Condenan por concusión a un empleado municipal

Una mujer denunció que concurrió al Centro Cívico Municipal a pagar $5.800 de una deuda impositiva y un empleado le explicó que no le convenía pagar con tarjeta. Le solicitó $ 2000 para la cancelación en efectivo pero nunca le entregó el comprobante.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito en la que Ramón Fidel Paz, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por ser autor del delito de concusión. Además, el juez Marcelo Rubio de la Sala 5 del Tribunal de Juicio le impuso reglas de conducta.

La intervención de la UDEC inició luego de que una mujer denunciara que había entregado dinero para pagar una deuda impositiva de su hija a un empleado de mesa de entrada del Centro Cívico Municipal y que nunca se había acreditado el pago.

Al ser entrevistada en la UDEC, la mujer explicó que consultó al guardia de seguridad sobre dónde debía abonar un impuesto atrasado, siendo referida a ver a “Rolo”. Allí, el hombre le informó que la deuda era de $5820 y que, si lo pagaba con tarjeta como era la intención de la denunciante, le cobrarían intereses. La contribuyente aseguró que el hombre le dijo que le diera $2.000 y él le abonaría la boleta.

La víctima explicó que se fue hasta su domicilio a buscar el dinero y que regresó para entregárselo al hombre, pidiéndole un recibo. Precisó que éste le manifestó que luego le daría la boleta sellada y le escribió los montos en un papel y su número de celular, que luego presentó como prueba. Pasado el tiempo y, ante la falta de respuesta, se presentó nuevamente en el CCM en donde le informaron que el denunciado se encontraba de licencia médica y no se registraba ningún pago a su nombre.

La vecina expuso que nunca desconfió ya que se trataba de un empleado municipal que se encontraba en su lugar de trabajo, a donde ella había concurrido con la intención de pagar.

El delito de concusión se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal e implica usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo.

 

La Fiscalía solicitó prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Manuel Cornejo

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que a lo largo del juicio se habían presentado todas las pruebas que demostraron, sin duda alguna, que el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda cometieron los delitos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó esta tarde al juez Guillermo Pereyra que el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, sea declarado culpable y lo condene a seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para la exsecretaria de Hacienda municipal, Carmen Méndez, solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

A lo largo de su alegato, que duró dos horas, Salinas Odorisio repasó cada una de las pruebas presentadas a lo largo de los nueve días que duró la audiencia debate y consideró que los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público que el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Cornejo y de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público a Méndez, quedaron probados con certeza.

Además, la fiscal de UDEC solicitó que todos los bienes sustraídos sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano. La querella, por su parte, adhirió en todo al pedio de la Fiscalía y retiró la acusación de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la defensa de Carmen Méndez solicitó la absolución por la duda y, subsidiariamente, prisión condicional. Los abogados defensores de Manuel Cornejo solicitaron la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, la absolución por la duda.

Declaró Carlos Folloni

En la última jornada de testimonios de la audiencia, y antes del comienzo de los alegatos, se presentó a declarar el actual intendente del municipio, Carlos Héctor Folloni.

En la primera jornada del juicio, Folloni había presentado una nota solicitando realizar su declaración por escrito. Sin embargo, esta mañana compareció ante el Tribunal y respondió preguntas de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; del abogado querellante y de los abogados defensores.

El actual intendente comenzó su testimonio explicando que denunció a su antecesor por malversación de fondos porque no aparecían las máquinas de la Municipalidad, que sabía que existían, y por un faltante de dinero y por la falta de una camioneta Chevrolet S10 que fue adquirida con fondos municipales.

“Cuando asumí fui con los empleados al parque automotor y no pudimos encontrar máquinas viales, una desmalezadora, un camión y herramientas de trabajo que yo y todos los vecinos habíamos visto en el pueblo trabajando en 2017 y 2018”, contó Folloni para luego señalar que “los mismos vecinos empezaron a investigar y avisaron a dónde se encontraban las máquinas”. El actual intendente dijo que fue la policía la que le informó que “las máquinas fueron encontradas en la finca Pucará de Cerrillos y que, cuando se las entregaron en carácter de depositario judicial, los vecinos gritaban: ‘Hemos recuperado lo que es del pueblo’.

El denunciante precisó que la camioneta Chevrolet S10 fue secuestrada por personal de la Brigada de Investigaciones en el domicilio particular de Cornejo y luego le fue entregada a la Municipalidad de Campo Quijano, en carácter de depositario judicial.

Folloni también explicó que denunció la entrega de 500 pesos a votantes de Campo Quijano. “Yo pasé por el lugar y ví la fila de una cuadra de vecinos que iban a buscar efectivo. Creo yo que eran a cambio de votos”

Al consultarte la fiscal Salinas Odorisio si conocía la existencia de una cuenta bancaria del municipio en el banco Patagonia, Carlos Folloni aseguró que no y precisó que los municipios tienen cuentas en el banco Macro y Nación, para el depósito de los fondos nacionales.

La pericia contable estimó en más de 78 millones de pesos el perjuicio de Cornejo al municipio de Campo Quijano

El informe pericial fue rubricado por la investigadora del Gabinete Económico del CIF y una perito designada por la Corte de Justicia de Salta. Hoy, también declaró el exintendente, quien admitió que compró una camioneta con fondos municipales y manifestó que esperaba que Carlos Folloni lo intime para devolverla.

En la jornada de esta tarde de la audiencia debate seguida contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez, el exintendente de Campo Quijano volvió a solicitar al juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala 6 del Tribunal de Juicio, prestar testimonio.

Frente a la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, Cornejo admitió que compró la camioneta Chevrolet S10 con fondos municipales a través del libramiento de cheques y que, tras finalizar su gestión a cargo del Ejecutivo y, como se encontraba deprimido, se llevó el vehículo a su casa y que “esperaba que Folloni (por el actual intendente de Campo Quijano), lo intime a devolverla”.

Concluida la declaración de Cornejo, que duró menos de cinco minutos, la investigadora del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició su testimonio, explicando que toda la documentación se analizó en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia de Salta y por el perito de la defensa.

La jefa de Investigadores del Gabinete Económico expuso a lo largo de varias horas ante el Tribunal la pericia realizada y cada uno de los documentos que llevaron a elaborar el informe final –en forma conjunta con la perito designada por la Corte de Justicia- en el que estimaron que el perjuicio al erario municipal producido por el exintendente de Campo Quijano y la exsecretaria de Hacienda, se ubica en el orden de los $78.137.148,36.

La cifra, actualizada a valores actuales, equivaldría aproximadamente a mil millones de pesos.

 

Testifican los peritos contables en el juicio al exintendente de Campo Quijano

Testifican los peritos contables en el juicio al exintendente de Campo Quijano

La audiencia se desarrollará desde las 13:30 de este lunes en la Sala de Grandes Juicios. También está previsto que presten testimonio empleados de la comuna y vecinos de la zona.

Esta tarde testificarán los investigadores del Gabinete Económico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Ines Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

Luego de la declaración de los profesionales del CIF que realizaron la pericia contable, está previsto que presten su testimonio empleados de la Municipalidad de Campo Quijano y vecinos de la localidad.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, con la denuncia del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Héctor Folloni, quien aseguró que había detectado desorden y ausencia de documentación municipal relacionada a la actividad contable.

A través de la investigación realizada, desde la UDEC identificaron distintos ilícitos. El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando Cornejo adquirió una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del Municipio por la suma de $ 750.000. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08 secuestrado.

El segundo hecho por el que la UDEC acusa a Cornejo, está relacionado a la sustracción de maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente “le pertenecían”.

El tercer hecho surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad. Surgió de los recibos, que no se estableció ni el beneficiario ni el monto que se otorgaba, por lo que la maniobra fue utilizada para disponer libremente de fondos municipales en beneficio propio.

Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.

Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.

 

El exintendente de Campo Quijano solicitó declarar en el juicio en su contra

 

El exintendente de Campo Quijano solicitó declarar en el juicio en su contra

Durante la sexta jornada de la audiencia debate, Manuel Cornejo señaló que “si hubo irregularidades fue debido a que evadió la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente” y que “hay situaciones que necesitan de la actuación del Intendente de manera inmediata y hay que ocuparse”.

En la sexta jornada de la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez, prestaron su testimonio cuatro miembros del equipo de la Auditoría General de la Provincia (AGP), empleados de la Municipalidad de Campo Quijano y el acusado, que solicitó declarar.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La jornada comenzó con la declaración –vía plataforma de audio y video- del contador senior de la AGP, Julio Martínez Poma, quien explicó cómo se realizó el informe de relevamiento del municipio para la transición, tomando como punto de partida el segundo semestre de 2018 y todo el 2019, y señalando la documentación que le había sido requerida a Cornejo y nunca fue presentada.

Los otros miembros del equipo de la AGP que trabajaron en el relevamiento de la comuna en 2019 también brindaron su testimonio y precisiones del Informe de transición en el que detectaron el faltante de documentación.

Previo al testimonio de funcionarios y empleados de la Municipalidad, el exintendente Cornejo pidió declarar, derecho que le fue concedido. En su alocución manifestó respecto a los delitos de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por los que está siendo juzgado, que si hubo irregularidades fue debido a que evadió la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente, que es muy humilde y de escasos recursos.

Además, aseguró que “hay situaciones que necesitan de la actuación del Intendente de manera inmediata” y que “hay que ocuparse”.

Luego, la jornada continuó hasta las 20 horas con el testimonio los empleados municipales. A lo largo de la audiencia debate de hoy se prevé que presten declaración vecinos de la comuna y el lunes, desde las 13:30, prestarán su testimonio miembros del Gabinete Económico de UDEC.

Los alegatos serán el martes 4 de julio, desde las 11.

En el inicio del juicio, no declaró el ex intendente de Campo Quijano

Requieren juicio para dos agentes de Movilidad Ciudadana por exacciones ilegales

También está acusada una permisionaria y un colaborador. La investigación de UDEC inició a raíz de la denuncia de un vecino que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5, juicio contra Federico Gregorio Artaza, Jorge Antonio Alacia, Blanca Marcela Gómez por el delito de exacciones ilegales y a José Rubén Guaimás por encubrimiento.

La intervención de la UDEC inició a raíz de la denuncia efectuada en la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta por un vecino de la ciudad que aseguró que le habían ofrecido la emisión de la licencia de conducir a cambio de una suma de dinero.

En sede fiscal, el hombre ratificó lo denunciado y explicó que, tras reprobar el examen de manejo en el canchón municipal, una permisionaria (Blanca Marcela Gómez) le ofreció contactarlo con un agente de Tránsito que le facilitaría la obtención del carnet.

El hombre se dirigió a la Secretaría de Movilidad Ciudadana y, tras contar lo sucedido a una funcionaria del Programa de Auditoría, se comunicaron con el número que le habían brindado. Allí atendió un agente (Rubén Guaimás) quien le solicitó 5000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico y lo citó en avenida Artigas.

El denunciante se presentó a la hora pactada y un agente (Jorge Antonio Alacia) le realizó señas a otro agente (Federico Gregorio Artaza) encargado de realizar los exámenes, para indicarle que ése era el hombre a quien debía aprobar.

Los agentes implicados fueron identificados como el Supervisor del personal motorista y un agente examinador.

Isla de Cañas: Condenaron a la exintendente y se ordenó su detención

Fue condenada por todos los delitos por los que llegó acusada a 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. se ordenó su inmediata detención. 

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos).

Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate, se finalizó con la ronda de testimoniales y se dio lugar a los alegatos de las partes. 

Tras deliberar, el juez Aldo Primucci, condenó a Canchi a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ordenó su inmediata detención.

Últimas instancias del juicio contra la exintendente de Isla de Cañas

Los hechos por los que se la acusa fueron denunciados por el actual jefe comunal. Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate, La audiencia de debate está prevista la declaración de los últimos testigos y que se produzcan los alegatos.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos).

Este jueves 29 se reanudará la audiencia de debate, en la cual se espera la declaración de los dos últimos testigos convocados y se dará paso a los alegatos de las partes.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya. Fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

 

No declaró la exintendente de Isla de Cañas en el juicio que se sigue en su contra

Juicio contra el exintendente de Campo Quijano: mañana declaran miembros de la Auditoría

Este miércoles continuó desarrollándose en la Sala de Grandes Juicios, la audiencia debate del juicio contra Manuel Cornejo  y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representante del Ministerio Público Fiscal, acusa al ex intendente de Campo Quijano Manuel Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en concurso real. Por su parte, Carmen Méndez enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado en concurso real.

Continuando con la ronda de testigos convocados para hoy, pese a la negativa por parte de la defensa, estaban citados a declarar los contadores públicos que encargados de realizar los informes contables para el ex intendente en los periodos de 2015 a 2018.  La fiscal Salinas Odorisio insistió en su comparecencia, destacando la importancia de sus testimonios.

Uno de los profesionales se negó a declarar, alegando un ostensible trato familiar con Cornejo. En cambio, el otro contador admitió en su declaración que únicamente, se dedicaban a confeccionar informes nominativos.

Posteriormente, declararon empleados municipales propuestos por la defensa, que no pudieron aportar información relevante para la causa.

En la jornada de mañana, se aguarda  la comparecencia de miembros de la Auditoría General de la Provincia cuya intervención desencadenó la denuncia por la falta de presentación de la documentación pertinente correspondiente a la gestión del exintendente Cornejo, a la que fueron intimados.

La intervención de la UDEC comenzó en enero de 2020, cuando el intendente de Campo Quijano, Oscar Folloni, denunció la ausencia de registros contables de los fondos municipales durante los períodos 2017-2019. Después de investigar los hechos y recopilar las pruebas necesarias, la UDEC presentó formalmente acusaciones contra los exfuncionarios municipales.

Este jueves se reanuda el juicio contra la exintendente de Isla de Cañas

Los hechos por los que se la acusa fueron denunciados por el actual jefe comunal.La audiencia de debate se reanudará con la recepción de los últimos testimonios previstos.

La fiscal penal Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado reiterado (4 hechos).

Este jueves 29 se reanudará la audiencia de debate y se continuará con la recepción de los últimos testimonios previstos.

Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.

En el requerimiento, la fiscal penal Mónica Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).