Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y Federal de Política Criminal requieren convocatoria del Gobierno Nacional para efectuar un abordaje integral sobre el problema del narcotráfico

En una reunión de los Titulares de los Ministerios Públicos de todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada en Puerto Madryn los días 21 y 22 de marzo de 2024, los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal manifestaron su posición sobre la gestión judicial de los delitos relacionados con drogas en Argentina.

Destacan que, durante años, las organizaciones han intentado destacar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas con respecto al avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo, afirmaron, es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Por ello, insistieron en la necesidad de desfederalizar la Ley 26.052, ampliando el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para lograr un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga.

Asimismo, señalaron la importancia de establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado y evitar la ocupación territorial por parte de los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

Enfatizaron la necesidad de profundizar las acciones coordinadas y efectivas con autoridades federales, aplicando modelos de intervención convergentes que tiendan a abarcar la problemática de modo integral, reduciendo los márgenes de impunidad, especialmente en relación con el fenómeno del narcotráfico.

Además, destacaron la importancia de aprovechar las fortalezas de los Ministerios Públicos Fiscales locales para la persecución del narcomenudeo, teniendo presente que se cuenta con regímenes procesales modernos, eficaces y ágiles, con capacidad e infraestructura para abordar las actividades periciales que requieren este tipo de causas mediante la red de Laboratorios Forenses distribuidos en todo el territorio nacional.

Se entiende al flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y, por tanto, es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables.

Es crucial señalan,  adoptar un enfoque integral, que incluya la prevención, la asistencia social y la sanción del fenómeno. Esto implica abordar tanto el problema en sí mismo como sus causas y consecuencias de manera global. En este sentido, es necesario profundizar en conceptos como la prevención, la disuasión, la persecución penal y el tratamiento del adicto.

Se aporta que para lograr esto, es fundamental promover la construcción y el fortalecimiento de políticas que abarquen: una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados; la organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones con integrantes meticulosamente seleccionados y bien remunerados; la institucionalización de una inteligencia criminal; la organización y cooperación entre todas las autoridades estatales, municipales, provinciales y nacionales; máximos controles en puertos y fronteras; y un ataque decidido al lavado de dinero mediante legislación adecuada.

Y se remarca, que debe concretarse un diálogo efectivo entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito.

Finalmente, se requiere una convocatoria del Gobierno Nacional, con una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, para poder efectuar un abordaje integral del asunto y definir políticas de Estado que definan un camino hacia la convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos, especialmente los vinculados al narcotráfico y las infracciones penales colaterales.

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