Requieren juicio para un hombre acusado de estafas en la construcción de viviendas

El imputado fue denunciado por haber ofrecido la construcción de viviendas a través de distintas empresas, recibir importantes sumas de dinero y no cumplir con las obras comprometidas.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió ante el Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa contra un hombre como presunto autor del delito de estafas reiteradas (dos hechos), en concurso real.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre que contrató a la firma Tuvivienda.com, por intermedio del imputado, para la construcción de una unidad prefabricada de 80 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de tres meses. Según lo pactado, el denunciante realizó un pago inicial y acordó cancelar el saldo en cuotas mensuales, ajustadas conforme al índice de la construcción. Luego, mediante un anexo, se incorporó la construcción de una galería, cuyo costo también fue abonado.

Según la denuncia, una vez vencido el plazo convenido, la obra no fue concluida. Ante los reclamos del contratante, intervino un abogado en representación del constructor y se firmó un nuevo acuerdo, mediante el cual éste se comprometió a finalizar los trabajos en los términos originalmente pactados. No obstante, la vivienda no habría sido terminada. El damnificado sostuvo que abonó una suma considerable sin recibir la obra acordada, lo que le habría ocasionado un perjuicio económico.

Posteriormente, una mujer denunció al mismo hombre, quien en esa oportunidad se habría presentado como gerente de El Hornero Construcciones para la edificación de una vivienda en el interior de la provincia, con un precio financiado en cuotas y un plazo de finalización previamente establecido. De acuerdo con lo expuesto, la obra habría comenzado fuera de término y, una vez iniciada, el constructor habría modificado los materiales originalmente previstos, lo que implicó un incremento en el valor de las cuotas pactadas.

Del entrecruzamiento de datos realizado por los investigadores de UDEC, surgió que ninguna de las firmas mencionadas ni el propio imputado registrarían habilitación comercial.

En base a las pruebas reunidas, la fiscal consideró que existen elementos suficientes para que el imputado sea juzgado como presunto autor del delito de estafas reiteradas.

Otorgan probation a empleado de una óptica imputado por administración infiel

La investigación de UDEC logró acreditar maniobras por más de 70 millones de pesos. El acusado deberá cumplir reglas de conducta, realizar donaciones de pañales al Hospital Público Materno Infantil y resarcir económicamente al damnificado.

Por expresa disposición  de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Paula Baccaro representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que el juez Federico Diez resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba (probation) a Oscar Sosa, imputado como autor del delito de administración infiel, y homologó el acuerdo de reparación integral alcanzado con la parte damnificada.

En el marco de la resolución, el imputado abonó 25 millones de pesos mediante transferencia bancaria y se comprometió al pago de siete cuotas mensuales de un millón de pesos cada una, a partir de marzo, en concepto de resarcimiento. Asimismo, deberá realizar durante un año una donación mensual de pañales al Hospital Público Materno Infantil y cumplir reglas de conducta, entre ellas la obligación de no cometer nuevos delitos.

La intervención de la UDEC se inició en marzo de 2025, a partir de la denuncia presentada por el representante legal de una empresa dedicada a la comercialización de artículos ópticos y de audiología, contra un empleado que tenía a su cargo la administración de cuentas bancarias.

A partir de las tareas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos-CIF -que incluyeron el análisis de movimientos bancarios, pericias contables, relevamiento documental y cruces de información patrimonial-, el equipo de la  UDEC logró reconstruir la operatoria realizada durante varios años. Se determinó que, entre junio de 2020 y febrero de 2025, el acusado efectuó transferencias desde cuentas de la empresa hacia cuentas propias por más de 70 millones de pesos.

La maniobra fue advertida durante la licencia anual del imputado, cuando quien lo reemplazaba detectó una transferencia de 500 mil pesos desde la cuenta de la empresa a su cuenta personal. Al ser consultado, no pudo justificar la operación y no retomó sus funciones laborales.

El trabajo investigativo permitió constatar un incremento patrimonial que resultó incompatible con los ingresos declarados por el acusado como empleado de comercio de media jornada, observación que consolidó la imputación.

Requieren juicio a un hombre por estafas con viviendas del IPV

El sujeto, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al Instituto Provincial de Viviendas, habría ofrecido a los denunciantes la confección de carpetas para acceder a una vivienda social, a cambio de dinero.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa contra un hombre imputado por el delito de estafas reiteradas (dos hechos), en concurso real.

La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer contra el imputado, al que dijo haber conocido en 2022, cuando él abordó el vehículo que ella conducía como chofer de remis. Según relató, el hombre le manifestó que trabajaba en el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y se habría ofrecido a ayudarla a inscribirse para acceder a una vivienda.

La denunciante señaló que le entregó documentación y dinero en efectivo y que, incluso, el hombre la llevó hasta el barrio Pereyra Rosas —donde aún se construían viviendas— y le dijo que una de esas casas sería para ella. Luego, la contactó nuevamente y le comentó que varias personas se habían dado de baja del programa, por lo que le preguntó si conocía a alguien interesado. Ella le presentó entonces a su hermano y prima.

Tras la investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró acreditado que el denunciado, mediante maniobras engañosas e invocando pertenecer al IPV, ofreció a la damnificada la confección de una carpeta para acceder a una vivienda social, a cambio de $70.000. La mujer, confiando en sus dichos, le entregó esa suma, creyendo que así accedería a una vivienda propia. Posteriormente, entregó otra suma de $60.000 en nombre de su hermano, por una vivienda adicional.

El acusado también la convenció de entregarle otros montos de dinero para distintos fines: $20.000 para pintura y construcción de medianeras, y $100.000 para la supuesta compra de cubiertas de autos. En el caso de la prima, utilizó una modalidad similar, obteniendo de ella $60.000.

De este modo, el imputado logró hacerse de diversas sumas de dinero en beneficio propio, perjudicando el patrimonio de las víctimas.

Intiman a los socios de Neofenix a restituir equipos neonatales del Hospital Materno Infantil

El Juzgado de Garantías 8 ordenó que, en un plazo de cinco días, los equipos sean puestos a disposición del Tribunal con el fin de que sean reintegrados al nosocomio.

Por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó intimar a los socios de la firma Neofenix S.R.L. para que, en el plazo de cinco días hábiles, pongan a disposición del Tribunal seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil, con el fin de que sean restituidos.

En cumplimiento de esa orden judicial, personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF se presentó este mediodía en la sede de Neofenix y efectuó la correspondiente notificación.

Cabe recordar que, durante el registro realizado el jueves 5 de febrero en el segundo piso de la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858, los investigadores constataron la presencia de los seis equipos médicos en ese lugar. Ante esta situación, y a fin de no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio y la jueza de Garantías dispusieron la designación de un depositario judicial.

La intervención de la UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos pertenecientes al nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados al hospital bajo la figura de comodato.

En el marco de la investigación, se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la sociedad Neofenix S.R.L.

Registran una clínica privada y constatan la presencia de equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil

Registran una clínica privada y constatan la presencia de equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil

Tras comprobar la presencia de los equipos neonatales pertenecientes al hospital público, y para no poner en riesgo la vida de los pacientes, se resolvió no secuestrar los dispositivos y avanzar con su identificación y designar un depositario judicial.

Por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana personal de la Unidad de Investigación UDEC realizó un registro en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que la firma presta dentro de la Clínica del Centro – Red IMAC.

Durante la medida se constató la presencia de seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados.

Ante esa situación, y a fin de no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, y de manera conjunta se dispuso no proceder al secuestro de los equipos, ordenándose en cambio su relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, con las responsabilidades legales correspondientes, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento.

La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos de propiedad del nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la figura de comodato.

En el marco de la investigación, se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la sociedad NEOFENIX S.R.L., cuyo objeto social incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría, y que desarrolla sus actividades en la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858.

 

Juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo: Mañana se abrirán dos cajas contables que la Fiscalía considera claves

El tribunal organizó el desarrollo del juicio, se presentó la nueva defensa de los imputados y se definieron los pasos para la incorporación de la documentación del caso.

Se realizó hoy una audiencia preliminar del juicio oral contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, acusados por distintos delitos en perjuicio de la administración pública. 

La jornada se llevó a cabo ante el tribunal presidido por el juez Federico Diez, acompañado por las juezas Paola Marocco y Francisco Mascarello, y contó con la presentación de la nueva defensa de los imputados, tras la renuncia de su anterior representante.

En la audiencia, la fiscal penal Claudia Geria, quien representa al Ministerio Público Fiscal, solicitó la apertura de dos cajas contables que contienen documentación secuestrada relacionada con los movimientos económicos investigados durante la etapa de investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos(UDEC). La medida se realizará con la presencia de los representantes de la Municipalidad de San Lorenzo, de la defensa y de la contadora encargada de la pericia.

El tribunal también dispuso otras medidas para organizar el desarrollo del juicio. Se indicó que la pericia contable se iniciará con la documentación ya disponible y que posteriormente se incorporarán los informes faltantes de los bancos y de la Municipalidad. Se remitirá un oficio a la Corte de Justicia para la designación de un perito calígrafo. 

Además, se declarará la apertura formal del debate y se resolverán los requerimientos presentados por las partes como cuestiones preliminares. Se anunciará la identidad de los testigos que declararán bajo reserva y se establecerá el orden de su intervención.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el actual jefe comunal, quien al asumir su primer mandato ordenó una auditoría externa sobre la gestión de su antecesor. El informe final detectó numerosas irregularidades. Según consta en la causa, el exintendente habría incumplido de manera reiterada las normas que regulan el sistema financiero y la gestión municipal, mientras que los coimputados habrían dispuesto discrecionalmente de recursos públicos, generando un grave perjuicio al erario municipal.

Ernesto “Kila” Gonza está imputado por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. Rogelio Guaymás enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Aldo Gonza está imputado por peculado como partícipe necesario.

Ríos & Asociados: Rechazan modificar la prisión domiciliaria de la líder de la falsa financiera

El juez Leonardo Feoans desestimó el pedido de la defensa para reemplazar el arresto domiciliario por una medida menos gravosa y el planteo de la querella para ampliar las salidas. La imputada, Cynthia Elizabeth del Valle Moya, será juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado.

Por expresa indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduri representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de revisión de medidas sustitutivas respecto de Cynthia Elizabeth Del Valle Moya, próxima a ser juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.

Durante la audiencia, la defensa técnica de la imputada solicitó la modificación de las medidas sustitutivas vigentes, requiriendo que se deje sin efecto el arresto domiciliario y se disponga, en su lugar, una medida menos gravosa.

Por su parte, el querellante y representante legal de varios damnificados, José Fernando Teseyra, solicitó que, en caso de mantenerse la prisión domiciliaria, se amplíen las autorizaciones de salida, requiriendo permisos de carácter más amplio y menos restrictivo, especialmente para cuestiones médicas y vinculadas al hijo de la imputada.

El Ministerio Público Fiscal se opuso a la modificación de las medidas sustitutivas solicitada por la defensa y requirió que se mantenga la prisión domiciliaria, al considerar que subsisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga.

Cabe recordar que en junio de 2025, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Salinas Odorisio y ordenó la remisión de la causa a juicio oral, para que Moya sea juzgada como jefa u organizadora de una asociación ilícita y por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, en concurso ideal.

Asimismo, en diciembre pasado, desde UDEC se requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de otra causa seguida contra Moya por estafas reiteradas (seis hechos), vinculadas a una nueva falsa financiera denominada «Norte & Asociados», iniciada con posterioridad al otorgamiento de las medidas sustitutivas que le permitieron salir de prisión.

Finalmente, el juez Leonardo Feoans rechazó el pedido de la defensa y el planteo de la querella, e hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, disponiendo que se mantenga la prisión domiciliaria. Asimismo, ordenó librar exhorto a la Oficina Judicial (OFIJU) para que los pedidos de salidas sean resueltos conforme a los criterios fijados en ocasiones anteriores.

UDEC investiga una presunta estafa piramidal que involucra a agentes del Servicio Penitenciario y realizan siete allanamientos

El principal investigado se desempeñaba en la Dirección de Administración del SPPS. El esquema habría movilizado más de 2.700 millones de pesos, implicaría a más de un centenar de efectivos y se habría sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.

Durante la mañana de este jueves 18, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad Investigación UDEC realizó, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, un total de siete allanamientos en el marco de una investigación por estafas bajo la modalidad piramidal o esquema Ponzi, que involucra a agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

Del operativo participaron 33 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología, junto a personal de UDEC. Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en la zona centro de la ciudad de Salta, en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos. Como resultado, se secuestraron dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de $1.317.000 en efectivo. Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones.

La fiscal Salinas Odorisio investiga distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relatos, el acusado les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia. El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.

Como suele ocurrir en este tipo de maniobras, las personas denunciantes indicaron que durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que habría reforzado la confianza y favorecido la continuidad de los aportes. Con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas.

Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicación. Otra mujer, personal de seguridad de la Alcaidía General de la Ciudad, manifestó haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunció haber aportado más de $24.000.000, tras lo cual su compañero habría dejado de responder sus mensajes.

A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.

En ese contexto, se detectó también el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simularía inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado.

La investigación permitió además establecer que el denunciado no habría actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros. Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones. Sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornarían improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habría actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.

El mismo patrón se advertiría en otros agentes del Servicio Penitenciario que registran un doble flujo de dinero: transferencias significativas hacia el denunciado y retornos periódicos que se corresponderían con el pago de supuestos intereses. Este mecanismo habría servido para sostener la confianza interna, legitimar el engaño y ampliar la red de captación dentro de la institución.

Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios. Además, consideró que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.

Tras el operativo, el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.

Requieren documentación al Ministerio de Educación en una investigación por presunta falsificación de certificados

La orden de presentación se dictó en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentación. Durante la diligencia, se solicitaron documentos e información de relevancia.

Por disposición de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, durante la mañana de este jueves 18 de diciembre, personal de la UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, se presentó en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta  para dar cumplimiento a una orden de presentación.

El procedimiento se realiza conforme al artículo 312 del Código Procesal Penal de Salta, norma que establece que “en lugar de solicitar el secuestro, el Fiscal podrá ordenar, cuando fuera oportuno, la presentación de los objetos o documentos que considere necesarios…”.

La medida se enmarca en una investigación por presunta falsificación de certificados, los cuales, conforme a la denuncia formulada por el Ministerio de Educación, habrían sido utilizados para incrementar puntaje en los concursos y procesos de designación de cargos.

Al respecto, la fiscal Salinas Odorisio informó que personal de la Unidad de Investigación UDEC se encuentra realizando diversas diligencias investigativas tendientes a establecer la procedencia de los certificados y determinar eventuales responsables.

Requieren elevar a juicio otra causa contra la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados

En esta oportunidad, desde UDEC se la acusa de haber cometido nuevas estafas con una nueva falsa financiera: «Norte & Asociados»; luego de que le concedieran medidas sustitutivas para salir de prisión.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa seguida contra Cynthia Elizabeth Del Valle Moya por estafas reiteradas (seis hechos) y contra Cristina Florencia Laguna por estafas reiteradas (dos hechos).

Moya fue detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas de detención que le habían sido impuestas. Tres días antes, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado su detención por nuevas denuncias que indicaban que había conformado una nueva financiera denominada “Norte & Asociados”, celebrando en Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las utilizadas en los contratos de Ríos & Asociados.

Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022, tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados. En febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio, acusándola de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de jefa/organizadora. Junto a ella hay otras 26 personas imputadas en la causa.

Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia, de la Vocalía 1, Sala 2 del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022 con medidas sustitutivas de detención, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados y con las víctimas de la estafa.

El 25 de junio pasado, el Juzgado de Garantías 2 elevó la causa a juicio.

Nueva financiera

El 22 de agosto de 2023, un hombre denunció haber invertido $800.000, atraído por la promesa de grandes ganancias en la financiera “Norte & Asociados”. Poco después, el 8 de septiembre de 2023, otro hombre denunció haber entregado a un cadete —que habría sido enviado por Moya— el dinero obtenido de la venta de un terreno, bajo la promesa de un alto rendimiento ofrecido por ella. El 12 de septiembre de 2023, un tercer denunciante aseguró haber entregado $700.000 a “Norte Inversiones”, con la promesa de duplicar ese monto a $1.400.000 en un plazo fijo. A estos hechos se suman las denuncias de una mujer que afirmó haber entregado $800.000 mediante un contrato de inversión, y de otra que entregó una motocicleta valuada en $650.000 y $50.000 en efectivo.

Por otra parte, otra mujer denunció en mayo de 2024 que había entregado varias sumas de dinero a Moya en 2017 y 2018, engañada con la simulación de la venta de un departamento “de pozo”.

Los investigadores de la UDEC concluyeron que Moya empleaba en la financiera “Norte & Asociados” un modus operandi similar al utilizado en “Ríos & Asociados”. Las imputadas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura, se presentaban ante las víctimas manifestando conformar la financiera “Norte & Asociados” e incluso utilizaban un CUIT falso. Mediante este engaño, captaban inversores prometiendo importantes ganancias en plazos muy breves (entre 10 y 20 días) por supuestas operaciones en la bolsa de valores o con fondos de inversión. Incluso suscribían contratos de inversión con las víctimas para formalizar la operatoria.