En abril entra en funcionamiento la aplicación móvil para el registro y gestión de directivas fiscales

Una nueva aplicación móvil facilita la comunicación entre fiscales y operadores policiales en investigaciones penales, permitiendo registrar, seguir y responder a directivas de manera ágil y eficiente, así como adjuntar documentación relevante de forma digital.

El procurador general, Pedro García Castiella, junto a profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, presentaron ante todos los fiscales de la provincia de Salta el Sistema Informático para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias.

Se trata de una aplicación móvil que permite a los fiscales penales registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales, así como al personal policial dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar documentación útil y urgente en la investigación penal. Esta herramienta también permite hacer un seguimiento de las directivas y sus respuestas por parte de la policía, facilitando la comunicación y el intercambio de información de manera ágil y eficiente. Además, el personal policial puede responder de manera informática e inmediata, adjuntando documentos como imágenes y archivos en formato PDF, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

El procurador general García Castiella agradeció y reconoció el trabajo de los profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, destacando que «su labor ha sido fundamental en el avance del desarrollo de nuevos programas informáticos y tecnologías, necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades».

«Este paso es clave para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, el trabajo de los fiscales y nuestro resguardo en términos de aseguramiento y garantía del trabajo que se realiza, así como la vinculación en general con la Policía de la Provincia, como auxiliar de justicia», destacó.

Añadió el Procurador: «Seguimos apostando desde el Ministerio Público por la informatización y el avance en todas sus implicancias. Uno de nuestros objetivos en la Procuración es la vinculación tecnológica entre los organismos que administran justicia. En el encuentro de hoy, vamos a profundizar en la informatización de las directivas que emitimos a los operadores policiales desde todas las fiscalías y delegaciones penales, así como en las respuestas que recibimos desde el sistema policial. De esta manera, tendremos un registro de lo que se envía y recibe desde el momento en que se toma lectura de la misma. Esto representa un paso más hacia la digitalización de las actuaciones fiscales, ya que estamos encaminados hacia la implementación del legajo digital».

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, destacó que la aplicación móvil estará disponible a partir del 5 de abril y que el personal policial ya ha acordado recibir la capacitación necesaria. Rivero explicó: «Esta aplicación marca el comienzo del proceso de digitalización del legajo. Es el punto de partida para digitalizar toda la actuación policial y su comunicación con la fiscalía. Es hora de trabajar para que los papeles desaparezcan, o al menos, que se reduzcan a aquellos documentos que representan alguna prueba instrumental que necesitaríamos en el juicio».

«Con la implementación de este sistema, desaparece el concepto de ingreso físico. Cualquier requerimiento o denuncia que llegue a las Fiscalías será a través del ingreso digital. Algunas fiscalías ya han comenzado a trabajar en la reducción del uso del papel y en la implementación de directivas digitales. Además, es importante tener en cuenta que el personal policial ya no tendrá que pasar por la Fiscalía para retirar las directivas en papel, ya que estas se incorporarán directamente a las actuaciones de forma digital», agregó.

La presentación y capacitación de los fiscales y auxiliares fiscales estuvo a cargo de la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia.

 

 

 

Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y Federal de Política Criminal requieren convocatoria del Gobierno Nacional para efectuar un abordaje integral sobre el problema del narcotráfico

En una reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada en Puerto Madryn los días 21 y 22 de marzo de 2024, los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifestaron su posición sobre la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en Argentina.

Destacan que, durante años, las organizaciones han intentado destacar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas con respecto al avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo, afirmaron, es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Por ello, insistieron en la necesidad de desfederalizar la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga.

Asimismo, señalaron la importancia de establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por parte de los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

Enfatizaron la necesidad de profundizar las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, especialmente en relación con el fenómeno del narcotráfico.

Además, destacaron la importancia de aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y, por tanto, es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.

Es crucial señalan,  adoptar un enfoque integral, que incluya la prevención, la asistencia social y la sanción del fenómeno. Esto implica abordar tanto el problema en sí mismo como sus causas y consecuencias de manera global. En este sentido, es necesario profundizar en conceptos como la prevención, la disuasión, la persecución penal y el tratamiento del adicto.

Se aporta que para lograr esto, es fundamental promover la construcción y el fortalecimiento de políticas que abarquen: una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados; la organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones con integrantes meticulosamente seleccionados y bien remunerados; la institucionalización de una inteligencia criminal; la organización y cooperación entre todas las autoridades estatales, municipales, provinciales y nacionales; máximos controles en puertos y fronteras; y un ataque decidido al lavado de dinero mediante legislación adecuada.

Y se remarca, que debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.

Finalmente, se requiere una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto y definir políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales.

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El Procurador valoró la aprobación unánime para incluir delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Se trata de la modificación de la Ley Nº 8.275 para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes sean candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales, estableciendo también la duración de la prohibición. 

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta dio media sanción por unanimidad a la iniciativa que modifica la Ley Nº 8.275 para incluir las condenas por delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Esta medida, impulsada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, tiene como objetivo principal fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado por parte del crimen organizado. 

La modificación aprobada establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes, según la Ley Nº 23.737, no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Además, indica la prohibición de participar en un acto eleccionario será por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración, computado a partir del momento en que el tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria.

En este sentido, el Procurador García Castiella expresó su satisfacción por la aprobación de esta medida, que busca prevenir la infiltración del crimen organizado en el sistema político y judicial de la provincia. «Esta medida es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La inclusión de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia nos permitirá contar con herramientas más efectivas para proteger nuestra democracia y nuestra sociedad», afirmó García Castiella.

El Procurador también destacó la importancia de fortalecer las instituciones estatales para evitar la influencia del narcotráfico y el crimen organizado. «Es fundamental que el Estado cuente con las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere de un trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado», señaló García Castiella.

Por último, el Procurador hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la prevención y el combate del narcotráfico y el crimen organizado. «Esta medida es solo un paso en la dirección correcta. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras instituciones y proteger nuestra sociedad del flagelo del narcotráfico», concluyó García Castiella.

El Procurador General informó sobre la propuesta de inclusión de delitos por narcotráfico en la ley de Ficha Limpia

Explicó ante la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados que la modificación propuesta a la Ley, consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en materia de narcotráfico. Además de los aspectos técnicos de la Ley, hizo hincapié sobre la territorialidad del crimen organizado, el trasvasamiento de las instituciones del Estado y la necesidad de combatir el lavado de activos.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, expuso ante las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara de Diputados, sobre la necesidad de incorporar los delitos de narcotráfico y lavado de activos de origen ilícito en la ley de Ficha Limpia. Propuso que aquellos con condenas penales confirmadas no puedan ser candidatos, como medida preventiva contra la infiltración del crimen organizado en los estados y sus instituciones.

García Castiella subrayó la importancia de enfrentar y prevenir el avance del narcotráfico para evitar su impacto en la sociedad y el Estado. En este sentido, el proyecto presentado el 15 de enero forma parte de la política criminal del Ministerio Público Fiscal para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es importante destacar que esta medida no vulnera el principio de inocencia, sino que establece un requisito de idoneidad para ocupar cargos públicos, con respaldo y aval en la Constitución Nacional y el art. 23 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo principal de esta propuesta es fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado.

En el encuentro, García Castiella explicó que la modificación propuesta consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en segunda instancia por infracciones a la Ley 23.737 (Ley de estupefacientes) Agregando para tornar mas eficaz el impedimento, la alternativa de «Que el cómputo temporal de la inhabilitación lo sea desde el dictado del fallo confirmatorio hacia adelante, y que, si es posible, que sea por el doble de la condena».

Respecto a la expansión del control territorial que persigue todo crimen organizado, destacó el Procurador que “según las experiencias sobre las que existe consenso en todos los países, el narcotráfico se infiltra siempre por fases graduales en distintos niveles del  tejido social, comenzando en un principio por los sectores más vulnerables y pretendiéndose extender en fases posteriores hacia elementos del Estado, aspirando al control territorial. “Aunque si bien no estamos ni cerca de situaciones extremas, es imperioso adoptar medidas a tiempo desde todos los ámbitos del Estado, ya que no habría nada peor que visiones displicentes o desatentas ante determinados indicadores de alerta.”

De la observación de las ultimas investigaciones relacionadas al crimen organizado en el norte provincial, se han advertido vínculos entre organizadores criminales con niveles de logística y planificación de relevancia; cabe recordar a modo de ejemplo, que actualmente, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad de Crimen Organizado, investiga a un ex candidato a intendente de la ciudad de Orán, por su presunta vinculación con una organización dedicada no solo al narcotráfico, sino también a otros delitos complejos, sosteniendo bajo prisión preventiva a los acusados de ser sus organizadores.

 La ley de Ficha Limpia es un paso importante, pero es necesario ampliarla para abordar este tema, incluyendo la necesidad de atacar la renta del crimen organizado, enfrentando con igual intensidad al lavado de activos financieros.

Señaló también García Castiella: “Considero que la lucha contra el lavado de activos es incluso más importante que la lucha territorial contra el narcotráfico. Mientras el narcotráfico es la cara visible que se manifiesta con la  violencia, el crimen organizado persigue la renta de manera más silenciosa. Este puede o no dedicarse al narcotráfico, dependiendo de cuál actividad sea más rentable en el momento.

Y agregó: «Es crucial para los estados, enfrentar el crimen organizado atacando su fuente de ingresos, lo cual implica ser contundentes con el lavado de activos financieros. La ley de ficha limpia es un paso importante en esta dirección, pero también es fundamental que la Unidad de Información Financiera tenga un rol relevante en este combate”.

“Considero que es plenamente constitucional, ya que establece que la condena debe ser doblemente confirmada, es decir, con dos sentencias negativas consecutivas, lo cual está en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la práctica, hablar de doble instancia puede resultar inocuo, ya que el proceso puede demorar varios años en llegar a esa etapa. Una alternativa podría ser que la inhabilitación comience a contarse desde que la condena queda firme hacia adelante, en lugar de computarla desde el cometimiento del delito, lo cual podría tornar abstracto el impedimento. Otra opción sería que la inhabilitación sea por el doble de la duración de la condena. En nuestra provincia, estamos trabajando para que estas medidas sirvan para prevenir situaciones no deseadas que se viven en otros lugares del país. En resumen, el sentido del proyecto es garantizar que se tomen todas las medidas preventivas necesarias”- afirmó el Procurador General.

El Ministerio Público Fiscal colabora en la capacitación y formación de cadetes de la Policía de la Provincia

Lo hace junto a profesionales del Ministerio Público Fiscal Federal y el Poder Judicial de Salta, con el compromiso de capacitar y eficientizar el trabajo de los futuros oficiales y suboficiales de la fuerza.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ratificó el compromiso de colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad que dirige las Escuelas de Oficiales, Suboficiales y Superior de la Policía de la Provincia de Salta ante el inicio del ciclo lectivo 2024.

La Escuela de Cadetes “Martin Miguel de Güemes”, prepara a los alumnos para poder iniciar la carrera profesional de Oficiales de Policía y poder desempeñarse hasta los más altos cargos de la Fuerza, otorgándoles el título de Técnicos Superior en Seguridad Pública y Ciudadana. Esto les permite ingresar a la vida universitaria y al mercado laboral con un alto grado de competencias, aun cuando no continúen con la carrera policial.

En tanto, la Escuela de Suboficiales “Cabo Héctor Santos León”, prepara a los profesionales que cumplirán funciones operativas en todo el territorio provincial, obteniendo el título de “Técnico Superior en Seguridad Pública para Agente de Calle.”

Por tercer año consecutivo, con la incondicional colaboración del Fiscal General Federal, Eduardo Villalba, y bajo la coordinación de los abogados de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia, Dr. Santiago Sotelo y Dr. Marcos Rubinovich, un plantel de profesionales pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, del Poder Judicial de Salta, y del Ministerio Público Fiscal de la Nación dictarán clases regularmente en las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Contravencional y Derechos Humanos para los cadetes.

García Castiella destacó la importancia de esta tarea en el compromiso para que la Policía de Salta, como auxiliar de Justicia, alcance los más altos estándares de efectividad y eficacia en la prevención e investigación de los delitos, con el irrestricto respeto y protección de los derechos humanos.

Presentaron aplicación móvil para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias de la Provincia de Salta

Se podrán registrar directivas fiscales y hacer seguimiento de las respuestas de la policía en investigaciones penales. Estará disponible a partir del 3 de abril para todos los fiscales penales de la Provincia.

La Dirección de Informática del Ministerio Público presentó ante el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales, un nuevo avance en el Sistema Informático del Ministerio Público Fiscal. En esta oportunidad, una aplicación móvil para que los fiscales penales de la Provincia puedan registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales que llevan adelante las Fiscalías, como así también para que el personal policial pueda dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar en todos los casos necesarios documentación que sea útil y urgente en la investigación penal.

En esta aplicación móvil, que estará disponible próximamente para todos los Fiscales Penales de la Provincia, se podrán registrar las directivas fiscales, como también hacer un seguimiento de las mismas y sus respuestas por parte de la policía. Además, el personal policial podrá responder adelantando de manera informática e inmediata documentación, como imágenes y archivos en formato pdf, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

Como parte de los próximos pasos del Ministerio Público Fiscal, será fundamental seguir potenciando el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, para que el Sistema de Denuncias sea una herramienta que pueda favorecer a los operadores policiales en hacer un mejor aprovechamiento de los recursos escasos con los que cuentan ambos Organismos.

La mejora continua en las herramientas informáticas del MPF, la digitalización, la vinculación electrónica entre los organismos involucrados en la investigación penal, es una prioridad de la Procuración General y este paso forma parte de una planificación estratégica en el avance hacia una gestión digital en la investigación penal.

De la reunión también participaron la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; y los fiscales Elisa Pérez, Horacio Córdoba Mazuranic, Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix.

Prisión preventiva para dos jefes del Servicio Penitenciario

Los detenidos enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos, además, está imputado provisionalmente por comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, tras analizar el pedido de la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, resolvió dictar prisión preventiva para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, mientras que denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.

Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).

El primero de ellos fue detenido el 15 de febrero en un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas. El 17 de febrero fue imputado provisionalmente como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) y comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.

Durante la audiencia, su abogado particular solicitó la prisión domiciliaria, la cual finalmente le fue denegada.

El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión). Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva. El juez de Garantías 3 dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Causa por corrupción en el Servicio Penitenciario: Prisión preventiva para exinterno y su pareja

«No puede tratar de combatirse el narcotráfico en base a reacciones esporádicas y espasmódicas”

En relación con el avance del crimen organizado en Rosario, provincia de Santa Fe, el Procurador General destacó la necesidad de una agenda de política criminal unificada a nivel nacional. Esta agenda debiera involucrar a todas las provincias para hacer frente eficazmente a esta problemática.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se refirió a la situación relacionada con el crimen organizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe: “Esto no es nuevo. Los Procuradores del país, reunidos en el Consejo Federal de Procuradores, llevamos mucho tiempo insistiendo en que en la Argentina hace falta una agenda de política criminal unificada y federal, con la participación de todas las provincias”.

Señaló que el fenómeno de Rosario no es aislado, sino que el crimen organizado está presente en todo el país, y citó al Ministro de la Corte de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien afirmó el año pasado que las bandas criminales están instaladas en todo el país y que no es algo que debamos ocultar, sino enfrentar a través de una política criminal clara y federal, con la coordinación entre Nación y provincias, evitando tratarlo como compartimentos estancos o fenómenos aislados y con reacciones espasmódicas.

García Castiella destacó la gravedad de lo que está ocurriendo en Rosario, describiéndolo como terrorismo y explicando que, “cuando el Estado intentó imponer mayor rigor en las cárceles y con los detenidos, estos respondieron amenazando con provocar la muerte de un inocente por día. Esta situación busca instaurar el terror en la sociedad”. Por eso, enfatizó en que el Estado debe siempre mantener su capacidad y poder disuasivo frente al crimen, no debiendo retroceder bajo ninguna circunstancia.

El Procurador de Salta también enfatizó en la importancia de implementar políticas preventivas para evitar situaciones no deseadas como las que se están viviendo. Propuso fortalecer los equipos de investigación con personal especializado, diferente al que realiza tareas policiales en la calle, así como mejorar el control en las cárceles y sobre lo que ocurre dentro del Servicio Penitenciario: “Recientemente en Salta desmantelamos una banda dedicada a negociar con internos, manipulando calificaciones del Consejo Correccional, facilitando el ingreso de teléfonos celulares o armas blancas, entre otros delitos graves. Es por eso que el Estado nunca debe perder el control sobre estas situaciones, ya que de lo contrario se produciría un trasvase de corrupción a diferentes ámbitos estatales”.

También hizo hincapié en la necesidad de tener un control efectivo de las fronteras, una responsabilidad del gobierno nacional que considera fundamental. Argumentó que si no se controla adecuadamente, las autoridades provinciales terminan haciéndose cargo de combatir todas las ramificaciones del crimen organizado, especialmente en el caso del narcotráfico. Además, expresó su preocupación por la delincuencia asociada al crimen organizado, como los sicariatos, secuestros y balaceras, que han afectado a la provincia durante mucho tiempo. “Yo vengo hace tiempo intentando poner en la agenda política y institucional la urgencia de combatir el narcotráfico de manera constante e incansable, promoviendo una política criminal y legislativa seria y sostenida en el tiempo, que no se base en respuestas esporádicas y espasmódicas, sino en una estrategia integral y comprometida”- destacó.

Advirtió también García Castiella que, “hay que ser muy prudente en la comunicación. En Rosario, esta reacción del narcotráfico o del crimen organizado ha tenido que ver quizás, con la difusión que se dio de lo que estaba pasando en las cárceles, del control que se quería ejercer. Y con el crimen organizado y con la política criminal no se tiene que hacer política. Son dos cosas absolutamente diferentes”.

Finalmente, en referencia a la inquietud generada por el crimen organizado en el departamento Orán, enfatizó que la situación se encuentra bajo control: “Tenemos muchas personas encausadas y bajo prisión, células incipientes o con algún grado de organización militar que están presos. Ha bajado de este año al año pasado sensiblemente la tasa de homicidios en la localidad, así que creo que estamos yendo por un buen camino, pero no hay que descuidarse porque, y siempre hablo de que el problema del crimen organizado es nacional, no se avizora las soluciones en lo inmediato si no se atiende a una política criminal federal, nacional y seria.»

Fiscales Federales de Santa Fe visitaron el CIF e instalaciones de la Procuración para conocer la experiencia de Salta

Diecisiete fiscales federales de la Provincia de Santa Fe visitaron esta mañana las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el edificio de la Procuración General de la provincia, para conocer las modalidades de abordaje al crimen organizado y narcotráfico en nuestra provincia, desde la perspectiva del modelo acusatorio, que rige  tanto en el fuero provincial como en el federal.

En el marco de la próxima aplicación del sistema acusatorio federal en Argentina, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recibió a la directora de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), Carla Di Gangi; a Carolina Aráoz del Juzgado Federal de Salta; y a fiscales federales de la provincia de Santa Fe. El motivo de la visita fue conocer la experiencia de los fiscales provinciales en el sistema acusatorio y el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, tanto sus laboratorios como así también las unidades especiales de investigación con las que cuenta dicho organismo.

Durante el encuentro, el procurador García Castiella explicó la necesidad y las conveniencias de avanzar en un sistema de investigación penal o sistema procesal penal acusatorio, no solo en el ámbito federal, sino también provincial. Transmitió su experiencia sobre el funcionamiento organizativo y las correcciones que se fueron implementando, destacando su relevancia no solo en el distrito centro, sino también en distintas partes del interior de la provincia, especialmente en Orán. Además, subrayó la importancia de realizar un trabajo coordinado en la investigación de delitos derivados del narcotráfico, articulando con las fiscalías federales, tal como implementó el Ministerio Público Fiscal al crear la Unidad Fiscal de Crimen Organizado con sede en Oran.

El Procurador ofreció ejemplos concretos de las líneas de política criminal que guían al Ministerio Público Fiscal, enfocándose especialmente en el combate al crimen organizado y la atención a casos de violencia de género. Destacó la estrecha colaboración y coordinación existente entre la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Federal, así como los modelos exitosos que se han desarrollado en Salta y que han servido de paradigma para estrategias en otras provincias.

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, realizó un resumen de los orígenes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Salta, destacando las dificultades encontradas y las soluciones que ayudaron a eficientizar las tareas del Ministerio Público Fiscal.

Rivero también resaltó que el rol del fiscal pasa a ser dual, debiendo cumplir con la función de investigación y luego litigar, por lo que adquiere mayor relevancia el equipo de apoyo que asiste a los fiscales en ambas etapas, haciendo referencia a la condición indispensable de contar con cuerpos de investigación especializados para lograr éxito ante las organizaciones criminales y el delito en general.

En tanto, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, explicó el funcionamiento del organismo a su cargo y los diferentes convenios rubricados con organismos estatales y privados. Además, destacó el trabajo interdisciplinario que realiza el CIF para lograr la resolución efectiva de las causas en las que interviene.

«Hoy en día, las investigaciones no se sustentan solo en testigos, sino que el aporte de la ciencia resulta fundamental», manifestó la directora del CIF, para luego precisar que el Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico y Científico del CIF obtuvo la acreditación formal de competencia e imparcialidad de su laboratorio, equipamiento técnico y peritos, equiparándolo así a otros laboratorios del mundo.

El encuentro, que también contó con la presencia del secretario de Política Criminal del CIF, Gaspar Solá, el auxiliar fiscal de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, Daniel Espilocín, y el auxiliar fiscal del CIF Nicolás Montaldi, se extendió por varias horas e incluyó un recorrido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Durante este tiempo, los fiscales provinciales compartieron su experiencia en las investigaciones criminales en territorios donde se advierte un crecimiento de modalidades delictivas organizadas y complejas, vinculadas en algunos casos al narcotráfico e infracciones penales colaterales, así como también delitos contra la propiedad y otras modalidades delictivas organizadas.

 

Encuentro entre el Procurador General de Salta y Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió el día de hoy al señor Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, con el objetivo de abordar la situación actual vinculada al trámite procesal de la causa penal por el homicidio de su hija  cuyo cuerpo y el de su amiga Houria Moumni, fueron hallados sin vida en  julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

Como primera cuestión García Castiella expresó su respeto hacia el señor Bouvier, reconociéndolo como víctima en la causa y como padre que perdió a su hija.

Jean-Michel Bouvier manifestó su intención de solicitar la reapertura de la investigación, marcando diversas irregularidades que, a su parecer, se cometieron durante el proceso inicial de la investigación, considerando que los mismos pueden ser abordados a fondo a los fines de obtener justicia para su hija.

Por su parte el Procurador informó al señor Bouvier que la reciente  resolución de la Corte de Justicia de la Nación, notificada a la Corte de Justicia local, expone entre otros puntos que los argumentos presentados por la defensa del señor Vera, no fueron abordados en su totalidad, por haber tratado la primera solamente el primer agravio de la parte apelante; y consecuentemente no se pronunció sobre el fondo de la cuestión; (C.S.J.N). Por lo que en consecuencia, la situación actual de tramite procesal de la causa se encuentra pendiente para ser resuelta en el Tribunal Superior de nuestra provincia  el cual determinará el curso a seguir en este caso. Por ello, y ante el abanico de alternativas posibles sobre el temperamento a seguir, se debe estar a la espera de aquellas. Conforme a esto, se ratificó el compromiso por parte de la Procuración General de la Provincia y el Ministerio Publico Fiscal, de atender -conforme al respeto de los procedimientos procesales constitucionalmente previstos- la totalidad de alternativas que resultasen menester.

También se evaluó que ante la posibilidad de continuidad futura de la causa penal, debe aplicarse el tramite procesal anterior y vigente a  la fecha en la que acontecieron los hechos (esto es código procesal penal anterior Ley 6.345), una investigación a cargo del Juez de Instrucción para su revisión, poniendo a disposición la capacidad técnico científica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, paralelamente al fiscal que intervenga en la misma.

Jean-Michel Bouvier estuvo acompañado en la reunión por la abogada Sonia Escudero (en representación de Innocence Project y su presidente Manuel Garrido), además del periodista Jean-Charles Chatard.