El Ministerio Público Fiscal de Salta adhiere al comunicado por el homicidio del fiscal Marcelo Pecci

En adhesión al comunicado del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, el procurador general de la Salta, Pedro García Castiella, hace público el repudio por el hecho e insta a un pronto esclarecimiento y sanción a los autores materiales.

A continuación se transcribe el comunicado emitido al respecto y que firman el Dr. Jorge Crespo como presidente del Consejo Federal de Política Criminal y el Dr. Alejandro Guillé como presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina

“… El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, con motivo del episodio criminal que costara la vida al Fiscal de la República de Paraguay Marcelo Pecci, manifiestan su absoluto repudio por el hecho, instando a las autoridades investigativas correspondientes, a un pronto esclarecimiento y sanción de los autores materiales e intelectuales.

Acompañamos a su familia en el dolor y hacemos extensivo el sentimiento de pesar a sus colegas del Ministerio Público Fiscal del Paraguay.

Que un representante de la acusación pública de nuestro continente, dedicado a la investigación del crimen organizado y a hechos de corrupción, sea ultimado en otro país y en las circunstancias en que ocurrieron los hechos, genera un profundo dolor y preocupación.

No obstante, lejos de amedrentarnos, este episodio nos compromete con más fuerza en el inquebrantable derrotero de continuar garantizando libertad y seguridad en las investigaciones de todo tipo de hechos criminales.

Persuadidos de la importancia del rol que cumplen los Ministerios Públicos Fiscales en defensa de los intereses de la sociedad, reafirmamos nuestro propósito de absoluta entrega en la tarea asumida, y la promesa de enfrentar sin condicionamiento alguno a la actividad criminal que despliegan las organizaciones mafiosas…”

Derechos Humanos: Nuevas disposiciones del Ministerio Público Fiscal para el tratamiento de casos de tortura

Con expresa invocación de las obligaciones internacionales que comprometen tanto a la República Argentina como a la provincia de Salta, que surgen de la jerarquía constitucional de la Convención en Contra de la Tortura, y la necesidad de investigar, perseguir, enjuiciar y erradicar estas prácticas violatorias del ser humano, el Procurador General de la Provincia, emitió la Resolución Nº 1339 que optimizará el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal .

Mediante la Resolución Nº 1339 con fecha 26 de abril de 2022, el Procurador General Pedro García Castiella encomendó a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia especializada, de prioridad e imprima celeridad a los casos más graves de violaciones a derechos humanos, como son los supuestos de tortura previstos en el art. 144 ter del Código Penal, a fin de evitar que los efectos del delito se sigan cometiendo, como así también instar a las medidas de protección indispensables para resguardas a las víctimas, reunir los elementos que permitan arribar a la verdad de los hechos y procurar que sean enjuiciados en tiempo oportuno.

De igual forma encomendó a todos los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal que extremen los recaudos para identificar, en el contexto de los casos penales que se encuentren interviniendo, supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial, en exceso del cumplimiento de sus funciones o en abierta violación de la ley, violenten derechos fundamentales de las personas involucradas en una investigación penal o que se encuentren bajo su custodia.

El Procurador General dispuso también, que todas las Fiscalías Penales de la provincia deberán, ante conocimiento de un hecho que pudiese encuadrar en la competencia prevista por el art. 2° de la Ley 7839, cargar el relato correspondiente en el «Sistema de Denuncias del Ministerio Público», indicando en el tipo de parte a registrar que los denunciados pertenecen a la Policía o al Servicio Penitenciario, según corresponda, especificando la calificación jurídica que surja prima facie en el espacio previsto para el tipo de delito.

Finalmente, encomendó a la Dirección de Informática y a la Coordinación Informática de la Procuración General que efectúe las adaptaciones necesarias para la implementación de lo dispuesto. 

Todo esto en cuanto el Estado Argentino ratificó diversos instrumentos internacionales en los que se compromete a respetar los derechos humanos más básicos y fundamentales, entre los que se encuentran el de la vida, la integridad física y la libertad.

Uno de los compromisos, que incluso forma parte de nuestra Carta Magna, tiene que ver con la proscripción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así, el art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, proclaman que nadie será sometido a ese tipo de tratos.

Al suscribir Ia Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, Argentina se comprometió a tomar «medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción»(art. 2.1).

En los considerandos de la Resolución se enuncia que «la práctica de la tortura es uno de los actos más envilecedores, aborrecibles y deshumanizantes que se puedan cometer contra las personas, importando el ejercicio de un trato brutal y cruel que desconoce absolutamente las premisas basales más significativas del sistema de los derechos humanos». 

Por eso resulta indispensable que la Fiscalía de Derechos Humanos tome intervención, lo antes posible, de cualquier denuncia ya radicada o que se radique contra personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria por conductas delictivas que sean susceptibles de ser consideradas como una violación a derechos humanos. Si bien constituye una gran herramienta el circuito establecido a través de la Oficina de Orientación y Denuncia, resulta indispensable que todas las Fiscalías Penales cumplan con la obligación de poner en conocimiento o remitir las actuaciones, de forma inmediata, sobre los hechos que puedan encuadrar en la competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, de acuerdo a lo prescripto por el art. 2, letra a), de la Ley 7839.

El Procurador asistió al «Intercambio entre fiscales sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema acusatorio»

Fiscales federales de distintas jurisdicciones de todo el país, participaron en la ciudad de Salta de una jornada organizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para tratar el intercambio sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema procesal acusatorio. El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella estuvo invitado y resaltó la importancia de un trabajo mancomunado y de cooperación entre las jurisdicciones nacionales y provinciales.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Fiscal General Eduardo José Villalba, Fiscal de Distrito de la Unidad Fiscal Salta y del Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, quienes realizaron una presentación del trabajo interinstitucional entre la Unidad Fiscal de Salta y la Procuración General de Salta.

El fiscal general Villalba aludió al desafío que representa la implementación del sistema acusatorio para los Ministerios Públicos Fiscales y destacó que en el abordaje de la trata de personas, la responsabilidad se potencia, haciendo necesario un trabajo de colaboración entre los organismos nacionales y provinciales.

A su turno, el procurador general García Castiella, se refirió a la experiencia en Salta, donde el sistema acusatorio está implementado desde hace 10 años, calificándola como beneficiosa y fundamental para dar respuesta a la sociedad y a la víctima de un delito.

También destacó como significativo el intercambio con el Ministerio Público Federal, donde se trabajó en forma conjunta en casos significativos, se firmaron acuerdos en materia de narcotráfico y se avanza en nuevos convenios de cooperación recíproca en cuestiones vinculada al abordaje de la trata de personas y delitos conexos, como lo son los que se cometen contra la integridad sexual.

Encabezaron el encuentro, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, titular y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Laura Estomba, como especialista en Protección y Trata de personas de la OIM Argentina y contó con la participación de fiscales federales de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires y otros distritos.

Continúan los avances en materia de investigación de estafas vinculadas a viviendas e inmuebles

Se requerirán informes a organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario para conocer las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Las denuncias relacionadas con la problemática, serán sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió ayer la visita del senador provincial por Capital, Emiliano Durand. Durante la reunión abordaron la problemática suscitada por las reiteradas estafas, engaños y graves incumplimientos que sufren muchas personas cuando realizan operaciones comerciales destinadas a la adquisición de un inmueble.

La Procuración General ha determinado, como eje prioritario de política criminal, intensificar la atención en estas modalidades de estafas, abusos y delitos conexos, en virtud del alto impacto dañoso que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos. 

La preocupación comprende, especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio.  En ese contexto, el senador aportó una carpeta con las inquietudes y denuncias que le hicieron llegar los ciudadanos, que fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odoriosio

En el encuentro, coincidieron en que las principales modalidades que generan preocupación en la ciudadanía son las inversiones efectuadas en fideicomisos inmobiliarios –conocidos popularmente como venta “de pozo”; las ventas de casas prefabricadas y la venta de inmuebles por lotes -o loteos-, pudiendo tratarse de modalidades comisivas en escala con la posible participación de organizaciones delictivas.

Por ello, García Castiella dispuso que aquellas denuncias radicadas en los últimos dos años (y las que se radiquen en lo sucesivo) referidas a actividades relacionadas con la oferta pública de inmuebles, casas prefabricadas, venta por lotes, financiamiento por fideicomisos y/o de servicios financieros para la adquisición de vivienda, sean sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

En el marco de sus competencias para la protección judicial de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, el Procurador dispuso también la conformación de un equipo de trabajo y ordenó requerir informes a todos los organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario -y sus operadores- para conocer sobre las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Con dicha información se busca evaluar en las próximas semanas las mejores alternativas judiciales para la protección de los intereses difusos o colectivos.

Por faltar a la tenencia responsable de mascotas, sus propietarios son penalmente responsables

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio por homicidio culposo, seguido contra una mujer, cuya mascota hirió mortalmente a una mujer de 73 años.

En su exposición durante el juicio, fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, manifestó su certeza en relación a que la damnificada falleció a causa de la mordedura de un perro, poniendo en tela de juicio la conducta de su propietaria, en relación a la violación de los deberes de cuidado que se debe tener para con las mascotas.

Bajo estos argumentos, el fiscal consideró a la propietaria del animal, responsable penal del delito de homicidio culposo, solicitando la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva. Además, como medida cautelar y para salvaguarda de la integridad de los vecinos, solicitó que se dispusiera el secuestro de los animales para ser incorporados al Programa de Adopción responsable de mascotas.

En el acta de debate y sentencia se expresa que “si bien es sabido que no es un resultado ilícito que la propietaria hubiera querido, debe tenerse presente que el perro se escapó por su negligencia al no observar el deber de cuidado debido, que si se hubiera observado, habría evitado el resultado luctuoso”.

Cabe recordar que la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche, condenó a la mujer por ser autora del delito de homicidio culposo y al no registrar la condenada antecedentes penales, la pena impuesta es de ejecución condicional. Además se le impusieron una serie de reglas de conducta por el término de dos años que deberá cumplir.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2020, cuando la mujer fallecida había sido mordida por una de las mascotas de la ahora condenada en el tobillo izquierdo y auxiliada por un ocasional transeúnte. La hija de la víctima llamó al Sistema de Emergencias 911 y la damnificada fue trasladada en un móvil del SAMEC al hospital San Bernardo. Durante el trayecto sufrió un paro cardíaco y, pese a las maniobras de reanimación, falleció en el nosocomio como consecuencia de un shock hipovolémico, según determinó la autopsia.

La condena constituye un importante antecedente en lo que a tenencia responsable se refiere. Al respecto, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto 1088/11, creó el “Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”, en vigencia, cuyo artículo 5º, inciso a) estableceEstimular la tenencia responsable y la sanidad de los caninos y felinos por parte de la persona o de la familia respecto a su mascota, a fin de asegurar el bienestar de los animales, de las personas y el entorno”.

Nueva Unidad Fiscal investigará el crimen de Jimena Salas

 El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella dispuso mediante el dictado de la Resolución 1328 del día de la fecha, la creación de una nueva Unidad Fiscal para intervenir en el Legajo de Investigación Nº 67/2019 de la UGAP (AP 49/2017 de la Sub comisaría Vaqueros), a fines de dar continuidad a la investigación del caso y cumplir con la premisa constitucional del afianzamiento de la Justicia y promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, como así también abastecer no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria, de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y  eventual imposición del castigo penal al o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La resolución aludida, señala “Que teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones tramitadas mediante Legajo de Investigación N° 67/2019 de la Unidad de Graves Atentados a las Personas (AP N° 49/2017 de la Sub Comisaría Vaqueros) ,corresponde a este Procurador General que, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol, que implica cumplir con el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 166, letra a, Constitución de Salta).

Que, en ese sentido, resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron”

La nueva Unidad Fiscal estará integrada por la Sra. Fiscal Penal Especializada en Femicidios, Mónica Susana Poma, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos Auxiliares”.

Se agrega que la Corte de Justicia de Salta en el dia de ayer, 5 de abril, dictó sentencia desestimando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en el proceso judicial hasta ahora llevado a cabo, agotando así de este modo la instancia recursiva por resultar el máximo tribunal de la Provincia.

Destacado aporte del Ministerio Publico Fiscal al Registro Nacional de Femicidios

Este martes se desarrolló una mesa de trabajo en la ciudad de Salta, con la presencia de la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su par de la Corte de Justicia de Salta y representantes del Ministerio Público Fiscal, donde se trabajó y se acordó sobre los números que serán incorporados al Registro como datos correspondientes al año 2021.

Mesa de Trabajo

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer, permite cumplir con lo dispuesto por la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las convenciones CEDAW y Belem do Pará.

En este contexto, como parte de un proyecto, la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la secretaria letrada María Delia Castañares, participó este martes en la ciudad de Salta junto a su equipo de trabajo, de un encuentro presencial con su par de la Corte de Justicia de Salta, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma y representante de la Procuración General de la Provincia, la secretaria letrada Milagros Ward.

En el encuentro se evaluó el trabajo que se realiza en forma mancomunada y se acordó sobre los datos estadísticos aportados por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a las causas donde se investigan los femicidios y otras muertes violentas en nuestra provincia y que serán incorporados como datos correspondientes al año 2021 en el Registro Nacional de Femicidios.

Secreto de actuaciones: Es facultad del MPFS la reserva de identidad de los imputados

Ante los insistentes requerimientos de los medios de comunicación acerca a la individualización de los nombres de las personas involucradas en la causa en la que se investiga la actividad de una financiera ilegal, desde el Ministerio Público Fiscal se hace saber que, en uso de facultades que le son propias a los fiscales, los nombres de las personas imputadas e involucradas, sean o no personal policial, serán dados a conocer una vez concluidas la etapa investigativa. Ello con la sola finalidad de asegurar el éxito de la investigación en curso. 

En el deber de informar a la comunidad y teniendo en cuenta el desconocimiento que pudiera existir en materia de legislación, se hace saber que el Artículo 261 del Código Procesal Penal de Salta señala: “Reserva total. El fiscal podrá disponer por decreto fundado, con noticia al Juez de Garantías, por única vez, el secreto total de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles que nunca serán secretos para las partes, con la salvedad de cualquier medida dispuesta bajo reserva parcial en los términos del Art. 262 . El plazo podrá ser prorrogado por igual termino por el Juez de Garantías por auto, a solicitud fundada del Fiscal. No obstante podrá decretarse nuevamente si surgieran otros imputados. Todos los actos y el legajo de investigación serán secretos para los extraños. ”

Cabe destacar que en la causa mencionada, la fiscal de UDEC Ana Inés Salinas Odorissio, ha dispuesto la Reserva de Actuaciones para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas y a fin de garantizar el resultado de la investigación. 

Enriquecedor intercambio de experiencias de integrantes del MPFS con la UFECI

El titular de la UFECI Horacio Azzolín mantuvo una reunión con fiscales de distintas especialidades como inicio de una agenda de futuras capacitaciones y jornadas abiertas con miras a la puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia. El funcionario judicial les transmitió su experiencia y destacó el conocimiento de los fiscales salteños sobre la problemática y su abordaje, comprometiéndose a brindar su apoyo en jornadas de capacitación a realizarse en los próximos meses.

El Procurador General de la provincia Pedro García Castiella se reunió con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) Horacio Azzolín a fin de dinamizar las tareas preparatorias para la próxima puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia de Salta. El Procurador remarcó el avance en la diagramación de “una serie de capacitaciones, a fin de recibir los aportes, experiencia y dotación de herramientas necesarias para no vernos sorprendidos en la puesta en marcha en un futuro no lejano de la fiscalía de ciberdelitos”. 

Para ello, se realizó junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal, una primera reunión preparatoria, como parte de una agenda de futuras capacitaciones y mesas de trabajo que se iniciarán como jornadas abiertas en el mes de junio. Azzolín pudo transmitirles a los fiscales la experiencia en el armado, la estructura y diseño de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Se adentró en la especialidad de los profesionales necesarios para el trabajo, las herramientas con las que cuentan, en qué delitos intervienen y de qué forma se organizan para el abordaje de las distintas causas. 

Fueron parte de la reunión los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Flores Toranzos y Pablo Rivero, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, y el fiscal de Derechos Humanos Gabriel Gonzalez.

En el intercambio de experiencias, cada uno de los fiscales presentes relató su especificidad, y a partir de ellas, sobre que casos fueron atravesados ya sea por la delincuencia digital o por tratarse de delitos informáticos por sí mismos. En especial se hizo hincapié a los delitos relacionados con estafas, y material de explotación sexual y Grooming. 

Azzolin habló también sobre los nuevos desafíos que se están presentado en la investigación frente a delitos, sobre los que se observa una tendencia que tiene no solo una dirección en alza respecto al número de casos, sino también al surgimiento de nuevas modalidades delictivas, para los cuales se debe estar preparado y contar con las herramientas necesarias. 

El titular de la UFECI resaltó el nivel de conocimiento de los fiscales presentes respecto a los temas abordados y planteó tareas de acompañamiento para el abordaje de un modo articulado y atendiendo a sus especificidades para el abordaje de un fenómeno grave y complejo, sobre el que el Ministerio Público Fiscal ampliará y profundizará su capacidad de intervención.


Financiera ilegal: “Lo revelado es sólo la punta del iceberg”

Así lo aseguró el procurador General, Pedro García Castiella, durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana. Señaló que la velocidad del retorno de la actividad financiera investigada implicaría que el sistema era nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita. La fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas.

El procurador General, Pedro García Castiella, brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre los allanamientos y secuestros realizados a una financiera desde el viernes pasado.

Pese a la reserva de actuaciones decretada en la causa, que impide brindar detalles mas precisos sobre la investigación, García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que existan más imputados.

“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó, para luego puntualizar que “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.

“No estamos ante un clásico sistema Ponzi porque el retorno prometido, según surge de los contratos secuestrados, es bastante veloz. Esto implicaría que el sistema sería nutrido por un flujo adicional dinerario que podría provenir de otra actividad ilícita que alimente la velocidad del retorno de esta actividad financiera”, consideró García Castiella en clara alusión al lavado de activos de origen ilícito que será materia de análisis una vez concluidos los primeros estudios periciales.

Ademas afirmó que «se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas».

Además, el Procurador General señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal Argentina.

“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”- amplió el Procurador respecto de lo que, no se puede dar mayores precisiones para así proteger la reserva y éxito de las investigaciones.

Junto a García Castiella se encontraban los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el fiscal Penal, Ramiro Ramos Ossorio; y los auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.

Salinas Odorisio advirtió que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores. En cuanto a los ocho detenidos, indicó que fueron imputados por estafas reiteradas (en un número indeterminado de hechos), falsedad de instrumento privado, y asociación ilícita, todo en concurso real, y en calidad de coautoras. A ello el Procurador agrego también que oportunamente se dará también intervención a la justicia federal, por la eventual ocurrencia de delitos de esa jurisdicción.

Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.

Respecto al pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.

En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.

Por último, la fiscal Salinas Odorisio precisó que, en la medida en que la investigación avance, es intención del Ministerio Público Fiscal recuperar la mayor cantidad de dinero posible para restituirlo a las víctimas de esta financiera.