Saulo Capital SRL: UDEC acusó de 520 estafas a cuatro personas y elevó el pedido de juicio

En mayo de 2022, ingresaron a la Fiscalía especializada en delitos económicos cientos de denuncias por estafas contra la financiera. El perjuicio económico a las víctimas fue estimado en $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 7 para Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos, Marcelo Alfredo Morales y Sabrina Florencia Resina por los delitos de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa, en concurso real, en calidad de coautores.

Los cuatro acusados se encuentran vinculado a la causa denominada Saulo Capital SRL.

La intervención de UDEC inició en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Asimismo, conforme surge de la investigación efectuada, la sociedad Saulo Capital S.R.L. administraba una cantidad de once comercios.

En el requerimiento de juicio elevado, la fiscal Salinas Odorisio consideró que los acusados “actuaron con roles distintos y en distintas etapas, tendientes a cometer hechos ilícitos vinculados con la captación de inversionistas realizados a través de su sitio web o por la difusión de altos rendimientos de capital en las inversiones, aparentando ser una empresa seria y solvente, entregando recibos que daban cuenta de la seriedad de sus actos”

Para UDEC, Nelson Rogelio Ramos actuaba como “Gerente Titular” y  Nelson Javier Cabana, como “Gerente Suplente”, lo que enmarca que fueron quienes tuvieron la idea inicial de realizar este tipo de accionar delictivo y quienes captaron inversionistas prometiéndoles importantes ganancias, que no cumplieron.

Asimismo, Morales, dada su condición de profesional en Ciencias Económicas, tuvo a su cargo la administración y custodia del dinero, como así también el manejo contable y financiero de la sociedad. Por último, Resina se dedicaba a captar a las víctimas para que inviertan su dinero en la sociedad Saulo Capital SRL, les explicaba cómo eran las ganancias de las inversiones, cuáles eran los requisitos y cómo debían invertir.

 

 

Requieren juicio para el cajero de la Caja de Abogados

El hombre fue acusado de ser autor del delito de administración fraudulenta. La investigación, se originó en la denuncia de irregularidades en el cobro de expedientes.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 4 para el cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal 2, a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente.  Tras hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba que, en los registros informáticos internos, el pago realizado figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.

El martes 11 de julio, un hombre que ocupaba el cargo de cajero,  fue detenido como parte de la investigación en curso.

Posteriormente, el 17 de agosto de 2023, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, a fin de dar continuidad a la investigación de la causa.

A solicitud de la Unidad Fiscal, se encomendó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)  la elaboración de un Informe Pericial Contable. Para este propósito, se entregó un extenso Legajo de Investigación compuesto por dos cuerpos documentales de 231 páginas cada uno y un bibliorato de 411 páginas. El 4 de diciembre pasado, los peritos contables del CIF, completaron el relevamiento de datos con participación de un perito de parte, y presentaron el informe final a los fiscales encargados del caso.

Con toda la información recabada y los testimonios de las distintas partes, los fiscales Salinas Odorisio y Ramos Ossorio, acusaron formalmente al cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor y elevaron el requerimiento de juicio.

Condenan a un exempleado de la Dirección General de Rentas por concusión

La investigación reveló irregularidades en un proceso de sellos y pagos. El hombre admitió su responsabilidad.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado por la que Raúl Sosa Sapag fue condenado a 2 (dos) año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y la imposición de tres años de reglas de conducta.

Sapag admitió su responsabilidad en el delito de concusión del que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

El hecho juzgado tuvo lugar en 2019, cuando una mujer acudió a las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR) a fin de realizar el trámite de sellado de un contrato de cesión de derechos, abonando al acusado la suma de $8.400 en calidad de  impuesto de sellos.

Al llegar a su domicilio, la damnificada advirtió que el comprobante entregado por el empleado de la DGR carecía del sello del banco. Al día siguiente, al regresar para solucionar el inconveniente, fue atendida por Sosa Sapag, quien le solicitó que volviera al día siguiente y luego, al siguiente. Finalmente le entregó el recibo sellado por el banco.

Al detectar irregularidades en el sellado, la afectada registró la situación en un acta, la cual fue tomada por funcionarios del organismo, que posteriormente presentaron la denuncia.

Los investigadores de UDEC determinaron que el sello de pago fue colocado por una cajera del banco, y que el monto del sellado fue ingresado y luego anulado por el empleado de la DGR.

El banco, por su parte, informó que no existía registro de que el pago hubiera ingresado; que el sello inserto al dorso del documento se correspondía con los sellos utilizados por el banco y que, de las investigaciones internas realizadas, se infería que el sello fue impuesto por error o negligencia por la cajera a pedido del Sosa Sapag.

Con todas las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio al hombre, quien finalmente admitió ser autor del delito de concusión y fue condenado.

Rechazan el pedido de libertad de dos mendocinos imputados por extorsionar a adultos mayores

Los investigadores de UDEC lograron vincular distintas causas a través del IMEI de uno de los teléfonos de los estafadores. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó por extorsión (5 hechos) y estafa y solicitó la prórroga de la prisión preventiva

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación de dos hombres, endilgándoles los delitos de extorsión (5 hechos) y estafa. Además, requirió la prórroga de la prisión preventiva que les había sido dictada.

El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, rechazó el pedido de libertad realizado por el abogado de los detenidos e hizo lugar al pedido de la Fiscalía y los imputados permanecerán detenidos por otros cuatro meses mientras avanza la investigación de las causas en las que se encuentran involucrados.

Los acusados fueron detenidos el 20 de junio pasado, en el marco de una denuncia de extorsión a una mujer adulta a la que llamaron y, haciéndose pasar por su hijo, le manifestaron que había sido secuestrado y le solicitaron dinero.

Los investigadores de la UDEC encontraron similitudes entre este hecho y otras denuncias que investigaban, advirtiendo el mismo modus operandi y detectando que el IMEI del celular desde donde se hicieron las llamadas a las víctimas (todas personas adultas mayores) coincidía con el celular secuestrado durante la detención.

Las maniobras consistían en llamar a adultos de más de 80 años y, haciéndose pasar por un familiar, les expresaban que habían sido secuestrados o manifestaban algún problema de dinero, generando desesperación en los adultos mayores, a tal punto que estos aceptaron poner en riesgo sus bienes para evitar un mal mayor. Cuando los captores lograban controlar a la persona, la impulsaban a entregar el dinero a un tercero de manera directa o indirecta.

Solicitan la prosecución de las causas contra Sergio Ramos

El exintendente de Rosario de Lerma finalizó su mandato como senador de la provincia de Salta y, por tanto, no continuará ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta. El próximo 10 de diciembre asumirá como Intendente de Rosario de Lerma.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, una solicitud de prosecución de las causas que se siguen  contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes y peculado.

El requerimiento presentado por Salinas Odorisio encuentra su sustento en que Ramos tras concluir su mandato como senador provincial, no continúa ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta y, en consecuencia, el trámite de desafuero iniciado por la Cámara de Senadores de Salta deviene en abstracto.

En los comicios generales provinciales realizados el 14 de mayo de 2023, Ramos resultó electo Intendente de la ciudad de Rosario de Lerma, cargo que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Las causas

En junio de 2020, desde UDEC se requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio contra Ramos por considerarlo autor del delito de peculado. La conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías 2 resolvió suspender la remisión de la causa a juicio hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia de Salta se expidiera al respecto del desafuero del senador Sergio Omar Ramos.

La fiscal Salinas Odorisio elevó el 17 de mayo pasado, requerimiento de juicio contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes, y para Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del mismo delito.

Imputan a una empleada del Servicio Penitenciario por estafas por abuso de firma en blanco

La mujer fue denunciada por distintas personas a las que les otorgó préstamos a cambio de la firma de un pagaré en blanco, que luego fue ejecutado con sumas muy superiores a las prestadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafa por abuso de firma en blanco (3 hechos), todo en concurso real.

La intervención de UDEC inició luego de que tres personas denunciaran que la mujer, quien trabaja en el Servicio Penitenciario, les había prestado dinero y requiriendo a cambio que les firmara un pagaré en blanco.

En uno de los casos denunciados, la víctima aseguró que la imputada le realizó un préstamo de 20.000 pesos en 2017 y que, pese al pago de parte de la deuda, en mayo de 2019, la denunciada lo embargó por la suma de $ 120.000 más honorarios $ 40.000.

Otro de los denunciantes afirmó que “en una oportunidad le solicitó un préstamo a la imputada por el monto de $43.000, firmando un pagaré en blanco” y que “por razones de salud se atrasó en el pago de tres cuotas, las que hacían un total de $8000, fue así que en menos de 25 días recibió un documento de embargo por el monto de $150.000, tomando conocimiento que era por el pagaré firmado”.

El tercer denunciante contó que había solicitado un préstamo a la imputada por $30.000 para pagar cuotas atrasadas del colegio de su hija y que a cambio firmó un pagaré. Durante varios meses cumplió con las cuotas hasta que, por la situación económica, no pudo hacerlo, siendo ejecutado el pagaré a través de su sueldo por un monto de $237.000.

Los informes caligráficos coincidieron en señalar que las grafía en los pagarés no coincidían con la de los denunciantes pero sí con la de la imputada.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la denunciada, aprovechándose de la confianza depositada en ella por las víctimas les ofreció prestamos de dinero, requiriendo mediante maniobras que le firmaran un pagaré en blanco como garantía, haciéndolos incurrir en error, y llenando luego la imputada los pagarés con sumas muy superiores a las requeridas en calidad de préstamo por las víctimas, conforme se acreditó con la pericia caligráfica realizada, haciendo ejecutar judicialmente los pagarés, perjudicando así económicamente a cada uno de los denunciantes, quienes sufrieron el embargo de sus sueldos.

Finalizó la pericia contable a la Caja de Abogados

El Informe Pericial Contable fue elevado a la Unidad Fiscal que investiga la administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, recibió el Informe Pericial Contable de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

El 28 de septiembre pasado, ambos fiscales  solicitaron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevar a cabo una pericia en el contexto de la investigación por presunta administración fraudulenta en la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta. El análisis de los datos y la elaboración del informe final fueron realizados por peritos contables del CIF y una perito de parte.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta quienes fueron alertados por parte de personal del área contable sobre una irregularidad en el cobro de un expediente. Al realizar un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba  que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, a pesar de haberse emitido por caja un recibo completamente válido y aceptable en términos legales, listo para ser presentado como evidencia de pago en juicio.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.

La Unidad Fiscal que investiga la causa de la Caja de Abogados ordenó un Informe Pericial Contable

Socco Internacional: Requieren juicio para los implicados por 183 hechos de estafa y asociación ilícita

Facundo Daniel Córdoba está acusado, además, de ser el jefe y organizador de la banda que estafó a cientos de personas con la construcción de viviendas prefabricadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 por estafas reiteradas (183 hechos) y asociación ilícita, en concurso real para ocho personas implicadas en la causa Socco Internacional.

Facundo Daniel Córdoba, Celeste Valeria Salinas, Benjamín Jesús Córdoba y Rosario Del Milagro Carrazán están acusados de ser autores de los delitos de 183 estafas reiteradas. Asimismo, Facundo Daniel Córdoba está acusado de ser el jefe/organizador de la asociación.

Por su parte, la UDEC acusa, en calidad de coautores, a Facundo Tobias Ruiz, de los delitos de estafas reiteradas (136 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Juan Francisco Bakun, de estafas reiteradas (63 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Matías Adrián González, de estafas reiteradas (139 hechos) y asociación ilícita, en concurso real, a Camilo Romero, de estafas reiteradas (119 hechos) y asociación ilícita, en concurso real

Tras llevar adelante una minuciosa investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Facundo Daniel Córdoba (en su carácter de jefe/organizador) actuó en connivencia con el resto de los acusados, pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando pertenecer a una empresa seria, entre junio de 2019 y abril de 2022.

Los acusados ofrecían la construcción de viviendas prefabricadas mediante la suscripción de contratos, para generar mayor confianza de la operación realizada a las víctimas. Además, solicitaron importantes sumas de dinero, que fueron abonadas por los damnificados, sin que cumplieran con la entrega de las viviendas.

En el escrito elevado al Juzgado de Garantías, la fiscal de UDEC aseguró que Córdoba y los otros acusados “actuaron a sabiendas desde el inicio de la operación de que no cumplirían, toda vez que se pudo vislumbrar que el encartado Facundo Cordoba, sabiendo claramente que no cumpliría con las entregas de las viviendas, desde que recibía a los potenciales clientes,  distribuía las tareas a ejecutar en las empresas con los demás miembros de la organización, los que en algunos casos actuaron en forma permanente en la firma y en otros desempeñaron tareas transitoriamente, analizando cada detalle de lo que se hacía para evitar las consecuencias legales y realizando incluso en algunos casos cumplimientos parciales para eludir la responsabilidad penal, haciendo parecer que se trataba de meros incumplimientos contractuales, logrando captar y manipular la voluntad de personas que, movidas por la necesidad y el anhelo de obtener la vivienda propia, fueron burladas en su buena fe, buscando únicamente obtener sumas de dinero para su propio beneficio”

 

Socco Internacional: Amplían la imputación de los implicados por 114 hechos de estafa y asociación ilícita

 

 

General Güemes: Prisión preventiva para la mujer imputada por 67 estafas

Un grupo de personas había denunciado en junio pasado que la imputada les había ofrecido un terreno a cambio de la entrega de dinero, además de hacerles hacer trabajos de mantención de un espacio público.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito para resolver el pedido de prisión preventiva para una mujer acusada del delito de estafas reiteradas (67 hechos) en concurso real.

En la audiencia, de la que participaron los 67 damnificados, el juez Diego Rodríguez Pipino, haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Salinas Odorisio, dictó la prisión preventiva de la acusada.

La investigación se inició a partir de que un grupo de personas denunció que hace cinco años, habían entregado documentación y dinero en efectivo a una mujer perteneciente a la agrupación piquetera y sindical conocida como Movimiento Evita para acceder a un terreno en la parte posterior del barrio 200 Viviendas de La Banda, localidad de General Güemes, lo que nunca se concretó.

Manifestaron que además les solicitaba realizar trabajos de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario y en su domicilio.

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

 

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó su prisión preventiva.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafas reiteras (67 hechos), en concurso real.

Durante la audiencia, la imputada fue asistida por un defensor público y negó los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó su prisión preventiva.

La mujer fue detenida el jueves pasado en el marco de una investigación por estafas con viviendas sociales que lleva adelante la UDEC.

En junio de 2023, 67 personas denunciaron que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del B° 200 Viviendas en la zona de la Banda, en General Güemes.

Además de la entrega de dinero, manifestaron que debían hacer trabajo de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada. Ante la falta de la concreción de la entrega del terreno, los damnificados reclamaron a la mujer, quien les explicó que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. En el lugar desconocían la existencia de la mujer y de las carpetas, por lo que los damnificados radicaron denuncias.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron una investigación y elevaron un informe a la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas, solicitando sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de realizar la supuesta confección de carpetas que les posibilitaría  obtener un lote y/o terreno por la intervención de sus influencias con el Intendente municipal, actuando a sabiendas de que no cumplirían con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia”