Durante el encuentro acordaron profundizar la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta, con especial énfasis en el uso de tecnología y el fortalecimiento de las investigaciones.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió al ministro de Seguridad y Justicia, Nicolás Avellaneda, y al secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, en una reunión de trabajo destinada a consolidar y profundizar las acciones conjuntas que desarrollan el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta. Del encuentro también participó el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.
La reunión se realizó en la sede de la Procuración General y constituyó el primer encuentro institucional con Avellaneda, desde su reciente asunción al frente de la cartera de Seguridad, en reemplazo de Gaspar Solá Usandivaras.
Durante la jornada, los funcionarios analizaron distintos aspectos vinculados al trabajo articulado entre ambos organismos y coordinaron la continuidad de las acciones que se vienen desarrollando de manera conjunta, considerando el rol de la Policía de Salta como auxiliar de la Justicia y su importancia en las tareas investigativas que llevan adelante los fiscales.
Al término de la reunión, García Castiella destacó la relevancia de mantener y fortalecer estos espacios: “Es indispensable continuar y profundizar este trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y la fuerza de seguridad provincial”, señaló.
El Procurador General remarcó además la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas que permitan optimizar la labor investigativa y la coordinación operativa, al tiempo que sostuvo que la incorporación y el desarrollo de tecnología contribuyen a “mejorar la seguridad y la eficiencia en el trabajo conjunto entre fiscales y la fuerza policial”.
Asimismo, destacó que estas acciones tienen un impacto directo en la comunidad, al “fortalecer las políticas de seguridad y brindar mayores niveles de protección y tranquilidad a los ciudadanos”.
Por su parte, el ministro Avellaneda resaltó la voluntad de continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal, para potenciar las distintas acciones que lleva adelante el Ministerio de Seguridad junto a la Policía de la Provincia.
El funcionario explicó que “el objetivo común es fortalecer las estrategias de prevención e investigación para mejorar la seguridad en todo el territorio provincial”.
Reunión del Procurador General con el Ministro de Seguridad
Con la incorporación del nuevo Asesor General de Incapaces, el Ministerio Público volvió a contar con la integración plena de su Colegio de Gobierno.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, asistió, junto al gobernador Gustavo Sáenz y a la defensora general, Ada Zunino, al acto de asunción del doctor Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces de la Provincia.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Facundo de Zuviría de la Ciudad Judicial, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, magistrados, funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público, familiares e invitados.
Con la incorporación de Solá Usandivaras, quedó nuevamente conformado el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, órgano encargado de la conducción institucional del organismo e integrado por el Procurador General, la Defensora General y el Asesor General de Incapaces, conforme a lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La integración plena del Colegio de Gobierno fortalece el funcionamiento institucional del Ministerio Público y consolida el trabajo coordinado de sus tres ramas: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Pupilar, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Gaspar Solá Usandivaras asumió al frente del Ministerio Público Pupilar, organismo encargado de velar por la protección y representación de los derechos e intereses de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y demás personas que requieren tutela especial.
El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente que integra el sistema de administración de Justicia de la Provincia y es dirigido por el Colegio de Gobierno, integrado por sus tres máximas autoridades institucionales.
En el marco de una jornada de fortalecimiento institucional, se suscribieron convenios orientados a profundizar la cooperación entre los distintos organismos del sistema de justicia.
En el marco de la Jornada de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, el procurador general de la Provincia de Salta,Pedro García Castiella, participó este lunes de la firma de tres convenios de cooperación junto al gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ignacio Jarsún, y el rector de la Universidad Católica de Salta, Federico Colombo Speroni.
Los acuerdos contemplan la implementación de acciones conjuntas para fortalecer la mediación comunitaria, avanzar en la aplicación del Régimen Penal Juvenil y promover la adhesión al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM).
Durante su exposición, García Castiella recordó que Salta fue una de las primeras provincias del país en adherir, en 2014, a la Ley Nacional N.º 26.052 de Desfederalización del Microtráfico, y destacó la importancia de que el Gobierno nacional auspicie ahora la incorporación de más jurisdicciones a ese esquema de trabajo.
El Procurador General señaló que el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos conexos constituyen fenómenos complejos que exceden los límites jurisdiccionales, por lo que consideró indispensable consolidar políticas públicas coordinadas entre la Nación y las provincias, a través de agendas comunes y coordinadas entre fuerzas federales y provinciales y sus respectivas jurisdicciones judiciales , reivindicando y resaltando los notables logros del plan Güemes ejecutado en la provincia de Salta.
En ese sentido, recordó que esta posición ha sido sostenida de manera permanente por el Consejo Federal de Procuradores, al entender que la persecución eficaz del crimen organizado requiere una estrategia común, intercambio de información y cooperación institucional.
«La experiencia y la historia nos enseñan que no se puede combatir el crimen organizado en compartimentos estancos, porque el delito no reconoce jurisdicciones ni fronteras. Solamente mediante una agenda común y una verdadera coordinación entre la Nación y las provincias podremos obtener resultados exitosos», afirmó García Castiella.
La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta y reunió a autoridades nacionales, provinciales, integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, representantes de la comunidad académica, mediadores y operadores del sistema de justicia.
La jornada estuvo orientada a fortalecer las políticas de cooperación institucional y a consolidar herramientas que permitan mejorar la respuesta del sistema de justicia frente a los desafíos actuales, especialmente en materia de criminalidad organizada, acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos.
Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa vigente para adecuarla a los paradigmas del nuevo Código Procesal Penal y optimizar el uso de los bienes incautados.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, se reunió con diputados provinciales, con el objetivo de avanzar en el análisis de la modificación y actualización de la Ley de Secuestros.
El intercambio permitió unificar las visiones del Poder Legislativo y de la Procuración, estableciendo una agenda de trabajo conjunto dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para lograr una ley operativa, ágil y equilibrada.
«Es altamente auspicioso que este tema se ponga en la agenda legislativa. Es un asunto muy sensible, en el que nosotros venimos trabajando hace varios meses”, expresó el Procurador, quien detalló que la matriz de la actual ley de secuestros está pensada “en función de los sistemas viejos”, como el sistema inquisitivo o el acusatorio de primera generación, y “los avances en las reformas procesales que tuvimos requieren un acompañamiento”.
Del la reunión, desarrollada en la sede de la Procuración, tomaron parte los diputados provinciales Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, todos coautores del proyecto de modificación de la Ley de Secuestros, que ya tomó estado parlamentario.
En tanto, por el Ministerio Público Fiscal también participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y la coordinadora de Informática y Modernización de la Procuración, Patricia Aballay.
La intención es trabajar en una norma cuidadosa, que permita fortalecer las investigaciones, tener en cuenta los derechos de las personas y lograr un sano equilibrio entre los ciudadanos y la administración de justicia.
El Procurador sostuvo: “Nos ponemos a disposición con todas las áreas que desde el Ministerio Público vienen trabajando en esta iniciativa, para integrarnos y compatibilizar los textos, y en un tiempo muy próximo podamos tener una nueva ley de secuestros”.
A su turno, el diputado Cuéllar, que representa al departamento Anta e integra la Comisión de Justicia de la Cámara Baja provincial, explicó que el encuentro con el Procurador surgió tras la presentación de la iniciativa, que se fundamenta en la existencia de “una gran problemática, principalmente con los vehículos secuestrados, que están en depósitos o a la intemperie, en distintas comisarías”.
Por otro lado, señaló que “existe una necesidad de los poderes públicos de contar con algunas herramientas, siempre respaldando el derecho de propiedad y las garantías del proceso”, y apuntó que la reunión sirvió para “presentar el proyecto y conocer las opiniones de la Procuración”, al tiempo que destacó que la intención es que la ley contenga los criterios del Nuevo Código Procesal Penal y sirva para “agilizar los procesos”.
“La idea es que estos elementos, que muchas veces están secuestrados de manera inútil, puedan ser puestos a disposición de tareas investigativas o de agentes sanitarios”, ejemplificó el legislador, quien resaltó que lo que se busca es plasmar este trabajo conjunto en una ley que sea “realmente operativa” y constituya “una herramienta eficaz”.
Al finalizar, adelantó que, al tratarse de un tema que también estaba en la agenda de la Procuración, se los invitó «a participar del trabajo en la Comisión de Justicia, para consolidar una herramienta sólida para el trabajo de los fiscales, del Poder Judicial y una solución concreta para los vecinos».
El Procurador General se reunió con Diputados para avanzar en el proyectoEl Procurador General se reunió con Diputados para avanzar en el proyecto
El intercambio incluyó la presentación de los alcances de la reforma penal implementada en Salta y permitió compartir experiencias sobre la articulación institucional y el soporte científico a las investigaciones penales.
Una delegación integrada por autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de La Rioja visitó Salta con el objetivo de interiorizarse sobre la experiencia local en la implementación del sistema procesal penal acusatorio adversarial y conocer el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), considerado un organismo de referencia en materia de investigación científica aplicada al proceso penal.
La comitiva fue recibida este jueves por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en el marco de una agenda de intercambio institucional destinada a compartir experiencias vinculadas con la reforma de la justicia penal. La Rioja transita actualmente su propio proceso de implementación del sistema acusatorio, para lo cual constituyó una comisión específica mediante ley provincial.
Las actividades comenzaron con una jornada encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, junto a jueces del máximo tribunal provincial, durante la cual se expusieron los principales lineamientos de la reforma procesal penal implementada en Salta y el proceso de transición hacia un modelo acusatorio sustentado en la oralidad como eje central del procedimiento, vigente desde el pasado 4 de mayo.
Posteriormente, la delegación recorrió las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde visitó laboratorios forenses, áreas de criminalística y la morgue judicial, y conoció el funcionamiento de las distintas unidades técnicas y científicas que brindan apoyo a las investigaciones penales, así como la articulación del organismo con el sistema acusatorio.
Durante la visita, el fiscal general de La Rioja, Javier Ramón Vallejos, destacó el valor del intercambio institucional y sostuvo que “venir a Salta permite observar una experiencia consolidada en la implementación del sistema acusatorio adversarial”. Asimismo, remarcó que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales constituye “un centro de investigaciones forenses de referencia, con tecnología de punta y un rol clave dentro del sistema”.
Finalmente, señaló que conocer “la metodología de trabajo, la articulación institucional y el desarrollo alcanzado en Salta” resulta fundamental para adaptar esas experiencias al proceso de reforma que lleva adelante La Rioja.
Participaron de las actividades, en representación de la Corte de Justicia de Salta, su presidenta Teresa Ovejero; el vicepresidente Gabriel Chibán; y los jueces de Corte María Edith Nallim, Fabián Vittar, Pablo López Viñals, Martín Díaz Villa y Martín Plaza. Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes el auxiliar fiscal del CIF, Nicolás Montaldi, y el jefe del Departamento Técnico Científico, Pedro Villagrán. La delegación riojana estuvo integrada por el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zárate; el fiscal general de la provincia, Javier Ramón Vallejos; el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital, Héctor Daniel Barría; la jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Capital, Edith Elizabeth Agüero; y los funcionarios Leila Luciana Furrer, Juan Manuel Casas y Juan Manuel Serio.
Recorrió las instalaciones, se reunió con la fiscal penal Carolina Mateo Bellini y supervisó los circuitos de trabajo implementados para la atención inmediata de casos de flagrancia.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, visitó este miércoles las instalaciones de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, cuya actividad operativa comenzó a las 00.00 horas de este 24 de junio en el Distrito Judicial Centro, con excepción de Cafayate. Durante la recorrida mantuvo una reunión de trabajo con la fiscal penal Carolina Mateo Bellini, responsable de la dependencia.
Estuvo acompañado por la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; y la coordinadora de Informática, Patricia Aballay. Junto al personal asignado, se interiorizó sobre las modalidades de intervención previstas, los sistemas informáticos habilitados y los procedimientos diseñados para la tramitación de casos de flagrancia.
En ese marco, García Castiella destacó la importancia de esta herramienta institucional para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal y brindar soluciones más rápidas y eficientes a la ciudadanía.
La puesta en funcionamiento de la Unidad de Flagrancia fue dispuesta mediante la Resolución N° 1741 de la Procuración General y se enmarca en la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal de Salta, establecido por la Ley N° 8520, que adopta un sistema acusatorio, adversarial, oral y público y asigna al Ministerio Público Fiscal la titularidad exclusiva de la acción penal pública y la dirección de la investigación penal preparatoria.
La dependencia interviene de manera inmediata cuando una persona es sorprendida mientras comete o intenta cometer un delito, inmediatamente después de haberlo consumado o intentado, cuando es perseguida o señalada de forma inmediata como autora del hecho, o cuando existen registros fílmicos u otros medios tecnológicos que permiten identificarla en forma inmediata. Asimismo, tiene competencia en casos de evasión de establecimientos de detención y en situaciones que requieran una detención urgente para asegurar el desarrollo de la investigación.
Su creación tiene por finalidad concentrar las diligencias investigativas durante las primeras horas posteriores al hecho y fortalecer los principios de celeridad, concentración, simplicidad y desformalización previstos en la nueva normativa procesal.
Participó de una mesa de trabajo junto a autoridades provinciales y representantes del Poder Judicial, donde se abordó la situación de la frontera norte y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó de una mesa de trabajo junto al embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns, autoridades del Poder Judicial y representantes del Gobierno provincial, donde se analizaron estrategias de cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en la frontera norte del país.
Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se abordaron distintas problemáticas vinculadas a las organizaciones delictivas que operan en la región y se evaluaron posibles líneas de cooperación bilateral en materia de seguridad.
En ese marco, García Castiella expuso los resultados obtenidos por el Ministerio Público Fiscal en los últimos dos años en la investigación y persecución de organizaciones criminales complejas, además de destacar la disminución de los índices de homicidios registrados en localidades fronterizas.
Las autoridades coincidieron en la importancia estratégica de Salta en la lucha contra las distintas modalidades delictivas vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales, y analizaron acciones conjuntas que permitan profundizar la cooperación internacional en la materia.
Participaron también el vicepresidente de la Corte de Justicia, Gabriel Chibán; el juez de Corte, Martín Plaza; el cónsul británico en Salta, Mike Follett, y el coordinador General del Ministerio de Seguridad, Sebastián Schmidt.
Abordaron el trabajo que viene desarrollando el área especializada, las nuevas certificaciones obtenidas y la articulación institucional que permitió fortalecer las técnicas de investigación con canes.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, mantuvo un encuentro con la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez; el director general de Investigaciones de la Policía de Salta, comisario general Oscar Chocobar; y la subcomisario Marilú Vázquez, a cargo de la División Investigativa Canina de la Policía de la Provincia, quienes informaron sobre las recientes certificaciones obtenidas por los canes especializados de la fuerza provincial y el trabajo articulado que posiciona a Salta como referente nacional en materia de odorología forense y técnicas investigativas con canes.
“Es muy importante el crecimiento sostenido de la División Canes de la Policía de la Provincia, que nos asiste en muchísimos casos y es fundamental en el marco de la investigación forense, donde la pericia odorológica adopta un rol cada vez más preponderante”, expresó el Procurador General.
Asimismo, felicitó la tarea del área por “el profesionalismo, el compromiso y el valioso aporte que realizan al servicio y el fortalecimiento de la justicia, con estándares científicos y certificaciones internacionales de calidad”.
García Castiella agradeció además el libro de autoría del reconocido médico veterinario, perito en Odorología Forense y presidente de la Asociación Nacional de Odorología, Mario Rosillo, recibido durante la reunión, y destacó la importancia de continuar ampliando “las capacidades y facultades investigativas” de la División Canes, que “continúa consolidándose como un área de referencia a nivel provincial y nacional”.
Por su parte, la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez, recordó que en 2018 fue convocada por la División Canes para dejar constancia notarial de los protocolos y procedimientos utilizados en la certificación de los animales especializados.
Explicó que el modelo implementado en Salta despertó el interés de otras provincias, que realizaron consultas sobre el sistema de certificación aplicado localmente.
“Me llena de orgullo que nuestra provincia sea pionera, tanto por el trabajo de la División Canes como por la tarea notarial que realizamos desde la Escribanía de Gobierno”, expresó.
Galíndez destacó además que las actas notariales constituyen un medio de prueba fundamental en procesos judiciales y pericias, ya que permiten acreditar científicamente que los canes aprobaron las evaluaciones correspondientes bajo estándares internacionales.
“Certificar bajo normas internacionales hace a una Policía más eficiente y de calidad. Que otras provincias hayan tomado nuestro ejemplo nos llena de orgullo a todos los salteños y debemos seguir apoyando a la División Canina, que realiza un trabajo realmente excepcional”, concluyó.
Durante la reunión, el director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia, comisario general Oscar Chocobar, destacó “el buen trabajo que viene realizando la División de Investigaciones Caninas a nivel provincial y nacional, donde somos referentes”.
Explicó además que recientemente se desarrolló una capacitación brindada por el doctor Mario Rosillo, reconocido referente nacional e internacional en odorología, a partir de la cual se logró “la certificación de caninos en diversas especialidades, entre ellas detección de divisas y búsqueda de restos óseos y restos humanos”.
Chocobar señaló que el encuentro con el Procurador General permitió poner en conocimiento las distintas gestiones realizadas para concretar estas certificaciones, en un trabajo articulado con la Escribanía de Gobierno y referentes del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, la subcomisario Marilú Vázquez explicó que la División Canes de la Policía de la Provincia cuenta actualmente con cuatro secciones especializadas: Odorología Forense, Búsqueda de Personas Extraviadas y Restos Humanos, Fuga de Divisas y Sección Armas de Fuego.
Detalló que los canes fueron evaluados y certificados por el doctor Mario Rosillo, a quien definió como “una eminencia reconocida internacionalmente”, que capacita a fuerzas de seguridad de distintos países.
Recordó además que en 2018 Salta inició las capacitaciones en odorología junto al especialista, lo que permitió incorporar formalmente esta técnica en la provincia en 2019, mediante una resolución del Ministerio Público y la implementación del Manual de Procedimientos de Odorología Forense de la Policía de Salta.
Vázquez reveló que la División fue creada en 2022 para profundizar la formación de canes investigativos especializados, entrenados por guías e instructores en distintas disciplinas, y destacó el acompañamiento de la Escribanía de Gobierno, que desde 2018 certifica los procedimientos y aptitudes de los canes mediante actas notariales.
Asimismo, indicó que el trabajo se realiza “bajo normas internacionales ASB/OSAC, que exigen estrictos requisitos para aprobar y certificar las distintas disciplinas”, permitiendo que los canes intervengan en allanamientos, búsquedas y procedimientos tanto en Salta como en cooperación con otras provincias y organismos gubernamentales y no gubernamentales.
En ese sentido, recordó la participación de la División Canes en la provincia de Corrientes, a solicitud del Ministerio de Seguridad correntino, en el marco de la búsqueda del niño Loan, “un caso de relevancia nacional en el que participaron canes especializados de Salta”.
La funcionaria resaltó además que los equipos intervienen en investigaciones de alto impacto social, como homicidios, femicidios, secuestros extorsivos, robos calificados y abusos sexuales con acceso carnal, entre otros delitos, aportando respuestas a la Justicia a través de procedimientos científicos desarrollados bajo estrictos protocolos de bioseguridad y legalidad.
“Venimos dando respuestas para nuestra provincia y para la comunidad salteña, para que las personas que atraviesan situaciones críticas sepan que existe una respuesta de la Justicia”, sostuvo.
Autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ejecutivo Provincial analizaron el impacto del “reto viral nacional” que derivó en múltiples intervenciones judiciales en Salta. Se registran demoras, detenciones y causas penales en curso.
El procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, con el objetivo de evaluar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar.
Durante el encuentro analizaron el alcance de la problemática que se registró en la última semana en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el contexto de un “reto viral” replicado en Argentina y otros países. Según se informó, hasta la fecha se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
Las autoridades evaluaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas, así como la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas.
La Ministra de Educación informó que el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y que continuará desarrollándose con normalidad, garantizando la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones. Asimismo, indicó que se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los actos denunciados. Señaló también que este año se aplica una normativa innovadora con protocolos de actuaciones para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
En este sentido analizaron la creación de una unidad de prevención con intervenciones para las que serían convocados padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26892 que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Por su parte, el Ministro de Seguridad destacó el importante despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención, control y procedimiento, y remarcó la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas de menores a su cargo.
El Procurador General resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal, enfatizando en la estrategia conjunta que abarca tanto la investigación de los hechos como la implementación de acciones preventivas.
Finalmente, avanzaron en la planificación de nuevas instancias de capacitación dirigidas a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de este tipo de conductas.
En el marco de los procedimientos constitucionales y legales vigentes, se formalizaron nuevas designaciones en el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Centro.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres nuevos fiscales penales del Distrito Judicial del Centro, en una ceremonia llevada a cabo con la constitución del Colegio de Gobierno, integrado junto a la defensora general, Ada Zunino, y con la participación de los jueces de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo, Edith Nallim, Martín Plaza y Gabriel Chiban, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, magistrados, funcionarios, legisladores y familiares.
En ese marco, y conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se procedió a la toma de juramento de los profesionales que concursaron para sus respectivos cargos, fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura y designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Mediante decreto N° 139 asumió como fiscal penal del Distrito Judicial del Centro Miguel Martín Ávila; por decreto N° 213 fue designada en el mismo cargo Clelia Poma; y mediante decreto N° 214 asumió como fiscal penal del mismo distrito Esteban Martearena.
Durante el acto, los nuevos fiscales prestaron juramento de desempeñar sus funciones con lealtad y patriotismo, comprometiéndose a observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
