Solicitan refuerzo de seguridad en Fiscalías Penales de Orán

El pedido responde a la recopilación de evidencia en material peritado en posesión del imputado Cristian Palavecino. Diversas fotografías sugieren tareas de espionaje sobre posibles puntos de acceso a edificios de relevancia, como las Fiscalías Penales de Orán y las instalaciones del CIF.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha emitido una comunicación oficial dirigida al ministro Marcelo Dominguez, reiterando su solicitud de refuerzo de seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán, ubicadas en la calle Lamadrid al 300 y Coronel Egües al 400, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

La necesidad de esta solicitud de refuerzo de seguridad está relacionada con el material probatorio recopilado a partir de  dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo (A. P. 487/23). Este material incluye elementos de convicción relevantes para otros casos, incluyendo la causa denominada «Palavecino, Cristian Gabriel; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol».

El material descubierto consiste en diversas fotografías de los edificios que albergan las Fiscalías Penales, del CIF de Orán, edificios contiguos y postes de alumbrado público cercanos a los balcones de uno de los edificios, elementos que se encontraban en las extracciones telefónicas de los aparatos celulares secuestrados, lo que sugiere una posible actividad de inteligencia y seguimiento por parte de una organización criminal. Esta situación, junto con otros casos pendientes, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot.

Ajuntamos algunas de las las fotografías mencionadas.

 

Revelaciones claves en la causa del asalto a la empresa Abra de Sol

El avance en la investigación reveló posibles conexiones claves entre imputados por el caso de robo a la empresa frutihorticola. Se trataría de integrantes de una organización criminal sofisticada.

En el marco del avance de la investigación que viene realizando la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia, integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot, se ha obtenido información relevante -entre varios elementos de prueba- relacionada con el robo perpetrado contra la Empresa Abra de Sol (Legajo 115/22) que fortalece la sospecha sobre la participación de los imputados en el caso.

La informacion referida proviene  de la investigación vinculada a un homicidio que se tramitaba en la Unidad de Graves Atentados de Orán, donde la victima fue gravemente herida y depositada en el Hospital local ( Legajo de Investigación 16/23). En ese marco se realizó peritaje, extracción y análisis  a teléfonos celulares que previamente fueron secuestrados como resultado de los allanamientos realizados por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del CIF, encontrándose audios que implicarían la comunicación entre Cristian “Gringo” Palavecino y José Dimas “Oso” Ruiz, en circunstancias de organización en el marco del asalto y robo a mano armada a la mencionada empresa frutihorticola, y diferencias en la banda investigada que sobrevinieron con posterioridad a la detención de Brian Palavecino. 

Es importante recordar que en diciembre del año pasado, individuos que ocultaban sus identidades tras pasamontañas, gafas, y cascos de motocicletas, entre otros elementos, ingresaron al salón principal de la empresa ubicada en la calle Arenales de la ciudad de Orán. Portando armas de fuego de grueso calibre, sometieron ejerciendo violencia física, al personal y a los directivos, apropiándose de una suma considerable de dinero en moneda nacional y extranjera, así como de pertenencias de los empleados.

En el día de hoy, y en cumplimiento a una medida ordenada por Unidad Fiscal el pasado viernes 3 de noviembre, y debidamente notificada a las defensas en aquella fecha,  se realizaron sendas audiencias para poner en conocimiento de los imputados Palavecino y Ruiz, respecto del hallazgo de los audios considerados como elementos de prueba, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria.

A través de estas conversaciones se puede inferir que Ruiz, quien se desempeñaba laboralmente en la empresa, podría haber proporcionado información crucial para llevar a cabo el robo, además de desempeñar un papel importante en el encubrimiento de la banda que lideraría Palavecino.

La supuesta organización criminal con asiento en el norte de la provincia de Salta, estaría involucrada en asesinatos por encargo, ajustes de cuentas, narcotrafico y violentos robos a mano armada. Contarían con una estructura de alto nivel que planificaba los hechos con inteligencia previa, haciendo uso de tecnología sofisticada, diversidad de armamentos, anillos de seguridad y personas encargadas de la vigilancia en los lugares objetivo. Llama poderosamente la atención que del análisis de los datos digitales surgen diversas fotografías de distintos posibles lugares de acceso a los edificios de las Fiscalías Penales de Orán y de las instalaciones del CIF, por lo que se solicitó a la Unidad Regional 2 disponga la consigna policial correspondiente. 

 

Para una mayor comprensión, adjuntamos los audios mencionados. 

 

 

 

 

Instrucciones sobre el adecuado tratamiento de presos que se encuentren internados por cuestiones de salud

El Procurador General solicitó a todas las Fiscalías que se apliquen estándares internacionales sobre derechos humanos en el resguardo de la seguridad de las personas privadas de libertad en establecimientos de salud.

El 29 de septiembre de 2023, y en el marco de las funciones constitucionales que se encuentran en cabeza de la Procuración General de la Provincia, consistes en velar por el correcto cumplimiento de las leyes, garantías y el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación, su titular, Pedro Oscar García Castiella instruyó a las Fiscalías de toda la Provincia sobre la forma en que deben conjugarse dos principios igualmente relevantes: el tratamiento adecuado de los reclusos que requieren atención médica y las medidas preventivas de seguridad a tomarse en esos casos para neutralizar riesgos de fuga.

Así, mediante Resolución Nro. 1464, el Procurador General instruyó a todas las Fiscalías Penales para que adopten medidas concretas al momento de tomar conocimiento de que una persona privada de libertad será trasladada a un establecimiento de salud para una atención médica.

En dicho instrumento, García Castiella insta a que, en esos casos, deberá requerirse al Juez que autoriza la medida (traslado para atención médica o internación temporal), que extreme los recaudos tendientes a evitar que las personas privadas de su libertad sean sometidas a sujeciones innecesarias tanto por parte de personal de la Policía de Salta, como del personal del Servicio Penitenciario, exigiendo que dicha medida sólo sea utilizada como último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente, o bien al personal de salud y a terceros, cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que represente una amenaza a la seguridad de aquéllos, siempre que no exista la posibilidad de adoptar otras medidas de seguridad menos gravosas.

Esta disposición surge como consecuencia de la recurrencia habitual al uso de encadenamientos o esposas en situaciones en las que el privado de libertad se vea obligado por necesidades de salud, a acudir a asistencias -inclusive internaciones- en establecimientos de salud, y en determinados casos de manera innecesaria o excesiva, sin un criterio rector razonable que pondere su necesidad y proporcionalidad en relación a la peligrosidad o riesgo de fuga del enfermo, neutralizable con otros medios, como así también la ponderación del cuadro o acto médico que provoca la atención.

La resolución asienta sus fundamentos en los estándares de interpretación del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fueron delineados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en los casos “Loayza Tamayo vs. Perú” (sentencia de fecha 17/09/1997) y “Ximenes Lopes vs. Brasil” (sentencia de fecha 4/07/2006).

Por otro lado, encomendó a la Fiscalía de Derechos Humanos que, dentro de su rol de supervisar los centros de detención de personas, también debe abarcar el monitoreo de los establecimientos médicos en los que se encuentren internadas temporalmente personas privadas de su libertad y/o con medidas de seguridad definitivas, lugares en donde deberá verificar la aplicación de las recomendaciones establecidas en la mentada Resolución 1464.

Se creó la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal especial de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, integrada por Fiscales de distintos distritos judiciales, con el objeto de atender diversos hechos de criminalidad organizada que se suscitaron en Orán, pero con la posibilidad de ampliar su intervención a otros casos vinculados o que respondan a fenómenos criminales similares.

Destacó el Procurador que la preocupación de la sociedad se encuentra marcada por el fenómeno del crimen organizado, que involucra no solo la narcocriminalidad, delitos contra la vida, el tráfico de estupefacientes, sino también la ejecución de ilícitos contra la propiedad con alto nivel de planificación y organización. En tal sentido, sostiene que la problemática se vuelve sumamente compleja cuando se advierte que en la ejecución de los hechos intervienen organizaciones criminales con mediano o elevado nivel de logística, sofisticación en su estructura, utilización de armas de fuego de alto poder, aumento de los niveles de violencia para obtener sus resultados y, principalmente, cuando exista la sospecha de corrupción en cualquiera de las agencias estatales.

Teniendo en cuenta que ese tipo de accionar, especialmente grave, viene en sostenido crecimiento en el norte de nuestra provincia y el flagelo y gravedad de ese impacto en los comprovincianos de esa región, García Castiella estimó apropiado disponer la creación de una Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que esté integrada por fiscales de distintos distritos judiciales, de forma tal de reforzar la investigación de los casos, al tiempo que consideró que la concentración de los mismos bajo la dirección y análisis de un mismo equipo de trabajo, permitirá un mayor y más efectivo abordaje, evitar dispersión de investigaciones separadas que puedan reconocer algún factor de denominador común, conectando y unificando la información que surja de cada investigación y elementos de prueba que se hayan colectado o que se puedan encontrar en lo sucesivo; favoreciendo así el análisis criminal concentrado que permita arribar a investigaciones exitosas.

La Resolución Nº 1478 dispone que dicha Unidad Especial estará integrada por la Sra. Fiscal Penal UGAP, Dra. Claudia Carreras; la Sra. Fiscal de Violencia Familiar y de Género, Dra. Soledad Filtrin Cuezzo, ambas del Distrito Judicial Orán; el Sr. Fiscal Penal Nº 1 del Distrito Judicial Tartagal, Dr. Pablo Cabot y la Sra. Fiscal Penal UDIS 3, Dra. Luján Sodero Calvet, del distrito judicial Centro.

A su vez, dichas magistradas y magistrados del Ministerio Público Fiscal, contarán con la asistencia de un Auxiliar de Fiscalía especialmente abocado a la atención de esos casos y al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Especial, así como también contará con la colaboración de la Unidad Especial de Investigaciones del Norte, la Unidad Especial de Graves Atentados a las Personas de Orán y la Unidad Especial de Investigaciones de Salta, del Departamento de Investigaciones del CIF, a los fines de garantizar la profesionalidad y objetividad de la labor investigativa y de análisis.

Desde el 1 de noviembre se pondrá en marcha el Sistema Único de Denuncias de Violencia Familiar y de Género

En un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se han producido modificaciones al sistema informático de denuncias, que implican la detección automática de los casos de violencia familiar y de género, así como también la inmediata notificación a los organismos que tienen que actuar en cada caso. Se realizó una nueva jornada de capacitación

Este viernes, en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura, se desarrolló una nueva jornada de capacitación sobre “El Nuevo Sistema Informático de Denuncias de Violencia Familiar y de Género”. Allí se presentaron los cambios producidos al sistema, principalmente para mejorar la detección y gestión de los casos de violencia familiar y de género, y que serán implementados desde el próximo 1º de noviembre.

La apertura del acto estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Marcelo Domínguez y de la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Dra. Teresa Ovejero, quienes destacaron la importancia de las mejoras efectuadas, así como también la necesidad de coordinar y trabajar mancomunadamente entre las distintas instituciones estatales sobre una problemática social tan sensible y compleja como lo es la violencia hacia las mujeres y la violencia que se perpetra dentro del seno familiar.

Los disertantes fueron el secretario relator de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia; la secretaria coordinadora de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, Dra. Amelia Fuentes Marrupe; la jefa de la División Operadores VIF de la Policía de la Provincia, Comisaria Cintia Mastrandrea y la Coordinadora de Informática del Ministerio Público Fiscal, Lic. Patricia Aballay.

Implicancia de los cambios implementados

  •  Reducir los tiempos de las y los operadores que cargan denuncias. Actualmente, cada vez que se toma una denuncia por un hecho ocurrido en un contexto de violencia familiar y de género, se ven obligados a realizar dos actos: una denuncia VIF que tendrá como destino un Juzgado de Violencia Familiar y de Género, y una denuncia penal que será remitida a una Fiscalía Penal. Con el nuevo modelo de gestión que se implementará, sólo será necesario redactar una denuncia y cargarla al sistema informático, el que se ocupará de notificar a los organismos pertinentes.
  •  Simplificar los trámites posteriores a la presentación de la denuncia. La duplicidad de denuncias que se da en la práctica actual, sumada al hecho de que cada una tiene una numeración diferente, dificulta que los distintos fueros judiciales que luego intervienen puedan identificar el trámite que se le ha dado a cada una y las medidas protectorias que se puedan haber dispuesto. El desarrollo de un Sistema Único de denuncias facilitará  el seguimiento del caso en cada fuero que interviene por un mismo hecho.
  •  Reducir el error humano en la calificación de los hechos violentos. A través de la introducción de una serie de algoritmos meticulosamente diseñados, el nuevo Sistema de Denuncia puede interpretar cuándo el hecho denunciado podría constituir violencia de género o violencia familiar para así remitir la denuncia a los órganos avocados a esa materia. En cambio, hoy en día esa calificación primigenia depende del buen tino del o la oficial de policía que recibe la denuncia, quien tiene que advertir la situación y tildarla en el sistema informático. Con los cambios producidos, entonces, se pretende reducir al mínimo los errores u omisiones en la comunicación instantánea a las y los funcionarios judiciales que trabajan en la temática.
  •   Garantizar la notificación inmediata de los operadores judiciales competentes para actuar en cada caso. Como consecuencia de los avances en la identificación de los casos, se aprovechó la oportunidad para pre-diseñar los flujos adecuados de notificación, de esa forma, basta que él o la operadora que toma la denuncia la cargue al sistema para que éste dispare las comunicaciones necesarias a las Fiscalías Penales que resulten competentes, a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y al Ministerio Público Pupilar, cuando así corresponda. Una vez cargada la denuncia, las y los funcionarios que tienen que actuar en el caso reciben inmediatamente la comunicación y se encuentran en condiciones de dar directivas y/o tomar decisiones.

La capacitación estuvo dirigida principalmente al personal policial de toda la provincia, al personal de la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, al personal del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal. También asistieron magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y personal administrativo del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Entre el público se contó con la presencia de los jueces de Corte Fabián Vittar, Adriana Rodríguez Faraldo, Guillermo Catalano, Maria Alejandra Gauffin y Gabriel Chibán.

Participaron además la asesora General, Mirta Lapad; Lic. Ana Pérez Declercq, Dra. María del Pilar González Sastre y Lic. Natalia Fuentes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Itatí Carrique; Subsecretaria de Politicas contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca; Coordinador General del Ministerio de Seguridad, Fernando Acedo; Coordinadora Administrativa del Ministerio de Seguridad Nelly Giménez; la Coordinadora Técnico Jurídica Soraya Dip y la diputada provincial Mónica Juárez.

El Procurador General alertó sobre el avance del crimen organizado en el norte de Salta

En conferencia de prensa, García Castiella alertó respecto del incremento de la violencia y el trabajo en los niveles de bandas de crimen sofisticadamente organizado que operan en la región norte de la provincia de Salta, y en particular en la zona de Orán, alentando la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Comunicó también que solicito al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia la asignación de custodia para su persona, y el refuerzo de la custodia del edifico de la Procuracion General. Hizo mención a dos investigaciones en curso. Informó sobre su presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en relación con Edgardo Laurenci, Juez del Tribunal de Juicio Sala 1 Orán, que lleva adelante el Juicio a los hermanos Delfin y Raul Castedo,  por mal desempeño, negligencia e impericia en la fuga del sicario Lino Moreno.

En una conferencia de prensa el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, enfocó hoy su atención en el sostenido incremento del crimen organizado en la región norte de la provincia, con especial énfasis en el distrito de Orán y el impacto que ello ocasiona en el padecimiento cotidiano que perturba la vida en paz que se merecen nuestros comprovincianos que viven en esas ciudades, lo que a veces no es percibido con el peso suficiente.

García Castiella comenzó destacando la magnitud de esta problemática, recordando que insiste en ello desde el inicio de su gestión, subrayando que «este fenómeno no se limita únicamente al tráfico de drogas; su nivel de organización, poderio y sofisticación “los ha llevado a diversificarse en una suerte de “polirubros” involucrandose en una amplia gama de actividades delictivas, que incluyen robos, a menudo con características de extremada violencia, como así también sicariatos, mejicaneas, etc «. Además, señaló con pesar que «estamos presenciando con mayor frecuencia situaciones de sicariato y ajustes de cuentas, lo que ha resultado en un aumento preocupante de muertes en la región». En este contexto, el Procurador General resaltó la valentía de las fiscales del distrito a cargo de las distintas investigaciones, e instó a que este tema se convierta en una prioridad en la agenda y se aborde con seriedad para detener su expansión.

Cabe recordar en tal sentido los casos de Avendino, una persona ajusticiada y abandonado en cercanías de Hospital de Oran, y Bejarano, encontrado su cadáver dentro de un vehículo y espolvoreado con cocaína.

García Castiella también destacó los esfuerzos realizados desde que asumió su cargo, para abordar la problemática, trabajando activamente en trabajar coordinadamente con otras provincias, el gobierno nacional y el Consejo Federal de Procuradores, y la exitosa coordinación con la Justicia Federal y la PROCUNAR region NOA. Señaló que «hemos establecido vínculos tanto a ni que es tomada como modelo a nivel nacional, , reconociendo la necesidad mutua de apoyo», y mencionó el interés de otras provincias en conocer el funcionamiento del modelo de coordinación que lleva adelante el Ministerio Publico Fiscal de Salta, sus áreas de investigaciones, su relación con la Justicia Federal y las investigaciones de narcocriminalidad

El Procurador General también menciono el compromiso del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz en la adjudicación de recursos oportunamente solicitados para la instalación de una Unidad Especial de Investigaciones de Oran en una localidad donde era esencial para el refuerzo de la labor de los fiscales, y también el apoyo y compromiso convergente de la Corte de Justicia de Salta, en el abordaje de estas realidades. Subrayó que este compromiso conjunto tiene como objetivo enfrentar el desafío constante en el Distrito Norte de la provincia.

En términos de acción concreta, García Castiella enfatizó su determinación en la lucha contra el crimen organizado e hizo un llamado a que todos los jueces y magistrados en general, incluidos fiscales y demás funcionarios estén a la altura de estos desafios, en defensa de la paz social, el cumplimiento de los juramentos al asumir sus cargos y el papel fundamental que la justicia debe desempeñar en la preservación de la paz social y el funcionamiento de las instituciones. «Aquellos que no estén a la altura deberían pensar en otra actividad «, afirmó.

En este ámbito, el Procurador General ilustró como ejemplo en referencia a la realidad descripta, al violento robo a la empresa frutihortícola Abra el Sol, donde irrumpiera una banda organizada con armas largas y uno de los propietarios fue brutalmente golpeado, levantándose con un botin de aproximadamente 60 millones de pesos. García Castiella informó que esta causa está a punto de ser elevada a juicio, incluido un ex empleado de la misma como entregador en el asalto.

El norte de la provincia, según García Castiella, enfrenta numerosas investigaciones que involucran mexicanadas y sicariatos, incluida la mencionada causa, destacando la figura de un fugitivo de alto perfil conocido como «Gringo Palavecino», considerado la persona más buscada en la región. Además, mencionó un caso de corrupción institucional donde cuatro policías están detenidos por presuntamente negociar sobornos a cambio de frustrar procedimientos ordenados por la Fiscalía. La fiscal Mariana Torres lleva adelante esta investigación, que destacó, “ha revelado un nivel más grave de participación de ocho efectivos dependientes de las fuerzas de seguridad provincial en actos de cohecho y entrega o aviso previo de procedimientos a investigados para facilitar su frustración” En el caso del personal policial detenido, cumplía funciones en el SINAR 13, que estaba afectado a prestar colaboración a la fiscalía penal N° 3, actividad delictiva que provocara el fracaso de varias diligencias de allanamientos o detenciones. Es por eso que subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones rigurosas y asegurar que los responsables sean enjuiciados.

También a preguntas del periodismo el Procurador cuestiono duramente las manifestaciones de una abogada que invoca la defensa de Jose Dimas Ruiz, detenido con prisión preventiva, por haber presuntamente operado como “entregador en el robo a la empresa “Abra EL Sol”, la que en una entrevista radial pusiera en duda la real existencia de los $ 60.000.000, advirtiendo a la vez que el accionar de dicha letrada, además de pretender investigar a una victima que sufriera además del despojo parimonial, una feroz golpiza en su humanidad,  esta poniendo en riesgo una investigación iniciada hace mas de tres meses por corrupción institucional, respaldando con contundencia el Procurador la labor que lleva acabo la mencionada fiscal junto al Jefe de la Brigada de Investigaciones de la zona, que fueran objeto de la embestida verborragica de esta letrada.

Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci

En cuanto al Jury de Enjuiciamiento a Edgardo Laurenci, el Procurador se remontó en primer lugar a los antecedentes de Lino Ademar Moreno, quien tenía condenas previas en los años 2002 y 2003. En 2006, Moreno fue detenido por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, siendo identificado como el autor material del crimen junto a Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado Ernesto Aparicio, Anibal Tarraga, pareja de la primera, “Nene Torres, capataz, y Graciela Guerra, pareja de Moreno. El caso llegó a juicio en 2010, y Moreno recibió una condena de prisión efectiva.

Relató la cronología de los eventos, señalando que el juez Laurenci otorgó a Moreno el beneficio de varias salidas transitorias, a pesar de las objeciones surgidas desde algunos operadores del Servicio Penitenciario y la misma Fiscal Claudia Carreras.

En este sentido, el procurador García Castiella destacó que la imputación al juez Laurenci no se centró en el hecho en sí de que haya otorgado beneficios a un condenado a prisión efectiva, ya que la Ley 24.670 sobre la ejecución penal si bien lo impedía, en 2015, la Corte de Justiciacon voto de los Dres.  Abel Cornejo, Samsón, Díaz y Vittar declaró la inconstitucionalidad de este impedimento, habilitando así la procedibilidad, bajo ciertas condiciones y con los informes favorables correspondientes, la concesión de beneficios a los condenados a prisión efectiva.

El Procurador destacó que la acusación contra el juez Laurenci se basó en su “negligencia, impericia y falta de cumplimiento de sus deberes al retrasar la emisión de la orden de captura durante 53 días, lo que tuvo un impacto significativo en la búsqueda y detención de Lino Ademar Moreno”.

“El 18 de junio, Lino Ademar Moreno no regresó como estaba programado de su salida transitoria, que había sido autorizada para las 20:30 horas de ese mismo domingo, como parte de un proceso penal en curso. El lunes, martes y miércoles siguientes, su ausencia se hizo evidente. El 22 de junio, el sistema penitenciario formalmente comunicó esta situación al Tribunal encargado del caso. El 23 de junio, una vez que se confirmó que Moreno no había regresado, deberían haberse activado inmediatamente los procedimientos para su búsqueda”- señaló.

Destacó también que: “El juez Laurenci, quien estaba a cargo de este caso, también formaba parte del Tribunal que estaba a punto de juzgar a los hermanos Raúl Amadeo y Delfín Castedo, lo que aumentaba la urgencia de su búsqueda. No se trataba de un delincuente común, sino de un sicario condenado por homicidio calificado. Sin embargo, pasaron 18 días desde que se confirmó la ausencia de Moreno el 23 de junio hasta que el juez revocó su beneficio y emitió la orden de captura el 29 de junio; orden que fuera – debido a errores materiales en las comunicaciones-  asentada debidamente en los organismos responsables del alerta, después de 52 dias contados desde la fuga. Además, se cometieron errores en el proceso de búsqueda, incluyendo la emisión de una orden de captura incorrecta y el uso de documentación inadecuada”.

Destacó finalmente como importante el Procurador que, “desde 2016, existe un convenio entre la Corte de Justicia y las fuerzas de seguridad para agilizar la comunicación en situaciones de emergencia, conocido como SIFCOP en donde debiera haberse asentado de inmediato la orden de búsqueda y restricción de salida. A pesar de su existencia. Es fundamental aclarar que esta acción legal no debería afectar ni interferir de ninguna manera en la continuación del juicio que se lleva a cabo por parte del Tribunal Oral contra los hermanos Castedo”.

CASO LINO ADEMAR MORENO

Comunicación de ausencia y medidas judiciales

RESUMEN DE LOS HECHOS

18 de junio de 2023

            En razón de que una resolución dictada por el Juez Edgardo Laurenci, autorizaba a Lino Ademar Moreno a gozar de salidas transitorias una vez al mes, con el motivo de afianzar vínculos familiares con su tío, lo que luego fue ampliado a dos domingos al mes, el 18/06 a hs. 8:00 Moreno salió de la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán bajo la condición de que debía dirigirse al domicilio de su tío y permanecer allí hasta regresar al penal a las 18:00 hs.

            A las 18:00 horas de ese día, se hizo presente en la Unidad Carcelaria el tío de Moreno, quien había sido designado como tutor del condenado, llevaba una mochila de Moreno y comunicó que su sobrino se había retirado de su domicilio a hs. 11:00 sin aviso previo y no había regresado.

            A hs. 18:10 el Servicio Penitenciario dispuso “Falta sin causa” del interno Moreno, por no regresar a la unidad carcelaria.

            A hs. 20:30, el Adjutor Mayor Matías Méndez, UC Nº 3, se comunicó telefónicamente con el Dr. Edgardo Laurenci a quien se le informó la ausencia de Lino Moreno, ante lo que habría manifestado que se labren las actuaciones correspondientes al caso.

22 de junio de 2023

            Ingresa al Juzgado el oficio del Director UC Nº 3, dirigido al Juez Laurenci, en el que se acompaña informe y exposición de lo ocurrido en fecha 18/6/23.

23 de junio de 2023

            El Juez Edgardo Laurenci decreta lo siguiente: “Por recibido y atento al contenido de informes del SPPS…. córrase vista, por ante la Sra. Fiscal Penal del GAP, conforme lo dispone el art. 571 del CPP”.

El Art. 571 del CPP dispone lo siguiente: Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el interesado, su Defensor o por el Fiscal y serán resueltos, previa vista a la contraria, en el término de cinco (5) días. Se proveerá a la defensa técnica del condenado conforme a las normas de este Código. Contra el auto que resuelva el incidente sólo procederá recurso de Apelación, el que no suspenderá el trámite de la ejecución a menos que lo dispusiera el Tribunal.

26 de junio de 2023

            El expediente es recibido en Fiscalía de Graves Atentados a las Personas, a hs. 10:00.

27 de junio de 2023

            El Director de la Unidad Carcelaria Nº 3, Cristian Rivero Urquiza, manda oficio aL Juez de Ejecución Laurenci, solicitando “instrumento legal detallando temperamento a seguir en relación a FALTA SIN CAUSA del interno MORENO LINO”.

29 de junio de 2023

            La Fiscalía contesta vista. Se responde que no corresponde evacuar la vista, toda vez que no se encuentra previsto por el Código para este caso, que al no haber respetado el condenado Moreno las modalidades bajo las que se concedió las salidas transitorias, se debe revocar el beneficio y ordenar su CAPTURA.

6 de julio de 2023

Por resolución se dispone lo siguiente:

  • Revocar el beneficio de salidas transitorias.
  • Disponer la INMEDIATA DETENCIÓN, librando oficio al Jefe de Policía, quien en caso de no lograr la detención en el domicilio, deberá insertar su captura en el orden del día.

Se confeccionan los siguientes oficios:

  • a Dirección Gral. De Aduanas Orán
  • a Dirección Gral. De Migraciones
  • a la Brigada de Investigaciones Orán
  • al Jefe de la Unidad Regional Norte Nº 2, de la Policía. Detalles sobre esta comunicación:
    • es recibido el 10/7/23
    • se consigna un domicilio diferente para el cumplimiento de la orden
    • se consigna un DNI diferente de la persona buscada
    • se consigna un número de prontuario diferente

11 de julio de 2023

            Personal de la Comisaría 4º, Bº Aeroparque, UR Nº 2, se desplazó al domicilio de Bº Italia que se consignó en el oficio del Juzgado, al arribar al lugar se entrevista con vecinos que le dijeron que no existía el domicilio buscado y que no conocen a Lino Moreno.

18 de julio de 2023

            El Personal policial se desplazó al domicilio requerido en el oficio, se entrevistó con vecinos, ninguno conoce al buscado.

26 de julio de 2023

            Nuevamente el personal de la Comisaría 4º se desplazó al domicilio requerido, con resultado negavo.

8 de agosto de 2023

            Ingresa al Juzgado el Oficio del Oficial que se había encomendado para cumplir la orden de detención, informando que en reiteradas ocasiones se buscó a Moreno no logrando dar con su paradero ya que los vecinos no lo conocen y que al intentar insertar la detención a la orden del día, se advirtió que se consignó erróneamente su DNI, por lo que se solicita que se cambie.

9 de agosto de 2023

            Se libra nuevo oficio al Jefe Unidad Regional Norte Nº 2 corrigiendo el domicilio, DNI y número de prontuario erróneamente consignados en el oficio del 6/7/23.

El Procurador General denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Laurenci

Lo acusa de negligencia y falta de cumplimiento de sus deberes, en relación con la fuga de Lino Moreno. Pone en duda la integridad del magistrado y su capacidad para ejercer su función adecuadamente.

 En el día de hoy, el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, formuló acusación contra el Juez del Tribunal de Juicio, Sala I, del Distrito Judicial Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci, por las causales de mal desempeño y negligencia en relación al cumplimiento de los deberes a su cargo, relacionados a su actuación ante la fuga del sicario Lino Ademar Moreno.

Moreno inicialmente había recibidó una condena de 6 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real, sin embargo, logró evadirla en el año 2001. Posteriormente, tras su recaptura, fue condenado a 6 años de prisión en otra causa el 17 de febrero de 2005, por los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Como resultado, el 27 de mayo de 2005, se decidió unificar ambas condenas en una única pena de 12 años de prisión.

Durante el cumplimiento de esa pena unificada, Lino Moreno logró escapar nuevamente el 30 de agosto de 2006. En esta ocasión, ejecutó el homicidio de Liliana Ledesma, lo que dio origen a su última condena. Es así que en el Expte. N° 4040/08, de trámite ante el Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, en fecha 14 de junio de 2010, Moreno fue condenado por el delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores. El 4 de junio de 2016 el propio Juez Edgardo Laurenci unificó las sanciones a la pena única de prisión perpetua.

En el trámite de la ejecución de esa condena perpetua, Edgardo Laurenci, actuando como Juez de Ejecución, resolvió conceder salidas transitorias a Lino Moreno, pese a la negativa fundada de la Fiscal actuante y de la familia de la víctima, argumentando que el interno reunía los requisitos necesarios para gozar de ese beneficio, que cumplía regularmente los reglamentos vigentes, las condiciones establecidas, poseía conducta ejemplar y llevaba cumplida más de la mitad de la pena que se le había impuesto.

No obstante, el pasado 18 de junio de este año, Moreno no regresó a la Unidad Carcelaria luego de usufructuar uno de sus permisos de salida. El día domimgo 18 de Junio a Hs. 20,00, cuando se hizo evidente su ausencia, fue anoticiado por parte del Servicio Penitenciario telefónicamente, seguno consta en lo informado por el S.P:P,;el Juez Laurenci se limitó a solicitar al Servicio Penitenciario que le remita las actuaciones. Estos documentos llegaron a su despacho y luego de correr vistas improcedentes, recién en fecha 6 de julio el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención. En caso de resultar el mismo negativo, instruyó que se inserte a la orden del día su captura.

Los infortunados desaciertos del Juez no terminaron allí, puesto que la orden que entregó a la policía en esa ocasión incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno. Esto resultó en intentos infructuosos por parte de la Policía para localizar la dirección correcta, además de la imposibilidad de registrar su captura debido a la inexactitud de los datos proporcionados. Es así que cincuenta y dos días después de conocer la ausencia de Moreno, el 9 de agosto, el Juez Laurenci corrigió el oficio enviado a la policía. Hasta la fecha actual, lamentablemente, no se ha obtenido información alguna sobre el paradero del sicario Moreno.

El procurador general, Pedro García Castiella, el día 9 de Agosto de 2023 y tal como se informara públicamente en aquella ocasión, al tomar conocimiento de la fuga del condenado Moreno, solicitó informes a la Presidencia de la Corte de Justicia, que inmediatamente proporcionó copias de los expedientes relacionados con el caso. Además, a la Fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, solicitando información sobre su actuación en el caso. En igual sentido y el mismo día, se dirigió al Ministerio de Seguridad y Justicia a los fines de que remita copia de las actuaciones con las que cuenta el Servicio Penitenciario, las cuales fueron enviadas el 31 de agosto en respuesta a su solicitud. Por último, al Jefe de Policía de la Provincia, requiriendo información acerca de las medidas y acciones adoptadas para dar con el paradero del fugitivo. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta por parte de este último.

Basándose en la documentación que le fue remitida, el Procurador ha presentado una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Edgardo Laurenci, por considerar que actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, omitiendo arbitrar medidas urgentes e indispensables para evitar consecuencias ulteriores, puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica.

Destacó el Procurador que la imputación se funda en hechos graves, que autorizan razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta del magistrado denunciado y su capacidad para el normal desempeño de la función que le fue confiada, con daño del servicio de justicia y menoscabo de la investidura jurisdiccional.

El procurador García Castiella  firmó un convenio de cooperación con el Ministerio Público de la Nación

La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella firmó un convenio para la cooperación internacional con el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En la cláusula primera, el acuerdo establece que «el MPF Nación ratifica su compromiso de brindar colaboración, de acuerdo con las competencias que le asignan las leyes 24.946, 27.148 y 24.767, y respetando la autonomía propia de las jurisdicciones locales». Esto para «afianzar los mecanismos de cooperación internacional, ya sea a través de las vías formales de extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal o civil, como los canales de cooperación interinstitucional directa con organismos homólogos extranjeros de los que participa el MPF Nación, a través de la asistencia al MPF de Salta en la confección, recepción, seguimiento y agilización de los requerimientos fiscales de asistencia jurídica internacional, tanto activos como pasivos, que se tramitan a través de Autoridades Centrales o por vía diplomática, conforme los Tratados vigentes y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal».

Además, indica que «el MPF de Salta acepta participar del modelo de colaboración y coordinación en materia de cooperación internacional, adhiriendo en todos sus términos al Convenio Específico Complementario de colaboración para la Cooperación Internacional entre el MPF Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal». Estos dos últimos son ámbitos que representan a todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales.

Ambas partes acordaron adoptar medidas técnicas, administrativas u organizativas que individualmente le puedan corresponder para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.

El Procurador de Salta participó de jornadas contra la Narcocriminalidad y Violencia

Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito  judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.

Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.

Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.

Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.

Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.

Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.

También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.

En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.

En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.

A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.

Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.

Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.

El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.

Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.

Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.

En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa
contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.

El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.

A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.

En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.

Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.

La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.

El CONICET firma un convenio de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Salta 

A través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo y el Ministerio Público Fiscal salteño, las partes establecen vínculos de asistencia y fortalecimiento de la articulación de la Ciencia con la Justicia. 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, suscribió un convenio con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Salta. El objetivo del acuerdo es establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre las partes.

Por medio de este documento, se definen acciones conjuntas a implementar en el ámbito de las respectivas incumbencias de ambas instituciones mediante instancias de capacitación, asesoramiento técnico, emprendimiento de proyectos, publicaciones y programas de interés común en el área de investigación y formación. 

Durante la rúbrica, se destacó la potencialidad del acuerdo marco dada la presencia del CONICET, a través del Centro Científico Tecnológico Salta – Jujuy que concentra diez unidades ejecutoras en la zona de influencia y la infraestructura para el análisis forense con la que cuenta el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dependiente del MPF. De esta manera, se busca fortalecer el trabajo que se realiza en los laboratorios del CIF a través de la sinergia con investigadores, investigadoras, técnicos y técnicas del Consejo. 

El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Roberto Rivarola manifestó que “este acuerdo es la conjunción real entre la Ciencia y la Justicia porque por un lado Salta tiene un importante desarrollo en la realización de pericias, siendo una referencia tanto a nivel regional como nacional y, a su vez,  en particular la región presenta diferentes desafíos en materia ambiental para los cuales el campo científico puede realizar aportes sustanciales”.

Al respecto, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa, Alan Temiño, destacó que el objetivo del acuerdo es “comenzar esta relación institucional para que todas las herramientas que tiene el Programa estén a disposición de las y  los fiscales de Salta y comenzar a trabajar en jornadas y en pericias específicas”.

En tanto, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella celebró el convenio marco resaltando que es el puntapié inicial para nuevos acuerdos más específicos en diferentes áreas y remarcó que “el CONICET puede aportar a nuestros laboratorios tanto en materia de investigación criminal donde científicos trabajan en el ámbito de pericias fiscales de la Procuración como así también en materia ambiental que aborda temas sensibles en los que la colaboración y acompañamiento del CONICET da tranquilidad y esperanza”. En este sentido, informó que peritos ambientales del MPF asistirán al Segundo Encuentro Nacional y Primero Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia que se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa.

Participaron también de la firma, el coordinador del Programa, Germán Stalker y el secretario de Políticas Criminales de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.

Créditos: Verónica Tello / Fotografía CONICET