García Castiella participó de la jura del nuevo Defensor General

La presidenta del Colegio de Gobierno, Mirta Lapad, junto al procurador general Pedro García Castiella, tomaron juramento a Martín Diez Villa como Defensor General de la Provincia.

La asesora general de Incapaces, como presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, junto al procurador general, Pedro García Castiella, tomaron juramento este jueves a Martín Diez Villa como Defensor General de la Provincia, cargo para el que fue designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado.

Del acto participaron el gobernador Gustavo Sáenz, los miembros de la Corte de Justicia, autoridades provinciales, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público y familiares.

Juró una nueva fiscal en el distrito judicial Centro

Este jueves, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento en el Salón Auditorio del Ministerio Público, a Analía Florencia Adet Figueroa como fiscal penal del distrito judicial del Centro en carácter temporario.

El procurador general Pedro García Castiella presidió el acto de jura de Analía Florencia Adet como fiscal penal del distrito judicial Centro en carácter temporario, mientras dure la ausencia o hasta tanto se cubra la vacancia.

Del acto participaron magistrados, funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial y familiares.

Analía Florencia Adet recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 28 de julio de 2022 y fue designada mediante el decreto 548/22 del Poder Ejecutivo Provincial.

Articulan acciones para el abordaje de la violencia de género

El Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP y el Observatorio de Violencia contra la mujer, trabajaran en forma conjunta con instituciones y ONG dedicadas a la problemática. Con resultados positivos, el Programa brinda recursos a fin de de evitar la violencia y la reincidencia.

Las profesionales que integran el Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja) del Ministerio Público Fiscal de Salta, mantuvieron una reunión informativa con integrantes del Observatorio de Violencia contra la Mujer.

Teniendo presente que la problemática exige compartir conocimientos sobre el accionar de los diferentes organismos e instituciones que trabajan en pos de la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, en este primer encuentro formal, se brindaron detalles respecto a la ejecución del Programa y los resultados positivos obtenidos desde su puesta en marcha en el año 2018.

Cabe destacar que desde la gestión del Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, se mantiene el firme compromiso de trabajar a fin de erradicar la violencia por cuestiones de género y fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la temática. De ahí que el Programa importe un avance para la Justicia de Salta, en lo que a decisiones se refiere, ya que implicó un paso del carácter declarativo hacia la instrumentación de acciones concretas que acompañan la imposición de reglas de conducta a los hombres condenados por delitos vinculados a la violencia de género y que modifiquen su comportamiento.

En la reunión, se acordó estimular un trabajo de mayor articulación para aunar esfuerzos, con las demás instituciones, ONG y organismos que entienden en la problemática de la violencia de género.

También se acordó establecer un vínculo abierto para futuras reuniones de formación y capacitación, además de la correspondiente transmisión de las funciones y actividades del Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja), como instrumento a disposición de toda la comunidad, el cual pasará a conformar el mapa de instituciones con las que trabaja el Observatorio.

Participaron del encuentro, por parte del Programa, las coordinadoras del equipo profesional: las licenciada en psicología, Ana Laura Errando; las licenciadas en Servicio Social, María José Caamaño y Silvana Lizárraga y María Eugenia Vargas; el Mediador, Luis Gallagher y la Secretaria Letrada de la Procuración, Milagros Ward. Por el Observatorio de Violencia contra la mujeres, las directoras Ana Pérez Declercq, Pilar González Sastre, y

El Programa

El Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP surge por iniciativa del entonces Procurador General, Pablo López Viñals, cuya creación data del 28 de diciembre de 2017, mediante Resolución 695.

A través de la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, se sumó el aporte de profesionales afectados a la Oficina Hospitalaria de Asistencia a Víctimas de Violencia  de Género del Hospital San Bernardo.

La generación y puesta en marcha del programa surgió a partir de tomar conocimiento de la experiencia exitosa que se logró en España. A posterior, se trabajó en la adecuación de un programa local, partiendo de la correspondiente capacitación en ese país.

La puesta en funcionamiento, contó con el visado del propio Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales del Consejo General del Poder Judicial de España, Andreu Estela Barnet.

El programa es una intervención que está destinada a hombres que cumplen condena de ejecución condicional por violencia contra la pareja, a quienes se les haya impuesto como regla de conducta el tratamiento, a fin de que adquieran recursos y nuevas estrategias, desarrollen conductas de interacción positiva y otras habilidades, de manera de evitar la violencia y la reincidencia en el delito, como objetivo principal del programa.

Desde 2018, año que comenzó a implementarse el programa, sobre un total de 290 hombres que fueron parte del programa y que lo completaron en su totalidad, la reincidencia fue muy baja, solo 6, es decir el 2%. En total, se evaluaron a más de 800 personas, produciéndose el ingreso de la mitad, aproximadamente, conforme a los criterios de admisión dispuestos, con un promedio de 9 varones que finalizan el programa.

Los resultados del Programa, luego de su ejecución, son informados a los juzgados y a las fiscalías de género.

El Procurador General participó del 30° aniversario de la Escuela de la Magistratura

El acto se realizó un acto en el salón “Dr. Rodolfo J. Urtubey” y estuvo presidido la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero junto al vicepresidente de la Corte y director académico de la Escuela, Fabián Vittar. Se realizó un reconocimiento al trabajo llevado adelante por quienes hicieron posible que en forma ininterrumpida la escuela brinde formación a magistrados, funcionarios, profesionales de la abogacía y empleados judiciales.

Con motivo de celebrarse el trigésimo aniversario de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, este jueves se realizó un acto de reconocimiento del que participaron miembros de la Corte de Justicia de Salta, el procurador general Pedro García Castiella, la asesora general Mirta Lapad, el defensor general Gabriel Chibán, expresidentes, directores académicos, plantel docente, magistrados, funcionarios y alumnos que recibieron formación académica en diferentes materias.

En la oportunidad se descubrieron placas recordatorias y se entregaron diplomas en reconocimiento a la colaboración prestada por quienes fueron presidentes y se desempeñaron como directores académicos.

La Escuela de la Magistratura fue creada por Acordada 7270, dictada por la Corte de Justicia, el 7 de mayo de 1992, con el objetivo de ofrecer formación académica y como un espacio institucional de docencia y debate de ideas vinculados a la función judicial.

Distrito Centro: Juró un nuevo Fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y Contencioso Administrativo

Este martes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento en el Salón Auditorio del Ministerio Público, a Agustín Vidal como fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y Contencioso Administrativo N°2 del Distrito Judicial Centro.

El procurador general Pedro García Castiella, junto a la presidenta del Colegio de Gobierno y asesora general, Mirta Lapad y el defensor general, Gabriel Chibán, presidieron el acto de jura de Agustín Vidal como fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y Contencioso Administrativo N°2 del Distrito Judicial Centro.

Del acto participaron la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, magistrados, funcionarios judiciales y familiares.

Agustín Vidal recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 30 de junio de 2022 y fue designado mediante el decreto 455/22 del Poder Ejecutivo Provincial.

El Ministerio Público Fiscal participó del Seminario Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural

Destacados y destacadas especialistas se dieron cita en Salta para debatir y generar propuestas en torno a las capacidades para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Participaron representantes la UNESCO, INTERPOL, Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, representantes de fuerzas de seguridad y cultura de la Región NOA y una representante del Ministerio Público Fiscal de Perú.

Invitado por los Ministerios de Cultura y Seguridad de la Nación y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, el representante del Ministerio Público Fiscal Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, participó del Seminario Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural que tuvo lugar en Casa de la Cultura.

El seminario tuvo como objetivo brindar herramientas teórico-metodológicas para fortalecer las capacidades para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

El acto de apertura tuvo lugar en el Centro Cultural América y contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

Del encuentro participaron la UNESCO, INTERPOL, Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, representantes de fuerzas de seguridad y cultura de la Región NOA y una representante del Ministerio Público Fiscal de Perú.

En Perú

La representante del Ministerio Público Fiscal peruano, María Ysabel Rabines Bruceño, comentó que en el mes de marzo de este año se emitió la Resolución 440-2022 de Fiscalía de la Nación, que asigna competencia en los distritos fiscales con mayor incidencia de los delitos contra el patrimonio cultural y paleontológico, a despachos provinciales, penales y de prevención del delito, en adición a sus funciones y dicta otras disposiciones.

Estas fiscalías especializadas funcionan como corporativas penales, creadas en siete departamentos y cuentan con más de treinta fiscales, en total, entre preventivos y penales.

En relación a las funciones de las fiscalías, la fiscal de Perú, que se desempeña en el distrito Lima Centro, detalló que las de prevención tienen como función anticiparse al delito, realizar operativos de oficio o de parte, coordinar en forma interinstitucional con cualquier entidad pública o privada para acordar acciones preventivas, en lo atinente a patrimonio cultural, como también elaborar alertas informativas, planificar charlas de capacitación e interactuar con los gobiernos municipales.

Las fiscalías penales, en tanto, expresó la fiscal Ramírez Briceño, investigan los delitos, abren investigaciones preliminares con respecto a delitos de patrimonio cultural de la nación y formulan acusación.

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal de Perú detalló que existe un fiscal superior para patrimonio cultural, encargado de realizar las actividades estratégicas y dirigir la red de fiscalías, que funcionan con turnos permanentes todo el año, en todos los distritos. Es decir, que se dispone de un fiscal para Patrimonio Cultural, ya que se ha puesto especial énfasis en este tipo de delitos y se elaboran informes trimestrales.

En Argentina

Por su parte, el fiscal de Cámara de la Nación, Pablo Gasipi, en referencia a estas nuevas funciones fiscales de protección del patrimonio cultural y ambiental, expresó que, tanto la Constitución Nacional, como las leyes hablan de una tutela preventiva y un cuidado anterior a que los hechos sucedan. En ese sentido, remarcó que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de conocer estas leyes y protegerlas.

Se trata dijo, de un proceso de cambio y conocimiento y que la sociedad adopte la nueva realidad con un cambio cultural.

En cuanto a la competencia fiscal de protección patrimonial, Gasipi expresó que consiste en promover todo lo que es tutela anticipada (cursos, seminarios), evitar el delito y desempeñar una tarea educativa.

Al referirse a la importancia de la protección del acerbo cultural, el fiscal de Cámara señaló que radica en que los objetos nos demuestran de dónde venimos, cómo se vivió, la manifestación de artistas cómo era la vida comunitaria y determinado modo de construcción, conforme a la época y permite saber quiénes somos, hablar de nuestros orígenes y pararnos frente al mundo de modo especial.

Gasipi subrayó que la importancia en la protección del patrimonio cultural radica en que así lo mandan las leyes, de ahí que se ocupen los fiscales y finalizó expresando que, por un lado, está el objeto en sí y, por otro, lo simbólico, la comunidad, el sentido que, uniendo todo, dan la importancia.

La relevancia de este Seminario consiste en educar en la protección de los bienes culturales, conforme a los establecido por la Convención UNESCO de 1970, en lo tocante a cuáles son las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. En nuestro país, mediante Ley N° 19943, la cual ha sido ratificada, señala la obligación de los Estados Partes a crear y desarrollar en el público, la conciencia sobre el valor de los bienes patrimoniales.

Planifican acciones a fin de disminuir delitos en el Valle de Lerma

Del encuentro participaron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, jefes policiales y GIS82 del Valle de Lerma. Se llevaran adelante tareas de prevención y acción en base al análisis de los hechos delictivos.

Este viernes tuvo lugar una reunión de trabajo en la que intervino el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal, junto a autoridades policiales, con el fin de coordinar tareas, tendientes a disminuir diferentes delitos que se producen en la zona del Valle de Lerma.

En la oportunidad se abordó la forma de articulación de trabajo entre la Fiscalía, las dependencias policiales y el Grupo Investigativo Sector 82, se analizó la cuadrícula de hechos delictivos, se estudió el perfil de los delincuentes y acusados y su “modus operandi”.

El fiscal Escalante, junto a los representantes de las dependencias de la zona, se abocó además, a la planificación y diagramación de diferentes operativos, tanto de prevención como de acción, que logren contrarrestar futuros hechos delictivos.

Estuvieron presentes en el encuentro de trabajo, el coordinador, comisario Mayor Ramiro Santos Corimayo, junto a los jefes del sector; la comisaria. insp. Hilda Urmilla; el comisario. insp. José Luis Lopez; el comisario Héctor Figueroa; el comisario Rodrigo Correa; el sub comisario David Castillo; el oficial principal Jesús Tapia y la oficial principal Lorena Canedo.

Seguridad vial y Prevención: El Procurador recibió a representantes de organismos nacionales

Se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.

Esta mañana, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto al titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Marcos Bravo, recibió a la Delegada de Región Noroeste de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Constanza Longarte, y al investigador de la Dirección Nacional de Sucesos Automotores, Carlos Párraga.

Durante el encuentro se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.

La importancia de este convenio marco radica en la concreción de políticas públicas, tendientes al mejoramiento del sistema de transporte y la elaboración de estrategias de prevención. Es sumamente importante generar estos espacios comunes de colaboración, debido a que el intercambio puede ayudar a la individualización de patrones de riesgo o circunstancias que deban corregirse, mediante la implementación de políticas públicas y medidas eficaces, destinadas a la reducción de la siniestralidad.

Cabe mencionar que la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo autárquico y técnico, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, lleva a cabo investigaciones y estudios técnicos en materia de seguridad operacional en el transporte de pasajeros y/o cargas, por los modos automotor, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo.

La ley 27514, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 17 de julio de 2019 y promulgada el 21 de agosto del mismo año, en su artículo 1°, declara de interés público nacional, la política de seguridad en el transporte, teniendo como fin brindar movilidad, garantizando la protección de las personas, de sus bienes y del ambiente en el territorio nacional; en tanto, en su artículo 4°, crea la Junta de Seguridad en el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Por su parte, la Oficina de Provincial de Incidentes Viales (OPRIV), está abocada, permanentemente, a delinear estrategias de planificación y acción, en consonancia con las políticas públicas de alcance nacional, con el objeto de disminuir la tasa de siniestralidad vial. De ahí la trascendencia que cobra la interacción y el trabajo conjunto con ambos organismos nacionales, mediante este convenio marco sobre el cual se comienza a avanzar para su concreción y posterior aplicación.

Santa Victoria Este: Reunión con la UACOP en procura de garantizar el acceso a la justicia

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón y la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, mantuvieron una reunión este jueves con representantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, donde brindaron asistencia y asesoramiento en relación a las problemáticas planteadas.

En el marco de la intervención que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón y la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, mantuvieron una reunión este jueves en Santa Victoria Este con representantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), donde se analizaron e intercambiaron numerosos temas de seguridad y justicia desde una visión intercultural, integral y de género.

Los integrantes de la UACOP plantearon consultas relacionada a las vías de acceso al sistema de administración de justicia y recibieron asesoramiento y orientación en cuestiones penales, procedimientos en caso de delitos y contravenciones, derechos y garantías de personas víctimas, recursos institucionales y modos de acceso al sistema de denuncia, ante la Policía de la Provincia, las fiscalías y vía web.

Las partes destacaron la apertura de diálogo directo y la posibilidad de articular acciones, considerando de suma importancia la posibilidad de sostener un espacio de capacitación, orientación y asesoramiento en problemáticas que afectan a las personas de las comunidades, entre ellas la violencia en general y a grupos vulnerables en particular.

El fiscal Cazón además mantuvo reuniones con el intendente Rogelio Nerón, autoridades policiales de la zona y representantes de la Lhaka Honhat y otras comunidades originarias. Se acordaron también instancias de mediación para alcanzar soluciones en temas de interés.

Encuentro del Procurador General con delegados de zonas rurales del Valle de Lerma

Plantearon la problemática por delitos contra la propiedad que vienen sobrellevando. Se avanzará con medidas que permitan optimizar la intervención -dentro de sus competencias y atribuciones- del Ministerio Público Fiscal.  

 El Procurador General de la provincia Pedro García Castiella recibió a una delegación de representantes de actividades productivas del Valle de Lerma a fines de ser escuchados respecto de las distintas situaciones de inseguridad que fueron planteadas y hechas públicas los últimos dias, en un encuentro en el que se destacó la predisposición de los sectores convocados en la generación y aporte de ideas, propuestas y alternativas que fueron escuchadas, coincidiéndose en la necesidad de sostener paradigmas de paz social y orden. 

Se coincidió en la necesidad de reivindicar el rol del Estado como garante de la paz social y monopolio del uso de la fuerza en el marco de una sociedad civilizada y organizada, para lo cual se requiere de un estado presente ante las distintas situaciones de conflictividad que se presentan; haciéndose notar desde el Ministerio Público que el trabajo de las fiscalías se inicia una vez acontecido el hecho delictivo hacia adelante y sus consecuencias ulteriores, no correspondiendo a las competencias y potestades del mismo la tarea de prevención; no obstante la predisposición de participar en el diseño de estrategias de abordaje conjuntas con otros ámbitos de la sociedad y el Estado. 

Desde la Procuración se destacó que teniendo en cuenta la problemática por delitos en contra de la propiedad que afectan a distintos sectores económicos en zonas rurales del interior, debe potenciarse la capacidad de anticipación en el diseño de estrategias de política criminal que contemple no solamente la realidad actual, sino también las perspectivas a mediano plazo, con la finalidad de evitar el agravamiento de las condiciones descriptas; comprendiendo ello no solo acciones inmediatas de corto plazo, sino también inclusive adecuaciones legislativas que permitan una respuesta diligente y temporalmente eficaz y oportuna; en tal sentido, se abordaron también en el encuentro cuestiones vinculadas a proyecciones que involucren futuras reformas de modalidades procesales e investigativas. 

Además, se puso en conocimiento de la disposición de las denuncias web como herramienta facilitadora de acceso a la justicia; como así también la resolución de Procuración General N° 1.349/22, ordenada el día martes 21 de Junio, mediante la que se dispone la creación de una Unidad Fiscal integrada por la fiscalía de Cerrillos, de Cachi con jurisdicción en Rosario de Lerma, junto a la titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos  (UNICROH) Dra. Eugenia Guzman, para que con el apoyo y colaboración del equipo de investigadores de dicha unidad, colaboren con “…la investigación de los delitos contra la propiedad acecidos en el ultimo año, procurando individualizar patrones delictivos o identificar reiteración de conductas delictivas por similares autores ya sea que formen parte de una organización delictiva o sean individuos particulares“ , tal cual se consigna en los considerandos de la resolución mencionada. 

García Castiella se manifestó también sobre la conveniencia y necesidad de avanzar y consolidar legislativamente a los Cuerpos de Investigaciones Especializados, tales como los ya existentes en las Unidades Especiales radicadas en la capital que dan apoyo investigativo a las fiscalías especializadas tales como Graves atentados, Delitos contra la integridad Sexual, Delitos Económicos Complejos, Narcocriminalidad entre otras, incluida la Unidad de Robos y Hurtos, y la conveniencia de que los mismos sean consolidados mediante una legislación adecuada y moderna coherente con el sistema acusatorio vigente. 

Del encuentro participaron el Senador Provincial  Esteban D’ Andrea, los productores Esteban Patrón Costas, y  Sergio Fermosselli;  mientras que por el Ministerio Público asistieron el Procurador General Pedro Garcia Castiella, el Fiscal Pablo Rivero, y el Secretario Letrado Penal Aldo Ruben Saravia