Nueva Ley de Secuestros: El Procurador General se reunió con Diputados para avanzar en el proyecto

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa vigente para adecuarla a los paradigmas del nuevo Código Procesal Penal y optimizar el uso de los bienes incautados.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, se reunió con diputados provinciales, con el objetivo de avanzar en el análisis de la modificación y actualización de la Ley de Secuestros.

El intercambio permitió unificar las visiones del Poder Legislativo y de la Procuración, estableciendo una agenda de trabajo conjunto dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para lograr una ley operativa, ágil y equilibrada.

«Es altamente auspicioso que este tema se ponga en la agenda legislativa. Es un asunto muy sensible, en el que nosotros venimos trabajando hace varios meses”, expresó el Procurador, quien detalló que la matriz de la actual ley de secuestros está pensada “en función de los sistemas viejos”, como el sistema inquisitivo o el acusatorio de primera generación, y “los avances en las reformas procesales que tuvimos requieren un acompañamiento”.

Del la reunión, desarrollada en la sede de la Procuración, tomaron parte los diputados provinciales Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, todos coautores del proyecto de modificación de la Ley de Secuestros, que ya tomó estado parlamentario.

En tanto, por el Ministerio Público Fiscal también participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y la coordinadora de Informática y Modernización de la Procuración, Patricia Aballay.

La intención es trabajar en una norma cuidadosa, que permita fortalecer las investigaciones, tener en cuenta los derechos de las personas y lograr un sano equilibrio entre los ciudadanos y la administración de justicia.

El Procurador sostuvo: “Nos ponemos a disposición con todas las áreas que desde el Ministerio Público vienen trabajando en esta iniciativa, para integrarnos y compatibilizar los textos, y en un tiempo muy próximo podamos tener una nueva ley de secuestros”.

A su turno, el diputado Cuéllar, que representa al departamento Anta e integra la Comisión de Justicia de la Cámara Baja provincial, explicó que el encuentro con el Procurador surgió tras la presentación de la iniciativa, que se fundamenta en la existencia de “una gran problemática, principalmente con los vehículos secuestrados, que están en depósitos o a la intemperie, en distintas comisarías”.

Por otro lado, señaló que “existe una necesidad de los poderes públicos de contar con algunas herramientas, siempre respaldando el derecho de propiedad y las garantías del proceso”, y apuntó que la reunión sirvió para “presentar el proyecto y conocer las opiniones de la Procuración”, al tiempo que destacó que la intención es que la ley contenga los criterios del Nuevo Código Procesal Penal y sirva para “agilizar los procesos”.

“La idea es que estos elementos, que muchas veces están secuestrados de manera inútil, puedan ser puestos a disposición de tareas investigativas o de agentes sanitarios”, ejemplificó el legislador, quien resaltó que lo que se busca es plasmar este trabajo conjunto en una ley que sea “realmente operativa” y constituya “una herramienta eficaz”.

Al finalizar, adelantó que, al tratarse de un tema que también estaba en la agenda de la Procuración, se los invitó «a participar del trabajo en la Comisión de Justicia, para consolidar una herramienta sólida para el trabajo de los fiscales, del Poder Judicial y una solución concreta para los vecinos».

 

El Procurador General se reunió con Diputados para avanzar en el proyecto
El Procurador General se reunió con Diputados para avanzar en el proyecto

Cooperación entre Salta y Jujuy permitió concretar un allanamiento por una causa de narcotráfico

La medida fue fundamental, especialmente por la celeridad en su ejecución, en el marco de una investigación que la Justicia de Jujuy lleva adelante por narcomenudeo.

El Ministerio Público Fiscal de Salta recibió un reconocimiento institucional por la colaboración brindada en el marco de una medida judicial ordenada desde la provincia de Jujuy, vinculada a una investigación por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La nota de agradecimiento, dirigida al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, fue firmada por su par del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Alejandro Atilio Bossatti, y destaca la intervención del organismo salteño en el cumplimiento de un exhorto judicial dispuesto por el juez penal de esa provincia, Marco Andrés Espinassi.

La medida se desarrolló en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y consistió en la ejecución de un allanamiento, registro y secuestro de material de gran interés para la investigación en un domicilio de la localidad de Rosario de Lerma.

Según el texto, el procedimiento tuvo un “resultado sumamente positivo“, producto de la rapidez, el profesionalismo y la coordinación entre los operadores judiciales y las fuerzas de seguridad que participaron del operativo.

En la comunicación se realizó un reconocimiento especial al abogado de la Procuración General de la Provincia, Marcos Rubinovich, a quien se destacó “por su compromiso, colaboración y predisposición“, considerados factores fundamentales para agilizar y concretar exitosamente las actuaciones judiciales.

Finalmente, desde el organismo remitente remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación entre los Ministerios Públicos de ambas provincias, en pos de una mejor administración de justicia.

Educación y el Ministerio Público Fiscal abordan la violencia en las escuelas

El Ministerio Público Fiscal capacitó a supervisores escolares y directores generales de todos los niveles sobre marco legal y abordaje de las situaciones de violencia en el entorno escolar.

En el marco del convenio de colaboración entre Educación y el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo la Jornada de Capacitación “Marco Legal y Abordaje de violencia en instituciones educativas”, dirigida a directores generales de todos los niveles educativos y supervisores.

Del encuentro, que se desarrolló en el Mercado Artesanal, tomaron parte el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella; y la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore.

Durante el espacio de formación, a cargo de Matilde Alonso, del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic) del Ministerio Público Fiscal, se abordaron los principales marcos normativos vinculados a la convivencia escolar y al abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.

Asimismo, se destacó la importancia de conocer y aplicar las herramientas legales para fortalecer la convivencia, garantizar la protección integral de derechos y promover intervenciones responsables, oportunas y articuladas.

«La presencia sostenida del Ministerio Público Fiscal muestra el compromiso que tenemos con estas iniciativas de enorme importancia», dijo el Procurador General, tras lo que señaló que la intervención del organismo a su cargo «no tiene nada que ver con una cuestión punitiva, represiva, persecutoria, sino todo lo contrario: tiene que ver con tratar de articular fuerzas y herramientas entre las distintas instituciones del Estado, para buscar anticiparnos a problemas y desafíos cada vez más impredecibles y más grandes».

En este sentido, destacó la presencia en el lugar del Coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero; y de la Fiscal Penal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo Solá, que siempre «está dispuesta a acudir a las escuelas y los colegios a dar charlas y capacitar a alumnos y docentes sobre ciberdelitos».

Al hablar durante la apertura de este encuentro, García Castiella señaló que el año pasado «empezamos a intercambiar ideas, inquietudes, preocupaciones sobre lo que se advertía en el ámbito escolar y los niños, y la necesidad de empezar a articular acciones entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Educación», y recordó que en enero, ambas instituciones firmaron un convenio por el cual «se están materializando estas jornadas de capacitación».

Luego, se refirió al «traspaso del mundo real a la virtualidad» y consideró que «hay una realidad que está pasando al lado nuestro y nos está costando advertir», tras lo que expresó: «quien iba a pensar, hace diez o quince años, que el sistema educativo o el Ministerio Público Fiscal iban a tener que estar preocupados por situaciones que están pasando en un mundo de virtualidad pero que tienen tremendos efectos en el mundo real».

«Es ahí donde considero que el Estado tiene que estar una vez más presente, con sus instituciones, como herramientas necesarias para la convivencia social, el crecimiento, el desarrollo y la paz social», manifestó García Castiella, quien destacó que el Ministerio Público estará en «todo lo que venga a sumar», predispuesto para «darles el auxilio, el asesoramiento y el acompañamiento» que el sistema educativo y los docentes necesitan.

Al respecto, la Ministra de Educación y Cultura resaltó que “la educación debe construirse brindando a los docentes herramientas que les permitan comprender y ayudar a los chicos teniendo en cuenta su realidad digital».

La jornada constituyó un espacio clave de reflexión e intercambio interinstitucional, orientado a fortalecer la actuación de los equipos directivos y de supervisión frente a situaciones complejas, reafirmando el compromiso conjunto de los organismos participantes en la construcción de entornos educativos más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

También estuvieron presentes en el acto, el Secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker; y el Subsecretario de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional, Julio Corimayo; entre otras autoridades.

El Ministerio Público Fiscal de Salta y la Red Argentina de Fiscales Ambientales firman un convenio para fortalecer la protección del ambiente

El acuerdo promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos entre fiscalías de todo el país, consolidando una red federal de acción en materia ambiental.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, firmó este viernes un Convenio Marco de Colaboración con la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), representada por su presidente, Jorge Barraguirre, consolidando un nuevo paso en el fortalecimiento institucional para la defensa del ambiente y la promoción de la justicia ambiental en todo el territorio provincial y nacional.

El acuerdo, rubricado establece un marco de cooperación, colaboración e intercambio de conocimientos entre ambas instituciones, con el objetivo de potenciar la investigación, la formación y la acción coordinada frente a los delitos y conflictos ambientales, así como promover la capacitación especializada de los Fiscales en materia de derecho ambiental.

García Castiella destacó la relevancia de este convenio al señalar que “la protección del ambiente constituye hoy una de las misiones esenciales del Ministerio Público Fiscal, no solo como deber institucional, sino como compromiso con las generaciones presentes y futuras”. Asimismo, subrayó que la articulación con RAFA permitirá “sumar capacidades técnicas y experiencias a nivel federal, favoreciendo la investigación y persecución penal de los delitos ambientales, y fortaleciendo las políticas de prevención y reparación del daño ambiental”.

Por su parte, Barraguirre celebró la adhesión del Ministerio Público Fiscal de Salta a la Red, resaltando que “la cooperación entre las fiscalías de todo el país es fundamental para construir una respuesta integrada y efectiva frente a problemáticas que trascienden fronteras jurisdiccionales, como el tráfico de fauna, el desmonte ilegal o la contaminación de los recursos naturales”.

Acompañaron el acto de firma, el presidente del Consejo de Procuradores Generales de la Argentina, Jorge Canteros, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy, Alejandro Atilio Bossatti, el procurador adjunto Gonzalo Cesar de la Colina, el secretario de Política Criminal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, Francisco Pont Verges y otras autoridades.

El convenio prevé la realización conjunta de programas de capacitación, jornadas, investigaciones, intercambio de información y experiencias, y la elaboración de estrategias comunes para la protección ambiental. También contempla la posibilidad de celebrar convenios específicos para abordar proyectos particulares de interés común.

Con esta firma, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia reafirma su compromiso de promover una justicia ambiental activa, moderna y cooperativa, contribuyendo a la protección del patrimonio natural y al fortalecimiento de los mecanismos institucionales de prevención y sanción de los delitos ambientales.

El Procurador solicitó apoyo técnico y pericial al Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa Cordeyro

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, informa que, en el marco de la causa que investiga el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro en la localidad de San Lorenzo, solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la colaboración mediante designación e intervención de peritos especializados en criminalística, incendios e informática, dependientes de las áreas competentes de dicho organismo, con el propósito de brindar asistencia técnica de alta complejidad en el desarrollo de la investigación.

García Castiella destacó que esta decisión responde a la obligación institucional del Ministerio Público Fiscal de garantizar investigaciones penales eficaces, objetivas y técnicamente fundadas, atendiendo a la necesidad de cooperación interjurisdiccional en un caso de alta relevancia pública y complejidad técnica.

Se resaltó, asimismo, que por la naturaleza y trascendencia del caso, resulta imprescindible la realización de pericias de notable complejidad técnica, orientadas a determinar el origen y causa del incendio ocurrido en la zona, el análisis criminalístico de los restos materiales y evidencias recolectadas en el lugar del hecho, y el examen informático del dispositivo telefónico vinculado a la causa.

En particular, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) no cuenta actualmente con profesionales especializados en pericias de incendios o explosiones, por lo que resulta indispensable recurrir a expertos externos con formación específica y experiencia acreditada en la materia.

Por otra parte, el análisis forense de dispositivos celulares requiere la utilización de tecnología avanzada y herramientas especializadas de última generación, necesarias para la recuperación, análisis y preservación de datos digitales complejos, recursos que se encuentran disponibles en organismos técnicos federales.

Finalmente, se dispuso que la coordinación de las tareas periciales se realice en forma conjunta con la Unidad Fiscal interviniente, que establecerá las modalidades y el cronograma de trabajo junto con el personal técnico designado.

Destacó el Procurador que la cooperación técnica entre organismos nacionales y provinciales en investigaciones de esta naturaleza fortalece la eficacia, objetividad y transparencia del proceso penal, garantizando el acceso a recursos técnicos de alta especialización y el cumplimiento riguroso de los estándares periciales exigidos por el Código Procesal Penal.

 

Nuevas imputaciones contra el juez Parisi, el abogado Ortega Serrano, que implican al Intendente Martínez

En esta nueva causa se sospecha que los nombrados intercambiaron información confidencial, relacionada a la investigación penal por el homicidio del hermano del intendente. La maniobra frustró allanamientos y entorpeció el curso de la investigación.

El juez Claudio Alejandro Parisi, el intendente Carlos Alfredo Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano fueron imputados por haber facilitado acceso a información confidencial vinculada a una investigación penal en curso, relacionada al homicidio agravado de César Daniel Martínez, hermano del Intendente.

El análisis de los datos extraídos del teléfono celular de Carlos Martínez revelan conversaciones con el abogado Ortega Serrano, en las que intercambian informes confidenciales relacionados con la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado; que incluyen solicitudes de allanamiento sobre varios inmuebles, entre ellos el del propio intendente, así como las respuestas del juez Parisi a dichos requerimientos.

Durante el trámite del expediente, Parisi a fines de resolver el pedido de allanamiento, solicitó a la Fiscalía UGAP la remisión del legajo fiscal de investigación, extrajo copias completas, que fueron agregadas a las actuaciones y permitió posteriormente las compulsas de las mismas al abogado Ortega Serrano, quien era ajeno a la causa, con el agravante de que se encontraban medidas judiciales pendientes. Esta acción, derivó en la obstrucción de las medidas solicitadas por la Fiscalía, entre las que se encontraban el registro del domicilio de Martínez.

El secuestro del celular del Intendente, del cual se obtuvo esta información, había sido denegada por el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, decisión revocada por el Tribunal de Impugnación, por la actividad recursiva de la Fiscalía.

Las imputaciones efectuadas por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, contra Claudio Alejandro Parisi fueron por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Por su parte, Roberto Ortega Serrano y el intendente Carlos Alfredo Martínez fueron acusados como coautores de los delitos de entorpecimiento de acto funcional y cómplices primarios en la violación de secretos, por haberse reunido los elementos de sospecha necesarios que se requiere en este estadio de investigación.

Juró la nueva Fiscal Penal Juvenil del distrito Centro

El acto de jura de la nueva Fiscal Penal Juvenil estuvo presidido por el Procurador General, con la participación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Además asistieron familiares e invitados. 

Este miércoles, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a Carolina Mateo Bellini como fiscal penal juvenil del distrito judicial del Centro, en el salón auditorio del Ministerio Público.

Carolina Mateo Bellini fue elegida mediante concurso público y recibió el acuerdo del Senado Provincial para su designación, en sesión celebrada el 7 de marzo de 2024, mediante Decreto 193/24 del Poder Ejecutivo Provincial.

Luego del juramento de la nueva funcionaria, se procedió a la rúbrica del libro de actas, con el que se dio por concluido el acto.

El Ministerio Público Fiscal da inicio al Programa de Abordaje para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Se centra en la experiencia personal de las participantes, promoviendo un aprendizaje que se construye a partir de sus propias historias. Se presentarán técnicas para que las mujeres puedan realizar el cambio actitudinal necesario para resignificar sus experiencias.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, presentó el «Programa de Intervención con Mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de Violencia en la Pareja», creado mediante la Resolución N° 1521. Bajo la dirección de las Licenciadas en Trabajo Social Silvana Lizárraga y María José Camaño, tiene previsto su inicio a mediados de abril.

Inicialmente, se implementará como Plan Piloto en los casos de violencia de género que se encuentren en trámite ante la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº 4, a cargo de la fiscal Elisa Pérez, abarcando los barrios comprendidos bajo la jurisdicción de dicha dependencia. Esto incluye Solidaridad, San Ignacio, Santa Cecilia, Sanidad, Convivencia, Justicia, Santa Mónica, Democracia, Norte Grande, Siglo XXI, Fraternidad, entre otros. Está previsto que, en base a la experiencia obtenida, se haga extensible a otras jurisdicciones y, progresivamente, a toda la provincia.

El objetivo principal del Programa, es crear un espacio grupal para mujeres que han sufrido o sufren violencia de género, facilitando el intercambio de experiencias, reflexiones y aprendizajes. Esto les permitirá modificar patrones de comportamiento que las hacen vulnerables, y adquirir nuevas habilidades y recursos personales.

Para prevenir y detectar la violencia de género, el programa busca potenciar las capacidades de las participantes. Esto es fundamental para lograr un cambio actitudinal efectivo que les permita dar un nuevo significado a sus experiencias y vivencias, enfocadas en ampliar su red social de apoyo y fomentar el uso adecuado de los recursos comunitarios.

A través de talleres participativos, se brindarán herramientas para que las mujeres cuestionen ideas y creencias que hayan considerado como «naturales», promoviendo la toma de decisiones autónomas, fomentando su realización personal y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

En esta fase, la convocatoria se llevará a cabo en el Nido “Gauchito Gil”, de Barrio Solidaridad (Etapa 5), destacando la colaboración brindada por el intendente de Salta, Emiliano Durand, con quien se coordinó para utilizar dicho espacio físico y sus instalaciones.

El Programa de Intervención con Mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de Violencia en la Pareja es una reafirmación del compromiso asumido por la Procuración General, que comenzó en 2018 con la presentación del Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP). La experiencia acumulada en esta iniciativa, junto con la práctica profesional en Fiscalías Especializadas de Violencia de Género, resalta la necesidad de crear un espacio donde se promueva la construcción de una mujer protagonista de su propia vida y proyectos.

Fiscales Federales de Santa Fe visitaron el CIF e instalaciones de la Procuración para conocer la experiencia de Salta

Diecisiete fiscales federales de la Provincia de Santa Fe visitaron esta mañana las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el edificio de la Procuración General de la provincia, para conocer las modalidades de abordaje al crimen organizado y narcotráfico en nuestra provincia, desde la perspectiva del modelo acusatorio, que rige  tanto en el fuero provincial como en el federal.

En el marco de la próxima aplicación del sistema acusatorio federal en Argentina, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recibió a la directora de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), Carla Di Gangi; a Carolina Aráoz del Juzgado Federal de Salta; y a fiscales federales de la provincia de Santa Fe. El motivo de la visita fue conocer la experiencia de los fiscales provinciales en el sistema acusatorio y el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Salta, tanto sus laboratorios como así también las unidades especiales de investigación con las que cuenta dicho organismo.

Durante el encuentro, el procurador García Castiella explicó la necesidad y las conveniencias de avanzar en un sistema de investigación penal o sistema procesal penal acusatorio, no solo en el ámbito federal, sino también provincial. Transmitió su experiencia sobre el funcionamiento organizativo y las correcciones que se fueron implementando, destacando su relevancia no solo en el distrito centro, sino también en distintas partes del interior de la provincia, especialmente en Orán. Además, subrayó la importancia de realizar un trabajo coordinado en la investigación de delitos derivados del narcotráfico, articulando con las fiscalías federales, tal como implementó el Ministerio Público Fiscal al crear la Unidad Fiscal de Crimen Organizado con sede en Oran.

El Procurador ofreció ejemplos concretos de las líneas de política criminal que guían al Ministerio Público Fiscal, enfocándose especialmente en el combate al crimen organizado y la atención a casos de violencia de género. Destacó la estrecha colaboración y coordinación existente entre la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Federal, así como los modelos exitosos que se han desarrollado en Salta y que han servido de paradigma para estrategias en otras provincias.

Por su parte, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, realizó un resumen de los orígenes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Salta, destacando las dificultades encontradas y las soluciones que ayudaron a eficientizar las tareas del Ministerio Público Fiscal.

Rivero también resaltó que el rol del fiscal pasa a ser dual, debiendo cumplir con la función de investigación y luego litigar, por lo que adquiere mayor relevancia el equipo de apoyo que asiste a los fiscales en ambas etapas, haciendo referencia a la condición indispensable de contar con cuerpos de investigación especializados para lograr éxito ante las organizaciones criminales y el delito en general.

En tanto, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, explicó el funcionamiento del organismo a su cargo y los diferentes convenios rubricados con organismos estatales y privados. Además, destacó el trabajo interdisciplinario que realiza el CIF para lograr la resolución efectiva de las causas en las que interviene.

«Hoy en día, las investigaciones no se sustentan solo en testigos, sino que el aporte de la ciencia resulta fundamental», manifestó la directora del CIF, para luego precisar que el Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico y Científico del CIF obtuvo la acreditación formal de competencia e imparcialidad de su laboratorio, equipamiento técnico y peritos, equiparándolo así a otros laboratorios del mundo.

El encuentro, que también contó con la presencia del secretario de Política Criminal del CIF, Gaspar Solá, el auxiliar fiscal de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, Daniel Espilocín, y el auxiliar fiscal del CIF Nicolás Montaldi, se extendió por varias horas e incluyó un recorrido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Durante este tiempo, los fiscales provinciales compartieron su experiencia en las investigaciones criminales en territorios donde se advierte un crecimiento de modalidades delictivas organizadas y complejas, vinculadas en algunos casos al narcotráfico e infracciones penales colaterales, así como también delitos contra la propiedad y otras modalidades delictivas organizadas.

 

Sistema Único de Denuncias (SUD): Se extiende el plan continuo de capacitación

La convocatoria tuvo como objetivo que replicaran los contenidos en futuros talleres, contribuyendo a la mejora constante del funcionamiento del SUD, implementado el 1 de noviembre, mediante la optimización de respuestas y la perfección en la carga de información por parte del personal policial. La Procuración General continuará estas capacitaciones hasta finales de diciembre en las Unidades Regionales del interior de la provincia.

Prosiguiendo con el plan de capacitación que dio inicio en septiembre de este año sobre el Sistema Único de Denuncias (SUD) para casos de violencia familiar y de género, este jueves se concretó el dictado dirigido a auxiliares y funcionarios de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF), de los distritos judiciales de Orán y Tartagal, sobre prácticas adecuadas para el uso del SUD.

El objetivo que persiguió dicha convocatoria fue que, tanto auxiliares como funcionarios, repliquen los contenidos dictados en el diagrama de talleres y encuentros previstos para toda la provincia, con las distintas Unidades Regionales de la Policía.

De esta manera, en el marco de la implementación, seguimiento y monitoreo constante del funcionamiento del nuevo Sistema Único de Denuncias, que se puso en marcha el pasado 1 de noviembre, desde la Procuración General y de la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia de Salta se continúa con el dictado de capacitaciones al personal policial.

Los encuentros persiguen como fin la optimización en las respuestas que se brindan a los ciudadanos que acuden diariamente a las dependencias policiales, como también para perfeccionar la carga de información que alimenta el sistema informático del Ministerio Público.

Cabe recordar que, como parte del cronograma de dictado previsto, el pasado 7 de diciembre se brindó una charla en la Escuela de Cadetes de la Policía, dirigida a directores y jefes de las distintas Unidades Regionales de la Policía de Salta, que forman parte del Distrito Judicial Centro, puesto que son quienes luego se encargan impartir las directivas a los oficiales que tienen como función la recepción y carga de las denuncias.

Estas jornadas de capacitación surgen necesarias, ya que, a medida que se va implementando la aplicación del sistema de denuncias, surgen ajustes y actualizaciones que demanda la práctica en la carga de las denuncias por hechos de violencia familiar o violencia de género, cuyo usuario principal es el personal policial.

Para ello, desde un primer momento, se puso a disposición de todo el personal policial las herramientas informáticas necesarias, que incluyen un documento explicativo del funcionamiento del SUD, sus fundamentos y lógica, juntamente ccon un video instructivo para su uso.

En esta oportunidad, el dictado del curso estuvo a cargo del secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, la directora del Observatorio de Violencia de Género, Pilar González Sastre, la secretaria de OVIF, Verónica Justicia y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay y fue organizado, conjuntamente, entre la Dirección de Violencia de Género de la Policía de Salta, a cargo de la Crio. Mayor Silvina Hernández y la Dirección General de Educación Policial, a cargo del Crio. Mayor Abel Velázquez.

Es oportuno destacar que el plan de dictado de capacitación continuará del 26 al 29 de diciembre, en las respectivas unidades regionales del interior de la provincia.

Desde el 1 de noviembre se pondrá en marcha el Sistema Único de Denuncias de Violencia Familiar y de Género