Detienen a una pareja por estafas vinculadas a falsas ofertas laborales en el sector minero

La mujer, que se presentaba como ingeniera, habría captado a decenas de personas con promesas de trabajo en proyectos mineros. Según la investigación, habría creado empresas sin registración formal y les solicitaba dinero a los postulantes para supuestos trámites vinculados al proceso de contratación.

Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó esta mañana dos domicilios y detuvo a un hombre y una mujer, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a contrataciones laborales en el sector minero.

Durante el operativo fueron secuestrados documentación y elementos de interés para la causa. Además, la Fiscal requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero pasado y a la que luego se le sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros. Según lo manifestado, la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector.

De acuerdo con lo recabado hasta el momento, para dar apariencia de legalidad a las maniobras, la ahora detenida promovía la creación de distintas estructuras comerciales. Entre ellas se identificaron Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.

Los investigadores detectaron que, a través de estas empresas, se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- con la promesa de futuras contrataciones en obras que, según manifestaban, estarían vinculadas con empresas del sector. Se les solicitaba dinero para distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.

Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos. Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.

También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva.

Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.

Desde UDEC informaron que la investigación continúa para establecer el alcance del perjuicio económico y la eventual participación de otras personas vinculadas al esquema investigado.

 

 

 

Condenado por estafa en la venta de terrenos en loteo Santa Mónica

Arturo Alfonso Isola fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por vender lotes de un inmueble sobre el que no tenía disponibilidad jurídica, llegando incluso a comercializar más de una vez un mismo terreno.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que el juez Guillermo Pereyra condenó a Arturo Alfonso Isola a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa.

El condenado, ingeniero civil, fue denunciado en 2018 por estafas vinculadas a la venta de terrenos en el loteo Santa Mónica, ubicado al sudeste de la ciudad.

Durante el debate, la fiscalía demostró que Isola vendió lotes de un inmueble —en más de una oportunidad— que no le pertenecía y sobre el cual no tenía disponibilidad jurídica, llegando incluso a realizar múltiples ventas sobre un mismo terreno.

En su alegato, Salinas Odorisio había solicitado la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y señaló que, si bien el imputado fue juzgado por un hecho puntual, la maniobra de estafa que instrumentó en su momento fue de gran magnitud y generó numerosas denuncias. Muchas de ellas prescribieron cuando el Estado provincial dispuso la expropiación del inmueble en 2015.

Juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo: Declararon el actual intendente y el expresidente del Concejo, ambos denunciantes en la causa

La investigación se inició tras una denuncia presentada luego de una auditoría que detectó irregularidades y presunto uso discrecional de recursos públicos en la gestión del exintendente Gonza.

La fiscal penal Claudia Geria representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio seguida contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, imputado como presunto autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.

En el mismo proceso también son juzgados el contador Rogelio Guaymás, imputado por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, y Aldo Dalmiro Gonza, acusado del delito de peculado en calidad de partícipe necesario.

Durante la semana pasada se dio a conocer que la pericia contable fue concluida y agregada a la causa, quedando pendiente la declaración de la profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que la realizó.

Durante la audiencia de hoy, declaró el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia Arias, quien brindó precisiones sobre la denuncia que presentó en 2020 tras asumir al frente del municipio. El funcionario relató que al iniciar su gestión no pudo concretarse una transición administrativa con las autoridades salientes, por lo que el día de su asunción debió concurrir al edificio municipal acompañado por escribanos para dejar constancia del estado en que se recibía la comuna.

En ese marco, señaló que se detectaron serias irregularidades administrativas, entre ellas dificultades para acceder a oficinas, eliminación de registros informáticos y faltante de documentación vinculada a la gestión anterior. Indicó que ante ese panorama se dispuso una auditoría interna, cuyo informe final advirtió diversas inconsistencias en el manejo de fondos municipales.

Según explicó, entre los aspectos observados se encontraron cheques emitidos sin respaldo de procedimientos administrativos, pagos sin procesos de contratación y un sistema informal de entrega de dinero mediante “vales” a funcionarios, situaciones que —según afirmó— generaron complicaciones financieras al inicio de su gestión. También mencionó otras irregularidades detectadas en relación con bienes municipales y contrataciones, lo que motivó la presentación de la denuncia para que se investigara el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior.

Juan Pablo Dávalos, expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo y denunciante en la causa, declaró que durante 2019 el cuerpo deliberativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para afrontar sus gastos de funcionamiento ni para el pago de las dietas de los concejales.

En su testimonio señaló además que desde el Concejo se realizaron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo, en el marco de las facultades de control que ejerce el órgano legislativo. Sin embargo, sostuvo que la mayoría de esos requerimientos no obtuvo respuesta, lo que —según indicó— impidió al Concejo Deliberante cumplir plenamente con su función de contralor sobre la administración municipal.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.

 

Imputaron a tres hombres por presuntas estafas vinculadas a la construcción de viviendas

La causa se inició a partir de dos denuncias de mujeres que entregaron dinero para la construcción de casas a la firma Tecnohouse y que no se concretaron. Los imputados se abstuvieron de declarar.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a tres hombres de la empresa Tecnohouse por el delito de estafas reiteradas (dos hechos) en concurso real.

Durante la audiencia, los imputados hicieron uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía.

La intervención de UDEC comenzó en mayo pasado, a partir de la denuncia de una mujer que relató haber visto un programa televisivo en el que se promocionaba el acceso a la vivienda propia a través de una firma denominada Tecnohouse. Según expuso, ingresó al sitio web oficial de la empresa, donde se indicaba que se especializaba en construcciones personalizadas y adaptadas a las necesidades del cliente.

Con esa información, se contactó con el representante local y entregó $15.640.503 para la construcción de una vivienda en un barrio de Cerrillos. De acuerdo con la denuncia, la empresa no había iniciado la construcción. La mujer señaló que uno de los imputados se desempeñaba como encargado de ventas, otro realizaba los cobros y el tercero estaría a cargo de la obra.

En un segundo hecho, otra mujer denunció que en enero de 2024 abonó a la misma empresa 7.100 dólares para la construcción de una vivienda de material. En julio de ese año decidió rescindir el contrato y solicitó la devolución del 55% del dinero entregado, conforme a lo pactado. Hasta septiembre, aseguró, no había recibido reintegro alguno.

En el marco de la investigación, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF requirió informes comerciales sobre personas físicas y jurídicas vinculadas. De acuerdo con el reporte incorporado a la causa, la firma presentaría una situación financiera precaria, con un informe de scoring que indica que solo el 30,22% de sus cheques fueron abonados. Además, se consignó actividad negativa ante el Banco Central de la República Argentina en los últimos dos años, con clasificaciones crediticias que van de “Cumplimiento Inadecuado” a “Cumplimiento Deficiente”.

Falsificación de certificados: Abren decreto de imputación a 53 docentes

Habrían presentado certificados apócrifos para incrementar su puntaje en concursos y procesos de designación de cargos en el Ministerio de Educación de Salta. En la misma causa, dos mujeres ya fueron imputadas provisionalmente por falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública y asociación ilícita en concurso real.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, abrió decreto de imputación a 53 docentes, quienes habrían presentado certificados apócrifos para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos en el Ministerio de Educación de Salta.

En la misma causa, el miércoles pasado dos mujeres fueron detenidas e imputadas provisionalmente por los delitos de falsificación de instrumento privado, en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita, en concurso real.

Durante la audiencia, ambas fueron asistidas por abogados particulares. Una de ellas hizo uso de su derecho a no declarar ni contestar preguntas de la Fiscalía, mientras que la otra declaró y aseguró que ella también era víctima.

La intervención de UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025 a partir de la denuncia del Secretario de Gestión Educativa quien advirtió que una auditoría interna había detectado una maniobra masiva de incorporación de certificados presuntamente apócrifos en procesos de valoración docente. Sobre 292 unidades educativas auditadas, se identificaron 291 inscripciones con documentación irregular, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados, en un sistema donde las Juntas Calificadoras comparten base de datos, lo que amplificó el perjuicio.

Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF requirió documentación y avanzó con tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos. Se estableció que los docentes eran captados a través de Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”, donde se ofrecían diplomaturas con puntaje supuestamente avaladas por instituciones reales. Tras pagos de entre $95.000 y $360.000, recibían certificados en PDF con firmas y sellos escaneados.

El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en bases oficiales, con duplicaciones y numeraciones inexistentes. A partir de pericias sobre conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, informes telefónicos y movimientos bancarios, se individualizó a tres personas con roles definidos: una docente del sur provincial encargada de la captación y cobro; otra mujer en el norte que brindaba soporte y canalizaba consultas bajo identidad ficticia; y un hombre radicado en San Carlos de Bariloche señalado como administrador digital y receptor de fondos.

Hasta el momento, la investigación determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra con documentación apócrifa.

Desde UDEC se informó que continúa la investigación sobre otros certificados denunciados.

Falsificación de certificados docentes: Allanamientos y dos mujeres detenidas

La investigación permitió determinar la existencia de una organización que operaba en el norte y sur de la provincia, con ramificaciones en San Carlos de Bariloche. La maniobra consistía en la emisión de diplomaturas y postítulos apócrifos que eran utilizados para sumar puntaje docente.  Hasta el momento, se determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra.

Bajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF procedió al allanamiento de cuatro domicilios, al secuestro de documentación y a la detención de dos mujeres.

El operativo se realizó en el marco de  la investigación por presunta falsificación de certificados, que, según la denuncia del Ministerio de Educación, habrían sido utilizados para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos. Los domicilios allanados se encuentran en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación.

La intervención de la UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025, con la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.

Precisó que, de las 292 unidades educativas auditadas hasta ese momento, se habían detectado 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. Además, expresó que se trataba de hechos de extrema gravedad, dado que se habían asignado cargos y puntajes con documentación inexistente y que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.

Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa.

A partir de tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos, los investigadores determinaron que los docentes eran captados a través de la red social Facebook mediante perfiles denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. A través de esos contactos, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas que oscilaban entre los $95.000 a $360.000, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.

El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidieron con registros válidos.

Roles y funcionamiento

A través del análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF logró individualizar a tres personas fundamentales en la organización. Los informes telefónicos permitieron establecer titularidades, equipos utilizados y localización de líneas, mientras que las pericias bancarias evidenciaron un flujo constante de transferencias entre dos mujeres y un hombre, con derivaciones casi inmediatas hacia este último.

Las tres personas investigadas actuaban una en el norte, otra en el sur provincial y un hombre en San Carlos de Bariloche. Una de ellas es una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González, con domicilio en Coronel Mollinedo, quien cumplía el rol de captación y nexo territorial en el distrito sur. Operaba bajo el contacto “Prof. Vende Diplomaturas”, ofrecía títulos sin cursado y con calificaciones asignadas, y recibía los pagos en cuentas a su nombre.

Otra mujer, con domicilio en Embarcación, actuaba como soporte y validación técnica en el distrito norte. Utilizaba el alias “Ana Guzmán” y un número con prefijo 11 para canalizar consultas y reforzar la apariencia de legitimidad. Su intervención estaba vinculada a la gestión administrativa del circuito y a movimientos de fondos relacionados con el principal receptor.

Por último, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche sería el administrador digital y destinatario de parte del dinero.

La investigación determinó, hasta el momento, que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa. En los chats incorporados a la causa, varios reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.

Desde UDEC se informó que la investigación continúa respecto de los restantes certificados denunciados.

Ordenan la restitución al HPMI, en carácter de depositario judicial, de equipos neonatales secuestrados

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 8 en el marco de una causa por presunto peculado que involucra a cuatro socios de Neofénix SRL.

En el marco de la investigación por la presunta sustracción irregular de equipos médicos pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, fue notificada por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, de la resolución mediante la cual dispuso librar oficio al Hospital Público Materno Infantil para que su gerente o personal autorizado comparezca ante el Tribunal a retirar los equipos médicos neonatales secuestrados en el marco de la causa.

En su escrito, la jueza ordenó que los seis artefactos sean restituidos al HPMI en carácter de depositario judicial, una vez firme la resolución.

La investigación se inició tras una denuncia realizada por el director del hospital, quien advirtió la sustracción irregular de equipamiento médico perteneciente al nosocomio.

Personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató la presencia de seis equipos médicos, cuyos números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.

El viernes 13 de febrero, los cuatro socios de la firma Neofenix S.R.L. fueron imputados provisionalmente por el delito de peculado y, en esa misma jornada, efectuaron la entrega de los equipos en el Juzgado de Garantías 8.

Condenan a un hombre por cuatro estafas vinculadas a la compra y venta de vehículos

En el marco de dos causas acumuladas, el acusado reconoció su responsabilidad en cuatro hechos de estafa, que incluyeron el libramiento de cheques sin fondos, la utilización de cuentas de terceros y la venta de rodados sin autorización. Fue condenado a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Gabriela Romero Nallar condenó a Héctor Rubén Jiménez a la pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional.

La jueza homologó el acuerdo alcanzado por las partes, mediante el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de estafas (cuatro hechos), en el marco de dos causas acumuladas vinculadas a maniobras fraudulentas en operaciones de adquisición y disposición de vehículos, libramiento de cheques sin fondos y utilización de datos bancarios de terceros.

En la primera de las causas, se tuvo por acreditado que Jiménez simuló solvencia económica para celebrar un contrato de alquiler de un vehículo y entregó como pago cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. Tras obtener la tenencia del automóvil, lo vendió a un tercero sin autorización de su propietario.

En la segunda causa, el condenado adquirió un vehículo comprometiéndose a abonar el precio pactado, pero realizó únicamente pagos parciales mediante transferencias electrónicas efectuadas desde la cuenta bancaria de un tercero. Para concretar la maniobra, indujo a otra persona a abrir una cuenta a su nombre, desde la cual canalizaba las transferencias, procurando así dificultar su identificación. Luego, sin haber cancelado el saldo adeudado, vendió el vehículo a un tercero y percibió por esa operación una suma de varios millones de pesos.

UDEC solicitó la restitución definitiva de equipos neonatales al Hospital Público Materno Infantil

Tras la intimación dispuesta por el Juzgado de Garantías 8, los socios de Neofenix SRL entregaron el viernes pasado los seis equipos clínicos en sede judicial.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, recibió vista del Juzgado de Garantías 8 respecto de la entrega en el Tribunal de seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales por parte de la firma Neofenix SRL.

En ese marco, la fiscal Salinas Odorisio requirió la inmediata restitución -en carácter definitivo- de los equipos al Hospital Público Materno Infantil.

Cabe recordar que la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, había intimado a los socios de Neofenix SRL a que, en el plazo de cinco días, pusieran a disposición del Tribunal los seis equipos en cuestión, medida que fue cumplida el viernes pasado.

Los cuatro socios de la firma se encuentran imputados provisionalmente por el delito de peculado.

Imputan provisionalmente a cuatro socios de Neofénix por peculado

Imputan provisionalmente a cuatro socios de Neofénix por peculado

Durante la audiencia fueron asistidos por abogados particulares y dieron su versión de los hechos. 

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a cuatro socios de la sociedad Neofénix S.R.L., quienes tienen o tuvieron vínculo con el Hospital Público Materno Infantil, por el presunto delito de peculado.

Durante la audiencia, los imputados fueron asistidos por abogados particulares. Tres de ellos  brindaron su versión de los hechos y uno se abstuvo de declarar, manifestando que lo haría por escrito.

La intervención de la UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos pertenecientes al nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados al hospital bajo la figura de comodato.

El jueves 5 de febrero, personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.