Condenan a una contadora por defraudación especial por administración fraudulenta

La mujer había sido denunciada por la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Salta por faltantes de dinero. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investigó la causa y sostuvo la acusación en el juicio.

La Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a Mariana Belén Cardozo Sosa a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autora del delito de defraudación especial por administración fraudulenta.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y fue quien estuvo a cargo de la investigación que derivó en la condena.

En 2019, la presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Salta, María Liliana Giro López, denunció a la profesional por realizar una serie de actos infieles, quedándose para sí con dinero destinado a la institución denunciante.

Explicó que en 2016 el Colegio la contrató como Contadora Pública Nacional para que que realice tareas de organización y control contable del ingreso de dinero por el cobro de cuotas y aranceles provenientes del Ejercicio Profesional de la Fonoaudiólogía, Matriculación y Habilitación de Consultorios, teniendo a raíz de ello, el manejo de los ingresos en dinero en efectivo.

Al investigar la denuncia desde la UDEC corroboraron que la mujer cobró dos cheques de la cuenta corriente del Banco Macro del Círculo de Fonoaudiólogos de Salta, y no estando autorizada para operar en dicha cuenta, falsificó la firma de la denunciante como primer endoso, sin ingresar el dinero a la institución.

Además, la contadora hizo un sello con la finalidad de pasar como autoridad del Colegio, conforme surge de la estampa del mismo en dos cheques del Banco Macro de la cuenta corriente del Colegio.

Los investigadores también acreditaron que la ahora condenada, falsificó los originales de los talonarios de recibos del Colegio de Fonoaudiólogos, consignando en el duplicado que queda para la Institución una cosa distinta de la consignada en el original. Así, , por ejemplo, en el duplicado figuraba que se percibió la suma de $ 1.120, mientras que en el original suministrado surgió que en realidad se había abonado la suma de $ 7.100.

Teniendo en cuenta todo ello, el 11 de marzo de 2021, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, la imputó por administración fraudulenta. Durante la audiencia, la contadora se negó a declarar.

En abril de 2021, la UDEC solicitó al Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa, instancia que finalmente tuvo lugar días atrás.

 

Segunda jornada del juicio por el fraude al Estado por 298.898 dólares

En la primera audiencia, sólo uno de los acusados declaró, aunque se negó a responder preguntas de la Fiscalía. Para hoy, está previsto el testimonio de testigos del hecho.

Hoy se desarrollará la segunda audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real, en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, es quien sostiene la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal e interrogará este lunes a varios testigos que fueron citados.

En el inicio del juicio, que tuvo lugar el viernes pasado, tras la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal, el empleado del banco, Jesús Ángel Mendoza, fue el único de los acusados que aceptó declarar, dando su versión de los hechos, aunque no admitió preguntas de la Fiscalía.

Luego, la curadora de la herencia, María de la Paz Saravia, prestó testimonio y ratificó lo denunciado el 8 de febrero de 2021 en la Fiscalía. El abogado de la Gerencia de Asesoría Legal Regional del Banco Macro, Rafael Gómez Diez, también testificó, confirmando todo lo manifestando y contestó las preguntas de las partes involucradas.

La secretaria del Juzgado de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María José Araujo, también prestó su testimonio y negó rotundamente la confección del oficio y la firma del mismo.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Imputado por reiteradas estafas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido juicio contra Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real. Fue detenido, por pedido del Juzgado de Garantías 4, el jueves pasado en barrio San Remo.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Carlos Adrián Huergo, quien fue detenido el jueves pasado en barrio San Remo, por estafas (dos hechos).

Durante la audiencia, fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías su prisión preventiva.

El 31 de mayo de 2021, a fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ya había solicitado al Juzgado de Garantías 4 que Carlos Adrián Huergo fuera juzgado por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

El Juzgado de Garantías 4 lo declaró en rebeldía y solicitó su detención ya que no podía ubicar su paradero para avanzar con la causa.

Causa Loteo Intersindical

Huergo fue denunciado en distintas oportunidades por siete personas. La primera denuncia fue efectuada en mayo de 2018 por el hijo del dueño de una propiedad ubicada en barrio Intersindical. Aseguró que en noviembre de 2017 firmó un contrato de servicios con el imputado para que se desempeñe como desarrollador inmobiliario y se le encomendó prestar sus servicios profesionales para ejecutar tareas, obras, trámites, y gestiones necesarias para el desarrollo de un loteo habitacional. El denunciado se encargaría de ofrecer los lotes, explicándoles a los interesados sobre los servicios, la documentación a firmar y la modalidad de pago, que debían efectuarse al denunciante, tanto la entrega inicial como las cuotas.

No obstante, en enero de 2018, aprovechándose de que el denunciante se encontraba afuera de la ciudad; durante siete días, el imputado efectuó la venta de cinco lotes por la suma de $1.138.000, cobrando el dinero.

Además, ofreció a una inmobiliaria denominada “Concagua” la comercialización del loteo, presentando para ello un permiso de venta. Concagua vendió nueve lotes y le entregó el dinero al imputado.

Por estos hechos, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 4 en contra de Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

Causa DINM

Por otra parte, en 2019, también fue denunciado por estafa por una pareja que aseguró que, en abril de 2016, Carlos Huergo en nombre de la empresa DINM, se presentó en el predio de los cuarteles a publicitar al personal de las Fuerzas Armadas, la venta de terrenos ubicados en un loteo de Cerrillos.

El 4 de mayo de 2016 visitaron la oficina de la empresa DINM, que estaba situada en calle Alvarado. Ese día suscribieron un contrato para la adquisición de un terreno ubicado en Cerrillos, entregando una suma de dinero con el compromiso del pago de otras cuatro cuotas.

Al regresar para abonar, encontraron que ya no se encontraban en el lugar. Tiempo después fueron citados por Huergo para el pago en una nueva dependencia. Allí, el imputado y otro hombre les informaron que DINM cerraba sus puertas, pero que la empresa HORIZONTE Multinivel Desarrollos Inmobiliarios (que integraban los denunciados) asumía la responsabilidad de entregar el terreno que habían comprado. En razón de esta situación, le dieron la posibilidad de adquirir dos terrenos por el monto de $120.000 ubicados en Valle del Carmen, Rosario de Lerma, lo que fue aceptado por los denunciantes. Tras cancelar el pago total de los terrenos, el 30 de septiembre firmaron dos boletos de compraventa

Habiéndose cumplido el plazo dentro del cual debieron entregar los inmuebles y preocupados por la dilación de la entrega, fueron a la oficina de la empresa HORIZONTE en busca de una solución, pero les dieron excusas. En julio de 2018 les ofrecieron entregarles a cambio unos terrenos en El Encón, los que no aceptaron y exigieron que se cumpliera lo contratado, por lo que les dijeron que volvieran la semana próxima para que les dieran una solución. Días posteriores se acercaron a empresa HORIZONTE y se dieron con la sorpresa de que esta nueva oficina se encontraba también desmontada.

Tras investigar el hecho, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Huergo y su socio por el delito de estafa.

Causa Servicios de Inversiones

En 2022, Carlos Huergo fue denunciado nuevamente, junto a otro hombre, por estafas. El denunciante manifestó que le ofrecieron servicios de inversiones que brindaban una alta tasa de rendimiento al colocar dinero en efectivo y que además se realizaba la devolución con más un 20% de ganancias por sobre el capital original aportado.

El denunciante entregó los primeros días de marzo de ese año a Huergo, que presentaba como Diego Huergo, y su cuñado, 1000 dólares y 116 mil pesos, sin recibir nunca respuesta de los denunciados.

Tras investigar esta nueva denuncia y corroborar que Diego Huergo en realidad era Carlos Adrián Huergo, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos lo imputó junto al otro hombre por el delito de estafas.

 

 

 

 

 

 

 

Inicia el juicio por el millonario fraude al Estado

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, acusa a Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.

Durante la tarde, se desarrollará en la Sala 4 del Tribunal de Juicio la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y el Tribunal es presidido por la jueza Norma Beatriz Vera.

En la primera jornada, el Juzgado leerá la acusación formal que sostiene el Ministerio Público Fiscal contra los cuatro hombres, que luego podrán optar por declarar.

Además, está previsto que presten testimonio el abogado del banco Macro y la secretaria del Juzgado Civil y Comercial a la que le fue falsificada la firma, la ex curadora de la herencia y un guardia de seguridad.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Detienen a un hombre que era buscado por la UDEC

Había sido declarado en rebeldía y se encontraba prófugo. Mañana será imputado.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detuvo esta tarde a un hombre de 41 años que era buscado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

Sobre el detenido pesan varias denuncias por estafas y administración fraudulenta vinculadas a distintos inmuebles.

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 4 la búsqueda y detención del hombre, que se encontraba prófugo y había sido declarado en rebeldía.

El hombre fue detenido en inmediaciones de calle Mar Arabigo al 1300 de barrio San Remo. Fue trasladado a la Alcaidía General de la Provincia en donde permanece alojado.

Mañana, a las 8, se realizará la Audiencia de Control de Legalidad en el Juzgado de Garantías 4 y luego será trasladado a la Fiscalía Delitos Económicos Complejos para su imputación.

Imputan por peculado a policía acusado de sustraer motocicletas secuestradas

La UDEC investigó la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta, estableciendo que  un miembro de la fuerza sustraía vehículos secuestrados, que luego eran vendidos por otro hombre, que también fue imputado.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por peculado a los dos detenidos ayer en el marco de la investigación que lleva adelante por la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta.

El peculado es un delito previsto en el artículo 261 del Código Penal Argentina contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública y tiene una pena prevé la inhabilitación absoluta, reclusión o prisión de hasta 10 años.

El sargento ayudante con revista en el sector 1 dependiente de la Dirección General de Investigaciones, fue imputado por peculado en calidad de autor ya que se desempeñaba como personal policial del lugar donde se encontraban secuestradas las motocicletas sustraídas, por lo que tenía a su cargo la administración de dichos bienes. fue imputado por peculado en calidad de autor ya que se desempeñaba como personal policial del lugar donde se encontraban secuestradas las motocicletas sustraídas, por lo que tenía a su cargo la administración de dichos bienes.

Para Salinas Odorisio, el accionar del segundo detenido fue determinante para la concreción del delito de peculado y, por tal razón, fue imputado como partícipe necesario.

Durante la audiencia, el sargento ayudante se abstuvo de declarar mientras que el otro detenido negó su participación en los hechos. Ambos fueron asistidos por abogados particulares.

 

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes de la UDEC pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Además, se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del automóvil ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la camioneta, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la camioneta se retira y el automóvil permanece en el lugar. Minutos más tarde regresa la camioneta regresa al lugar y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

UDEC: Detienen a un sargento ayudante de la Policía de Salta por robo de motocicletas secuestradas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó una investigación por la desaparición de motocicletas de la Base Operativa del Sector 1 de la Policía de Salta. Dos hombres fueron detenidos, entre ellos el sargento ayudante.

En el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, esta mañana se realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Jardín, Nueva Esperanza, Sitta y calle Los Aristócratas.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, uno de ellos un sargento ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, y secuestrados dos vehículos y teléfonos celulares.

La titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al al Juzgado de Garantías 4 el allanamiento, secuestro y la detención de dos personas, en base a las distintas pruebas obtenidas en una investigación por la desaparición de vehículos secuestrados en la Base de Sector 1 (ex Sector 3A) de la Policía de Salta.

La causa

El 11 de febrero de 2023, un oficial principal de la Sección Investigativa Narcocriminal 10 de la Policía de Salta denunció que el día anterior habían notado la falta de una motocicleta Gilera SMX 200 roja, que había sido secuestra por la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad y que se encontraba allí a espera de turno para ser remitida al depósito judicial.

Al tomar intervención en el hecho, Salinas Odorisio ordenó que se inicie una investigación y se revisen las cámaras de seguridad. Los agentes de la UDEC pudieron establecer que el 8 de febrero, entre 20:35 y 22:43 desde el interior del predio de la Base Operativa del Sector 3A sustrajeron el total de 03 tres motovehículos. Además, observaron la participación de dos vehículos: un automóvil Fiat Palio blanco y una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca.

Además, se pudo visualizar que los conductores se bajan de sus vehículos, dialogan unos segundos y el hombre del Palio ingresa a la Base del Sector 1 para luego salir empujando una motocicleta hasta la Fiorino, donde la cargan. Seguidamente se dirige nuevamente a la base del sector y saca otra motocicleta, con el mismo modus operandi. Los conductores conversan por aproximadamente 3 minutos y seguidamente la Fiorino se retira y el Palio permanece en el lugar. Minutos más tarde regresa la Fiorino regresa al lugar y repiten el procedimiento con una tercera motocicleta.

Del seguimiento de las cámaras de seguridad se pudo establecer que la Fiorino se dirigió a un domicilio en barrio El Jardín, en donde se realizaban venta de vehículos usados y autopartes. Además, los investigadores identificaron que el conductor de la Fiorino y dueño del local de venta de autopartes ofrecía motocicletas usadas en su perfil de Facebook, siendo una de ellas la faltante en la Base del Sector 1.

Por otra parte, se individualizó que el conductor del Palio era un oficial de la Policía de Salta que prestaba servicios en el lugar de donde fueron sustraídos los vehículos.

Teniendo en cuenta ello, más otras pruebas recabadas por los investigadores de la UDEC, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías el allanamiento de las viviendas, detención de los involucrados y secuestro de los vehículos de interés para la causa.

 

Posponen una semana el juicio por el millonario fraude al Estado desde una cuenta bancaria

La audiencia debate iniciará el viernes 17 de marzo, a las 14, en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

La audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real iniciará el viernes 17 de marzo a las 14 en la Sala 4 del Tribunal de Juicio.

Si bien estaba previsto que el juicio iniciara este viernes, por la demora en el resultado de unas pericias, se decidió posponerlo siete días.

Para la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

 

 

Inicia el juicio por el millonario fraude al Estado desde una cuenta bancaria

Entre el viernes 10 y el 29 de marzo se desarrollará la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

El viernes 10 de marzo iniciará en la Sala 4 del Tribunal de Juicio la audiencia debate contra Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza por fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, en concurso real.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, que será presidido por la jueza Norma Beatriz Vera.

La UDEC había elevado el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 8 el 28 de julio de 2021, luego de que el Tribunal de Impugnación confirmara el rechazo del Juzgado de Garantías interviniente al pedido de juicio a prueba presentado por los hermanos Fath.

La denegación del beneficio se fundó en numerosas razones, entre las cuales se indicó que la solicitud fue realizada sólo por dos de los acusados, lo que implicaría que el acto procesal debería continuar hasta resolver la situación de los otros dos imputados, lo que es contrario a la naturaleza del instituto del juicio a prueba. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos se había manifestado contraria al pedido, al igual que los querellantes (representante de la sucesión, Provincia de Salta y banco Macro).

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación de la UDEC, fueron detenidos Hugo Alberto Colantuono, Ricardo Gabriel Fath;, Andrés Esteban Fath y Jesús Ángel Mendoza.

Para la UDEC, los acusados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron una maniobra defraudatoria consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de U$S 298.898,07.

La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad de Colantuono.

Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.

El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuono.

La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath (quien como hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuono, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.

Imputan a una mujer en la causa de la concesionaria

Se trata de la hija de Mario Alberto Riccio, quien reviste la calidad de administradora suplente de la empresa Autofox .

En el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas en contra de la firma Autofox SAS, la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a April Paola Riccio Lozano por el delito de estafa.

Riccio Lozano es hija de Mario Alberto Riccio, quien fue detenido el jueves pasado e imputado por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y coacción (1 hecho), en concurso real.

Para la UDEC, Ricchio adquirió a uno de los denuniantes, un vehículo Citroen C4, abonándolo parcialmente y comprometiéndose a pagar el saldo adeudado mediante la entrega de un cheque, a sabiendas que no podía ser cobrado.

El cheque fue rubricado por April Paola Riccio Lozano, quien reviste la calidad de administradora suplente de la empresa Autofox, y luego efectuaron falsas promesas de pago y un nuevo compromiso de pago, el cual tampoco fue cumplido, generando un importante perjuicio patrimonial al denunciante.

 

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias que daban cuenta que habían concurrido a la concesionaria con el fin de adquirir o vender un vehículo y, luego de entregar una parte de la suma pactada en efectivo y acordar el resto en cuotas, no accedieron a la unidad. Algunos de los denunciantes concurrieron a la Secretaría de Defensa del Consumidor, acordando un plan de pago para la restitución del dinero, pero tampoco fue cumplido.

Los investigadores de la UDEC establecieron que la empresa Autofox SAS –que funcionaba en calle España Nº 951 y en Av. Jujuy 647, y que actualmente funciona únicamente en Avenida Sarmiento Nº 76- se encontraba a cargo del detenido, que se presentaba como dueño y gerente.

Para la UDEC, la concesionaria, por medio de publicaciones promocionaban la empresa bajo los nombres de fantasía Autofox y Motofox. Además, al contar con un espacio físico acondicionado, lograban credibilidad y la confianza de las víctimas, quienes hacían entrega de grandes sumas de dinero de contado y en cuotas, y entregaban vehículos como parte de pago.

Cuando las víctimas, viendo que la empresa no les devolvería el dinero invertido, comenzaron a radicar denuncias penales, desde Autofox pactaron arreglos con la promesa de la devolución del dinero, pero dichos arreglos sólo fueron realizados de manera parcial con el único fin de que el hecho investigado derivara en acciones civiles, escapando de la esfera del derecho penal.

Asimismo, se pudo establecer que el dueño de firma y su hija emitieron cheques sin fondos firmados por esta última, incluso teniendo conocimiento de la que la cuenta se encontraba cerrada.

Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Penal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 3 el allanamiento de la oficina comercial, de la vivienda del titular de la empresa y otras dos viviendas. Como resultado del procedimiento fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés.