detención de Moya por nuevas denuncias ingresadas que daban cuenta de que ésta había conformado una nueva financiera denominada “Norte y Asociados” celebrando en San José de Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las establecidas en los contratos de Ríos & Asociados.Una vez ordenada la orden de detención, una comisión policial se dirigió al domicilio otorgado por Cinthya . Allí la observaron subir a un automóvil y permanecer, con el motor en marcha, por espacio de cinco minutos hasta la llegada de una motocicleta de la que bajó un hombre y le entregó un bolso negro.

El vehículo en que se encontraba la líder de Ríos & Asociados circuló por varias calles de la ciudad, para detenerse en Belgrano y Almirante Brown, en donde subió una mujer. Se observó la llegada del mismo hombre en motocicleta.

En ese momento, los efectivos interceptaron el vehículo e identificaron a la acompañante de Moya como la agente Zulma Yanina Correa, quien fue imputada por la fiscal Salinas Odorisio por Estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de coautora, y se encontraba con medidas sustitutivas

El hombre manifestó ser un cadete que trabajaba para Moya.

Al requisar el vehículo en el que se movilizaba Moya fueron secuestrados $ 1.168.850 y del bolso $ 1.159.500. Las dos mujeres fueron trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, en donde permanecen detenidos.

Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022 tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados. Está imputada por Estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de jefa/organizadora. Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia de la Vocalía 1, Sala II del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022, con medidas sustitutivas de detención, entre las que se encontraba el impedimento de mantener contacto con los otros imputados en la causa y las víctimas de la estafa.

Condenan a un hombre por estafar a 46 vecinos de Villa Floresta

Estafó a 46 vecinos del barrio Floresta Alta, quienes le habían entregado dinero para realizar trabajos eléctricos que nunca se llevaron a cabo. El acuerdo de juicio abreviado se basó en su reconocimiento de culpabilidad ante las pruebas presentadas por la fiscalía.

En el año 2018, un grupo de vecinos del barrio Floresta Alta confió en el hombre para llevar a cabo la instalación eléctrica en sus hogares, entregándole una suma de $ 238.500, adeudando $375.665, monto que se entregarían al finalizar el trabajo.

Los problemas comenzaron a surgir en febrero de 2019, cuando los vecinos comenzaron a darse cuenta de que el individuo no tenía la intención de cumplir con su compromiso de realizar el trabajo acordado. Además, para empeorar la situación, les comunicó que no disponía de los fondos necesarios para reembolsarles el dinero que habían entregado como adelanto, tras lo cual hicieron la denuncia.

Tras la presentación de las pruebas reunidas por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, Taritolay Palacios reconoció su responsabilidad en los hechos, alcanzando un acuerdo de juicio abreviado, que tuvo lugar en la Sala del Tribunal de Juicio.

Juan Alberto Taritolay Palacios fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de estafas reiteradas (46 hechos).