Requieren documentación al Círculo Médico de Salta en el marco de investigación por presunta falsificación de documentación médica

La orden de presentación se dictó en el marco de una investigación por presunta falsificación material de documento privado. Durante la diligencia, se solicitaron documentos e información clave para determinar un posible uso indebido del sello y la firma de un médico, así como para evaluar eventuales perjuicios económicos tanto para el profesional como para el IPS.

Por disposición de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en laUnidad de Delitos Económicos Complejos,  en la mañana de este miércoles 26 de noviembre, personal de la UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, se presentó en la sede del Círculo Médico de Salta para dar cumplimiento a una orden de presentación.

El procedimiento se realiza conforme al artículo 312 del Código Procesal Penal de Salta, que establece que “en lugar de solicitar el secuestro, el Fiscal podrá ordenar, cuando fuera oportuno, la presentación de los objetos o documentos que considere necesarios…”.

La medida se enmarca en una investigación por presunta falsificación material de documento privado, con el objetivo de recabar documentación e información necesaria para determinar el posible uso indebido del sello profesional y la firma de un médico, así como eventuales perjuicios económicos tanto para el profesional como para el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).

La diligencia se suma a los allanamientos realizados el viernes pasado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), en el marco de la investigación sobre la denuncia presentada por el médico Edmundo Falú, quien manifestó que su sello profesional y firma fueron utilizados en certificados y prácticas médicas que él nunca realizó. Asimismo, el IPS denunció la facturación de prestaciones médicas inexistentes desde el IMAC, mediante documentación presuntamente falsificada a nombre del profesional, configurando irregularidades en la facturación de las prácticas.

 

Allanan el IMAC por presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas

Allanan el IMAC por presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas

Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes vinculadas al Instituto Médico de Alta Complejidad. Fue secuestrada documentación de interés para la causa y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos del instituto.

Durante la mañana de este viernes, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevó adelante cuatro allanamientos en domicilios vinculados al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) y sus dependencias. El operativo se realizó en el marco de una investigación por falsificación material de documento privado que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

Tres de los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en calle Adolfo Güemes y el cuarto en calle España al 1000 de la ciudad de Salta. En todos los casos se secuestró documentación de interés y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos del instituto, relevantes para la investigación.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, inició tras la denuncia penal del cardiólogo Edmundo Falú, presentada el 19 de agosto, luego de que fuera advertido sobre la existencia de certificados que llevaban su sello y una firma que no reconocía como propia. Ese mismo día, personal administrativo del Instituto Provincial de Salud (IPS) le remitió fotografías de documentación con presunta firma apócrifa y uso indebido de sus datos profesionales, lo que motivó su pedido de actuación fiscal.

El 4 de octubre, Falú amplió la denuncia y aportó actas del IPS vinculadas a controles de facturación y a una auditoría interna. Allí constaban los elementos que dieron origen al caso. Solicitó copias certificadas de dicha documentación y agregó un detalle de la facturación atribuida a su nombre durante 2024 y 2025.

Por su parte, la apoderada del Instituto Provincial de Salud de Salta presentó, el 21 de agosto, una denuncia penal contra responsables del IMAC, tras detectar irregularidades en la facturación correspondiente a junio de 2025. Según el Departamento de Control de Prestadores, durante una auditoría se observaron documentos con firmas y sellos atribuidos al cardiólogo Edmundo Ariel Falú que no serían auténticos. La apoderada acompañó copia del expediente administrativo donde constaban las inconsistencias y solicitó investigar los hechos.

En sede fiscal, Falú declaró que no mantiene vínculo laboral ni contractual con el IMAC y que desconoce la documentación presentada en su nombre.

Tras recibir los testimonios, investigadores de la UDEC realizaron un entrecruzamiento de datos y elevaron un informe a la fiscal Salinas Odorisio en el que señalaron que personal del IMAC habría cargado en el sistema vinculado al IPS prácticas, estudios e intervenciones falsas, atribuidas al médico Falú. También se habrían confeccionado órdenes del instituto con firmas y sellos falsificados, otorgándoles apariencia de documentos auténticos del IMAC. Esta documentación apócrifa habría sido luego presentada para el cobro de prácticas.

Con esos elementos, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, las órdenes de allanamiento de los cuatro domicilios y el secuestro de toda documentación vinculada al caso.

 

Un detenido por presuntas estafas en la venta de materiales de construcción

Un hombre y su hijo, propietarios de un corralón, fueron denunciados por 53 personas, que aseguraron no haber recibido los productos adquiridos. El segundo hombre permanece prófugo. El perjuicio económico total asciende, hasta el momento, a más de 38 millones de pesos.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), requirió al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento y detención de dos hombres en el marco de una investigación por múltiples hechos de estafa vinculados a la venta de materiales de construcción en la ciudad de General Güemes.

Como resultado del operativo, llevado a cabo por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF – UDEC, un hombre de 79 años fue detenido en un camping de La Caldera, mientras que su hijo permanece prófugo. Fueron secuestrados documentación de interés para la causa, un celular y $18.000.

La intervención de la UDEC se originó a partir de 53 denuncias de personas damnificadas que relataron un mismo modus operandi: los compradores de un local comercial identificado como corralón, dedicado a la venta de artículos para la construcción,  abonaban los materiales —en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales—, pero no recibían la entrega de los productos. En algunos casos solo se concretaba una parte de la operación, y en otros, el compromiso de envío nunca se cumplía.

De acuerdo con el informe elaborado por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, cuando los plazos se vencían, los clientes acudían al local comercial, donde recibían distintas excusas sobre demoras o faltas de stock. Finalmente, el comercio cerró sus puertas y los responsables se ausentaron del lugar, lo que motivó la presentación masiva de denuncias.

Del análisis de las actuaciones, la Fiscalía estableció que el perjuicio económico total asciende a más de 38 millones de pesos, evidenciándose una maniobra reiterada y planificada destinada a obtener dinero mediante engaños.

A partir del entrecruzamiento de datos y tareas de campo, se determinó que los investigados se encontraban residiendo en un camping de La Caldera, donde se concretó el allanamiento.

La fiscal solicitó la detención de ambos investigados y la inmovilización de 13 cuentas bancarias de los denunciados, librando oficios a siete entidades financieras.

 

El Procurador General reconoció la labor de los fiscales y sus equipos en el emblemático juicio por corrupción en la Unidad Carcelaria Nº 1

El desempeño durante la investigación y el juicio fue clave para sostener las acusaciones y asegurar un fallo ejemplar.

Mediante la Resolución Nº 1671, el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, resolvió reconocer la labor desarrollada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que condujo la investigación y el proceso judicial que culminó con la condena de los 17 imputados, entre ellos funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares de alojados en la Unidad Carcelaria 1, a penas de entre 1 y 10 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias que se extendieron desde el 4 de agosto hasta el 15 de octubre de 2025, la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes que permitieron sostener las acusaciones y garantizar un fallo ejemplar, marcando un hito histórico en la lucha contra la corrupción y los abusos dentro del sistema penitenciario.

Cabe reconocer la actuación profesional de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, cuya dirección y compromiso técnico fueron decisivos para avanzar en la investigación en un contexto de alta complejidad institucional, superando obstáculos operativos y estructurales, y garantizando un enfoque interdisciplinario con pleno respeto a los derechos humanos. De igual trascendencia fue el reconocimiento a los fiscales Gustavo Torres Rubel y Santiago Lopez Soto, quienes con la misma dedicación, valentía y rigor profesional, contribuyeron al desarrollo de la causa y al logro de un resultado judicial de enorme relevancia institucional y estratégica, como condición necesaria para el control del funcionamiento de los penales.

Se destacó también el trabajo de los equipos intervinientes en particular, la Unidad de Investigación UDEC y UFINAR, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a cargo de los Comisarios Juan Pablo Sánchez yAriel Barrerafue determinante para el éxito de la investigación, aplicando modernas técnicas de investigación criminal y manteniendo un enfoque interdisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos.

Ademas, se reconoce la dedicación y el compromiso de los integrantes de la Unidad de Investigación UDEC, cuya labor constante, rigurosa y basada en evidencia permitió sostener las acusaciones durante todo el proceso judicial, así como el trabajo de la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni y el sumariante Walter Inda, quienes acompañaron con profesionalismo y vocación el desarrollo de la causa.

Asimiso, se resaltó el trabajo desarrollado por la Coordinación de Prensa Institucional del Ministerio Público Fiscal, cuya cobertura del juicio durante más de dos meses contribuyó a la transparencia institucional y a la comunicación pública de los actos de justicia.

Finalmente, el Procurador General subrayo que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Sala VII representa un avance significativo dentro de la planificación estratégica del Ministerio Publico Fiscal y la lucha contra el crimen organizado. Según indicó, las experiencias actuales en otros centros urbanos, donde confluyen el crimen organizado, el Estado y la sociedad, anticipan y señalan el desafío de un nuevo escenario de atención en el interior de los penales, que puede convertirse en un germen de crecimiento para las organizaciones delictivas.

Condenan al excajero de la Caja de Abogados por administración fraudulenta

Luego de examinar las pruebas recolectadas durante la investigación fiscal, escuchar a los testigos, evaluar las pericias contables e informáticas y la confesión del propio imputado, el Tribunal de Juicio lo condenó  a tres años de prisión de ejecución condicional.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal  en el juicio en el que Sergio López, excajero de la Caja de Abogados de Salta, fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, como autor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en modalidad de delito continuado.

Asimismo, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Pablo Farah, Paola Marocco y Eduardo Sángari, hizo lugar parcialmente a la demanda civil  y condenó a López al pago de $23.700.000 a favor del actor civil, en concepto de indemnización, más intereses y costas.

También dispuso el decomiso del teléfono celular secuestrado en la causa y de la documentación asociada, y ordenó la devolución a la Caja de Abogados de la suma de $40.250, depositada en una cuenta bancaria a disposición del proceso, junto con la documentación resguardada en la UDEC.

El debate oral se desarrolló a lo largo de cinco jornadas, en las que declararon exdirectivos de la Caja de Abogados, asociados, contadores públicos encargados de las auditorías, y se presentaron las pericias contables e informáticas. Los testigos fueron interrogados por la Fiscalía, por las querellas -en representación de la Caja y de los afiliados- y por la defensa.

En la mañana del viernes, el imputado declaró y admitió haber anulado facturas y quedarse con los importes cobrados. Dijo que lo hizo por necesidad y que, en varias oportunidades, devolvió parte del dinero. Señaló además que aprovechó una falla del sistema que le permitía realizar estas maniobras sin control.

El Ministerio Público Fiscal informa sobre las medidas dispuestas en la causa contra el exintendente de San Lorenzo

La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos.

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, participó este viernes 7 de noviembre en la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación, en el marco del proceso seguido contra Ernesto Fernando Gonza y Sergio Armando, exfuncionarios del municipio de San Lorenzo.

Durante la audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

Debido a que Ernesto Fernando Gonza no compareció al llamado judicial, el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia, pedido que fue acogido por el juez Ezequiel Molinatti, quien dispuso la inmediata detención del exintendente y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.

En cuanto a Sergio Armando, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.

Cabe recordar que la causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, revisada posteriormente por el Tribunal de Impugnación, a raíz del recurso interpuesto por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien planteó que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos, como había considerado el tribunal de juicio.

El recurso fue admitido, por lo que el Tribunal dispuso la fijación de una nueva pena conforme al marco legal correspondiente.

 

Condenan a empleado del IPSS por fraude a la administración pública, concusión y falsificación de instrumento público

Solicitaba a los afiliados sumas de dinero para ser abonadas en la caja del IPSS, pero las pericias confirmaron que los fondos no fueron registrados en la contabilidad del organismo.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado, en el cual la jueza María Gabriela González condenó a Pablo Federico Anze a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones vinculadas con la administración de fondos y atención al público en la administración pública, y al pago de $1.300.000 al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) en concepto de resarcimiento económico.

La jueza homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, con el reconocimiento de los delitos de fraude a la administración pública (42 hechos), concusión y falsificación de instrumento público (10 hechos), todos en concurso real.

La investigación acredito que en su calidad de jefe del área de Derivaciones del IPSS, el acusado solicitaba a los afiliados que entregaran sumas de dinero en efectivo, asegurando que él mismo se encargaría de ingresarlas en el sistema contable, a pesar de que tales pagos solo debían ser realizados en la caja del organismo. No obstante, las pericias permitieron establecer que dichos fondos no fueron ingresados en la contabilidad oficial, lo que derivó en un perjuicio económico para la obra social.

Asimismo, en octubre de 2020, el imputado exigió 2.000 dólares a una afiliada en concepto de coseguro para el uso del avión sanitario provincial, entregándole una factura apócrifa, a pesar de que tal pago no era requerido por el organismo.

Por último, se comprobó que el acusado confeccionó una factura falsa y adulteró nueve comprobantes de pago, lo que configuró un total de diez hechos de falsificación de instrumento público.

IPSS: Elevan a juicio la causa contra el empleado que cobraba copagos

Segunda jornada del juicio contra el cajero de la Caja de Abogados

Declararon el exapoderado de la institución y el contador a cargo de la auditoría externa en el período investigado. La defensa objetó preguntas de la querella por considerar que excedían el objeto del juicio y aludió a una interna entre sectores del Colegio.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal durante la segunda jornada del juicio contra Sergio López, excajero del Colegio de Abogados de Salta, acusado de administración fraudulenta. La audiencia se desarrolló ante el Tribunal colegiado integrado por los jueces Pablo Farah, Paola Marocco y Eduardo Sángari, con la participación de los querellantes, la defensa y distintos testigos.

En primer lugar, declaró un exapoderado del Colegio de Abogados. Luego prestó testimonio un contador público nacional,  exencargado de la auditoría externa. Durante su interrogatorio por parte del querellante Juan Casabella Dávalos, la defensa del acusado se opuso, argumentando que las preguntas excedían el objeto del juicio y se referían a una disputa interna entre sectores del Colegio, cuestión ya planteada en la jornada anterior.

El Tribunal solicitó la opinión a la Fiscalía, que coincidió en que el objeto del juicio debe centrarse en determinar la responsabilidad penal de López en el hecho imputado, y recordó que los testigos deben ser examinados únicamente en ese marco. Asimismo, la fiscal Salinas Odorisio recordó que, de surgir elementos durante el debate que justifiquen una nueva investigación, el Tribunal podrá correr vista al Ministerio Público Fiscal.

Tras un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal advirtió que el examen de los testigos debía circunscribirse al hecho objeto del juzgamiento, dado que la etapa investigativa ya fue superada. En consecuencia, hizo lugar a la oposición planteada por la defensa.

Luego prestaron declaración una escribana, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, de UDEC y un perito criminalístico.

La audiencia de debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles, a las 9, en la que está previsto que continúe la ronda de testigos.

 

Inició el juicio contra el cajero de la Caja de Abogados

Allanan domicilios en Salta y Vaqueros por denuncias de estafa contra un arquitecto

Varias personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero al titular de la empresa Abvancy Steel Framing para la construcción de viviendas que no habrían sido concluidas. A su vez, un proveedor de materiales lo acusó de haber cancelado compras con cheques electrónicos sin fondos. Los montos denunciados superarían los 103 mil dólares y los 91 millones de pesos.

En la mañana de hoy, martes 4 de noviembre, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó cuatro allanamientos en domicilios de la ciudad de Salta y de Vaqueros, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. El acusado, un arquitecto y titular de la firma Abvancy Steel Framing, enfrenta múltiples denuncias de presunta estafa vinculadas a la recepción de millonarios anticipos por obras que no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas.

Durante el operativo se secuestraron documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, celulares y dos vehículos de alta gama. Además, la Fiscal requirió al Juzgado de Garantías la inmovilización de fondos y la prohibición de salida del país del denunciado, quien fue citado a audiencia de imputación.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias radicadas en la Oficina de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Una de ellas fue presentada por una pareja que contrató una obra por más de 183 millones de pesos, entregó la mitad del monto en el acto y realizó pagos adelantados. Sin embargo, según la denuncia, la construcción fue paralizada por defectos y el profesional habría abandonado el proyecto tras percibir más del 50% del total.

Otro damnificado denunció haber entregado 60 mil dólares —el 73% del valor acordado— para una obra que nunca comenzó. Dijo que, luego de recibir el dinero, el arquitecto dejó de responder y cerró su oficina.

También hubo otras denuncias: una mujer afirmó haber pagado más de 13 mil dólares sin que se iniciaran los trabajos; otra entregó 40 mil sin avances; y una más firmó un contrato por 144 mil dólares, abonó 50 mil, pero nunca obtuvo respuesta.

Además se registraron denuncias en las que se asegura que el acusado habría recibido anticipos de entre 26 y 40 mil dólares y luego desapareció sin cumplir con los compromisos asumidos.

Por otro lado, un proveedor de materiales de construcción denunció al arquitecto por estafa. Aseguró que le entregó mercadería por más de 31 millones de pesos que fue abonada con cheques electrónicos sin fondos. El denunciante indicó que usó esos mismos cheques para pagar a terceros, lo que le generó un doble perjuicio.

De acuerdo con el informe elaborado por la UDEC, hasta el momento los montos denunciados superarían los 103 mil dólares y los 91 millones de pesos, en perjuicio de múltiples víctimas y proveedores.

Inició el juicio contra el cajero de la Caja de Abogados

El caso se originó tras la denuncia de irregularidades en el cobro de expedientes por parte de las autoridades de la Caja de Abogados.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio que se sigue contra Sergio Luis López, cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor.

Desde hoy y hasta el próximo viernes 7, el Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Pablo Farah, Paola Marocco y Eduardo Sángari, lleva adelante el debate.

Durante la primera audiencia se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía y a la acusación formulada por la querella en representación de la Caja de Abogados.

Luego de los planteos técnicos realizados por las partes y de la resolución del tribunal, el imputado manifestó que no prestaría testimonio.

La intervención de la Fiscalía se inició tras la denuncia de irregularidades en el cobro de expedientes por parte de las autoridades de la Caja de Abogados. Personal del área contable detectó que López recibía pagos y posteriormente anulaba los recibos sin justifiación, lo que provocaba que en los sistemas informáticos quedaran registradas deudas pendientes, pese a que se habían emitido comprobantes válidos para los clientes.

Como parte de la investigación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elaboró un informe pericial contable, basado en un extenso legajo de más de 800 páginas, que corroboró las irregularidades denunciadas.