Imputan por estafas reiteradas y coacción al propietario de una concesionaria

Asistido por un abogado particular, Mario Alberto Riccio negó los hechos y se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Mario Alberto Riccio provisionalmente por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y coacción (1 hecho), en concurso real.

Riccio fue detenido ayer en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por estafas en contra de la firma Autofox SAS, de la cual el imputado es propietario.

Durante el operativo, que fue requerido por Salinas Odorisio y ordenado por el Juzgado de Garantías 3, fueron allanados cuatro domicilios (la oficina de Autofox SAS, la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Los Olmos de Cerrillos; de un departamento en barrio Limache y un domicilio en Villa Soledad) y fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares, dos automóviles y documentación de interés para la causa.

En la audiencia de imputación, Riccio fue asistido por un abogado particular y negó los hechos. Se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de su detención.

Detienen al propietario de una concesionaria de automóviles

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) investigó distintas denuncias por estafas efectuadas contra la firma Autofox SAS. La fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles y el secuestro de material de interés para la causa.

Un hombre fue detenido esta mañana en el marco de un operativo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el que fueron allanados cuatro domicilios, siendo uno de ellos oficina de la empresa Autofox SAS, ubicado en avenida Sarmiento.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados $ 1.019.100 en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés para la investigación que lleva adelante la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias que daban cuenta que habían concurrido a la concesionaria con el fin de adquirir o vender un vehículo y, luego de entregar una parte de la suma pactada en efectivo y acordar el resto en cuotas, no accedieron a la unidad . Algunos de los denunciantes concurrieron a la Secretaría de Defensa del Consumidor, acordando un plan de pago para la restitución del dinero, pero tampoco fue cumplido.

Los investigadores de la UDEC establecieron que la empresa Autofox SAS –que funcionaba en calle España Nº 951 y en Av. Jujuy 647, y que actualmente funciona únicamente en Avenida Sarmiento Nº 76- se encontraba a cargo del detenido, que se presentaba como dueño y gerente.

Para la UDEC, la concesionaria, por medio de publicaciones promocionaba la empresa bajo los nombres de fantasía Autofox y Motofox, mostrándose en todo momento como una empresa seria y solvente. Además, al contar con un espacio físico acondicionado, lograban credibilidad y la confianza de las víctimas, quienes hacían entrega de grandes sumas de dinero de contado y en cuotas, y entregaban vehículos como parte de pago, sin saber que el único propósito de la empresa era hacerse con el bien fungible por excelencia para beneficio propio y que el remanente producto de los hechos ílicitos era licuado en vehículos, que nunca eran transferidos.

Cuando las víctimas, viendo que la empresa no les devolvería el dinero invertido, comenzaron a radicar denuncias penales, desde Autofox comenzaron a pactar arreglos con la promesa de la devolución del dinero, pero dichos arreglos sólo fueron realizados de manera parcial con el único fin de que el hecho investigado derivara en acciones civiles, escapando de la esfera del derecho penal.

Asimismo, se pudo establecer que el dueño de la firma y una mujer emitieron cheques sin fondos, incluso a sabiendas de que la cuenta bancaria se encontraba cerrada.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 3 el allanamiento de la oficina comercial, de la vivienda del titular de la empresa, ubicada en el barrio Los Olmos de Cerrillos; de un departamento en barrio Limache al que concurrían asiduamente los involucrados y un domicilio en Villa Soledad.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia y será imputado en las próximas horas.

 

Investigan el uso irregular de un vehículo oficial

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, dispuso la apertura de actuaciones para determinar el uso irregular de una camioneta del Senado de Salta. La UDEC interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga de oficio el posible uso irregular de un móvil oficial del Senado de la Provincia de Salta.

El 7 de febrero pasado tomó estado público a través de los medios de comunicación, la noticia de que una concejala de Rosario de Lerma había colisionado un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta.

Salinas Odorisio dispuso -dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta,-la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El artículo 241 del Código establece que “conocida la notitia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

Ampliaron imputación para el acusado de estafar con la adjudicación de viviendas sociales

Del avance de la investigación iniciada a partir de la denuncia radicada por el Gobernador de la Provincia y de una damnificada, se agravó la acusación por dos nuevos hechos, uno vinculado a la entrega de una vivienda social de un gremio y el otro con una camioneta de un tercero.

La fiscal penal Sofía Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, amplió la acusación contra un hombre de 30 años como autor de los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado en concurso ideal y estafa y falsedad de instrumento público en concurso real.

Cabe recordar que anteriormente fue imputado por estafas reiteradas (2 hechos) y falsedad documental (1 hecho) en concurso real, a partir de la denuncia del gobernador Gustavo Sáenz y de dos personas que resultaron damnificados al intentar adquirir una vivienda social con sus supuestas gestiones.

En una continuidad de la investigación se le agrava la acusación por dos nuevos hechos denunciados. El primero fue en perjuicio de un conocido, a quien le ofreció con el mismo modus operandi, gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó.

En el segundo hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Durante la audiencia de imputación estuvo acompañado de un defensor particular y no declaró. Desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva para evitar el entorpecimiento de la investigación que sigue en curso.

Declaró el acusado de estafar con la adjudicación de viviendas sociales

Fue imputado por dos hechos de estafa y por falsedad documental, cometidos con la misma modalidad. Dio su versión de lo ocurrido y se solicitó la continuidad de su detención. Las actuaciones iniciaron a partir de una denuncia radicada por el Gobernador de la Provincia.

La fiscal penal Sofia Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años como autor de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) y falsedad documental (1 hecho) en concurso real.

Acompañado de un defensor oficial, el acusado prestó declaración, dando su versión de los hechos y la fiscal Cornejo solicitó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro en feria, que se mantenga detenido.

En los dos hechos endilgados, el acusado, simulando tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional, habría ofrecido gestionar y entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero, lo que se concretó respecto de los damnificados, y como así también confeccionó y utilizó documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago, ocasionando con este accionar perjuicio económico a los denunciantes.

En la causa obran las denuncias de dos damnificados y la realizada por el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, al tomar conocimiento de la situación.

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales

Con la denuncia del mandatario provincial y de la damnificada, se realizó un allanamiento este jueves y se detuvo a una persona que mediante engaños, logró la entrega por parte de la víctima de sumas de dinero a cambio de supuestas gestiones para el acceso a una vivienda del IPV. Estaría vinculado a otros hechos similares denunciados.

La fiscal penal Sofia Cornejo, interina a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, informó la detención de un hombre de 30 años por la posible comisión del delito de estafa.

El gobernador de la provincia, Gustavo Saenz radico denuncia en las últimas horas, al tomar conocimiento sobre un maniobra que realizaba el denunciado, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial, para a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

La mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Con orden de allanamiento solicitada por la fiscal Cornejo al Juzgado de Garantías 1 en feria, se dio cumplimiento a la medida durante la tarde de este jueves en el domicilio del sospechoso, donde se produjo su detención y el secuestró de elementos de interés para la investigación.

El acusado será imputado en las próximas horas y se trabaja sobre la presunción de que estaría vinculado a otros hechos denunciados.

Causa Saulo Capital SRL: Imputan por 488 estafas y asociación ilícita a los cuatro detenidos

Además, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a las cuatro personas detenidas ayer en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

En la audiencia de imputación, tanto los tres hombres como la mujer fueron asistidos por abogados particulares. Durante la lectura del decreto se les informó que lo delitos que se les imputan son los de estafas (488 hechos) y asociación ilícita.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los imputados.

Cabe recordar que el jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital SRL por lo que inició una investigación. Informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.

Por otra parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles pertinentes.

Causa Saulo Capital SRL: Hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la Policía de Salta

Esta madrugada se realizó un importante operativo bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. Fueron allanadas cinco viviendas y 10 comercios, secuestrándose dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación de interés para la causa. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma.

Miembros del Cuerpo de Investigadores del CIF, de UDEC y del GOPAR realizaron desde esta madrugada un importante operativo dirigido por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

A la madrugada fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos Humanos.

En las viviendas allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Además, fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.

La causa

La fiscal de UDEC investiga unas 500 denuncias en contra de la firma Saulo Capital SRL, por haber generado mediante contratos celebrados entre la empresa y los damnificados, una rentabilidad de dinero que fue convenida fuera de las previsiones reguladas por entidades financieras y Mercado de Valores en Argentina.

De acuerdo a las denuncias, distintos ciudadanos -motivados por difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses). Según los contratos presentados por los damnificados, luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. Otras de las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato (renovación automática).

Conforme a las actas acuerdo aportadas por los denunciantes se observó que unos de las clausulas estipulaba que: “El solicitante aportará a la empresa, en fecha XXX, la suma de $ XXX en concepto de aporte de capital, a efectos de formar parte de ella, en calidad de socio”.

Es decir que el dinero que recibían de los denunciantes era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron empleadas para devolver, con intereses, el dinero a varias de las víctimas; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.

Desde UDEC determinaron que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL, tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados.

La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.

Personal de Investigaciones del CIF durante uno de los allanamientos por la causa Saulo Capital SRL

Condenan a los miembros de la banda jujeña que estafaba telefónicamente

Los acusados aceptaron los hechos. Además de las penas impuestas, devolverán el dinero sustraído a las víctimas.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes y mediante juicio abreviado, cinco personas fueron condenadas por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por las estafas telefónicas realizadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, y fue quien estuvo a cargo de la investigación que culminó con dos hombres y tres mujeres detenidos en la provincia de Jujuy.

Tras la aceptación voluntaria de los acusados sobre la intervención en los hechos, el juez Amadeo Longarte sentenció a Maximiliano Ariel Firpo y Cristian Marcelo Pasora  -ambos privados de su libertad- a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, ordenando la remisión de la condena al Juzgado interviniente de Jujuy para que realice la unificación y cómputo de pena.

Por su parte, Beatriz Carolina Torres fue condenada a 3 años con modalidad domiciliaria dado que tiene bajo su cargo hijos pequeños; y Rosa Fabiana Firpo a 3 años de prisión de ejecución condicional más reglas de conductas.

Los cuatro fueron condenados por los delitos de estafas reiteradas ( dos hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

En cuanto a Vanesa Soledad Torres, fue sentenciada a 3 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa en calidad de partícipe necesaria.

En conformidad, la fiscal Salinas Odorisio y los abogados de los acusados y a modo de reparación del daño causado, acordaron que los condenados deberán abonar la suma de $163.700 a una de las víctimas y $65.000 al otro damnificado. Además de las penas impuestas, se dispuso el decomiso de las notebooks, tablets y celulares secuestrados.

La causa

La investigación realizada por la UDEC se originó a partir de dos denuncias radicadas por estafas telefónicas, en donde las víctimas fueron contactadas e informadas de que habían ganado premios, solicitándoles el pago de sumas de dinero para gestiones administrativas. Engañados, realizaron transferencias bancarias sin recibir nada a cambio, lo cual les generó perjuicio económico.

Del entrecruzamiento de datos se pudo identificar que dos hombres, detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia de Jujuy, eran quienes realizaban el contacto. La pareja de uno de ellos recibía el dinero en su cuenta, para luego transferir una parte del monto a una familiar del otro detenido.

El jueves 13 de octubre de 2022, por pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, fueron allanados tres domicilios particulares y la Unidad Carcelaria de la provincia vecina, secuestrándose importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, una caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Las mujeres fueron detenidas, trasladadas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia de Salta. La hermana de uno de los detenidos, que también recibía el dinero transferido por las víctimas, fue detenida posteriormente.

Imputan a dos agentes de Movilidad Ciudadana

Durante la audiencia fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Permanecen detenidos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por el delito de exacciones ilegales a los agentes de Movilidad Ciudadana detenidos el 28 de diciembre pasado.

Durante la audiencia, el Supervisor del personal motorista y el agente examinador del municipio capitalino, fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. Ambos permanecen detenidos.

El delito de exacciones ilegales se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal y se trata de un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por parte de un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria le ofreció contactarlo con un agente de tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la repartición pública mencionada, contando lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría. Tomado conocimiento del caso, decidieron comunicarse con el número que le habían brindado, a través del cual un agente, solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y acordando una cita en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y el agente le señaló a un compañero laboral que realizaba los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a aprobar, entregándole el denunciante una suma menor: 4000 pesos.

Los agentes fueron identificados y detenidos.