En abril entra en funcionamiento la aplicación móvil para el registro y gestión de directivas fiscales

Una nueva aplicación móvil facilita la comunicación entre fiscales y operadores policiales en investigaciones penales, permitiendo registrar, seguir y responder a directivas de manera ágil y eficiente, así como adjuntar documentación relevante de forma digital.

El procurador general, Pedro García Castiella, junto a profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, presentaron ante todos los fiscales de la provincia de Salta el Sistema Informático para el registro y seguimiento de directivas y medidas en el Sistema Único de Denuncias.

Se trata de una aplicación móvil que permite a los fiscales penales registrar las directivas y medidas hacia los operadores policiales que colaboran en las investigaciones penales, así como al personal policial dejar registro de las respuestas a estas instrucciones y adjuntar documentación útil y urgente en la investigación penal. Esta herramienta también permite hacer un seguimiento de las directivas y sus respuestas por parte de la policía, facilitando la comunicación y el intercambio de información de manera ágil y eficiente. Además, el personal policial puede responder de manera informática e inmediata, adjuntando documentos como imágenes y archivos en formato PDF, que formarán parte de las actuaciones fiscales en sus legajos de investigación.

El procurador general García Castiella agradeció y reconoció el trabajo de los profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, destacando que «su labor ha sido fundamental en el avance del desarrollo de nuevos programas informáticos y tecnologías, necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades».

«Este paso es clave para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, el trabajo de los fiscales y nuestro resguardo en términos de aseguramiento y garantía del trabajo que se realiza, así como la vinculación en general con la Policía de la Provincia, como auxiliar de justicia», destacó.

Añadió el Procurador: «Seguimos apostando desde el Ministerio Público por la informatización y el avance en todas sus implicancias. Uno de nuestros objetivos en la Procuración es la vinculación tecnológica entre los organismos que administran justicia. En el encuentro de hoy, vamos a profundizar en la informatización de las directivas que emitimos a los operadores policiales desde todas las fiscalías y delegaciones penales, así como en las respuestas que recibimos desde el sistema policial. De esta manera, tendremos un registro de lo que se envía y recibe desde el momento en que se toma lectura de la misma. Esto representa un paso más hacia la digitalización de las actuaciones fiscales, ya que estamos encaminados hacia la implementación del legajo digital».

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, destacó que la aplicación móvil estará disponible a partir del 5 de abril y que el personal policial ya ha acordado recibir la capacitación necesaria. Rivero explicó: «Esta aplicación marca el comienzo del proceso de digitalización del legajo. Es el punto de partida para digitalizar toda la actuación policial y su comunicación con la fiscalía. Es hora de trabajar para que los papeles desaparezcan, o al menos, que se reduzcan a aquellos documentos que representan alguna prueba instrumental que necesitaríamos en el juicio».

«Con la implementación de este sistema, desaparece el concepto de ingreso físico. Cualquier requerimiento o denuncia que llegue a las Fiscalías será a través del ingreso digital. Algunas fiscalías ya han comenzado a trabajar en la reducción del uso del papel y en la implementación de directivas digitales. Además, es importante tener en cuenta que el personal policial ya no tendrá que pasar por la Fiscalía para retirar las directivas en papel, ya que estas se incorporarán directamente a las actuaciones de forma digital», agregó.

La presentación y capacitación de los fiscales y auxiliares fiscales estuvo a cargo de la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, y el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia.