UFINAR

Seis personas fueron imputadas por integrar una presunta organización dedicada al ingreso y venta de drogas dentro de la Unidad Carcelaria N° 1. Entre los acusados hay tres internos, un agente penitenciario y dos familiares de uno de los detenidos.

En audiencia de formalización de la acusación, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Leandro Flores, imputó a dos mujeres y cuatro hombres por la presunta comisión del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.

Los seis acusados permanecen detenidos. Entre ellos se encuentran tres internos de la Unidad Carcelaria N° 1, un cabo primero del Servicio Penitenciario Provincial que cumplía funciones de mantenimiento en el penal, y una madre junto a su hija, familiares de uno de los internos investigados.

La intervención del personal de la Unidad de Investigación UFINAR en la que se contó con la colaboración del Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta,  comenzó en octubre del año pasado a partir de información aportada que advertía sobre el posible ingreso de drogas al penal por parte de un agente penitenciario.

Durante ocho meses se realizaron tareas de vigilancia, análisis informáticos e intervenciones telefónicas. Según la investigación, el penitenciario aprovechaba su función para introducir estupefacientes y otros elementos prohibidos en la cárcel.

En el exterior, presuntamente contaba con la colaboración de una mujer y su hija, quienes adquirían la droga, la acondicionaban y la entregaban para su ingreso al penal. Además, administraban los pagos realizados mediante transferencias y billeteras virtuales vinculadas a la actividad ilícita.

Dentro de la Unidad Carcelaria N° 1, uno de los internos recibía la sustancia y la comercializaba; otro colaboraba con su distribución dentro del establecimiento; mientras que un tercero actuaba como enlace entre personas ubicadas dentro y fuera del penal.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías allanamientos en tres celdas de la Unidad Carcelaria N° 1, dos viviendas particulares y un local comercial. Las medidas se concretaron el pasado 9 de junio.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación, anotaciones de interés para la causa y sustancias estupefacientes, tanto en domicilios particulares como dentro del establecimiento penitenciario.

En la vivienda del agente penitenciario, ubicada en barrio Norte Grande, se incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo. En el domicilio de las dos mujeres imputadas, en Cerrillos, se secuestraron marihuana, cocaína, una balanza de precisión, elementos para fraccionamiento y acondicionamiento de drogas, chips telefónicos, celulares y dinero en efectivo. En un local comercial vinculado a una de ellas se encontró un cuaderno con anotaciones manuscritas.

En el interior del penal, una de las celdas registradas contenía dos teléfonos celulares, cargadores, cables, una radio portátil, una batería, envoltorios con marihuana y tres libretas con anotaciones. En otra se hallaron dos celulares, una tarjeta SIM, cables USB, un adaptador, un listado con números telefónicos y un ticket con anotaciones.

Para la Fiscalía, las pruebas reunidas permiten sostener la existencia de una organización que habría coordinado el ingreso y la comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria N° 1, con participación de personas tanto del interior como del exterior del establecimiento.