Participó de una mesa de trabajo junto a autoridades provinciales y representantes del Poder Judicial, donde se abordó la situación de la frontera norte y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó de una mesa de trabajo junto al embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns, autoridades del Poder Judicial y representantes del Gobierno provincial, donde se analizaron estrategias de cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en la frontera norte del país.
Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se abordaron distintas problemáticas vinculadas a las organizaciones delictivas que operan en la región y se evaluaron posibles líneas de cooperación bilateral en materia de seguridad.
En ese marco, García Castiella expuso los resultados obtenidos por el Ministerio Público Fiscal en los últimos dos años en la investigación y persecución de organizaciones criminales complejas, además de destacar la disminución de los índices de homicidios registrados en localidades fronterizas.
Las autoridades coincidieron en la importancia estratégica de Salta en la lucha contra las distintas modalidades delictivas vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales, y analizaron acciones conjuntas que permitan profundizar la cooperación internacional en la materia.
Participaron también el vicepresidente de la Corte de Justicia, Gabriel Chibán; el juez de Corte, Martín Plaza; el cónsul británico en Salta, Mike Follett, y el coordinador General del Ministerio de Seguridad, Sebastián Schmidt.
Abordaron el trabajo que viene desarrollando el área especializada, las nuevas certificaciones obtenidas y la articulación institucional que permitió fortalecer las técnicas de investigación con canes.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, mantuvo un encuentro con la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez; el director general de Investigaciones de la Policía de Salta, comisario general Oscar Chocobar; y la subcomisario Marilú Vázquez, a cargo de la División Investigativa Canina de la Policía de la Provincia, quienes informaron sobre las recientes certificaciones obtenidas por los canes especializados de la fuerza provincial y el trabajo articulado que posiciona a Salta como referente nacional en materia de odorología forense y técnicas investigativas con canes.
“Es muy importante el crecimiento sostenido de la División Canes de la Policía de la Provincia, que nos asiste en muchísimos casos y es fundamental en el marco de la investigación forense, donde la pericia odorológica adopta un rol cada vez más preponderante”, expresó el Procurador General.
Asimismo, felicitó la tarea del área por “el profesionalismo, el compromiso y el valioso aporte que realizan al servicio y el fortalecimiento de la justicia, con estándares científicos y certificaciones internacionales de calidad”.
García Castiella agradeció además el libro de autoría del reconocido médico veterinario, perito en Odorología Forense y presidente de la Asociación Nacional de Odorología, Mario Rosillo, recibido durante la reunión, y destacó la importancia de continuar ampliando “las capacidades y facultades investigativas” de la División Canes, que “continúa consolidándose como un área de referencia a nivel provincial y nacional”.
Por su parte, la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez, recordó que en 2018 fue convocada por la División Canes para dejar constancia notarial de los protocolos y procedimientos utilizados en la certificación de los animales especializados.
Explicó que el modelo implementado en Salta despertó el interés de otras provincias, que realizaron consultas sobre el sistema de certificación aplicado localmente.
“Me llena de orgullo que nuestra provincia sea pionera, tanto por el trabajo de la División Canes como por la tarea notarial que realizamos desde la Escribanía de Gobierno”, expresó.
Galíndez destacó además que las actas notariales constituyen un medio de prueba fundamental en procesos judiciales y pericias, ya que permiten acreditar científicamente que los canes aprobaron las evaluaciones correspondientes bajo estándares internacionales.
“Certificar bajo normas internacionales hace a una Policía más eficiente y de calidad. Que otras provincias hayan tomado nuestro ejemplo nos llena de orgullo a todos los salteños y debemos seguir apoyando a la División Canina, que realiza un trabajo realmente excepcional”, concluyó.
Durante la reunión, el director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia, comisario general Oscar Chocobar, destacó “el buen trabajo que viene realizando la División de Investigaciones Caninas a nivel provincial y nacional, donde somos referentes”.
Explicó además que recientemente se desarrolló una capacitación brindada por el doctor Mario Rosillo, reconocido referente nacional e internacional en odorología, a partir de la cual se logró “la certificación de caninos en diversas especialidades, entre ellas detección de divisas y búsqueda de restos óseos y restos humanos”.
Chocobar señaló que el encuentro con el Procurador General permitió poner en conocimiento las distintas gestiones realizadas para concretar estas certificaciones, en un trabajo articulado con la Escribanía de Gobierno y referentes del Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, la subcomisario Marilú Vázquez explicó que la División Canes de la Policía de la Provincia cuenta actualmente con cuatro secciones especializadas: Odorología Forense, Búsqueda de Personas Extraviadas y Restos Humanos, Fuga de Divisas y Sección Armas de Fuego.
Detalló que los canes fueron evaluados y certificados por el doctor Mario Rosillo, a quien definió como “una eminencia reconocida internacionalmente”, que capacita a fuerzas de seguridad de distintos países.
Recordó además que en 2018 Salta inició las capacitaciones en odorología junto al especialista, lo que permitió incorporar formalmente esta técnica en la provincia en 2019, mediante una resolución del Ministerio Público y la implementación del Manual de Procedimientos de Odorología Forense de la Policía de Salta.
Vázquez reveló que la División fue creada en 2022 para profundizar la formación de canes investigativos especializados, entrenados por guías e instructores en distintas disciplinas, y destacó el acompañamiento de la Escribanía de Gobierno, que desde 2018 certifica los procedimientos y aptitudes de los canes mediante actas notariales.
Asimismo, indicó que el trabajo se realiza “bajo normas internacionales ASB/OSAC, que exigen estrictos requisitos para aprobar y certificar las distintas disciplinas”, permitiendo que los canes intervengan en allanamientos, búsquedas y procedimientos tanto en Salta como en cooperación con otras provincias y organismos gubernamentales y no gubernamentales.
En ese sentido, recordó la participación de la División Canes en la provincia de Corrientes, a solicitud del Ministerio de Seguridad correntino, en el marco de la búsqueda del niño Loan, “un caso de relevancia nacional en el que participaron canes especializados de Salta”.
La funcionaria resaltó además que los equipos intervienen en investigaciones de alto impacto social, como homicidios, femicidios, secuestros extorsivos, robos calificados y abusos sexuales con acceso carnal, entre otros delitos, aportando respuestas a la Justicia a través de procedimientos científicos desarrollados bajo estrictos protocolos de bioseguridad y legalidad.
“Venimos dando respuestas para nuestra provincia y para la comunidad salteña, para que las personas que atraviesan situaciones críticas sepan que existe una respuesta de la Justicia”, sostuvo.
Autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ejecutivo Provincial analizaron el impacto del “reto viral nacional” que derivó en múltiples intervenciones judiciales en Salta. Se registran demoras, detenciones y causas penales en curso.
El procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, con el objetivo de evaluar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar.
Durante el encuentro analizaron el alcance de la problemática que se registró en la última semana en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el contexto de un “reto viral” replicado en Argentina y otros países. Según se informó, hasta la fecha se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
Las autoridades evaluaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas, así como la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas.
La Ministra de Educación informó que el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y que continuará desarrollándose con normalidad, garantizando la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones. Asimismo, indicó que se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los actos denunciados. Señaló también que este año se aplica una normativa innovadora con protocolos de actuaciones para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
En este sentido analizaron la creación de una unidad de prevención con intervenciones para las que serían convocados padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26892 que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Por su parte, el Ministro de Seguridad destacó el importante despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención, control y procedimiento, y remarcó la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas de menores a su cargo.
El Procurador General resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal, enfatizando en la estrategia conjunta que abarca tanto la investigación de los hechos como la implementación de acciones preventivas.
Finalmente, avanzaron en la planificación de nuevas instancias de capacitación dirigidas a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de este tipo de conductas.
En el marco de los procedimientos constitucionales y legales vigentes, se formalizaron nuevas designaciones en el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Centro.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres nuevos fiscales penales del Distrito Judicial del Centro, en una ceremonia llevada a cabo con la constitución del Colegio de Gobierno, integrado junto a la defensora general, Ada Zunino, y con la participación de los jueces de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo, Edith Nallim, Martín Plaza y Gabriel Chiban, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, magistrados, funcionarios, legisladores y familiares.
En ese marco, y conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se procedió a la toma de juramento de los profesionales que concursaron para sus respectivos cargos, fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura y designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Mediante decreto N° 139 asumió como fiscal penal del Distrito Judicial del Centro Miguel Martín Ávila; por decreto N° 213 fue designada en el mismo cargo Clelia Poma; y mediante decreto N° 214 asumió como fiscal penal del mismo distrito Esteban Martearena.
Durante el acto, los nuevos fiscales prestaron juramento de desempeñar sus funciones con lealtad y patriotismo, comprometiéndose a observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
La fuga de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, se produjo el pasado sábado 4 de abril y, desde entonces, no se tienen datos sobre el paradero del acusado, quien estaba detenido con prisión preventivva por una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta.
El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, informó que, en el marco de la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal ante el Gobierno de la provincia de Salta, se dispuso el otorgamiento de una recompensa de diez millones de pesos ($10.000.000) para la persona que aporte datos ciertos que permitan la ubicación y detención de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien se encuentra prófugo.
Según aclara el Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, se establece el pago de una recompensa de 10 millones de pesos para toda persona que, sin haber intervenido en el hecho, aporte información veraz y comprobable que resulte determinante para la localización del prófugo.
Se especifica que los datos podrán ser aportados de manera personal o a través de terceros, y que no podrán acceder al beneficio, funcionarios públicos ni integrantes de fuerzas de seguridad o de organismos de inteligencia.
La medida responde a la gravedad del hecho y al estado de preocupación social generado tras la fuga, y busca intensificar los esfuerzos para lograr la pronta detención de Peloc.
Desde el Gobierno provincial se instruyó además, dar amplia difusión a la recompensa y se autorizó la reasignación de partidas presupuestarias para su cumplimiento.
A fin de cotejar el perfil genético femenino obtenido por los expertos de la República Francesa, a partir de los estudios realizados en ese país, la Unidad Fiscal interviniente cursó citaciones a un grupo de mujeres con el objeto de obtener muestras biológicas para su análisis comparativo.
La medida permitirá corroborar o descartar una posible contaminación en laboratorio, o en su caso, avanzar en diferentes líneas de investigación.
Entre las personas citadas se encuentra la médica legista que practicó la autopsia, así como operadoras y genetistas del laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, quienes aportaron sus perfiles en la última visita realizada por la Unidad Fiscal, y personas del entorno del condenado por el hecho y del resto de los imputados.
La totalidad de las personas citadas compareció voluntariamente, con excepción de la pareja de Santos Clemente Vera, quien tampoco justificó formalmente su inasistencia.
Una vez procesadas las muestras genéticas obtenidas en estas citaciones, se realizarán los cotejos con el perfil femenino obtenido en los estudios efectuados por los expertos de Francia.
La Unidad Fiscal aclara que estas diligencias no se realizarán sobre los remanentes de muestras recientemente trasladadas desde el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, respecto de las cuales se analiza la posibilidad de realizar otros estudios genéticos con participación y colaboración con las autoridades judiciales de Francia.
Para esto último, se trabaja en la conformación de una comisión que viajará a Francia para tomar contacto con el laboratorio de ese país que obtuvo, a partir de sus estudios, el perfil genético.
Por último se informa que los dos perfiles masculinos apartados por este laboratorio a la fecha no se encuentran completos, lo que impide su cotejo.
Fiscalías investigan un permiso presuntamente falso y una posible infracción por la realización del evento.
La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización de un evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.
La causa se originó a partir de la denuncia radicada tras la circulación de un documento que, según las autoridades competentes, no habría sido emitido por el organismo ambiental correspondiente, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.
Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental.
Ante la difusión de información inexacta, se precisó que desde 2020 tramita un amparo colectivo con medida cautelar vigente que prohíbe ocupaciones ilegales. Se ejerce intervención en resguardo del ambiente y del derecho de acceso a la información pública.
En virtud de la circulación de informaciones inexactas vinculadas a la situación legal y de hecho de la Reserva Finca Las Costas, y en relación con un proyecto de ley recientemente tratado por la Cámara de Diputados de la Provincia, la Unidad Fiscal Ambiental, integrada por los fiscales Rodrigo Erazo Schmidt y Federico Jovanovics, hizo saber que en el año 2020 la Provincia de Salta promovió una acción de amparo colectivo que actualmente se encuentra en trámite, orientada a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
En el marco de ese proceso, se encuentra vigente una medida cautelar dispuesta judicialmente que prohíbe cualquier ocupación ilegal en la reserva, lo que fue debidamente señalizado mediante cartelería en distintos sectores del área.
En dicha causa, el Ministerio Público Fiscal ejerce la representación de los integrantes del colectivo no presentados en juicio —ciudadanos de la provincia de Salta y de la localidad de San Lorenzo—, con interés en la preservación de los servicios ambientales que brinda la reserva, entre ellos la protección de la cuenca hídrica que abastece de agua potable a un sector significativo de la población.
Asimismo, se indicó que la Unidad Fiscal Ambiental controla el cumplimiento de la medida cautelar y promueve el avance del plan de gestión integral, preservación y ordenamiento territorial del área protegida.
Respecto del proyecto de ley mencionado, se precisó que no vulnera derechos individuales ni colectivos, y que se enmarca en un proceso de gestión ordenada, controlada y responsable de la reserva, en línea con las exigencias establecidas en el proceso judicial en curso.
Finalmente, se aclaró que existen planteos de posesión veinteañal que deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes, sin que ello involucre la fracción alcanzada por el proyecto de ley, la cual no registra ocupantes. En el mismo sentido, se indicó que en el trámite del amparo no se ha acreditado la existencia de actividad comunitaria indígena por parte de quienes invocaron dicha representación.
La designación fue propuesta por el Poder Ejecutivo provincial y contó con el acuerdo del Senado de la Provincia, en cumplimiento del procedimiento previsto por la Constitución provincial para la cobertura de este cargo. La ceremonia se realizó este mediodía en el salón auditorio Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, en su condición de presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, tomó juramento a Ada Guillermina Zunino como Defensora General de la Provincia de Salta, en una ceremonia realizada este mediodía en el salón auditorio Facundo de Zuviría de Ciudad Judicial. Acompañaron el vicegobernador Antonio Marocco y la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad.
El Decreto N.º 138 del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicado el 5 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, formalizó la designación tras el acuerdo otorgado por el Senado provincial en sesión especial. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 101 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta, la Defensora General ejerce sus funciones por un período de seis años, con posibilidad de una nueva designación.
Zunino reemplaza en el cargo a Martín Diez Villa, quien se desempeñaba como Defensor General y recientemente asumió como ministro de la Corte de Justicia de Salta.
La nueva titular del Ministerio Público de la Defensa cuenta con una extensa trayectoria en la magistratura. Desde 2015 se desempeñó como jueza de Garantías de Primera Nominación, y con anterioridad ocupó el cargo de jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Tartagal.
Durante el acto estuvieron presentes jueces de la Corte de Justicia, funcionarios del Gobierno provincial y municipal, autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, entre otras autoridades, familiares y amigos.
La asunción de Zunino marca una nueva etapa institucional para el Ministerio Público de la Defensa, organismo que tiene a su cargo la garantía del acceso a la justicia y la representación legal de personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.
El hecho ocurrió en 2011 y actualmente se desarrolla una nueva etapa de investigación bajo la intervención de una Unidad Fiscal Especial.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió en el día de hoy a Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas del doble homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial.
Durante el encuentro, desarrollado en sede de la Procuración General, García Castiella escuchó los planteos e inquietudes formulados por Bouvier en relación con distintos aspectos vinculados al avance de la investigación y con los puntos que, a su criterio, resultan necesarios de profundizar para el esclarecimiento del hecho.
El señor Bouvier expreso a su vez, la conformidad con el trabajo llevado adelante por la nueva Unidad Fiscal, reafirmando a la vez su expectativa por las actividades pendientes de realización.
Previamente a esta reunión, Jean-Michel Bouvier finalizó su declaración testimonial ante los fiscales, oportunidad en la que dialogaron sobre distintos aspectos vinculados con los hechos investigados y con el proceso de búsqueda de esclarecimiento del caso.
Cabe reiterar que la Unidad Fiscal se encuentra expectante a la determinación de una próxima fecha por parte del Tribunal francés a cargo de la tramitación del exhorto diplomático, lo que permitirá concretar el traslado a Francia para concluir las tareas investigativas y el intercambio de aspectos técnicos y probatorios de interés para la causa.
La Unidad Fiscal Especial está integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes vienen trabajando de manera sostenida desde la conformación de la Unidad Fiscal por disposición del Procurador General de la Provincia, bajo un esquema de abordaje integral de la investigación y las diversas actuaciones procesales que directa o indirectamente pudiesen tener vinculación con el hecho investigado.
El 29 de julio de 2011 fueron halladas sin vida las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la Quebrada de San Lorenzo, hecho que dio origen a una investigación penal de gran repercusión pública. Tras diversas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena que pesaba sobre uno de los imputados y ordenó un nuevo pronunciamiento, lo que derivó en que el Tribunal de Impugnación dictara su sobreseimiento por la insubsistencia de la acción penal vinculada al plazo razonable del proceso. Frente a este escenario, la Procuración General de la Provincia dispuso la creación de esta Unidad Fiscal Especial, con el objetivo de continuar la investigación, revisar integralmente la prueba reunida, incorporar nuevas herramientas científicas y profundizar todas las líneas de pesquisa disponibles para el esclarecimiento del caso.