Ríos & Asociados: Otorgan la libertad a cuatro de los imputados, entre ellos la líder de la financiera ilegal

Por orden del juez Pablo Arancibia de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, Cynthia Moya y otros tres hermanos quedaron en libertad, previa aceptación en audiencia de caución real en cada uno de los casos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, tomó concimiento este mediodía de que a cuatro de los imputados en la causa Ríos & Asociados les fue otorgada la libertad.

La medida fue adoptada en contra de lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, que ya había apelado el arresto domiciliario concedido a los imputados, entre los que se encuentra la líder de la organización, Cynthia Moya.

El MPF también apelará esta nueva decisión, sosteniéndose en la necesidad de asegurar la comparencia a juicio de la organización, así como también la imposición de una caución suficiente que guarde proporción con el cuantioso perjuicio ocasionado a las víctimas, en resguardo de la esperanza de reparación de estas últimas.

En su escrito, el juez Pablo Arancibia de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación determinó en el artículo 1 “hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos y sustituir el arresto domiciliario de Leonardo Cristian Hernando, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando y Cynthia Elizabeth Moya, ordenándose la libertad de los nombrados, las que serán ejecutadas por el Juzgado de Garantías 3 previa aceptación en audiencia de caución real en cada uno de los casos”.

Además, en el artículo 2, el juez dispuso que “El Juzgado de Origen aceptará en cualquier audiencia las cauciones reales y personales ofrecidas por los defensores en relación a cada uno de los nombrados. A fin de dispensarios del uso del dispositivo de control electrónico (UADME) el Juzgado de origen librará los oficios correspondientes”.

Los cuatro liberados se encuentran imputados por Estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal. Cabe recordar que tanto Moya como Efraín Hernando estuvieron prófugos de la Justicia durante dos semanas y contaron con apoyo para la sustracción a la Justicia de la mayor parte del botín delictivo.

De acuerdo a lo estimado por los investigadores de UDEC, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascendería a los 493.766.730 pesos y 509.631 dólares. Hasta el momento, sólo pudieron ser recuperados en los múltiples allanamientos requeridos por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, 26.301.700 pesos y 45.588 dólares en efectivo y 30 vehículos, varios de ellos de alta gama y cuatro 0 km.

La fiscal de UDEC imputó por Estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal a 21 personas; por Asociación Ilícita y abuso de autoridad a 4 personas; por Asociación ilícita a 2; por Violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal en concurso real, a 2; por Encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condición de funcionario público a una; por Encubrimiento de dinero por ocultamiento, a uno; por Asociación ilícita y abuso de autoridad en concurso real, a uno y por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro, a dos.

Orán: Condenado por estafar con falsas promesas de trabajo

Un hombre de 54 años fue juzgado por más de 800 hechos de estafa en perjuicio de personas a las que les exigía el pago de una suma de dinero para un examen preocupacional y trámites de orden administrativo. Sólo 52 damnificados se presentaron ante la Fiscalía. 

La fiscal penal Daniela Murúa, subrogante en la Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra José Luis Cervantes como autor del delito de estafas reiteradas en concurso real.

Con alrededor de 52 damnificados de la localidad de Hipólito Yrigoyen, Tartagal y zonas aledañas, el acusado utilizó un entramado de falsas promesas, aprovechándose de la situación socioeconómica del país y sobre todo de la zona, con altos niveles de desocupación, para ofrecer puestos de trabajo a las víctimas en una supuesta empresa de origen nacional, previo a exigirles el pago de $1200 para un examen preocupacional y trámites de orden administrativo.

En el requerimiento, la Fiscalía sostuvo que las maniobras “revelan a las claras el ardid o engaño desplegado para lograr que las víctimas fueran inducidas al error, con abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, o empresa para lograr la disposición patrimonial prejudicial”.

El juez Fabián Fayos, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 3 años de prisión condicional, el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de 1 millón de pesos en concepto de reparación y que serán repartidos en partes iguales entre las 52 víctimas que comparecieron ante la Fiscalía.

Imputaron a la madre y hermano de la líder de Ríos & Asociados

Hasta el momento suman 34 los imputados y 772 las víctimas de la falsa financiera. Los familiares de Moya adquirieron vehículos pero no pudieron justificar los fondos para el pago.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer y un hombre por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.

Se trata de la madre y el hermano de Cynthia Moya, líder de Ríos & Asociados, quien se encuentra imputada por estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos), en concurso ideal.

Durante la audiencia, los familiares directos de Moya fueron asistidos por el mismo abogado particular que ésta, se negaron a prestar declaración y responder a preguntas de la Fiscalía.

La fiscal Salinas Odorisio decidió  imputarlos luego de corroborar que dos vehículos secuestrados en el operativo del 25 de marzo de 2022 en el marco de la investigación por estafas de la financiera, se encontraban a su nombre sin poder justificar los fondos para su adquisición.

El primer vehículo se trata de una camioneta Nissan Frontier sin rodamiento, secuestrada en la concesionaria, que fue adquirida por la madre de Moya por un valor de $ 9.100.000 pagados de contado.

Respecto al origen de fondos, la profesional contable que realizó la certificación de los mismos, enunció que el dinero empleado para el pago del vehículo provenía de ingresos por actividad en relación de dependencia de la mujer en función de haber tenido a su vista recibos de sueldos por los periodos comprendidos entre el 01 de enero del 2019 y 01 de marzo de 2022.

Del entrecruzamiento de datos, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, División UDEC, constataron que la madre de Moya percibió como empleada en relación de dependencia del Hospital Público de Autogestión por el periodo enero de 2021 a marzo de 2022, la suma de $1.043.155,24; es decir un promedio de 74.500 pesos por mes.

Además, la mujer se encontraba inscripta como Monotributista en la categoría C desde marzo de 2017 y a partir de febrero 2021, en la categoría B; como actividad económica ejercida Servicio Desarrollado con la Salud Humana (pedicura). En cuanto a la facturación efectuada, AFIP informó que facturó la suma total de $406.226,33, desde enero de 2021 a marzo de 2022; unos 29 mil pesos por mes.

Por otra parte, la madre de Moya se encontraba pagando un crédito por la compra de un vehículo Nissan Nicks modelo 2021 y que fue adquirido el 27 de agosto de ese año. Abonó $2.005.000 de contado y financió 12 cuotas de $850.000 en 12 meses.

Los dos vehículos constaban de cédulas de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de Cynthia Moya, su hermano y otros familiares.

Los investigadores de la UDEC también detectaron transferencias desde las cuentas bancarias de Moya y su madre.

Al analizar la información reunida, la fiscal Penal de la UDEC consideró que con lo producido de su actividad como pedicura en forma independiente, sus ingresos por su labor en el Hospital Público de Autogestión, acreditaciones al ser destinataria de un beneficio de ANSES, préstamos recibidos y teniendo en cuenta además egresos por cuotas de los préstamos adquiridos, extracciones en efectivo, compras con tarjeta de débito, cuotas de la prenda inscripta y transferencias a la cuenta de su hija, la mujer no poseía una capacidad financiera y económica suficiente que le permitiera realizar la adquisición de rodados.

En cuanto al segundo vehículo, se trata de un BMW, Tipo Sedán 4 (cuatro) puertas, 0 km, adquirido el 22 de febrero de 2022 por un valor de $10.500.000 y que fuera secuestrado también el 25 de marzo del año pasado. Se encuentra registrado a nombre del hermano de Cynthia Moya, con cédula de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de ésta.

Desde UDEC confirmaron que la certificación contable sobre el origen de fondos de acuerdo a lo reglamentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), fue realizada por una contadora que indicó que los fondos provienían de los ingresos que tuvo el hombre por una cifra de $10.980.000,00 desde el 01 de enero de 2018 al 01 de febrero del 2022.

Sin embargo, los Informes Financieros y Económicos sindicaron que el hermano de Moya revestía la condición de Monotributista categoría C desde 11 de marzo de 2017 hasta el 29 de mayo del 2021 y a partir de 12 de junio de 2021 hasta la actualidad categoría B; como actividad económica principal: Servicio Desarrollado con la Salud Humana

La fiscal Salinas Odorisio consideró que aún si hubiera facturado el máximo que le permitía su categoría de monotributo, en el periodo indicado por la profesional, desde 2018 a 2022, no le era suficiente ya que ascendería a $1.505.730,12; es decir un 14,34% de lo que pagó por el vehículo BMW 0 Km, incluso sin considerar que no tuvo gastos en dichos periodos, lo cual no resulta probable, dado que existen gastos necesarios de supervivencia.

Teniendo en cuenta todo ello, el hombre y la mujer fueron imputados por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.

Los imputados

De acuerdo a lo estimado por los investigadores de UDEC, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascendería a los 493.766.730 pesos y 509.631 dólares.

La fiscal Salinas Odorisio imputó por Estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal a 21 personas; por Asociación Ilícita y abuso de autoridad a 4 personas; por Asociación ilícita a 2; por Violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal en concurso real, a 2; por Encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condición de funcionario público a una; por Encubrimiento de dinero por ocultamiento, a uno; por Asociación ilícita y abuso de autoridad en concurso real, a uno y por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro, a dos.

Del total de personas implicadas hasta el momento en la causa, 12 detenidos -entre ellos la líder de la organización Cynthia Moya- solicitaron a la Sala 2 del Tribunal de Impugnación la prisión domiciliaria.

Ocho de los detenidos se encuentran en libertad con medidas sustitutivas y cinco permanecen en libertad por disposición del juez Pablo Arancibia. Seis implicados fueron imputados por la UDEC, sin solicitud de detención por considerar que no entorpecían la investigación de la causa. Tres personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Condenan a un sargento de policía de la provincia y su cómplice por robo de motos secuestradas

Tras admitir su responsabilidad en los hechos, Víctor Ramiro Maita fue sentenciado por el delito de peculado, en calidad de autor, y Andrés Rodrigo Colparis como partícipe necesario del mismo delito. Los vehículos secuestrados fueron decomisados a favor del Estado.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio abreviado que tuvo lugar hoy, en el Juzgado de Garantías 4, Distrito Judicial del Centro.

En audiencia multipropósito, el Juez Diego Rodríguez Pipino condenó al sargento ayudante de la policía de la provincia Víctor Ramiro Maita a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitan absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por ser autor del delito de peculado

Por su parte, Andrés Rodrigo Colparis fue condenado por ser partícipe necesario del delito de peculado a la pena de dos años de ejecución condicional.

Además, la fiscal Salinas Odorisio solicitó que los vehículos secuestrados fueran decomisados a favor del Estado, tal como lo prevé el artículo 23 del Código Penal argentino que establece que “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), asignados a la UDEC, pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del automóvil (Maita) ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la camioneta, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la camioneta se retira. Minutos más tarde regresa al lugar, y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

Del seguimiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que la camioneta se dirigió a un domicilio en barrio El Jardín, en donde se realizaban venta de vehículos usados y autopartes. Además, los investigadores identificaron que el conductor de la Fiorino y dueño del local de venta de autopartes (Colparis) ofrecía motocicletas usadas en su perfil de Facebook, siendo una de ellas la faltante en la Base del Sector 1.

Por otra parte, se individualizó que el conductor del automóvil, Víctor Maita, era un sargento de la Policía de Salta que prestaba servicios en el lugar de donde fueron sustraídos los vehículos.

Tanto Maita como Colparis fueron detenidos el 15 de marzo de 2023.

Estafa millonaria al Estado: Fueron condenados los cuatro acusados por la UDEC

Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath y Andrés Esteban Fath fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, ordenando su inmediata detención. Jesús Ángel Mendoza cumplirá tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria.

Los jueces Norma Beatriz Vera, Maximiliano Troyano y Mónica Faber de la Sala 4 del Tribunal de Juicio hallaron culpables a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza del delito de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath y Andrés Esteban Fath fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, ordenando su inmediata detención. Jesús Ángel Mendoza fue penado con tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento domiciliario por cuestiones de salud.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue quien representó al Ministerio Público Fiscal y reunió las pruebas que permitieron la condena de los cuatro hombres.

Colantuono, los hermanos Fath y Mendoza fueron acusados por la Fiscalía de presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 1, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Los cuatro imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas para ejecutar la maniobra defraudatoria. Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.

 

Saulo SRL: Amplían la imputación a 528 estafas

Los cuatro implicados fueron citados esta mañana a audiencia imputativa. Dos hombres dieron su versión de los hechos, mientras que el otro hombre y la mujer se negaron a prestar declaración.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación por otras 40 estafas contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por 488 hechos de estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares y se les informó de la imputación por 528 hechos de estafa.

Los tres hombres se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Provincia desde su detención el 5 de enero pasado, mientras que la mujer se encuentra con prisión domiciliaria, concedida por la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, a cargo del juez Pablo Arancibia.

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

El jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.

Por otra parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles pertinentes.

Fraude millonario al Estado: La Fiscalía pidió penas de 4 años para los acusados

En su alegato, la fiscal de UDEC Ana Inés Salinas Odorisio aseguró que cada uno de los delitos que el Ministerio Público Fiscal le endilga a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza, quedaron demostrados durante las audiencias.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó a los jueces los jueces Norma Beatriz Vera, Maximiliano Troyano y Mónica Faber de la Sala 4 del Tribunal de Juicio que declare culpables a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza de los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Para Ricardo Gabriel Fath solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo; para Hugo Alberto Colantuono y Andrés Esteban Fath solicitó la pena de cuatro años y seis meses; y para Jesús Ángel Mendoza, cuatro años de prisión.

Durante su alegato, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo la responsabilidad de los cuatro acusados en el fraude al presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Salinas Odorisio remarcó que, a lo largo del juicio, quedó demostrado sin lugar a dudas que los cuatro imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas para ejecutar la maniobra defraudatoria.

Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.

 

 

Orán: Requerido a juicio por denunciar falsamente el robo de un vehículo

Reunidos los elementos de convicción necesarios, se requirió juicio para un hombre que denunció que había sido víctima del robo de un vehículo utilitario en Tucumán. Con esta maniobra, pretendía estafar a un tercero que lo había adquirido de buena fe en Orán. 

La fiscal penal Daniela Murúa, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, solicitó juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para César Augusto Avellaneda como autor del delito de falsa denuncia y estafa procesal en concurso real.

Según consta en el requerimiento, el acusado denunció falsamente a fines del mes de abril de 2022 en la ciudad de Orán, que había sido víctima del robo de un vehículo utilitario en la ciudad de Tucumán y que éste se encontraba en Orán y era usado para el comercio de mercadería con Bolivia. Con este ardid logró que la judicatura dispusiera el secuestro del automotor, intentando recuperarlo, engañando a las autoridades y ocasionando un perjuicio económico al tercero adquirente.

Del cumplimiento de las tareas dispuestas por la Fiscalía, pudo comprobarse que el vehículo en cuestión había sido entregada con documentación pertinente a su actual propietario en pago de una deuda por una persona vinculada al acusado.

En la presentación se detallan las medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

La UDEC rechazó una apelación presentada por Manuel Cornejo para asistir a reuniones

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ya se había opuesto al pedido el 7 de marzo pasado. Ante la apelación del exintendente de Campo Quijano, la Fiscal reiteró su oposición e informó al Juzgado de Garantías que investiga una nueva denuncia en contra de Cornejo.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó a la Sala 6 del Tribunal de Juicio que rechace la apelación presentada por el exintendente Manuel Cornejo para el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de reunión que pesa sobre él.

El 23 de octubre de 2020, el Juzgado de Garantías 6 había dictado a Cornejo, como medidas sustitutivas a la prisión preventiva, la prohibición de organizar y asistir a reuniones, en tanto se encuentre pendiente la realización del juicio oral y público, así como contactarse con personas vinculadas a la administración local.

El 2 de marzo de 2023, los abogados de Cornejo presentaron ante el Juzgado el pedido de levantamiento de la medida de restricción argumentando que participaría de los comicios provinciales de mayo 2023.

Al tomar conocimiento de ello, el 7 de marzo pasado la fiscal Salinas Odorisio informó su oposición al pedido y planteó que ya existe fecha para audiencia de debate fijada por la Sala 6 del Tribunal de Juicio en contra de Manuel Cornejo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real.

La Sala 6 de Juicio resolvió no hacer lugar al levantamiento de las medidas, pero hoy lunes 27 de marzo, los abogados de Manuel Cornejo presentaron una apelación e informaron la candidatura formal del acusado en las elecciones del próximo 14 de mayo en Salta.

Salinas Odorisio presentó esta mañana una nueva oposición al pedido e informó, además, que la Unidad de Delitos Económicos Complejos se encuentra investigando una nueva denuncia en contra de Cornejo, efectuada por la Auditoría General de la Provincia.

Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2022, la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, recibió formalmente la notificación de suspensión del juicio oral y público que debía dar inicio el 21 de diciembre, en la causa que se sigue contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez. La nueva fecha de inicio fue fijada para junio de 2023.

 

 

Fraude al Estado: Se realizará la tercera jornada del juicio

Para hoy está previsto que presten testimonio denunciantes de la herencia y personal del banco Macro.

En la Sala IV del Tribunal de Juicio ser realizará esta tarde, desde las 14, la tercera jornada de la audiencia de debate seguida contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público en perjuicio de la provincia de Salta.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejo, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que hoy está previsto que testifiquen denunciantes de la herencia y personal del banco Macro

En la jornada del lunes prestaron testimonio el apoderado de la institución financiera, Pablo de la Merced, el abogado Alfredo Puig, dos policías y una de las denunciantes de la herencia.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Norma Beatriz Vera (presidenta), Maximiliano Troyano y Mónica Faber (vocales).  Se desarrollará hasta el 29 de marzo.

Cabe recordar que Ricardo Gabriel Fath era gerente del Banco Macro Sucursal Tribunales y Jesús Ángel Mendoza era asistente operativo de la misma sucursal. La maniobra defraudatoria, que sostiene la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, contó con la participación de Andrés Esteban Fath, efectivo policial, hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath.