Alumnos del ultimo año de abogacía podrán realizar prácticas profesionales en Fiscalías de capital e interior

Estudiantes de Abogacía tendrán la oportunidad de realizar prácticas en el ámbito judicial a partir de un convenio entre Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y la Procuración General.

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Eduardo Romani, firmaron un Convenio para la implementación de una formación práctica en el ámbito de las Fiscalías y Delegaciones Fiscales de la provincia, destinado a los alumnos del último año de la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Salta.

El propósito es promover la integración entre el ámbito académico y el profesional, afianzando los conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito académico mediante actividades prácticas formativas y adquiriendo habilidades que serán una herramienta de formación indispensable en los tiempos actuales.

Es fundamental destacar los beneficios del acuerdo, poniendo énfasis en los alumnos que estudian en el interior de la provincia, ya que en un desafío por descentralizar las oportunidades, la práctica se desarrollará en las instalaciones de las distintas Fiscalías y Delegaciones Fiscales dependientes de la Procuración General, dentro de todo el territorio provincial. 

La Procuración recibirá en calidad de practicantes a los alumnos que designe la Facultad, que se encuentren en condiciones académicas de realizar las prácticas profesionales no rentadas, brindando colaboración en el asesoramiento académico que requieran, con una duración máxima hasta treinta horas mensuales, debiéndose cumplimentar durante el ciclo lectivo entre los meses de abril a noviembre de cada año.

El cumplimiento de la práctica por parte de los alumnos, otorgará la excepción de cursado de las materias Práctica Forense II o Practica Profesional II correspondiente al 5to año de la carrera de Abogacía, cuando estos además de contar con el 80% de asistencia, obtengan informe favorable de los profesionales a cargo de la práctica profesional, debiendo rendir el examen final para la aprobación de las materias mencionadas.

El ingreso del alumno como practicante en el Ministerio Público Fiscal de Salta no origina ningún tipo de relación laboral entre éste y el alumno manteniendo la Facultad, las potestades académicas y disciplinarias sobre los alumnos así como las obligaciones de su aseguramiento civil correspondientes.

El Procurador firmó un acuerdo de cooperación institucional con el CENAVIC para coordinar la asistencia integral a víctimas de delitos

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, mantuvo diversos encuentros en la ciudad de Buenos Aires con distintos organismos nacionales para la coordinación de las intervenciones adecuadas y oportunas en el abordaje integral y el robustecimiento de las políticas victimológicas. Estos vínculos vienen a reforzar el trabajo que desde la Procuración General de Salta se lleva a cabo, en orden a colocar en la agenda de prioridades de las políticas públicas a la perspectiva victimológica y las buenas prácticas en tal sentido, para mejorar las respuestas y garantizar una apertura adecuada a las víctimas en los procesos penales en la defensa de sus derechos y garantías.

El día lunes 28 se celebró un encuentro en sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el que se firmó una primer acta acuerdo y marco de colaboración institucional entre el CENAVIC (Centro Nacional de Atención a las Víctimas de Delitos) y la Procuracion General de la Provincia, comprendiendo también al SAVIC (Servicio de Asistencia a las Victimas de Delitos) que integra el Ministerio Publico Fiscal, a fin de coordinar esfuerzos institucionales para defender, promover y robustecer, la defensa y vigencia de las garantías y derechos individuales de las personas víctimas de delitos, de modo interjurisdiccional, coordinado y complementariamente entre ambos organismos. 

Del encuentro participaron el Subsecretario de Acceso a Justicia  Dr. Víctor Oyarzo y la Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima (CENAVID), Dra. Azul Romero Beery, la Dra. Sandra Elena Furio y el Lic. Pablo Fasciotti, a cargo de la coordinación del Equipo Interdisciplinario; por parte de la provincia de Salta concurrió el Procurador General, como también  la Directora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal Dra. Matilde Alonso, junto al Dr. Rafael Benegas

En el encuentro se dialogó sobre la necesidad de articulación para un abordaje integral que abarque lo jurídico, psicológico y social, con el objeto de dar contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos. 

García Castiella, propuso una articulación colaborativa, la proyección a futuro en diversas actividades concurrentes y la organización de mesas de trabajo en la Provincia de Salta, a fin de optimizar los recursos disponibles, generando mecanismos ágiles y eficaces de intervención y acompañamiento de personas víctimas de delito, todo teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad. Destacó el Procurador que con parámetros comunes, se obtendrán procedimientos eficaces para la optimización de la intervención más respetuosa de los derechos humanos de las personas afectadas por los efectos del delito. 

En el marco de sus funciones, tanto el Servicio de Asistencia a la Victimas del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta, como el Centro Nacional de Assitencia a Victimas, se especializan en políticas publicas y victimologicas, y son quienes asumirán la responsabilidad de fortalecer la capacidad de respuesta a las situaciones de asistencia a victimas. 

Encuentro en Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad

Con anterioridad, el pasado viernes 25 de marzo, el Procurador General de la Provincia mantuvo un encuentro con la Subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género, Dra. Carolina Varsky y la Directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Natalia Chinetti, con la finalidad también de potenciar las posibilidades de articulación de las actividades entre organismos nacionales y provinciales en el abordaje de violencias contra la vida de mujeres y personas miembros de colectivos LGBTQ y delitos contra la integridad sexual. Se coincidió en la necesidad de procurar los mecanismos mas aptos para otorgar una red de contención y acompañamiento suficiente, especialmente en aquellos casos de sectores de extrema vulnerabilidad. En particular, se trataron aquellos casos en los que son victimas personas pertenecientes a comunidades aborígenes, que exhiben una complejidad diferente. Se intercambiaron perspectivas y alternativas para lograr un mejor abordaje en casos particulares como el acontecido en la comunidad “Pluma de Pato”.

También se abordaron aspectos vinculados al avance y proyección del Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género, al que la provincia de Salta adhirió en su oportunidad, auspiciando proyecciones futuras de ampliación en la coordinación y colaboración recíproca.

El Ministerio Publico Fiscal de Salta viene ya desde tiempo atrás avanzando en la sistematización, ordenamiento y disponibilidad de los antecedentes de casos de violencia por motivos de género, constituyendo una herramienta de anticipación en la información, seguimiento  y consulta para las fiscalías de Violencia Familiar y de Género.

Abordaje de situaciones que afectan a comunidades aborígenes

En el ámbito de la provincia de Salta, tratándose en la mayoría de los casos de delitos contra la integridad sexual y resultando estos dependientes de instancia privada conforme las normas procesales y de fondo vigentes en el territorio nacional, no resulta suficiente ni eficaz la mera y sola disponibilidad física o territorial de uno o mas fiscales, sino que la determinación de instar la acción requiere de todo un proceso ordenado y previo de acompañamiento, contención, asesoramiento y protección suficiente para dotar así a las victimas de las herramientas y condiciones apropiadas para permitirles el ejercicio de sus derechos, salvo los casos de menores de edad. Por ello se dispuso un abordaje integral a través de una comisión interdisciplinaria coordinada por el SAVIC para la concurrencia a la zona y entrevistas con las victimas que deseen formular denuncias, y tomar conocimiento también de aquellos casos en que las víctimas pudiesen resultar menores de edad. 

«En general, no solo en el abordaje victimológico, sino también en la investigación del delito en sus diversas modalidades, se observa la particularidad de que, al encontrarse la provincia de Salta integrando una organización como nación federal, existen tanto jurisdicciones nacionales y federales, como así también provinciales, que intervienen en las diversas conflictividades que pudiesen padecer los habitantes de nuestra provincia. No hay razón para que los esfuerzos que convergen a la misma finalidad que es el bienestar de las personas habitantes de nuestra provincia, actúen por separado y sin  una comunicación y coordinación civilizada, armónica y superadora. Ello también se ve reflejado en los avances que se vienen logrando entre las fiscalías federales y provinciales; no existe motivo alguno para que ello no sea posible y realizable, ya que todo redundará en una mejor capacidad de respuesta del servicio de justicia como derecho de las personas«, afirmo el Procurador General  Garcia Castiella.

Allanamientos a una financiera: Solicitan a la Policía Federal custodia para un investigador que recibió amenazas

En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio. 

El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.

El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.

En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.

Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.  

En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna. 

Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas. 

Unidad de análisis y apoyo para las investigaciones de estafas vinculadas a viviendas e inmuebles

El Procurador General, Pedro García Castiella, se interiorizó sobre el avance de causas en las que numerosos salteños fueron estafados por empresas de construcción. El senador provincial Emiliano Durand le informó, durante una reunión mantenida el día miércoles, tener conocimiento de un importante número de familias que también se vieron perjudicadas por el sistema de construcción “en pozo”, y otras modalidades.

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la conformación de una unidad de análisis dentro del Ministerio Público Fiscal para prestar colaboración a aquellas fiscalías que llevan adelante las investigaciones por numerosas denuncias de casos por estafas en la construcción de viviendas bajo diversas modalidades, en perjuicio de familias salteñas. 

García Castiella tomó la decisión luego de interiorizarse sobre el avance de distintas causas relacionadas con este tipo de estafas con la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

También en este marco, el Procurador General se reunió con el senador provincial Emiliano Durand, quien le transmitió su inquietud respecto a un cúmulo de denuncias recibidas por damnificados de distintas operatorias y empresas, en particular algunas que ofrecía el sistema de “pozo” para la adquisición de propiedades. 

El Senador provincial manifestó al Procurador General tener conocimiento de un importante número de familias estafadas con este sistema por una empresa que publicitaba la preadquisición de propiedades a un precio inferior al valor del mercado, documentación que será aportada para potenciar las investigaciones

Tanto la Unidad de Delitos Económicos Complejos como otras Fiscalías Penales, según corresponda, llevan adelante la investigación de las denuncias realizadas por estafas de viviendas. A fin de brindar celeridad al proceso, García Castiella tomó la determinación de la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario de distintos profesionales con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal, que prestarán colaboración en el avance de todas las denuncias e investigaciones .

Por su parte, el senador Durand hablará con los damnificados que lo contactaron para que radiquen la correspondiente denuncia en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Los damnificados son familias cuyo objetivo era acceder a la vivienda propia y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los denunciados. Se debe tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas, y los años que tardarán algunas familias en saldar las deudas que contrajeron para acceder a esas viviendas. 

Coordinan tareas conjuntas en la lucha contra la trata de personas

Se amplian mesas de trabajo para coordinar tareas conjuntas entre fiscalías federales y provinciales; ahora, en la lucha contra la trata de personas y delitos conexos. Se diseñarán estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención, que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas.

Durante la mañana del pasado viernes, el Procurador General Pedro García Castiella, se reunió con el Fiscal General Federal Eduardo José Villalba, con el objetivo de ampliar la articulación de acciones conjuntas entre ambas jurisdicciones para el abordaje integral del delito de trata y explotación de personas; además de la protección y asistencia a las víctimas. 

Se acordó como primer medida poner en funcionamiento una Mesa de Trabajo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Salta para el abordaje temprano del delito de trata de personas.

Esta propuesta de trabajo conjunto entre los fiscales federales y fiscales provinciales, se enmarca en el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la lucha contra la trata de personas (Cf. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y su protocolo final aprobado por la ley 15.768, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional aprobado por ley 25.632), un flagelo que requiere de la coordinación de todos los organismos involucrados en la materia.

La iniciativa deriva de los ventajosos resultados consolidados, en el que fiscales provinciales y federales realizan trabajos de investigación de forma aunada sobre el tráfico de drogas sintéticas y delitos vinculados, y que fueron también analizados en la reunión.

La erradicación del delito de trata de personas es de suma complejidad y exige un trabajo permanente y coordinado, porque si bien la competencia es federal, se encuentra íntimamente vinculada a delitos conexos, de jurisdicción provincial como ser la facilitación y/o promoción a la prostitución, pornografía infantil, grooming, entre otros. Mejorar la coordinación y colaboración entre las jurisdicciones permitirá un abordaje mas contundente y ágil, en especial en relación a las “zonas grises” respecto de la calificación inicial que los hechos investigados pudiesen eventualmente exhibir en los primeros momentos, independientemente de cual sea el fuero que inicie la investigación. 

Mediante el abordaje colaborativo, se proyecta optimizar los recursos disponibles para generar mecanismos ágiles y eficaces de intervención, teniendo en cuenta que las situaciones que se presentan son de inminente peligro y vulnerabilidad.

Tanto el Ministerio Público Fiscal de Salta, como la Procuración General de la Nación, trabajarán en la elaboración de un Protocolo de trabajo donde se establecerán estrategias de investigación mancomunadas tanto para la trata de personas como los delitos conexos, consensuar criterios de actuación, canales formales para compartir datos, actividades de capacitación a los agentes involucrados en la materia, y prestar especial atención a la protección y asistencia de las víctimas a través de una coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta.

 Participaron de la reunión, el procurador general Pedro García Castiella, en representación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, Eduardo Villalba; además de fiscales y auxiliares de ambos fueros, incluidos UFINAR y Unidad de Delitos contra la integridad sexual.

Audiencia pública en Tartagal por el amparo colectivo del servicio de agua potable

En el ejercicio del control de la legalidad, la fiscal Civil, Comercial y Laboral, Rosa Vélez Román, participará de la audiencia convocada por la jueza Civil y Comercial 1 de Tartagal, Griselda Nieto

La jueza en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de Primera Nominación de Tartagal Griselda Beatriz Nieto dispuso convocar a audiencia pública en el marco del amparo colectivo contra la empresa Cosaysa. , la fiscal Civil, Comercial y Laboral, Rosa Vélez Román, participará en el ejercicio del control de la legalidad.

La audencia se realizará el 15 de marzo próximo, a las 9, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Tartagal con la finalidad de considerar los avances y resultados del plan de provisión de agua potable para General Mosconi y Tartagal en los términos dispuestos en la sentencia de mayo del año anterior.

Se analizarán alcances, objetivos específicos y generales, acciones, plan alternativo estratégico y plan de atención satisfactoria de reclamos del usuario y consumidor sanmartiniano.

La audiencia será presencial para los representantes de las partes y para el público en general se dispuso la transmisión on line a través del canal de Youtube del Poder Judicial de Salta.

Enlace para unirse a la reunión:
• https://meet.jit.si/AudienciaPub.porAmparodelAgua-15deMarzo
• También puedes entrar por llamada telefónica: Marca al número +1.512.647.1431, y al escuchar la contestadora introduce 29929994#

El Procurador participó de la puesta en marcha del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

El Procurador participó de la firma para la puesta en marcha del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El acto fue desarrollado en el Centro Cívico de Grand Bourg.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, participó del acto de integración y puesta en funcionamiento del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizado este miércoles en el Centro Cívico de Grand Bourg.  

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anunció formalmente la inauguración de este Sistema Provincial de Prevención de la Tortura en la Provincia, como así también la previsión y disponibilidad presupuestaria para su regular funcionamiento desde el presente año, la previsión edilicia y demás recursos aptos y suficientes para su funcionamiento.

La Ley 8024 que crea este Sistema en nuestra provincia, dispone que el mismo sea conformado por el Comité Provincial Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y un Consejo Consultivo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tratos abusivos, inhumanos o degradantes a la Dignidad humana.

Los mismos son mecanismos accesorios y complementarios resultantes de la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia.

El Comité Provincial está integrado por dos miembros designados por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente, más un representante de  la Cámara de Diputados, uno de Cámara de Senadores y un representante del Poder Ejecutivo.

En el acto, se incorporaron formalmente los dos miembros representantes de organismos de Derechos Humanos: la especialista en Archivología y militante social Cristina Cobos y el abogado y especialista en Derechos Humanos Rodrigo Solá. Como representante de la Cámara de Diputados se incorporó Ramón Corregidor, mientras que el Senado designó a Marcelo Robles como interino; por el Ejecutivo provincial fue designado al abogado Ricardo Nioi.

“Este es un acto sumamente trascendental para la vida institucional, ya que se incorpora a la Provincia de Salta a las primeras que entran en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina al tiempo de adherir a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que fue incorporada a la Constitución Nacional en ocasión de la última reforma constitucional. El funcionamiento operativo que se inaugura en la provincia de este sistema provincial de prevención, resulta complementario a aquellos compromisos. Es fundamental su existencia para la prevención, monitorieo y control de la actividad del Estado a través de sus fuerzas de seguridad,. Uno de los aspectos más trascendentales del sistema, es que no solo está integrado por representantes de las distintas áreas del Estado Provincial, sino también por distintos organismos y ámbitos de la sociedad civil, tales como el Colegio de Abogados, la Universidad, organismos defensores de Derechos Humanos, entre otros”, remarcó el Procurador.

Participaron en el acto el vicegobernador de la Provincia; Antonio Marocco; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo , Ricardo Villada; el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el secretario de Justicia y Métodos Alternativos, Diego Pérez; el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Javier Solá; el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carlos Ampuero; la coordinadora de la Secretaría General, Verónica Martín; el representante del IPPIS, Fausto Peloc, representantes de la Universidad Nacional de Salta, del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, y del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

A partir del lunes comienzan a funcionar nuevas áreas operativas creadas en ámbitos del Ministerio Público Fiscal

Ello en el contexto de un conjunto de medidas que se vienen implementando progresivamente desde la Procuración General de la Provincia, a fines de superar y neutralizar la saturación operativa que se advirtiera en diversas áreas, debido al  incremento que se viene registrando en los últimos años de determinadas modalidades delictivas, muy sensibles a la paz y seguridad de nuestra sociedad.

NUEVA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 4

Ante el incremento de casos de delitos sexuales y la insuficiencia de los actuales recursos disponibles para llevar adelante los procesos, el Procurador General, Dr. Pedro García Castiella, dispuso la creación de la cuarta Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual asignándosele instalaciones, recursos humanos e informáticos.

La flamante Fiscalía, entrará en funcionamiento el próximo lunes 14 de febrero y estará a cargo del Dr. Pablo Rivero, sumándose a las tres dependencias que ya integraban la Unidad especializada de Delitos contra la Integridad Sexual, y que se encontraban con una sensible saturación operativa por el incremento de denuncias de los últimos dos años.

La creación de esta dependencia y la inauguración de un nuevo equipo de oficinas para las cuatro fiscalías, forma parte de un conjunto de acciones estratégicas que la Procuración General viene implementando para afrontar el difícil panorama criminal que se advierte; para mejorar progresivamente la calidad y efectividad del Ministerio Publico Fiscal.

En efecto, a fines de diciembre del año 2021 fueron inauguradas las instalaciones de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que se ubican en el sector norte del Predio de la Ciudad Judicial y cuentan con infraestructura para garantizar el ámbito adecuado para la reserva y discreción de las víctimas y las investigaciones. También la disposición de mayores espacios físicos para el trabajo de psicólogos y demás auxiliares del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y así mejorar el aprovechamiento de dichos recursos dotándolos de espacio suficiente y adecuado.

Estas medidas resultan indispensables y urgentes, ya que según advierten los registros informáticos del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021, se incrementó sensiblemente la cantidad de delitos sexuales denunciados, con un promedio de seis denuncias diarias el ultimo año, y que impacta progresivamente saturando el desarrollo de los procesos, registrándose así a un promedio de 250 audiencias de juicio por año y por cada fiscalía, superando ello la cantidad de días calendario hábiles en el año. Número que objetivamente evidencia la dificultad de sostener una adecuada calidad en la atención, preparación y estudio que cada caso merece previo a iniciar la audiencia de debate. 

CREACIÓN DE LA “OFICINA DE COORDINACIÓN Y ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y «REGISTRO ÚNICO DE AGRESORES Y VÍCTIMAS»

A partir del 1 de febrero de 2022 se implementó un paquete de medidas para dar asistencia y optimizar el trabajo de las Fiscalías de Violencia Familiar y Género, ante la saturación de ingresos observada en los últimos años y su progresivo incremento, modificando sus competencias y la forma de trabajo.

Mediante la Resolución N° 1.308 del 28 de enero ppdo., el Procurador General Dr. García Castiella dispuso modificar la competencia de las Fiscalías Penales especializadas en violencia familiar y de género; concentrando a estas últimas en la protección de la mujer, aplicando criterios personalizados de protección, y extendiendo la competencia a las personas del colectivo LGBTIQ+, niños y niñas, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad, focalizando en grupos altamente vulnerables.

Ante este incremento de la violencia que vienen sufriendo las mujeres en la provincia  y para evitar que el cúmulo de trabajo siga despersonalizando la protección  se puso en funcionamiento la nueva “Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género” y  se creó un novedoso registro de casos de violencia. De esta forma profesionales expertos analizarán en forma detallada los casos y concentrarán toda la protección en las víctimas. 

Esta Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género recibirá, analizará y derivará los casos, posibilitando la toma de medidas en forma rápida y adecuada, y creando un novedoso “Registro Único de Agresores y Víctimas” de casos de violencia, a fines de que aporte sistematización y orden a los antecedentes y pronósticos de los casos individuales.

Ello debido a la falta de datos sistemáticamente organizados de casos ingresados y para poder hacer frente a la amplísima generalidad de demanda de intervención requerida a las Fiscalías, sobre todo en los expedientes que diariamente son remitidos por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género.

Esta oficina implementará también el Registro de Agresores y Víctimas, que contribuirá a la pronosticación del riesgo mediante la centralización, clasificación y vinculación de toda la información existente en el sistema informático del Ministerio Publico Fiscal, lo que servirá también para desarrollar el diseño de estrategias que contribuyan a optimizar la intervención estatal.

Dado que las situaciones de violencia y postergación a las que se encuentran expuestas las mujeres, -en un contexto cultural patriarcal y predominantemente asimétrico-, atraviesan todos los aspectos de la vida, tanto en el ámbito familiar, como en el social y el laboral, se resolvió que todas las víctimas pertenecientes a los colectivos enunciados sean protegidas por las fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género.

SE SUMA OTRO FISCAL A LA UNIDAD FISCAL CONTRA LA NARCOCRIMINALIDAD (UFINAR)

Avanzando en el fortalecimiento de la investigación y persecución del tráfico de drogas y también anticiparse al panorama de criminalidad periférica de delitos comunes a los que le abre la puerta la instalación del narcotráfico, se dispuso reforzar la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad adicionando un nuevo fiscal, asignando allí al Dr. Santiago López Soto, contándose así ahora con dos fiscales desde el pasado 7 de febrero.

Ya con anterioridad se sellaron acuerdos de cooperación con la fiscalía del fuero federal y PROCUNAR, para elevar los niveles de efectividad en la persecución de delitos,  materializando mecanismos de cooperación establecidos a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal Ley 27.052, que contempla y sugiere la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los fueros federal y provincial,  para hacer un frente más eficiente en la lucha contra el tráfico de drogas; resultando pionera esta coordinación que se pretende fortalecer en nuestra provincia de Salta, respecto del resto de las provincias, aspecto que fuera ponderado y reconocido en el último encuentro celebrado el pasado 20 de diciembre entre el Procurador General de la Nación Dr. Eduardo Exequiel Casal y el Procurador de la Provincia Dr. Pedro García Castiella.

También se fortalece la coordinación de la tarea de la Unidad de Análisis Criminal, que tiene el objetivo de obtener y proveer información para avanzar con las distintas investigaciones vinculadas al narcotráfico.

La actividad separada entre fiscales provinciales y federales debe superarse mediante la articulación conjunta que potencie la investigación en contra del tráfico de estupefacientes y la narcocriminalidad, pues esta actividad delictiva no reconoce jurisdicciones.

El Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial aúnan esfuerzos contra la deforestación

La Procuración General y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, firmaron un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal, firmaron este viernes un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.

El convenio insta a la creación de un Registro Único de Delitos, Contravenciones e Infracciones Ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos, conforme a los criterios señalados por las leyes 26.331 y 7543.

El objetivo central del convenio radica en la aplicación de un criterio unificado para la selección, carga y administración de datos referidos al control forestal en todo el territorio provincial.

Dicha base de datos posibilitará la planificación de acciones concretas de protección y represión en favor del ambiente y de las poblaciones, tanto aborígenes como criollas. A su vez, permitirá  el desarrollo de políticas de protección, planificación y  fomento de la actividad forestal, sobre la base de datos certeros que reflejen la realidad del comercio forestal irregular.

De esta forma y bajo criterios compatibles, se registrarán en la base de datos las actuaciones que permitirán determinar la existencia de las infracciones contempladas por la normativa vigente.

Por último, y con el fin de generalizar los criterios de manejo de información ambiental, la Mesa de Enlace dará participación en forma oportuna, tanto a la Policía Federal Argentina como Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

De la firma del convenio participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la jefa del Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvina Borelli; el secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret y los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich.

Entrevista al procurador general, Pedro García Castiella y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal.

Fallo de La Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades

Pese a los esfuerzos de conservación realizados por el Estado Provincial, tanto la tala indiscriminada como la comercialización ilegal de productos forestales continúa siendo uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental, económica y social.

A principios de 2020, la República Argentina (y la Provincia de Salta dentro de ella) fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs Argentina”, debiendo elevarse los estándares de protección en diversas materias vinculadas al reconocimiento de la personería de los pueblos originarios, al derecho a la propiedad comunitaria, al acceso al agua y la alimentación, a las garantías judiciales y a la protección de bosques nativos, entre otros temas.

Las actividades ilícitas ponen en serio peligro al bosque nativo y a diversas especies animales y vegetales; afectan gravemente al sector productivo que desarrolla su actividad forestal de acuerdo a la normativa vigente y perjudica especialmente a las comunidades originarias y criollas cuya subsistencia depende del bosque, lo que origina múltiples problemas económicos y sociales.