El Ministerio Público Fiscal colabora en la capacitación y formación de cadetes de la Policía de la Provincia

Lo hace junto a profesionales del Ministerio Público Fiscal Federal y el Poder Judicial de Salta, con el compromiso de capacitar y eficientizar el trabajo de los futuros oficiales y suboficiales de la fuerza.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ratificó el compromiso de colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad que dirige las Escuelas de Oficiales, Suboficiales y Superior de la Policía de la Provincia de Salta ante el inicio del ciclo lectivo 2024.

La Escuela de Cadetes “Martin Miguel de Güemes”, prepara a los alumnos para poder iniciar la carrera profesional de Oficiales de Policía y poder desempeñarse hasta los más altos cargos de la Fuerza, otorgándoles el título de Técnicos Superior en Seguridad Pública y Ciudadana. Esto les permite ingresar a la vida universitaria y al mercado laboral con un alto grado de competencias, aun cuando no continúen con la carrera policial.

En tanto, la Escuela de Suboficiales “Cabo Héctor Santos León”, prepara a los profesionales que cumplirán funciones operativas en todo el territorio provincial, obteniendo el título de “Técnico Superior en Seguridad Pública para Agente de Calle.”

Por tercer año consecutivo, con la incondicional colaboración del Fiscal General Federal, Eduardo Villalba, y bajo la coordinación de los abogados de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia, Dr. Santiago Sotelo y Dr. Marcos Rubinovich, un plantel de profesionales pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, del Poder Judicial de Salta, y del Ministerio Público Fiscal de la Nación dictarán clases regularmente en las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Contravencional y Derechos Humanos para los cadetes.

García Castiella destacó la importancia de esta tarea en el compromiso para que la Policía de Salta, como auxiliar de Justicia, alcance los más altos estándares de efectividad y eficacia en la prevención e investigación de los delitos, con el irrestricto respeto y protección de los derechos humanos.