Presentaron aplicación móvil para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias de la Provincia de Salta

Se podrán registrar directivas fiscales y hacer seguimiento de las respuestas de la policía en investigaciones penales. Estará disponible a partir del 3 de abril para todos los fiscales penales de la Provincia.

La Dirección de Informática del Ministerio Público presentó ante el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales, un nuevo avance en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal. En esta oportunidad, una aplicación móvil para que los fiscales penales de la Provincia puedan registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales que llevan adelante las Fiscalías, como así también para que el personal policial pueda dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar en todos los casos necesarios documentación que sea útil y urgente en la investigación penal.

En esta aplicación móvil, que estará disponible próximamente para todos los Fiscales Penales de la Provincia, se podrán registrar las directivas fiscales, como también hacer un seguimiento de las mismas y sus respuestas por parte de la policía. Además, el personal policial podrá responder adelantando de manera informática e inmediata documentación, como imágenes y archivos en formato pdf, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

Como parte de los próximos pasos del Ministerio Público Fiscal, será fundamental seguir potenciando el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, para que el Sistema de Denuncias sea una herramienta que pueda favorecer a los operadores policiales en hacer un mejor aprovechamiento de los recursos escasos con los que cuentan ambos Organismos.

La mejora continua en las herramientas informáticas del MPF, la digitalización, la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal, es una prioridad de la Procuración General y este paso forma parte de una planificación estratégica en el avance hacia una gestión digital en la investigación penal.

De la reunión también participaron la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; y los fiscales Elisa Pérez, Horacio Córdoba Mazuranic, Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix.

Prisión preventiva para dos jefes del Servicio Penitenciario

Los detenidos enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos, además, está imputado provisionalmente por comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, tras analizar el pedido de la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, resolvió dictar prisión preventiva para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, mientras que denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.

Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).

El primero de ellos fue detenido el 15 de febrero en un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas. El 17 de febrero fue imputado provisionalmente como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) y comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

Durante la audiencia, su abogado particular solicitó la prisión domiciliaria, la cual finalmente le fue denegada.

El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión). Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva. El juez de Garantías 3 dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Causa por corrupción en el Servicio Penitenciario: Prisión preventiva para exinterno y su pareja

«No puede tratar de combatirse el narcotráfico en base a reacciones esporádicas y espasmódicas”

En relación con el avance del crimen organizado en Rosario, provincia de Santa Fe, el Procurador General destacó la necesidad de una agenda de política criminal unificada a nivel nacional. Esta agenda debiera involucrar a todas las provincias para hacer frente eficazmente a esta problemática.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se refirió a la situación relacionada con el crimen organizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: “Esto no es nuevo. Los Procuradores del país, reunidos en el Consejo Federal de Procuradores, llevamos mucho tiempo insistiendo en que en la Argentina hace falta una agenda de política criminal unificada y federal, con la participación de todas las provincias”.

Señaló que el fenómeno de Rosario no es aislado, sino que el crimen organizado está presente en todo el país, y citó al Ministro de la Corte de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien afirmó el año pasado que las bandas criminales están instaladas en todo el país y que no es algo que debamos ocultar, sino enfrentar a través de una política criminal clara y federal, con la coordinación entre Nación y provincias, evitando tratarlo como compartimentos estancos o fenómenos aislados y con reacciones espasmódicas.

García Castiella destacó la gravedad de lo que está ocurriendo en Rosario, describiéndolo como terrorismo y explicando que, “cuando el Estado intentó imponer mayor rigor en las cárceles y con los detenidos, estos respondieron amenazando con provocar la muerte de un inocente por día. Esta situación busca instaurar el terror en la sociedad”. Por eso, enfatizó en que el Estado debe siempre mantener su capacidad y poder disuasivo frente al crimen, no debiendo retroceder bajo ninguna circunstancia.

El Procurador de Salta también enfatizó en la importancia de implementar políticas preventivas para evitar situaciones no deseadas como las que se están viviendo. Propuso fortalecer los equipos de investigación con personal especializado, diferente al que realiza tareas policiales en la calle, así como mejorar el control en las cárceles y sobre lo que ocurre dentro del Servicio Penitenciario: “Recientemente en Salta desmantelamos una banda dedicada a negociar con internos, manipulando calificaciones del Consejo Correccional, facilitando el ingreso de teléfonos celulares o armas blancas, entre otros delitos graves. Es por eso que el Estado nunca debe perder el control sobre estas situaciones, ya que de lo contrario se produciría un trasvase de corrupción a diferentes ámbitos estatales”.

También hizo hincapié en la necesidad de tener un control efectivo de las fronteras, una responsabilidad del gobierno nacional que considera fundamental. Argumentó que si no se controla adecuadamente, las autoridades provinciales terminan haciéndose cargo de combatir todas las ramificaciones del crimen organizado, especialmente en el caso del narcotráfico. Además, expresó su preocupación por la delincuencia asociada al crimen organizado, como los sicariatos, secuestros y balaceras, que han afectado a la provincia durante mucho tiempo. “Yo vengo hace tiempo intentando poner en la agenda política y institucional la urgencia de combatir el narcotráfico de manera constante e incansable, promoviendo una política criminal y legislativa seria y sostenida en el tiempo, que no se base en respuestas esporádicas y espasmódicas, sino en una estrategia integral y comprometida”- destacó.

Advirtió también García Castiella que, “hay que ser muy prudente en la comunicación. En Rosario, esta reacción del narcotráfico o del crimen organizado ha tenido que ver quizás, con la difusión que se dio de lo que estaba pasando en las cárceles, del control que se quería ejercer. Y con el crimen organizado y con la política criminal no se tiene que hacer política. Son dos cosas absolutamente diferentes”.

Finalmente, en referencia a la inquietud generada por el crimen organizado en el departamento Orán, enfatizó que la situación se encuentra bajo control: “Tenemos muchas personas encausadas y bajo prisión, células incipientes o con algún grado de organización militar que están presos. Ha bajado de este año al año pasado sensiblemente la tasa de homicidios en la localidad, así que creo que estamos yendo por un buen camino, pero no hay que descuidarse porque, y siempre hablo de que el problema del crimen organizado es nacional, no se avizora las soluciones en lo inmediato si no se atiende a una política criminal federal, nacional y seria.»

Fiscales Federales de Santa Fe visitaron el CIF e instalaciones de la Procuración para conocer la experiencia de Salta

Diecisiete fiscales federales de la Provincia de Santa Fe visitaron esta mañana las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el edificio de la Procuración General de la provincia, para conocer las modalidades de abordaje al crimen organizado y narcotráfico en nuestra provincia, desde la perspectiva del modelo acusatorio, que rige  tanto en el fuero provincial como en el federal.

En el marco de la próxima aplicación del sistema acusatorio federal en Argentina, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recibió a la directora de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), Carla Di Gangi; a Carolina Aráoz del Juzgado Federal de Salta; y a fiscales federales de la provincia de Santa Fe. El motivo de la visita fue conocer la experiencia de los fiscales provinciales en el sistema acusatorio y el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, tanto sus laboratorios como así también las unidades especiales de investigación con las que cuenta dicho organismo.

Durante el encuentro, el procurador García Castiella explicó la necesidad y las conveniencias de avanzar en un sistema de investigación penal o sistema procesal penal acusatorio, no solo en el ámbito federal, sino también provincial. Transmitió su experiencia sobre el funcionamiento organizativo y las correcciones que se fueron implementando, destacando su relevancia no solo en el distrito centro, sino también en distintas partes del interior de la provincia, especialmente en Orán. Además, subrayó la importancia de realizar un trabajo coordinado en la investigación de delitos derivados del narcotráfico, articulando con las fiscalías federales, tal como implementó el Ministerio Público Fiscal al crear la Unidad Fiscal de Crimen Organizado con sede en Oran.

El Procurador ofreció ejemplos concretos de las líneas de política criminal que guían al Ministerio Público Fiscal, enfocándose especialmente en el combate al crimen organizado y la atención a casos de violencia de género. Destacó la estrecha colaboración y coordinación existente entre la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Federal, así como los modelos exitosos que se han desarrollado en Salta y que han servido de paradigma para estrategias en otras provincias.

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, realizó un resumen de los orígenes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Salta, destacando las dificultades encontradas y las soluciones que ayudaron a eficientizar las tareas del Ministerio Público Fiscal.

Rivero también resaltó que el rol del fiscal pasa a ser dual, debiendo cumplir con la función de investigación y luego litigar, por lo que adquiere mayor relevancia el equipo de apoyo que asiste a los fiscales en ambas etapas, haciendo referencia a la condición indispensable de contar con cuerpos de investigación especializados para lograr éxito ante las organizaciones criminales y el delito en general.

En tanto, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, explicó el funcionamiento del organismo a su cargo y los diferentes convenios rubricados con organismos estatales y privados. Además, destacó el trabajo interdisciplinario que realiza el CIF para lograr la resolución efectiva de las causas en las que interviene.

«Hoy en día, las investigaciones no se sustentan solo en testigos, sino que el aporte de la ciencia resulta fundamental», manifestó la directora del CIF, para luego precisar que el Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico y Científico del CIF obtuvo la acreditación formal de competencia e imparcialidad de su laboratorio, equipamiento técnico y peritos, equiparándolo así a otros laboratorios del mundo.

El encuentro, que también contó con la presencia del secretario de Política Criminal del CIF, Gaspar Solá, el auxiliar fiscal de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, Daniel Espilocín, y el auxiliar fiscal del CIF Nicolás Montaldi, se extendió por varias horas e incluyó un recorrido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Durante este tiempo, los fiscales provinciales compartieron su experiencia en las investigaciones criminales en territorios donde se advierte un crecimiento de modalidades delictivas organizadas y complejas, vinculadas en algunos casos al narcotráfico e infracciones penales colaterales, así como también delitos contra la propiedad y otras modalidades delictivas organizadas.

 

Encuentro entre el Procurador General de Salta y Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió el día de hoy al señor Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, con el objetivo de abordar la situación actual vinculada al trámite procesal de la causa penal por el homicidio de su hija  cuyo cuerpo y el de su amiga Houria Moumni, fueron hallados sin vida en  julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

Como primera cuestión García Castiella expresó su respeto hacia el señor Bouvier, reconociéndolo como víctima en la causa y como padre que perdió a su hija.

Jean-Michel Bouvier manifestó su intención de solicitar la reapertura de la investigación, marcando diversas irregularidades que, a su parecer, se cometieron durante el proceso inicial de la investigación, considerando que los mismos pueden ser abordados a fondo a los fines de obtener justicia para su hija.

Por su parte el Procurador informó al señor Bouvier que la reciente  resolución de la Corte de Justicia de la Nación, notificada a la Corte de Justicia local, expone entre otros puntos que los argumentos presentados por la defensa del señor Vera, no fueron abordados en su totalidad, por haber tratado la primera solamente el primer agravio de la parte apelante; y consecuentemente no se pronunció sobre el fondo de la cuestión; (C.S.J.N). Por lo que en consecuencia, la situación actual de tramite procesal de la causa se encuentra pendiente para ser resuelta en el Tribunal Superior de nuestra provincia  el cual determinará el curso a seguir en este caso. Por ello, y ante el abanico de alternativas posibles sobre el temperamento a seguir, se debe estar a la espera de aquellas. Conforme a esto, se ratificó el compromiso por parte de la Procuración General de la Provincia y el Ministerio Publico Fiscal, de atender -conforme al respeto de los procedimientos procesales constitucionalmente previstos- la totalidad de alternativas que resultasen menester.

También se evaluó que ante la posibilidad de continuidad futura de la causa penal, debe aplicarse el tramite procesal anterior y vigente a  la fecha en la que acontecieron los hechos (esto es código procesal penal anterior Ley 6.345), una investigación a cargo del Juez de Instrucción para su revisión, poniendo a disposición la capacidad técnico científica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, paralelamente al fiscal que intervenga en la misma.

Jean-Michel Bouvier estuvo acompañado en la reunión por la abogada Sonia Escudero (en representación de Innocence Project y su presidente Manuel Garrido), además del periodista Jean-Charles Chatard.

Causa por corrupción en el Servicio Penitenciario: Prisión preventiva para exinterno y su pareja

El hombre y la mujer fueron detenidos el 25 de enero pasado e imputados provisionalmente por el delito de comercialización agravada de estupefacientes por ser cometida en lugar de detención.

El Juzgado de Garantías 3 hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio(UDEC)  y Santiago López Soto (UFINAR), dictaminando la prisión preventiva de un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja.

Ambos fueron detenidos el jueves 25 de enero en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Fueron imputados provisionalmente por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas y por ser cometida en lugar de detención. Durante la audiencia, fueron asistidos por un abogado particular y se negaron a prestar declaración.

 

Dos nuevos detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario

Causa por corrupción en el Servicio Penitenciario: Fueron imputados los dos nuevos detenidos

Asistidos por sus defensores particulares, se abstuvieron de declarar. Uno de los detenidos fue acusado de ser autor, mientras que el otro fue señalado como partícipe necesario de los delitos imputados.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, junto al procurador general Pedro García Castiella y el fiscal penal de la Unidad contra la Narcoriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, imputaron a las dos personas detenidas en los allanamientos realizados el día jueves. 

Los imputados se abstuvieron de declarar, siendo asistidos por abogados particulares. El agente penitenciario, por el abogado Fernando Díaz Zabalaga; mientras que el otro imputado fue asistido por los abogados defensores Sandra Bonari y Esteban Nieva Haro.

Basándose en nuevos hechos surgidos de la investigación y documentación disponible, la fiscal Salinas Odorisio imputó al hombre que se desempeña en el Servicio Penitenciario por el delito de exacciones ilegales agravadas -concusión-, tipificado en los artículos 266 y 268 del Código Penal. 

Se le acusa en su calidad de funcionario público de exigir indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran bajo su custodia durante el período comprendido entre los años 2022 y 2023. Estas consistían, en sumas de dinero a cambio de favores como obtener buenas calificaciones en concepto y conducta, acelerar trámites para la obtención de beneficios penitenciarios, como salidas transitorias o cambios de pabellón, entre otros. Además, se le imputa facilitar el ingreso de elementos no permitidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas, según el reglamento interno de las Unidades Carcelarias.

En cuanto al otro detenido, se lo imputó como partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas –concusión- en relación con un hecho específico. Se lo acusa de haber actuado como nexo con familiares de un interno, solicitándoles dinero a cambio de gestionar ciertos beneficios dentro de la Unidad Carcelaria Nº1.

La Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos en el día de la fecha.

 

Allanamientos y más detenciones en la causa de funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de hechos de corrupción 

Allanamientos y más detenciones en la causa de funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de hechos de corrupción 

Es en el marco de la investigación penal  respecto de ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían realizado actos relacionados con sus funciones penitenciarias mediante los cuales habrían favorecido directa y/o indirectamente a la proliferación de hechos delictivos y la obtención de beneficios para la comunidad carcelaria

En el avance de la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), junto con el fiscal penal Santiago López Soto de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, bajo autorización del Juzgado de Garantías 3, procedieron a dos allanamientos que resultaron en la detención de dos individuos vinculados a la causa.

Durante los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación del CIF, se incautaron diversos elementos de interés para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, pendrives, computadoras, dinero en efectivo y documentación relacionada con internos.

Los detenidos, enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Ambos serán imputados por la presunción del  delito de Exacciones Ilegales Agravadas – Concusión, en un número indeterminado de hechos, siendo el primero, personal del Servicio Penitenciario, acusado como autor y el segundo, como partícipe necesario.

En el marco de la investigación y durante el análisis de teléfonos celulares de imputados anteriormente, se encontraron conversaciones que revelan la coordinación para obtener beneficios a cambio de dinero de familiares de internos, utilizando a un intermediario. Los diálogos indican que participaron activamente en la obtención de beneficios a cambio de dinero, incluso proporcionando su cuenta bancaria para recibir los pagos. Además de las conversaciones, se respalda la acusación con análisis bancarios y transferencias detectadas, aportadas por el Departamento Fraudes de Mercado Libre.

El testimonio de un exdetenido en la Unidad Carcelaria 1 detalló pagos de $95.000 para obtener su libertad durante la pandemia en 2020 o 2021, así como un acuerdo de $380.000 con su padre por informes favorables y beneficios adicionales, de los cuales solo se entregaron $280.000 en efectivo. También pagó $60.000 para eliminar una sanción. Todos los pagos fueron realizados a uno de los ya imputados, quien gestionaba los beneficios.

Múltiples allanamientos en una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

Cristian Palavecino fue imputado por el homicidio de Avandillo

Está acusado de forma provisional de ser el autor material del homicidio ocurrido en la ciudad de Orán el pasado mes de mayo de 2023. Asimismo Julio Tolaba, fue imputado por el presunto encubrimiento del homicidio. 

Luego del megaoperativo realizado el pasado jueves en Orán, en el que se realizaron 11 allanamientos con la participación de más de 80 efectivos, y donde se imputaron tres personas, entre ellas dos miembros del grupo familiar mas cercano de Cristian “El Gringo” Palavecino, la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, realizó dos nuevas imputaciones.

En un importante despliegue de seguridad, se trasladó a Cristian Palavecino a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Salta, donde fue imputado de forma provisional como autor del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Alejandro Jesús Avandillo.

El acusado estuvo acompañado de defensa particular y tras conocer la nueva imputación en su contra, se abstuvo de declarar. Cabe destacar que Palavecino permanece detenido con prisión preventiva por otros hechos en los que encuentra imputado.

En tanto Julio Antonio Tolaba fue imputado por encubrimiento agravado, al ser acusado de haber tenido participación en el hecho. En la audiencia prestó declaración pero se abstuvo de responder preguntas.

Cabe recordar que Alejandro Jesús Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el pasado 19 de mayo al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, dos individuos fueron identificados y detenidos como quienes trasladaron a Avandillo al hospital. Se trata de dos hombres de 30 años y 21 años, quienes se encuentran privados de su libertad y afrontan imputaciones como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la avanzada investigación, respaldada por exhaustivos análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y allanamientos, se consolidaron pruebas contundentes. Estos elementos condujeron a la solicitud y posterior ejecución de órdenes de allanamiento para 11 domicilios de Orán el pasado jueves 1 de febrero, donde se detuvo a tres personas, dos de ellas miembros del grupo familiar de Palavecino.

La imputación provisional de Palavecino como autor del homicidio de Avandillo se produce a partir de haber obtenido elementos de convicción necesarios durante la investigación para sostener que sería él quien habría efectuado efectuó el disparo que luego derivó en su deceso.

Orán: Dos personas del círculo íntimo de Cristian Palavecino implicados en un homicidio

Orán: Dos personas del círculo íntimo de Cristian Palavecino implicados en un homicidio

Están vinculados al incidente en el que Avandillo falleció tras sufrir una herida de bala en la cabeza, y las imputaciones apuntan a su participación directa en estos hechos. Durante los allanamientos se recolectaron elementos que se consideran cruciales y aportan pruebas significativas a la investigación en curso.

Tras el contundente megaoperativo llevado a cabo el pasado jueves en Orán, en el que se realizaron 11 allanamientos con la participación de más de 80 efectivos, se imputaron a las tres personas detenidas, entre ellas, dos miembros del grupo familiar íntimo de Cristian “El Gringo” Palavecino.

Cabe destacar que la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo, María Luján Sodero Calvet y Pablo Cabot, investiga el homicidio de Alejandro Jesús Avandillo, quien ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el pasado 19 de mayo al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, dos individuos fueron identificados y detenidos como quienes trasladaron a Avandillo al hospital. Se trata de dos hombres de 30 años y 21 años, quienes se encuentran privados de su libertad y afrontan imputaciones como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En la avanzada investigación, respaldada por exhaustivos análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad y allanamientos, se consolidaron pruebas contundentes. Estos elementos condujeron a la solicitud y posterior ejecución de órdenes de allanamiento en 11 domicilios de Orán el pasado jueves 1 de febrero. La operación contó con la colaboración de más de 80 efectivos policiales de diversas áreas jurisdiccionales y las ocho divisiones de la Unidad Especial de Investigación Norte.

En esas circunstancias, se efectuaron las detenciones de una mujer de 33 años, un joven de 18 años, ambos miembros cercanos al círculo íntimo de Cristian «El Gringo» Palavecino, y de un hombre de 32 años. Además de estas detenciones, el operativo se destacó por el decomiso de armas de fuego, proyectiles, un inhibidor de señal de celulares, dispositivos móviles, una motocicleta, chalecos tácticos con emblemas de la Gendarmería Nacional y otros elementos cruciales para la investigación en curso.

La Unidad Fiscal investiga a los dos familiares de Palavecino ahora detenidos, por su participación en el hecho donde Avandillo fue herido con un arma de fuego en la cabeza. Además el otro imputado, quien fue compañero de causa del fallecido ante la Justicia Federal, seria la persona encargada de recibir el automóvil (aún no encontrado) en el que los trasladaron hasta el  hospital.

Es por eso que la Unidad Fiscal imputó de forma provisional a la mujer de 33 años como coautora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, coautora del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y como autora del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso real.
Al hombre de 18 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Finalmente al hombre de 32 años se lo imputó como coautor del delito de encubrimiento agravado.

La mujer y el joven fueron asistidos por defensa particular y el otro acusado por defensa pública. Prestó declaración solo uno de ellos y desde la Unidad Fiscal se solicitó que permanezcan detenidos mientras se cumplen medidas dispuestas.

Las tareas investigativas de la Unidad Fiscal continúan adelante y se adelantó que habrá nuevas imputaciones.