García Castiella puso en funcionamiento la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia

Con el acompañamiento del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, y el defensor general, Martín Diez Villa; el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella; tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia. 

El procurador general, Pedro García Castiella, tomó juramento a Sofía Cornejo Solá como fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, acto que contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz.

Sofía Cornejo Solá recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 17 de noviembre de 2022 y fue designada mediante el decreto 997/22 del Poder Ejecutivo Provincial.

El procurador García Castiella agradeció al Gobernador y felicitó a Cornejo Solá “no sólo por haber sido designada y asumir sus funciones como fiscal de Ciberdelincuencia, sino también por el compromiso que implica el poner en marcha, desde su nacimiento, una fiscalía especializada con tantas particularidades y peculiaridades ya que será transversal a otros delitos, como violencia de género, abuso sexual, abuso de menores, estafas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, entre otros”

Durante el acto, García Castiella tuvo un reconocimiento hacia su antecesor, Abel Cornejo, “por formar parte de la iniciativa e impulsar la creación en la provincia de una Fiscalía especializada en ciberdelincuencia”.

Resaltó la transversalidad y colaboración recíproca, tendiendo puentes, con otros Ministerios Públicos Fiscales, fiscalías federales y nacionales y ponderó que “la puesta en marcha de esta Fiscalía potenciará  la nueva dinámica que pretendemos imponer al Ministerio Público Fiscal ante el incremento de las demandas, necesidades y desafíos de estos tiempos”

Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte María Alejandra Gauffin y Guillermo Catalano; el director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcos Gabriel Salt; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Horacio Juan Azzolín; el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba; autoridades de Colegios y Asociaciones provinciales, legisladores provinciales, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares. 

Fiscalía de Ciberdelincuencia

La Fiscalía en Salta fue creada por ley provincial N° 8175/19, sumándose a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. 

La Fiscalía, con asiento en el distrito judicial del Centro y con competencia en todo el territorio salteño, tendrá intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos acorde a lo establecido en la Resolución 1396 de la Procuración General de la Provincia.

Se lleva adelante el Seminario: “Femicidios: Herramientas para la investigación”

El encuentro es coorganizado por la Procuración General de Salta y UFEM Nación, con la participación de la Justicia Federal de Salta. Se busca reforzar la capacitación sobre investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres, con perspectiva de género.

A fin de dar continuidad al trabajo iniciado a partir de la aprobación del “Protocolo para la investigación y litigio de las muertes violentas de mujeres (femicidios)”, por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado por la Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Rodriguez, y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, presidieron la jornada inicial de capacitación destinada a funcionarios y operadores judiciales locales y federales.

El Ministerio Público Fiscal de Salta hizo propio el Protocolo elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, documento que se basa en normas y estándares internacionales y regionales, en materia de derechos humanos. 

 El principal objetivo del Protocolo, es proporcionar orientaciones y líneas de actuación para mejorar la práctica de los/as operadores/as de justicia,  ya sea que intervengan en la escena del crimen, en el laboratorio forense, en los interrogatorios a testigos y presuntos responsables, en el análisis del caso, en la formulación de la acusación o frente a los tribunales de justicia; de modo de asegurar investigaciones más eficientes pero que, a la vez, garanticen los derechos de las víctimas.

Con esta actividad, se busca reforzar la capacitación de los operadores judiciales que tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los hechos de muertes violentas de mujeres (femicidio/feminicidio) con perspectiva de género.

El encuentro se desarrolla en dos jornadas de trabajo con una agenda exhaustiva de temas. 

Las actividades están a cargo de: Agustina Rodríguez Secretaria letrada de la Procuración General de la Nación y Coordinadora General de la UFEM; Agustina Calabró Auxiliar Fiscal y Coordinadora del Área de Litigio Estratégico de UFEM, y Luis Lozano, Subdirector de la Procuración General de la Nación y Director de Relaciones Institucionales.

 La agenda de este encuentro y la participación tanto de funcionarios del Ministerio Público salteño como del Ministerio Público federal, es una muestra del compromiso con el que cada una de las instituciones mencionadas, ha venido abordando estas temáticas. 

Destacan y amplían a otros delitos, la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales

Así lo establecieron los titulares de la Procuración General de la Provincia y de la Unidad Fiscal Federal Salta. La decisión surgió de la coincidencia y afinidad con la que los fiscales de ambos fueros combaten el delito, tal como lo promueve el sistema acusatorio.

A modo de balance, y en un clima ameno, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, analizaron el trabajo en cooperación que llevan a cabo los fiscales de ambos organismos, resaltaron los logros alcanzados, hicieron calibraciones, ajustes, e impartieron instrucciones precisas con la finalidad de avanzar sobre otros hechos, entre ellos la ciberdelincuencia.

En el Salón de Reuniones de la Procuración General, en la ciudad judicial, los funcionarios destacaron las investigaciones llevadas adelante, y el curso de otras que se encuentran en etapa de investigación, sin entrar en detalles respecto al objeto procesal, sino más bien en cuanto a las técnicas y el uso de herramientas procesales aplicadas.

Por tal razón, participaron del encuentro investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como provincial, y entre ellas, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los presentes destacaron el afianzamiento de las herramientas procesales que brindaron resultados exitosos, pero por sobre todo, se remarcó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que pudieron hacer aportes valiosos para optimizar la tarea conjunta.

Tanto García Castiella como Villalba, resaltaron el clima alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio cristalizado por el Código Procesal Penal Federal, en particular en sus artículos 90 y 123, que facultan y obligan a los Ministerios Públicos a trabajar en cooperación, contra el delito.

Sobre el mencionado artículo 90 cabe señalar, que impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la facultad de celebrar los convenios necesarios a tal efecto.

El artículo siguiente, incluso, es más expeditivo al respecto, pues insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo tanto en una misma jurisdicción, como fuera de ella. 

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta, y no sólo en materia de narcotráfico que ya fueron varias, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local, coincidieron ambos funcionarios.

En este análisis, no se pasó por alto el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la desfederalización en materia de estupefacientes, oportunidad en la que se impulsaron mesas de trabajo entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal. 

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar y aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluida la ciberdelincuencia, pues en vez de ir por detrás, debemos anticiparnos. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Eduardo Villalba.

Por su parte, García Castiella señaló que “la colaboración reciproca  alcanzada con la interacción y aportes entre fiscales y equipos de investigación que se ha logrado consolidar ha dado resultados exitosos inobjetables, no suficientemente visibilizados y ponderados, en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales. Tenemos el deber de anticiparnos en la potenciación de la ingeniería de investigación criminal, entendiendo que, logrando el esclarecimientos de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad. Esta debe ser una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la amenaza constante de instalación del crimen organizado” . 

El Ministerio Público Fiscal presentó nuevo tablero de gestión para fiscalías penales no especializadas del Distrito Centro

En el marco de las acciones encaradas por el Procurador General, Pedro García Castiella, en pos de lograr la gestión eficiente de las causas penales, teniendo como prioridad la digitalización e incorporación de tecnología en las dependencias del Ministerio Público Fiscal, se presentó el nuevo tablero de gestión para fiscalías no especializadas del Distrito Centro.

Esta nueva herramienta informática fue desarrollada a requerimiento del Procurador General y consiste en mostrar, principalmente, indicadores relacionados a las personas detenidas y causas en trámite, en cada dependencia.

En la primera etapa, el tablero digital se pone a disposición para las fiscalías del Distrito Centro, previéndose su implementación, próximamente, en las fiscalías penales no especializadas de los distritos y sedes del interior de la provincia.

Se busca favorecer con estas herramientas informáticas a los operadores de las Fiscalías y constituye un avance importante en la digitalización para el ingreso y registro de información que contribuye a la agilización en la tarea diaria.

Durante la presentación estuvieron presentes fiscales y auxiliares fiscales de las mencionadas dependencias, el Secretario Relator de la Procuración General, Dr. Aldo Saravia, el Director de Informática, Lic. José Peralta y la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Lic. Patricia Aballay.

El Procurador General presidirá el Colegio de Gobierno del Ministerio Público

El día miércoles se llevó a cabo una reunión de acuerdo del Colegio de Gobierno del Ministerio Público para la elección de nuevas autoridades. De la deliberación entre sus miembros, se eligió como presidente al procurador general, Pedro García Castiella y como vicepresidenta la asesora general, Mirta Lapad.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Lo integran el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses  generales, difusos y medio ambiente; el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes y el Ministerio Público Tutelar, que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Al Ministerio Público lo dirige el Colegio de Gobierno, que elige entre sus integrantes a una o un presidente, que dura dos años en sus funciones.

García Castiella se desempeñará en el cargo por un periodo de dos años, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, que ejercerá de manera rotativa y alternada entre sus miembros conforme a la Resolución 19270 de 2020.

En tanto, la asesora general Mirta Lapad se desempeñará como vicepresidente del Colegio de Gobierno y el defensor general Martín Diez Villa lo hará como Director de la Escuela del Ministerio Publico.

La Corte denegó el recurso interpuesto por la defensa de policías acusados por torturas

La causa consta de siete actuaciones por hechos de violencia institucional acontecidos en el Distrito Sur. Resta la fijación de fecha de audiencia de debate.

La Fiscalía ante la Corte Nº 2 recibió notificación de fallo que denegó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la defensa de los 8 policías imputados (entre ellos, un diputado provincial) Orozco, Gustavo; Suarez, Andrés; Reynoso, Javier; Orellana, Víctor; Medina, Rubén; Luna Víctor; Coronel, Denis y Díaz, Andrea.

 La Corte de Justicia de Salta, con votos de los jueces Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo, y Sergio Fabián Vittar, entendió que “si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el casoy que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.

La causa que investiga siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre los años 2014 y 2015 llevaba más de un año y medio resolviendo los sucesivos recursos planteados por la defensa, quien venía solicitando el sobreseimiento de los acusados.

Cabe recordar que si bien existen otras causas por hechos similares en contra de los mismos acusados, esta causa, es la que se encuentra más avanzada, por lo que, con esta sentencia del máximo tribunal provincial, se espera que el Juez Héctor Guzmán notifique a los fiscales Oscar López Ibarra y Ramiro Ramos Ossorio y a las demás partes, la fecha de la audiencia de debate.

El Procurador recibió a los Secretarios de Seguridad y de Ambiente para abordar en forma coordinada los incendios en Orán

En el mediodía de este martes, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca y al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ingeniero Alejandro Aldazábal, para aunar los esfuerzos del Estado Provincial en la lucha contra los incendios que vienen azotando a las localidades de Orán, Pichanal, Isla de Cañas, Colonia Santa Rosa, entre otras, del norte provincial. 

Tras efectuar un repaso de las acciones que se han venido ejecutando desde el mes de agosto por parte de las Fiscalías de Orán y Pichanal, el Procurador remarcó la necesidad de evitar que se efectúe un eventual aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental, debido a la perdida de las cualidades ecológicas de lo que fuera un bosque nativo protegido y de alto nivel de conservación. 

En efecto, el 24 de agosto del corriente, la Procuración General procedió a abrir y remitir el Expte. N° 8795/22 caratulado “Posible Estrago Forestal”, que tramita en la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa, en cuyo marco se efectuaron diversas medidas como inspecciones oculares;  croquis de bomberos; declaraciones testimoniales  respecto del foco ígneo en la zona conocida como Valle Morado, en Colonia Santa Rosa y Urundel; informe técnico de la División Guardia de Incendios y otros Siniestros. 

El Procurador repasó el trámite iniciado ante foco ígneo cercano en la plantación de bananas en el paraje Rio Blanquito en fecha 12 de septiembre de 2022 y destacó la labor investigativa de este segundo evento, que continúa llevando a cabo la Fiscalía Penal N°3 de Orán, a cargo de la Dra. Mónica Viazzi, desde el pasado 19 de septiembre.

Finalmente, García Castiella remarcó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomarán todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.   

Asimismo se considero la denuncia efectuada en horas de la tarde por el Coordinador del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Patricio Cernadas Curuchet, a instancias del Ministro, Dr. Abel Cornejo, la que será incorporada a las actuaciones que ya se vienen tramitando con anterioridad.

El Ministerio Público Fiscal informa las actuaciones referidas al ataque sufrido por una menor en Alto La Sierra, iniciadas desde el día 3 de noviembre

Teniendo presente la relevancia de los hechos sucedidos en el norte de nuestra provincia, que tuvieron como víctima a una menor de la comunidad wichi, es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto. 

Se pone en conocimiento que en fecha 3 de noviembre, siendo las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.

En atención a ello, siendo la hora 18:00 del mismo día, la Policía de la Provincia remite vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación. 

Posteriormente y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.

Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.

La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.

Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho. 

Alto La Sierra: Una comisión especial se puso a disposición de la investigación judicial por el ataque a una menor

Se pondrá a disposición del juez interviniente a fin de colaborar en la diligencia de la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.

Tomado conocimiento de un hecho ocurrido el pasado jueves en la localidad de Alto La Sierra, donde una menor resultó lesionada y en el que el Juzgado de Menores en turno tomó intervención, por la posible participación de otro menor como sospechoso, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición una comisión técnico investigativa a fin de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido. 

La comisión especial está conformada por investigadores y técnicos criminalistas de Cuerpo de Investigaciones Fiscales pertenecientes al Departamento de Investigaciones de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual del distrito centro y profesionales del Departamento de Criminalistica,  que partieron hacia Alto La Sierra a efectos de contribuir con el despliegue de las tareas de investigación, bajo las directivas que considere el magistrado interviniente. 

Cabe recordar que en el Régimen Penal de Menores la tramitación e investigación de la causa es dirigida por el Juzgado de Menores en turno. 

El Ministerio Público Fiscal de Salta firmó un Convenio de cooperación y asistencia técnica con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires

Se proveerá accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, brindando la capacitación necesaria y actividades dedicadas al quehacer de la investigación en esa materia. Estas herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia

El Procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella firmó con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand un Convenio de cooperación y asistencia técnica de cara a incorporar herramientas útiles a fin de aumentar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia y la eficacia en la recolección, preservación y uso de evidencia digital en los procesos penales.

La medida, se enmarca en la profundización de las vinculaciones entre los ministerios públicos de todo el país compartiendo e intercambiando experiencias, así como acompañando y fortaleciendo la tarea que se despliega para lograr agilidad en los procesos y mayor efectividad en los resultados.

Se destaca que desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, se ha fijado el objetivo aunar esfuerzos en la lucha contra todo tipo de fenómeno delictivo en el ámbito de las provincias argentinas a través del intercambio de experiencias, recursos e información.

Es así como a través del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, se proveerá de los accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, gestionado la capacitación para su adecuado uso, y auditando todos los accesos remotos que se efectúen

Estas guías abordan temas varios como la obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital, tratamiento de imágenes y video, requerimiento a empresas y accesos a bases de datos conveniadas y fuentes abiertas entre otras. Se trata, de una herramienta de gran valor para llevar a cabo los cometidos de una política criminal y eficaz embate contra el ciber delito y el delito en general, en todas y cada una de las jurisdicciones provinciales, fundamentalmente en el plano interjurisdiccional.

Tales herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia que tendrá bajo su responsabilidad, la intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.