Orán: Allanamientos en la investigación por el homicidio de César Martínez

Este viernes se realizaron 6 allanamientos en domicilios vinculados al grupo familiar e íntimo del fallecido César Martínez. Se secuestraron diversos elementos de interés para la causa. La Unidad Fiscal había solicitado al juez de Garantías Francisco José Oyarzú un total de 9 allanamientos y el secuestro de los numerosos celulares, uno correspondiente al actual Intendente de Aguas Blancas.

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, informaron que en el marco de la investigación que llevan adelante por el homicidio calificado de César «Oreja» Martínez, ocurrido el pasado mes de noviembre, se concretaron un total de 6 allanamientos con orden de secuestro en domicilios vinculados a personas del grupo familiar e íntimo del fallecido.

El pedido realizado al Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, a cargo del juez Francisco José Oyarzú, era para allanar 9 domicilios, tres de los cuales considerados claves, fueron denegados, siendo uno de ellos, ubicado en la zona de frontera, atribuible al hermano de Martínez, el actual Intendente de Aguas Blancas. El Juez también rechazó el pedido realizado por los Fiscales para secuestrar su celular.

Los integrantes de la Unidad Fiscal resaltaron la complejidad de la investigación que llevan adelante y el entorpecimiento que representa para la misma la denegación por parte del Juez de allanamientos, secuestros y otras medidas consideradas fundamentales para el esclarecimiento del hecho. En ésta misma investigación el Juez de Garantías 2 de Orán había denegado en fecha 28/11/23 allanamientos solicitados por los Fiscales y luego el Juez de Garantías 1 en fecha 19/01/24 denegó autorización para extraer datos de un teléfono celular secuestrado, retrasando considerablemente el avance de la investigación, modificándose ésta situación ante la apelación instada por la unidad fiscal, que fue favorablemente resuelta por el Tribunal de Impugnación de fecha 21/03/24.

En cumplimiento de la medida, personal de la Unidad Especial de Investigación Norte, dependiente del CIF, secuestró un total de 16 teléfonos, 2 DVR, una notebook y un cargador de un arma de fuego que serán analizados.

En relación a los secuestros efectuados en la causa, aclararon los Fiscales que uno de los celulares corresponde al Jefe Comunal y hermano de la víctima y que ante la negativa del juez Oyarzú para su secuestro, mantuvieron el mismo en uso de las facultades que les confiere el artículo 310 tercer párrafo del Código Procesal Penal, ya que la sentencia que rechaza el allanamiento de los tres domicilios denegados y el secuestro del teléfono no está firme y será recurrida por el Ministerio Público Fiscal, ya que se considera que la misma impide el avance de la investigación.

Robo de medidores: Definen equipos de trabajo conjunto para abordar la problemática

En la sede de la Procuración General se reunieron  los representantes de la Fiscalía de Distrito Salta, Ministerio Público Fiscal de la Nación, empresa de distribución eléctrica EDESA, Aguas del Norte, Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Jefatura de Policía de Salta, Municipalidad de Salta, UNICROH y representantes de la Procuración General de la Provincia de Salta.

En el marco de la política conjunta que se viene implementando desde el año 2023 para abordar el robo de transformadores en el norte provincial y teniendo presente el éxito de dichas actuaciones, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, amplió la convocatoria original a nuevos sectores con el fin de abordar, en forma conjunta, la lucha contra el robo de medidores de agua que aqueja a los usuarios de la Ciudad de Salta.

La comercialización de cobre, sustrato común de los diversos hechos delictivos, afecta a empresas y usuarios en ámbitos municipales, provinciales y nacionales, revistiendo carácter interjurisdiccional e interinstitucional. Es por ello que el Ente Regulador remarcó que la problemática afecta a todos los ciudadanos impidiendo la normal prestación de los servicios públicos.

Durante la reunión los representantes de la empresa EDESA remarcaron que, gracias a las acciones conjuntas “se pudo frenar el fenómeno delictivo” vinculado a los transformadores en el Norte Provincial.

En el encuentro, se acordó en la necesidad de evitar que las investigaciones por estos hechos ilícitos queden dispersas y sean tratadas como casos aislados, impidiendo entender la magnitud del delito. Para ello se establecieron dos grupos técnicos operativos de trabajo. Uno de ellos se encargará de desarrollar estrategias, llevar a cabo operativos y realizar el entrecruzamiento de datos. Por otra parte, se conformará un grupo técnico jurídico que realizará propuestas para la actualización normativa.

Uno de los objetivos principales de la mesa de trabajo es lograr que las investigaciones no queden acotadas al eslabón primario de la cadena y se diluyan antes de llegar a los grandes responsables de que el metal robado sea acopiado y transportado. Es por eso que se acordó fortalecer la colaboración mutua para el desarrollo de iniciativas y el intercambio de bases de datos y acciones, mediante un protocolo que permita optimizar los recursos y las tareas involucradas, buscando aumentar la eficiencia en las investigaciones y actuaciones.

En la reunión estuvieron representantes de la Fiscalía de Distrito Salta, Ministerio Público Fiscal de la Nación, empresa de distribución eléctrica EDESA, Aguas del Norte, Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Jefatura de Policía de Salta, Municipalidad de Salta, UNICROH y representantes de la Procuración General de la Provincia de Salta.

Se acordó ampliar la convocatoria invitando a representantes de la empresa GASNOR, la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta (DGR), empresa LUSAL y fuerzas federales.

 

Se capacitó a operadores policiales en el Sistema Informático de Denuncias y Directivas Fiscales del Ministerio Público

El personal policial interactuará de forma virtual con las Fiscalías utilizando una aplicación móvil. Este sistema les permitirá registrar, dar seguimiento y responder a las directivas fiscales, además de adjuntar documentación relevante de manera digital.

La mejora continua de las herramientas informáticas del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la digitalización y la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal son prioridades del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y este paso se enmarca en la planificación estratégica hacia una gestión digital más eficiente en la investigación penal.

Es por ello que desde la Dirección de Informática del Ministerio Público de Salta se capacitó hoy, a 300 operadores policiales, tanto de manera presencial como virtual, sobre las nuevas funcionalidades del Sistema Informático de Denuncias y Directivas Fiscales del Ministerio Público.

Durante la formación, se explicaron los mecanismos para visualizar y responder a las directivas fiscales a través del sistema, que permite adelantar respuestas digitalmente, adjuntar documentos en formato PDF y compartir imágenes para complementar el trabajo de los operadores.

La iniciativa es parte de las acciones progresivas del Ministerio Público Fiscal para mejorar y potenciar el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, como una herramienta que  contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos de ambos organismos.

La jornada contó con la presencia del Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y el Secretario Relator de la Procuración General, Aldo Saravia. La capacitación estuvo a cargo de la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.

Autorizan acceso a datos de un teléfono celular considerado clave para una investigación por homicidio

El pedido se había realizado a principios del mes de diciembre. Se negaron allanamientos solicitados para avanzar en la investigación.

A partir del recurso de apelación interpuesto por los Fiscales Penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, el Tribunal de Impugnación hizo lugar al mismo y en consecuencia revocó una sentencia del Juez de Garantías N° 1 de Orán que habia rechazado la autorización para extraer datos de un teléfono celular, lo que impedía avanzar en la investigación del homicidio calificado en perjuicio de César Daniel Martínez.

Si bien el Juez de Garantías 1 oportunamente hizo lugar al secuestro del teléfono solicitado por la Unidad Fiscal,  en dicha oportunidad rechazó la autorización para extraer datos, argumentando que sería desproporcionado y permitiría «reconstruir prácticamente la historia de vida del propietario del aparato». Ante esta sentencia, los Fiscales de la Unidad de Litigio Estratégico interpusieron un recurso de apelación, a lo cual hizo lugar el Tribunal de Impugnación autorizando la extracción de datos.

La solicitud inicial de secuestro del teléfono, considerado fundamental para la investigación, se realizó el 6 de diciembre pasado. La medida resuelta el 22 de marzo permitirá recolectar pruebas de manera más efectiva.

Con fecha anterior, el Juez de Garantías 2 de la misma ciudad, no hizo lugar a la petición efectuada por los fiscales en el marco de la misma causa, para allanar ocho domicilios.

 

En abril entra en funcionamiento la aplicación móvil para el registro y gestión de directivas fiscales

Una nueva aplicación móvil facilita la comunicación entre fiscales y operadores policiales en investigaciones penales, permitiendo registrar, seguir y responder a directivas de manera ágil y eficiente, así como adjuntar documentación relevante de forma digital.

El procurador general, Pedro García Castiella, junto a profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, presentaron ante todos los fiscales de la provincia de Salta el Sistema Informático para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias.

Se trata de una aplicación móvil que permite a los fiscales penales registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales, así como al personal policial dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar documentación útil y urgente en la investigación penal. Esta herramienta también permite hacer un seguimiento de las directivas y sus respuestas por parte de la policía, facilitando la comunicación y el intercambio de información de manera ágil y eficiente. Además, el personal policial puede responder de manera informática e inmediata, adjuntando documentos como imágenes y archivos en formato PDF, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

El procurador general García Castiella agradeció y reconoció el trabajo de los profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, destacando que «su labor ha sido fundamental en el avance del desarrollo de nuevos programas informáticos y tecnologías, necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades».

«Este paso es clave para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, el trabajo de los fiscales y nuestro resguardo en términos de aseguramiento y garantía del trabajo que se realiza, así como la vinculación en general con la Policía de la Provincia, como auxiliar de justicia», destacó.

Añadió el Procurador: «Seguimos apostando desde el Ministerio Público por la informatización y el avance en todas sus implicancias. Uno de nuestros objetivos en la Procuración es la vinculación tecnológica entre los organismos que administran justicia. En el encuentro de hoy, vamos a profundizar en la informatización de las directivas que emitimos a los operadores policiales desde todas las fiscalías y delegaciones penales, así como en las respuestas que recibimos desde el sistema policial. De esta manera, tendremos un registro de lo que se envía y recibe desde el momento en que se toma lectura de la misma. Esto representa un paso más hacia la digitalización de las actuaciones fiscales, ya que estamos encaminados hacia la implementación del legajo digital».

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, destacó que la aplicación móvil estará disponible a partir del 5 de abril y que el personal policial ya ha acordado recibir la capacitación necesaria. Rivero explicó: «Esta aplicación marca el comienzo del proceso de digitalización del legajo. Es el punto de partida para digitalizar toda la actuación policial y su comunicación con la fiscalía. Es hora de trabajar para que los papeles desaparezcan, o al menos, que se reduzcan a aquellos documentos que representan alguna prueba instrumental que necesitaríamos en el juicio».

«Con la implementación de este sistema, desaparece el concepto de ingreso físico. Cualquier requerimiento o denuncia que llegue a las Fiscalías será a través del ingreso digital. Algunas fiscalías ya han comenzado a trabajar en la reducción del uso del papel y en la implementación de directivas digitales. Además, es importante tener en cuenta que el personal policial ya no tendrá que pasar por la Fiscalía para retirar las directivas en papel, ya que estas se incorporarán directamente a las actuaciones de forma digital», agregó.

La presentación y capacitación de los fiscales y auxiliares fiscales estuvo a cargo de la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia.

 

 

 

Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y Federal de Política Criminal requieren convocatoria del Gobierno Nacional para efectuar un abordaje integral sobre el problema del narcotráfico

En una reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada en Puerto Madryn los días 21 y 22 de marzo de 2024, los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifestaron su posición sobre la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en Argentina.

Destacan que, durante años, las organizaciones han intentado destacar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas con respecto al avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo, afirmaron, es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Por ello, insistieron en la necesidad de desfederalizar la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga.

Asimismo, señalaron la importancia de establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por parte de los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

Enfatizaron la necesidad de profundizar las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, especialmente en relación con el fenómeno del narcotráfico.

Además, destacaron la importancia de aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y, por tanto, es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.

Es crucial señalan,  adoptar un enfoque integral, que incluya la prevención, la asistencia social y la sanción del fenómeno. Esto implica abordar tanto el problema en sí mismo como sus causas y consecuencias de manera global. En este sentido, es necesario profundizar en conceptos como la prevención, la disuasión, la persecución penal y el tratamiento del adicto.

Se aporta que para lograr esto, es fundamental promover la construcción y el fortalecimiento de políticas que abarquen: una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados; la organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones con integrantes meticulosamente seleccionados y bien remunerados; la institucionalización de una inteligencia criminal; la organización y cooperación entre todas las autoridades estatales, municipales, provinciales y nacionales; máximos controles en puertos y fronteras; y un ataque decidido al lavado de dinero mediante legislación adecuada.

Y se remarca, que debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.

Finalmente, se requiere una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto y definir políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales.

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El Procurador valoró la aprobación unánime para incluir delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Se trata de la modificación de la Ley Nº 8.275 para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes sean candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales, estableciendo también la duración de la prohibición. 

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta dio media sanción por unanimidad a la iniciativa que modifica la Ley Nº 8.275 para incluir las condenas por delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Esta medida, impulsada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, tiene como objetivo principal fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado por parte del crimen organizado. 

La modificación aprobada establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes, según la Ley Nº 23.737, no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Además, indica la prohibición de participar en un acto eleccionario será por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración, computado a partir del momento en que el tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria.

En este sentido, el Procurador García Castiella expresó su satisfacción por la aprobación de esta medida, que busca prevenir la infiltración del crimen organizado en el sistema político y judicial de la provincia. «Esta medida es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La inclusión de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia nos permitirá contar con herramientas más efectivas para proteger nuestra democracia y nuestra sociedad», afirmó García Castiella.

El Procurador también destacó la importancia de fortalecer las instituciones estatales para evitar la influencia del narcotráfico y el crimen organizado. «Es fundamental que el Estado cuente con las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere de un trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado», señaló García Castiella.

Por último, el Procurador hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la prevención y el combate del narcotráfico y el crimen organizado. «Esta medida es solo un paso en la dirección correcta. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras instituciones y proteger nuestra sociedad del flagelo del narcotráfico», concluyó García Castiella.

El Procurador General informó sobre la propuesta de inclusión de delitos por narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Explicó ante la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados que la modificación propuesta a la Ley, consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en materia de narcotráfico. Además de los aspectos técnicos de la Ley, hizo hincapié sobre la territorialidad del crimen organizado, el trasvasamiento de las instituciones del Estado y la necesidad de combatir el lavado de activos.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, expuso ante las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara de Diputados, sobre la necesidad de incorporar los delitos de narcotráfico y lavado de activos de origen ilícito en la ley de Ficha Limpia. Propuso que aquellos con condenas penales confirmadas no puedan ser candidatos, como medida preventiva contra la infiltración del crimen organizado en los estados y sus instituciones.

García Castiella subrayó la importancia de enfrentar y prevenir el avance del narcotráfico para evitar su impacto en la sociedad y el Estado. En este sentido, el proyecto presentado el 15 de enero forma parte de la política criminal del Ministerio Público Fiscal para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es importante destacar que esta medida no vulnera el principio de inocencia, sino que establece un requisito de idoneidad para ocupar cargos públicos, con respaldo y aval en la Constitución Nacional y el art. 23 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo principal de esta propuesta es fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado.

En el encuentro, García Castiella explicó que la modificación propuesta consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en segunda instancia por infracciones a la Ley 23.737 (Ley de estupefacientes) Agregando para tornar mas eficaz el impedimento, la alternativa de «Que el cómputo temporal de la inhabilitación lo sea desde el dictado del fallo confirmatorio hacia adelante, y que, si es posible, que sea por el doble de la condena».

Respecto a la expansión del control territorial que persigue todo crimen organizado, destacó el Procurador que “según las experiencias sobre las que existe consenso en todos los países, el narcotráfico se infiltra siempre por fases graduales en distintos niveles del  tejido social, comenzando en un principio por los sectores más vulnerables y pretendiéndose extender en fases posteriores hacia elementos del Estado, aspirando al control territorial. “Aunque si bien no estamos ni cerca de situaciones extremas, es imperioso adoptar medidas a tiempo desde todos los ámbitos del Estado, ya que no habría nada peor que visiones displicentes o desatentas ante determinados indicadores de alerta.”

De la observación de las ultimas investigaciones relacionadas al crimen organizado en el norte provincial, se han advertido vínculos entre organizadores criminales con niveles de logística y planificación de relevancia; cabe recordar a modo de ejemplo, que actualmente, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad de Crimen Organizado, investiga a un ex candidato a intendente de la ciudad de Orán, por su presunta vinculación con una organización dedicada no solo al narcotráfico, sino también a otros delitos complejos, sosteniendo bajo prisión preventiva a los acusados de ser sus organizadores.

 La ley de Ficha Limpia es un paso importante, pero es necesario ampliarla para abordar este tema, incluyendo la necesidad de atacar la renta del crimen organizado, enfrentando con igual intensidad al lavado de activos financieros.

Señaló también García Castiella: “Considero que la lucha contra el lavado de activos es incluso más importante que la lucha territorial contra el narcotráfico. Mientras el narcotráfico es la cara visible que se manifiesta con la  violencia, el crimen organizado persigue la renta de manera más silenciosa. Este puede o no dedicarse al narcotráfico, dependiendo de cuál actividad sea más rentable en el momento.

Y agregó: «Es crucial para los estados, enfrentar el crimen organizado atacando su fuente de ingresos, lo cual implica ser contundentes con el lavado de activos financieros. La ley de ficha limpia es un paso importante en esta dirección, pero también es fundamental que la Unidad de Información Financiera tenga un rol relevante en este combate”.

“Considero que es plenamente constitucional, ya que establece que la condena debe ser doblemente confirmada, es decir, con dos sentencias negativas consecutivas, lo cual está en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la práctica, hablar de doble instancia puede resultar inocuo, ya que el proceso puede demorar varios años en llegar a esa etapa. Una alternativa podría ser que la inhabilitación comience a contarse desde que la condena queda firme hacia adelante, en lugar de computarla desde el cometimiento del delito, lo cual podría tornar abstracto el impedimento. Otra opción sería que la inhabilitación sea por el doble de la duración de la condena. En nuestra provincia, estamos trabajando para que estas medidas sirvan para prevenir situaciones no deseadas que se viven en otros lugares del país. En resumen, el sentido del proyecto es garantizar que se tomen todas las medidas preventivas necesarias”- afirmó el Procurador General.

El Ministerio Público Fiscal colabora en la capacitación y formación de cadetes de la Policía de la Provincia

Lo hace junto a profesionales del Ministerio Público Fiscal Federal y el Poder Judicial de Salta, con el compromiso de capacitar y eficientizar el trabajo de los futuros oficiales y suboficiales de la fuerza.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ratificó el compromiso de colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad que dirige las Escuelas de Oficiales, Suboficiales y Superior de la Policía de la Provincia de Salta ante el inicio del ciclo lectivo 2024.

La Escuela de Cadetes “Martin Miguel de Güemes”, prepara a los alumnos para poder iniciar la carrera profesional de Oficiales de Policía y poder desempeñarse hasta los más altos cargos de la Fuerza, otorgándoles el título de Técnicos Superior en Seguridad Pública y Ciudadana. Esto les permite ingresar a la vida universitaria y al mercado laboral con un alto grado de competencias, aun cuando no continúen con la carrera policial.

En tanto, la Escuela de Suboficiales “Cabo Héctor Santos León”, prepara a los profesionales que cumplirán funciones operativas en todo el territorio provincial, obteniendo el título de “Técnico Superior en Seguridad Pública para Agente de Calle.”

Por tercer año consecutivo, con la incondicional colaboración del Fiscal General Federal, Eduardo Villalba, y bajo la coordinación de los abogados de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia, Dr. Santiago Sotelo y Dr. Marcos Rubinovich, un plantel de profesionales pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, del Poder Judicial de Salta, y del Ministerio Público Fiscal de la Nación dictarán clases regularmente en las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Contravencional y Derechos Humanos para los cadetes.

García Castiella destacó la importancia de esta tarea en el compromiso para que la Policía de Salta, como auxiliar de Justicia, alcance los más altos estándares de efectividad y eficacia en la prevención e investigación de los delitos, con el irrestricto respeto y protección de los derechos humanos.

Presentaron aplicación móvil para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias de la Provincia de Salta

Se podrán registrar directivas fiscales y hacer seguimiento de las respuestas de la policía en investigaciones penales. Estará disponible a partir del 3 de abril para todos los fiscales penales de la Provincia.

La Dirección de Informática del Ministerio Público presentó ante el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales, un nuevo avance en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal. En esta oportunidad, una aplicación móvil para que los fiscales penales de la Provincia puedan registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales que llevan adelante las Fiscalías, como así también para que el personal policial pueda dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar en todos los casos necesarios documentación que sea útil y urgente en la investigación penal.

En esta aplicación móvil, que estará disponible próximamente para todos los Fiscales Penales de la Provincia, se podrán registrar las directivas fiscales, como también hacer un seguimiento de las mismas y sus respuestas por parte de la policía. Además, el personal policial podrá responder adelantando de manera informática e inmediata documentación, como imágenes y archivos en formato pdf, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

Como parte de los próximos pasos del Ministerio Público Fiscal, será fundamental seguir potenciando el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, para que el Sistema de Denuncias sea una herramienta que pueda favorecer a los operadores policiales en hacer un mejor aprovechamiento de los recursos escasos con los que cuentan ambos Organismos.

La mejora continua en las herramientas informáticas del MPF, la digitalización, la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal, es una prioridad de la Procuración General y este paso forma parte de una planificación estratégica en el avance hacia una gestión digital en la investigación penal.

De la reunión también participaron la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; y los fiscales Elisa Pérez, Horacio Córdoba Mazuranic, Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix.