Fue elevada a juicio la causa contra Cristian Palavecino y otros por el homicidio de Alejandro Avandillo

Ocho personas serán juzgadas por el hecho ocurrido el 19 de mayo de 2023, cuando Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza y falleció un mes después. Algunos de los imputados son miembros del grupo familiar del «Gringo» Palavecino.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo, Claudia Carreras, María Luján Sodero Calvet y Pablo Cabot, fue notificada por el Juzgado de Garantías II del distrito judicial Orán, de la resolución mediante la cual se eleva a juicio la causa por el homicidio de Alejandro Jesús Avandillo y se dispone que las actuaciones sean giradas a la mesa Mesa Distribuidora Penal para que sea asignada a la Sala de Juicio que por sorteo corresponda.

Oportunamente y tras haber reunido los elementos de convicción necesarios, la Unidad Fiscal requirió juicio para Carlos Alberto Lami, Javier Antonio Romero, María Haydée Torres, Néstor Adrián Daniel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino y Cristian Gabriel Palavecino como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Se requirió además que los imputados Carlos Esteban Lami, Brian Gabriel Palavecino y Maria Haydee Torres, respondan como coautores del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, siendo dos hechos los imputables a María Haydée Torres en concurso real y en el caso de Julio Tolaba y Daniel Diaz deberán responder en el Plenario en carácter de coautores por el delito de encubrimiento agravado.

Cabe recordar en la causa, se encuentra con pedido de detención vigente un hermano de Cristian Palavecino.

Según consta en la causa, Alejandro Jesús Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el 19 de mayo de 2023 al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, se identificó a los sospechosos, entre los que se encontraban la esposa, el hijo y hermanos del «Gringo» Palavecino.

Según sostiene la hipótesis fiscal, el 19 de mayo de 2023 a horas 02:30  aproximadamente, Cristian Gabriel Palavecino atentó contra la vida de Avandillo Alejandro, mediante el uso de un arma de fuego provocándole la muerte producto de un “TEC grave por herida con arma de fuego”, contando con la colaboración de Torres (su esposa), dos de sus hermanos (uno de los cuales se encuentra con un pedido de detención vigente), su hijo, Lami y Romero, quienes se encontraban presentes en el lugar en el que tuvo lugar el suceso, reduciendo las posibilidades de defensa y/o escape de la víctima y facilitando su sometimiento y reducción ante el agresor, sumado a que en forma posterior al hecho realizaron actos para ocultar y desaparecer los rastros del mismo, agregando que las dos últimas personas nombradas fueron quienes trasladaron a la víctima hasta el lugar del hecho.

En el caso de Tolaba, se sostiene que luego de cometido el hecho, acompañó el traslado de la víctima desde el inmueble en el que tuvo lugar hasta el hospital y ocultar, alterar y haciendo desaparecer rastros del suceso. Díaz está acusado de haber sido el encargado de recibir el vehículo en el que trasladaron a la víctima, ocultándolo y/o haciéndolo desaparecer a punto tal que hasta la fecha no fue habido.

Se llevó adelante el primer encuentro de la Mesa de Coordinación y Análisis de Seguridad

Evaluaron la eficacia en las investigaciones penales y de desarrollo científico. Además, analizaron las políticas públicas que deben adaptarse al dinámico comportamiento delictivo a fin de agilizar los procesos y brindar las respuestas que demanda la sociedad.

Esta mañana se llevó a cabo el primer encuentro de la mesa de coordinación y análisis de seguridad, conformada por autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad y Justicia. La reunión fue encabezada por el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, y el ministro de Seguridad Marcelo Ramón Domínguez.

El procurador García Castiella calificó el encuentro como «sumamente fructífero» y resaltó que promueve el desarrollo de políticas públicas acordes a la realidad para combatir de forma eficiente al crimen organizado. Subrayó la importancia de «esta coordinación e intercambio de propuestas, ideas y necesidades entre la Fuerza de Seguridad Provincial y las Fiscalías para alcanzar la articulación que la sociedad demanda en materia de seguridad».

El ministro Domínguez informó que en las localidades fronterizas se trabaja con Nación en la optimización de recursos operativos y logísticos. Además, destacó las capacitaciones que recibirán profesionales de distintas áreas de la Policía, relacionadas con modernos sistemas de investigación que permiten agilizar el cotejo de datos biométricos e intercambiar información con otros organismos.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la acción coordinada entre fiscales y fuerzas de seguridad para eficientizar el trabajo conjunto que ya se viene realizando, impactando positivamente en los procesos. Se enfatizó la necesidad de articular y fortalecer las herramientas tecnológicas, de equipamiento y recursos humanos, tanto de investigación como científicas, disponibles tanto en las fuerzas policiales, como en el Ministerio Público Fiscal, mediante el trabajo coordinado entre ambas instituciones para atender las demandas urgentes de la sociedad.

En la reunión participaron el secretario de Política Criminal del MPF, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; Gabriela Buabse, directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales; Aldo Saravia, secretario letrado de la Procuración General; el coordinador general del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Loutayf; el jefe y subjefe de la Policía de Salta, Diego Bustos y Walter Toledo; y el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar.

Capacitacion estratégica con responsables de la Unidad Regional 1

El encuentro estuvo enfocado en el uso del Sistema Único de Denuncias (SUD) y criterios de actuación en casos de Violencia de Género.

En el Salón de la Escuela del Ministerio Público de Salta, se llevó a cabo una capacitación clave sobre dos temas fundamentales: el uso del Sistema Único de Denuncias (SUD) y Criterios de actuación en casos de Violencia de Género.  El encuentro estuvo a cargo del secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 del Distrito Judicial Centro, Verónica Simesen de Bielke, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.

El objetivo principal fue establecer criterios unificados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía donde cada Fiscal interactuará directamente con los operadores policiales de su área, para asegurar una actuación eficiente y coordinada.

Para este encuentro, se pudo contar con los jefes de dependencias y oficiales de las dependencias de la Unidad Regional N° 1:  Comisaría 3 ( Tres Cerritos), Comisaría 6 (Ciudad del Milagro), Comisaría 9 (San Lorenzo), Comisaría 10 (La Lonja), Comisaría 11 ( 17 de Octubre), Comisaría 14 (Castañares), Subcomisarías de Finca Las Costas, Vaqueros y La Caldera, Base Operativa (El Huaico) y Destacamento Policial de Atocha.  

El SUD, una nueva herramienta móvil implementada, simplificará el proceso de denuncia al reducir tiempos y trámites, además de minimizar errores en la calificación de hechos violentos. Permitirá un seguimiento más efectivo de los casos, evitando la duplicación de denuncias y asegurando la notificación inmediata a las autoridades judiciales competentes y la respuesta en cuanto al procedimiento a llevar a cabo.  Se hizo hincapié en la necesidad y deber de dar uso al Sistema de Directivas por el cual las Fiscalías transmiten las medidas que debe cumplir el personal policial.

En cuanto a los criterios de actuación en violencia de género, se enfatizó en la importancia de una escucha respetuosa e informada para orientar adecuadamente a las víctimas. Se destacaron los derechos de las mujeres durante el proceso de denuncia, asegurando un ambiente seguro y confidencial, libre de discriminación y con acceso a medidas de protección urgentes.

Estas iniciativas buscan fortalecer la respuesta institucional, garantizando un servicio más ágil, comprensivo y efectivo para las personas afectadas.

Se dispuso remisión al fiscal penal en turno para investigar posible comisión de un delito a través de un comentario en una nota periodística

El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la remisión de las actuaciones al Fiscal que por turno corresponda, por la difusión de un comentario realizado al pie de una publicación de la edición digital de Diario El Tribuno para que se investigue la posible comisión del delito de “apología del crimen”. 

El procurador general, Pedro García Castiella, al tomar conocimiento de dicho comentario realizado al pie de la nota periodística publicada por el diario El Tribuno en su edición digital de este miércoles 10 de julio, titulada «Milei tuvo un baño de popularidad en su primer 9 de julio como presidente», dispuso que se remitan las actuaciones al Fiscal Penal que por turno corresponda para su intervención y efectos que estime corresponder.

Se sostiene ello -según el Procurador- en  la necesidad de investigación debido a que objetivamente su texto pretendería reivindicar conductas ya calificadas como claramente delictivas y que así fueran condenadas con sentencia firme, en el marco de un “plan sistemático en el marco del cual fueron cometidos crímenes atroces … … implementado desde el Estado contra sectores de la sociedad civil y con conocimiento de ese ataque, por lo que fueron calificados como delitos, de lesa humanidad …» en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos CSJN 375: 2013 y otros tantos) y la Procuración General de la Nación , todo contra la población civil, robo de bebés en cautiverio, torturas a menores y mayores de edad, y demás crímenes en el contexto referido, todo consolidado por pronunciamientos del máximo Tribunal de la Nación.

Se conformó una mesa de trabajo permanente para fortalecer la coordinación en materia de Seguridad

Tiene como finalidad mejorar la coordinación entre la Fuerza de Seguridad Provincial y el Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo así la eficacia en las investigaciones criminales y la seguridad en Salta. Además, busca diseñar políticas públicas adaptadas al dinámico comportamiento delictivo y promover una respuesta efectiva a las demandas de la sociedad.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; del coordinador general del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Loutayf; y de los recientemente nombrados jefe de Policía, Diego Bustos, y subjefe de Policía, Walter Toledo.

El Procurador, que estuvo acompañado en la ocasión por la secretaria de la Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero y el auxiliar fiscal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) Nicolás Montaldi, expresó un profundo beneplácito por la visita, destacando el encuentro como “sumamente auspicioso, ya que la sociedad nos demanda un trabajo eficaz, efectivo y, esencialmente, una coordinación y comunicación permanente. Para esto, es fundamental el intercambio de propuestas, ideas y necesidades entre la Fuerza de Seguridad Provincial y el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales”.

En este sentido explicó que hay Unidades Especiales que trabajan con su equipo investigativo, compuesto por personal de la Policía de la Provincia, así como fiscalías comunes y del interior, que operan con grupos de investigación de cada Comisaría. “La realidad impone la necesidad de un trabajo absolutamente coordinado, que estoy seguro podremos construir a partir de este tipo de reuniones”- destacó García Castiella.

En la reunión se dejó establecida la conformación de una mesa de trabajo permanente, que se reunirá con una periodicidad aproximada de quince días para intercambiar necesidades y mejorar o perfeccionar las investigaciones criminales y la eficacia de las medidas realizadas respecto a allanamientos e investigaciones. Se coincidió en que es crucial diseñar políticas públicas acordes, ya que el comportamiento delictivo es dinámico y se actualiza constantemente en tecnología y modalidades. Por eso, se necesita acompañar estos cambios para los procesos investigativos y para que la sociedad reciba la respuesta que demanda. “La política criminal debe renovarse y adecuarse día a día, nutriéndose de la información coordinada en esta mesa, incluyendo datos de la calle que aporta la policía y las necesidades operativas del Ministerio Público Fiscal. Esto será sumamente positivo para atender las demandas urgentes de la sociedad, ya que los desafíos son cada vez mayores, y tanto el Ministerio Público como las Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia tienen la responsabilidad de mantener la tranquilidad y paz social, evitando el avance del crimen organizado y la delincuencia común. Debemos construir las barreras necesarias para vivir en una provincia segura y tranquila», expresó el Procurador.

García Castiella expresó: “La coordinación entre la fuerza de seguridad, que actúa como la boca receptora del ciudadano, y el Ministerio Público Fiscal, que recibe la denuncia, debe ser permanente y directa. Recientemente, se llevó a cabo con excelentes resultados un trabajo articulado en los allanamientos realizados en Orán, un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Ciberseguridad y la Fiscalía Especializada en Ciberseguridad, y este jueves y viernes se lograron también procedimientos exitosos por parte del personal de Investigaciones y Policía. Son solo un ejemplo de muchos casos exitosos que benefician a nuestra comunidad. La articulación y el trabajo conjunto son esenciales para enfrentar el crimen organizado, donde hemos tenido resultados positivos gracias a la colaboración con la policía.”

Finalmente, el Procurador General destacó que Salta mantiene estrechos vínculos con la Nación, con un fuerte compromiso en la formación y la seguridad en la frontera, respaldado por diversas gestiones realizadas con este propósito. “Ademas de la colaboración entre las fuerzas de seguridad provincial y federal, la coordinacion entre el Ministerio Público de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal Federal o Nacional es amplia y efectiva, una característica que distingue a Salta y Jujuy de otras provincias. La implementación del sistema acusatorio nacional en estas jurisdicciones permite una colaboración estrecha entre la Justicia Federal y Provincial, facilitando la realización de numerosas investigaciones conjuntas y exitosas”.

La Procuración se suma a la Mesa Intersectorial contra la Ludopatía en menores de edad

Los sitios ilegales permiten el ingreso de menores de edad, facilitando que el juego se convierta en una adicción y cause graves efectos negativos en la salud física y mental de niños, niñas  y adolescentes.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, participó la mañana de este miércoles en la Mesa Intersectorial contra la Ludopatía en menores de edad. Lo acompañaron el coordinador de fiscales, Pablo Rivero, y la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

«Con enorme beneplácito recibimos la invitación de la ministra de Educación, Cristina Fiore, para unirnos como Procuración General y Ministerio Público Fiscal a esta mesa para combatir la ludopatía infantil en niños, niñas y adolescentes. Esto implica la convergencia y coincidencia de dos poderes del Estado Provincial, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, en este esfuerzo conjunto», destacó el Procurador.

A su vez, García Castiella resaltó la determinación de la Procuración General de «afrontar de manera contundente, incondicional e irrenunciable el combate contra la ludopatía y el juego clandestino en todas sus modalidades, con mayor énfasis y decisión si las víctimas son niños, niñas o adolescentes.»

La Mesa Intersectorial reúne  distintos organismos e instituciones para realizar acciones contra esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes.

El Procurador participó del acto de asunción de autoridades del Servicio Penitenciario

Se tomó juramento al nuevo director general, el prefecto mayor Enrique Daniel Torres, y a la nueva subdirectora general, la prefecto mayor Valeria Romina Calisaya. También se realizó un reconocimiento a las autoridades salientes.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella acompaño al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, en el acto de traspaso de mando y asunción del nuevo director General del Servicio Penitenciario de Salta, prefecto Mayor Enrique Daniel Torres, y la subdirectora General prefecto Mayor Valeria Romina Calisaya.

En el acto, se informó sobre los avances en las gestiones para mitigar la sobrepoblación carcelaria mediante nuevas obras de infraestructura, las cuales mejorarán tanto las condiciones de alojamiento como el desempeño profesional del personal penitenciario.

El ministro Domínguez agradeció la presencia del representante del Ministerio Publico Fiscal e instó a las nuevas autoridades a continuar su labor con un firme compromiso hacia las normas constitucionales y las disposiciones legales y reglamentarias del servicio. Enfatizó la importancia de los pilares fundamentales de la Institución, como el respeto a la dignidad humana y el trato a las personas privadas de su libertad, promoviendo siempre su reinserción en la sociedad.

Por su parte, García Castiella destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad en todos los órdenes. Subrayó que esta cooperación es esencial para mejorar la eficacia y eficiencia en la seguridad de la provincia. Consideró auspicioso haber podido acompañar estas nuevas asunciones y reconoció a la gestión saliente de la prefecta Carina Torres, quien siempre estuvo dispuesta a apoyar todas las necesidades del Ministerio Público. Enfatizó que los recambios y renovaciones son habituales y necesarios en los organismos de seguridad para continuar trabajando de manera mancomunada.

Asimismo, resaltó los esfuerzos del Ministerio de Seguridad para mitigar la superpoblación penitenciaria mediante nuevas obras de infraestructura, las cuales mejorarán tanto las condiciones de alojamiento como el desempeño profesional del personal penitenciario. En este sentido, destacó el proyecto de ampliación de la Alcaldía provincial, que aliviará significativamente la situación crítica actual. También mencionó la situación en el complejo de Metán, donde se espera una mejora notable. Reiteró el compromiso del Ministerio Público Fiscal de apoyar todos los esfuerzos necesarios para mitigar este problema, que afecta tanto a los internos como al personal penitenciario.

Participaron del acto el coordinador General del Ministerio, Oscar Loutayf, la coordinadora Jurídico Técnica, Nelly Giménez, y la coordinadora Administrativa, Soraya Dipp, el secretario de Seguridad, Fernando Acedo, el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado, la directora General de Políticas Penales, Georgina Storniolo Pons, el director General de Asuntos Jurídico de la cartera, Agustín Bonari, el director General del Sistema de Emergencias 911, Víctor Claros, entre otras autoridades.

 

 

 

Se avanza en la investigación por el homicidio de Oreja Martínez

Esta semana se pudo avanzar en los allanamientos sobre tres inmuebles requeridos oportunamente. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la investigación.

En el marco de la investigación que llevan adelante por el homicidio calificado de César «Oreja» Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas , ocurrido en noviembre de 2023, los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, fueron notificados de la resolución de la Sala III del Tribunal de Impugnación en relación al recurso de apelación interpuesto oportunamente.

El juez Pablo Mariño hizo lugar a la presentación del Ministerio Publico Fiscal que solicitaba la ampliación de los allanamiento denegados por el Juez de Garantías, también dispuso el apartamiento del magistrado Francisco Oyarzú, al considerar que existen circunstancias de gravedad objetiva que atentan la imparcialidad con la que debe dictaminar en sus funciones, quien de manera sistemáticas rechaza los pedidos de diligencias de la Unidad Fiscal, generando dilaciones indebidas y que perjudican la investigación por el tiempo que genera tratar los recursos fiscales.-

Los nuevos allanamientos fueron cumplidos este miércoles 5 de junio, sobre dos inmuebles en la localidad de Orán y uno cercano al paso fronterizo de la localidad de Aguas Blancas, perteneciente éste último a intendente local Carlos Martinez, procediendo al secuestro de notebooks, teléfonos celulares, computadoras, tablets y equipos DVR que serán analizados por las áreas tecnológicas y de investigación

Tanto los Fiscales de la Unidad en su recurso, como el Juez del Tribunal de Impugnación, en su sentencia resaltaron la demoras que tuvo que enfrentar la actividad de investigación. Se tiene en cuenta que los allanamientos a éstos tres inmuebles fueron solicitados en fecha 09 de abril de 2024 y por la negativa del Juez Oyarzú y merced a la actividad recursiva de los fiscales recién pudieron ejecutarse casi dos meses después.

Cabe resaltar que en esta investigación en fecha 25 de enero de 2024 el Juez Oyarzú había negado a los Fiscales de la Unidad la autorización para extraer datos de un celular secuestrado, supuestamente utilizado por la víctima. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por un recurso de apelación interpuesto por los Fiscales de la Unidad, también resuelto favorablemente por el Tribunal de Impugnación en fecha 21 de marzo de 2024, retrasando la investigación casi dos meses.

Por último, el Tribunal de Impugnación apartó al juez del conocimiento de la causa, resaltando que se trata de un hecho particularmente grave al entender que: “es dable destacar que el hecho investigado refiere a un homicidio calificado dado que cuatro masculinos, con el rostro tapado, desplazándose en dos motos, lograron herir mortalmente a la víctima, usando para ello armas de fuego y disparando en reiteradas ocasiones contra aquél, y todo esto mientras Martínez se encontraba a disposición de un juez de la provincia, puesto que el asesinato ocurrió en la vereda de la vivienda de su hermana mientras cumplía arresto domiciliario por una causa seguida en su contra”.-

 

 

Orán: Allanamientos en la investigación por el homicidio de César Martínez

El Ministerio Público Fiscal capacitó a personal de la Policía Federal Argentina en técnicas de investigación en causas de narcomenudeo

La actividad tuvo como objetivo proporcionar herramientas, promover el trabajo en red y en equipo, y fomentar el intercambio de experiencias para mejorar las investigaciones. Esta cooperación busca hacer más eficiente el trabajo al establecer pautas comunes.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, se promueve la colaboración entre la justicia y las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, con el fin de crear mecanismos de asistencia, coordinación y cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos. Esta colaboración incluye brindar asistencia en materia de capacitación.

Por esta razón, los fiscales penales de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, junto al auxiliar fiscal de la dependencia, Joaquín Costello, fueron los encargados de impartir un taller destinado al personal de la Policía Federal Argentina. El encuentro tuvo lugar en la tarde del 5 de junio en el salón «Luis Clemente D’Jallad», ubicado en la Ciudad Judicial de Salta.

El evento contó con la participación de aproximadamente 40 integrantes de la fuerza. El cuerpo policial estuvo encabezado por el Subcomisario Alfredo Jesús Carabajal y el Oficial Principal Gonzalo Ariel Rosale, jefe y segundo jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Salta, respectivamente.

Durante la capacitación, se intercambiaron experiencias relacionadas con la investigación del narcomenudeo en Salta desde la creación de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad en el marco del Ministerio Publico Fiscal. 

Posteriormente, se abordaron diversas cuestiones prácticas en materia procesal, como la confección de informes y actas, así como la solicitud de información a empresas privadas.

Además, se exploraron distintas técnicas especiales de investigación en materia de narcocriminalidad, con el objetivo de distinguir los requisitos y finalidades de cada una, y comprender cómo pueden aplicarse en este tipo de investigaciones.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las habilidades y conocimientos del personal policial en la lucha contra el narcomenudeo, proporcionando herramientas para agilizar las investigaciones y optimizar los recursos, promoviendo así una mayor eficacia en la persecución de estos delitos.

El Procurador General informó al Senado sobre la propuesta de inclusión de delitos por narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Explicó que la modificación propuesta a la Ley, consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en materia de narcotráfico. Además de los aspectos técnicos de la Ley, hizo hincapié sobre la territorialidad del crimen organizado, el trasvasamiento de las instituciones del Estado y la necesidad de combatir el lavado de activos.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, acudió ante la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado a fin de exponer sobre la necesidad de modificar el artículo 1° de la Ley provincial Nº 8.275, conocida como «Ficha Limpia». La modificación propuesta busca prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de narcotráfico o lavado de activos puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.

La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, agrega un ítem al artículo 1° de la Ley vigente, estableciendo que quienes hayan sido condenados por sentencia judicial en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales por el plazo que dure la condena. Este plazo se computará a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria. En el caso de los condenados que no hayan recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo.

García Castiella explicó que «La propuesta consiste en incorporar al catálogo de delitos contemplados en la ley de Ficha Limpia, la imposibilidad de que sean candidatos a cargos públicos aquellos condenados por delitos vinculados al narcotráfico, según la ley 23.737, y el lavado de activos de origen delictivo».

Destacó la importancia de que la inhabilitación se inicie únicamente cuando la sentencia esté firme, ya que actualmente se cuenta desde la fecha de comisión del delito, lo que hace prácticamente inaplicable la ley porque ese tiempo se consume hasta que llega la confirmación, o sea, la segunda instancia.

Apuntó a esta modificación basada en una necesidad urgente para nuestra sociedad: «Sería muy interesante que, a nivel nacional, dada la diversidad de ideas e iniciativas legislativas existentes, se aborde este flagelo del narcotráfico, que avanza infiltrándose en los Estados y las fuerzas de seguridad. Además de la pena por el delito de narcotráfico, se debería incorporar una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en la ley 23.737. Hasta el momento, nadie ha planteado esto en el Congreso, por lo que sería interesante avanzar en esa línea»- afirmó.

El Procurador resaltó la importancia de prevenir estos problemas, ya que «Existen antecedentes en otras provincias, como Jujuy, donde se ha incorporado la figura de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Este flagelo está causando cada vez más preocupación y acción. Nadie resolverá estos problemas por nosotros; es nuestra responsabilidad tomar medidas preventivas. Los que estamos en ámbitos de toma de decisiones o sugerencias legislativas debemos activar las alertas y alarmas ante situaciones que nos afectan tanto en nuestra provincia como en distintos puntos del país, con diversos niveles de intensidad. Debemos prevenir».

Participaron de la reunión ampliada los senadores Mashur Lapad, Javier Mónico, Jorge Soto, Walter Wayar, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Walter Cruz, Dani Nolasco y Luis Altamirano. Por el Ministerio Publico Fiscal asistieron también el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras y el Coordinador Gral de Fiscales, Pablo Rivero.

 

 

 

El Procurador valoró la aprobación unánime para incluir delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia