Orán: El Ministerio Público Fiscal pidió celeridad para concretar dos juicios de interés público y relevancia institucional

Las Unidades Fiscales que intervienen en el distrito Orán presentaron pedidos de pronto despacho para que avancen dos procesos judiciales de alto impacto institucional. Los planteos están vinculados a la causa por el robo a la empresa Abra del Sol y al expediente que tiene como imputado al exjuez de Garantías Claudio Parisi.

Las Unidades Fiscales creadas por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, para intervenir en el distrito Orán solicitaron a los tribunales competentes que adopten las medidas necesarias para avanzar con la realización de los juicios orales y públicos en dos causas consideradas de interés público y relevancia institucional.

Los planteos fueron presentados en carácter de pronto despacho, con el objetivo de evitar nuevas demoras en expedientes que se encuentran en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate.

Robo a la empresa Abra del Sol

La primera de las causas mencionadas se refiere al robo sufrido por la empresa Abra del Sol, hecho que causó gran conmoción en la ciudad de Orán por la violencia desplegada por sus autores, quienes el 16 de diciembre de 2022 ingresaron al predio de la firma con los rostros cubiertos por pasamontañas y portando armas de fuego largas y cortas. Allí golpearon a empleados y personal de seguridad, les ataron las manos con precintos, les sustrajeron sus teléfonos celulares y una importante suma de dinero en pesos y dólares. 

Además, privaron de su libertad a uno de los socios gerentes y lo trasladaron en su camioneta Toyota SW4, dominio AB713XY, hasta un lugar alejado, donde lo abandonaron.

Por el hecho ya fueron condenados algunos de sus autores, entre ellos Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de Libertad de Alto Perfil, y su mano derecha, Delfor Rogelio Sandoval, quienes reconocieron integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de este tipo de delitos.

Resta definir la situación procesal de otros imputados, entre ellos el contador de la empresa Abra del Sol, José Dimas Ruiz, quien fuera candidato a intendente de la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal requirió al Tribunal interviniente, en carácter de pronto despacho, que se lleven adelante las medidas necesarias para concretar la realización del juicio sin admitir más demoras, en razón de que las partes ya ofrecieron sus pruebas y estas fueron proveídas, restando únicamente la fijación de la fecha para la realización del debate.

Los representantes del Ministerio Público también recurrieron la decisión del juez de ordenar la devolución de la camioneta secuestrada a Delfor Sandoval. El mismo reconoció haber integrado una asociación ilícita, por lo que entienden que el vehículo debe ser decomisado en favor del Estado Provincial por constituir una ganancia proveniente de las actividades ilícitas que confesó cometer. Asimismo, reclamaron que la misma premura que se tuvo para resolver esa cuestión se tenga para disponer la realización del debate.

Investigación contra el exjuez Claudio Parisi

La segunda presentación fue realizada en una causa que tiene como imputado al exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien fue destituido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Se lo acusa del supuesto cobro de sumas de dinero a cambio de conceder distintos beneficios procesales en la tramitación de causas que tenía a su cargo. Justamente, una de las personas que habría resultado beneficiada por ese accionar fue José Dimas Ruiz, en relación con su participación en el robo a la empresa Abra del Sol.

En la causa mencionada, y debido a distintas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal quedó conformado por jueces de la ciudad de Tartagal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello, los fiscales consideraron que existen diferentes planteos pendientes de resolución que no admiten mayores dilaciones. Recordaron que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que dispuso el otorgamiento de prisión domiciliaria al imputado, por entender que no se encuentran dadas las condiciones para modificar la modalidad de detención. 

En ese contexto, solicitaron que se adopten con celeridad las medidas procesales necesarias para avanzar hacia la realización del juicio.

En esta última causa ya fueron condenados por su participación en los hechos el exsecretario letrado del Juzgado, Maximiliano Correa; un exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Alderete; y un abogado del foro local, Roberto Ortega Serrano.

Allanan viviendas por presunta falsificación de certificados de antecedentes penales

La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de once troqueles de seguridad. El análisis de registros informáticos, movimientos bancarios y comunicaciones telefónicas permitió identificar a dos efectivos policiales presuntamente involucrados en la confección de documentación irregular y en el cobro de sumas de dinero vinculadas a esos trámites.

Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana dos domicilios en el marco de una investigación por presunta adulteración de certificados de antecedentes penales.

Los procedimientos se realizaron en viviendas pertenecientes a agentes de la Policía de la Provincia, ubicadas en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestró documentación de interés para la causa y teléfonos celulares.

La intervención de UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, tras advertir la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para la emisión de certificados de antecedentes penales.

De acuerdo con las actuaciones, la irregularidad fue detectada en la División Antecedentes Personales, donde se constató el faltante de once stickers o troqueles de seguridad numerados correlativamente, elementos indispensables para la validación de los certificados de antecedentes policiales.

A partir de las verificaciones realizadas, se estableció que alrededor de las 6 de la mañana había permanecido en el sector un agente que ese día se encontraba asignado a otra actividad y que presta servicios en la Oficina de Dactiloscopía, área cuyos integrantes no poseen facultades para percibir aranceles ni intervenir en operaciones de cobro vinculadas a trámites administrativos. La revisión de los sistemas informáticos reveló además, que en una carpeta digital asociada a ese efectivo figuraban confeccionados certificados, una tarea ajena a sus funciones habituales y a las competencias de su cargo.

Personal del Departamento de Investigaciones UDEC entrevistó a las personas que figuraban como titulares de los certificados observados, constatando que los certificados de dos docentes contenían troqueles reportados como desaparecidos. Las maestras manifestaron que un hombre vestido de civil les había ofrecido gestionar el trámite y que incluso concurrió a la escuela donde trabajan con el formulario y una almohadilla para la toma de huellas dactilares. Por esa gestión, transfirieron 32 mil pesos a un alias bancario.

Los investigadores identificaron a ese hombre como un agente de la Policía y establecieron que el alias informado correspondía a la cuenta del otro agente, de Dactiloscopía. También se individualizaron diversas líneas telefónicas utilizadas por ambos sospechosos. Se determinó además, que uno de ellos operaba distintas líneas mediante un mismo equipo telefónico.

El entrecruzamiento de la información permitió verificar múltiples comunicaciones entre los investigados en fechas consideradas relevantes para la causa.

Por otra parte, el análisis de movimientos bancarios permitió reconstruir transferencias de fondos que coinciden temporalmente con los hechos denunciados. El 5 de mayo, por ejemplo, uno de los sospechosos recibió transferencias de dos personas por un total de 64 mil pesos, el mismo día en que se habrían confeccionado y entregado los certificados apócrifos. Asimismo, se detectaron operaciones cruzadas entre las cuentas de los investigados, consistentes en transferencias recíprocas realizadas entre febrero y mayo de 2026.

Del análisis informático surgió además, que el agente que prestaba servicios en Dactiloscopía habría ingresado de manera irregular a las oficinas de la dependencia y modificado un archivo digital compartido para incorporar los datos de dos personas en formularios oficiales. Para otorgar apariencia de autenticidad a la documentación, también se habrían utilizado troqueles de seguridad y sellos institucionales que habían sido sustraídos de la dependencia.

En cuanto al segundo agente, habría empleado sus vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados de antecedentes personales por fuera de los canales oficiales, eludiendo deliberadamente el sistema informático de turnos web y las normativas arancelarias de la institución.

Teniendo en cuenta la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de las viviendas de los sospechosos y el secuestro de documentación y teléfonos celulares. La medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino.

Barrio Floresta: Fue detenido con una moto sustraída pocas horas después del hecho

El acusado fue interceptado por personal policial mientras empujaba el vehículo sustraído. Este jueves será imputado.

El fiscal penal 4 del Distrito Judicial Centro, Facundo Ruiz de los Llanos, dirige la investigación por la sustracción de una motocicleta estacionada en la vía pública. En el marco de la causa, se realizó la audiencia de control de legalidad de la detención del sospechoso.

El hecho ocurrió este lunes 1 de junio, alrededor de las 23, en barrio Floresta de la ciudad de Salta. Según la denuncia radicada por el damnificado, la motocicleta, había sido dejada estacionada sobre la vereda de un domicilio ubicado en pasaje Francisco Uriburu al 1500 y, al regresar, advirtió que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

Tras un alerta emitido al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de una persona que empujaba una motocicleta en actitud sospechosa en inmediaciones del Club Mitre, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron interceptar al sospechoso en cercanías de avenida Pompilio Guzmán y Carmen Salas.

Al no poder acreditar la propiedad del vehículo ni presentar documentación respaldatoria, fue demorado preventivamente. Posteriormente, el damnificado reconoció el rodado como de su propiedad y se procedió a su secuestro. El vehículo fue recuperado sin daños aparentes.

Destacó el fiscal Ruiz de los Llanos que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, entre ellos la denuncia, las actuaciones policiales, el acta de secuestro y la planilla prontuarial del acusado, el hombre habría intervenido como autor del hecho. Además, se constató que registra antecedentes condenatorios.

La audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue fijada para este jueves. En esa instancia sería imputado provisionalmente como autor del delito de hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública.

Apolinario Saravia: Solicitan la continuidad de detención de un hombre vinculado a diversos hechos ilícitos

Se trata de una persona mayor de edad, para quien la Fiscalía solicitó además, una evaluación psiquiátrica. Por su parte, la Asesoría de Menores e Incapaces solicitó medidas de seguridad para su internación involuntaria.

El fiscal penal 2 de Anta, César Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia, solicitó ante el Juzgado de Garantías de ese distrito, la continuación de detención de un hombre mayor de edad, vinculado a diversos hechos ilíticos contra la propiedad y amenazas.

Requirió además la realización de una Junta Médica Psiquiátrica a los efectos de una evaluación psiquiátrica al imputado mencionado informando respecto a si dirige sus acciones, comprende la criminalidad de sus actos (art. 34 Inc. 1 del Código Penal), si sus facultades mentales comprenden la trascendencia de sus actos, si presenta signos o síntomas de algún trastorno mental que lo aleje de la realidad, patología crónica, si reviste peligrosidad para sí o para terceros; si el mismo padece afecciones mentales por consumo problemático; y la necesidad respecto a la aplicación de una medida de seguridad provisoria y/o definitiva con internación y/o tratamiento, ello de conformidad a lo establecido por el Art. 94 del Código Procesal Penal.

Por su parte, la Asesoría de Menores solicitó que se ordene con carácter de urgente la medida de seguridad de internación involuntaria, evaluación psicológica-psiquiátrica y tratamiento interdisciplinario del sospechoso.

El fiscal Saravia destacó la importancia de determinar la situación del investigado, para su seguridad y en atención a que su accionar delictivo genera malestar y preocupación en la comunidad de esa localidad.

Tartagal: Capacitan a personal policial y de Criminalística sobre cadena de custodia y preservación de la escena del crimen

La jornada fue organizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y estuvo destinada a unificar criterios sobre los nuevos formularios establecidos por la Resolución 1704 para los procedimientos de Cadena de Custodia y conservación del lugar del hecho y la escena del crimen. La capacitación continuará este martes en Orán.

En una nueva instancia de formación impulsada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), efectivos policiales y personal de la División Criminalística de Tartagal participaron de una jornada de actualización destinada a la implementación de los nuevos instrumentos documentales previstos por la Resolución 1704 para los procedimientos de Cadena de Custodia y las pautas de conservación del lugar del hecho y la escena del crimen. La actividad se desarrolló en el Colegio de Magistrados de Tartagal.

El objetivo del encuentro fue presentar y unificar criterios de trabajo en torno al nuevo esquema documental, recientemente modernizado, para fortalecer las prácticas periciales y garantizar la trazabilidad de los elementos probatorios desde su recolección hasta su incorporación al proceso judicial.

Durante la capacitación se abordaron aspectos vinculados al rol del primer interviniente, la función del coordinador responsable, las normas de protección y aseguramiento del lugar del hecho, la intervención del personal especializado, la correcta preservación de indicios, la documentación de actuaciones y el registro de evidencias.

La disertación estuvo a cargo del jefe del Departamento de Criminalística del CIF, Washington González, y de Paola Geipel, integrante del área de Criminalística del organismo.

La misma capacitación se dictará este martes 19 de mayo en Orán.

La Procuración General reafirmó la continuidad de la investigación técnica y científica en la causa de las ciudadanas francesas

En atención a los hechos ocurridos el pasado viernes 15 de mayo de 2026, durante el intento de cumplimiento de una medida judicial dispuesta en el marco de la investigación vinculada al homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, y luego de analizar la información proporcionada por la Unidad Fiscal interviniente, las actuaciones labradas y los registros fílmicos existentes en el edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, esta Procuración General considera necesario efectuar precisiones institucionales sobre lo acontecido.

La diligencia judicial dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 2 consistía en la obtención de una muestra genética de la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura, mediante hisopado bucal, a fin de realizar los correspondientes cotejos genéticos dentro de las tareas investigativas actualmente en desarrollo.

En ese sentido, corresponde aclarar que la investigación impulsada por la Unidad Fiscal no se circunscribe exclusivamente a la Sra. Yapura, sino que comprende una serie mucho más amplia de análisis genéticos y cotejos comparativos respecto de distintas personas vinculadas directa o indirectamente con las actuaciones realizadas durante la investigación original.

La necesidad de incorporar la muestra genética de la Sra. Yapura responde a la existencia de perfiles genéticos femeninos detectados durante distintas intervenciones periciales efectuadas en Francia. En consecuencia, la Unidad Fiscal dispuso cotejos respecto de mujeres que participaron en las distintas etapas de análisis y procesamiento de muestras biológicas, incluyendo operadores de laboratorios, profesionales que intervinieron en autopsias y personas que mantuvieron vínculos personales con algunos de los investigados, ante la posibilidad de existencia de fenómenos de transferencia secundaria o arrastre de ADN femenino.

Tal como fuera oportunamente informado por la Unidad Fiscal, los cotejos genéticos ordenados no tienen por finalidad atribuir responsabilidad penal automática a ninguna de las personas convocadas, sino verificar técnicamente el origen de determinados perfiles genéticos detectados durante el avance de la investigación.

Frente a la negativa reiterada de la Sra. Yapura de concurrir voluntariamente a aportar el material genético solicitado, la Unidad Fiscal requirió al Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio Colombo, la autorización para proceder compulsivamente a la obtención de la muestra, pedido que fue admitido mediante resolución de fecha 15 de abril de 2026.

En dicha resolución el magistrado autorizó la realización de la medida con utilización de la mínima fuerza indispensable y dispuso que su ejecución quedara supeditada a que la resolución adquiriera firmeza. Posteriormente, con fecha 17 de abril, la Unidad Fiscal promovió un pedido de aclaratoria respecto de dicho punto, señalando que la resolución no establecía fecha concreta para la realización de la diligencia y que, además, la medida no ocasionaba un gravamen irreparable, puesto que la legislación vigente faculta a la parte interesada a cuestionar posteriormente el acto por vía incidental, sin que ello suspenda necesariamente su ejecución.

Dicho planteo fue oportunamente puesto en conocimiento de los Dres. Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes no formularon oposición ni realizaron presentación alguna vinculada a la aclaratoria requerida, resolviendo el juzgado autorizar la ejecución de la medida mediante utilización de la fuerza pública.

Asimismo, esta Procuración General considera necesario destacar que los Dres. Reyes y Vargas habían propuesto oportunamente como perito de parte al bioquímico Gabriel Oscar Boselli con fecha 10 de abril de 2026, incluso con anterioridad a que se autorizara judicialmente la extracción compulsiva de la muestra genética.

La propuesta fue aceptada ese mismo día por la Unidad Fiscal, notificándose formalmente dicha circunstancia a los abogados intervinientes y quedando a cargo de éstos hacer comparecer al profesional designado a los fines de que asumiera formalmente el cargo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, ello nunca fue concretado.

Respecto de los acontecimientos registrados el día 15 de mayo, surge de las actuaciones y de los registros audiovisuales analizados que la Sra. Yapura se opuso activamente al cumplimiento de la medida judicial, dificultando materialmente la concreción de la diligencia ordenada, poniendo en riesgo la integridad física de los profesionales del laboratorio.

Asimismo, se verificó la presencia permanente de personas filmando el procedimiento, entre ellas periodistas locales y corresponsales extranjeros, tanto en el exterior como en sectores internos del edificio. En ese contexto, resultó particularmente llamativo que la Sra. Yapura portara acondicionado entre sus prendas un micrófono inalámbrico, el cual fue posteriormente secuestrado por personal interviniente en el marco del procedimiento.

En relación a algunas interpretaciones públicas efectuadas en torno a la continuidad de las medidas investigativas actualmente en curso, esta Procuración General considera necesario aclarar que las diligencias genéticas impulsadas por la Unidad Fiscal no persiguen reabrir situaciones procesales ya resueltas ni desconocer decisiones judiciales firmes, sino profundizar el análisis técnico de todos los perfiles biológicos detectados durante la investigación.

En ese marco, corresponde recordar que la desvinculación procesal oportunamente dispuesta respecto de Santos Clemente Vera por el Tribunal de Impugnación tuvo fundamento centralmente en el excesivo transcurso del tiempo y en la imposibilidad de arribar dentro de un plazo razonable a una definición jurisdiccional firme sobre su eventual responsabilidad penal, contexto generado por sucesivas demoras y contingencias procesales verificadas durante las distintas instancias judiciales intervinientes.

Asimismo, desde el plano del análisis jurídico resulta claro que no poseen idéntica naturaleza una resolución sustentada en prueba positiva y concluyente de inocencia que una desvinculación procesal producida como consecuencia del transcurso excesivo del tiempo por graves demoras y contingencias judiciales verificadas durante la tramitación de la causa.

Precisamente en atención a dichas circunstancias, esta Procuración General promovió oportunamente presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento vinculadas al desempeño funcional de distintos operadores judiciales que intervinieron en el trámite de la causa, las cuales finalmente no prosperaron.

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que, desde el plano estrictamente técnico-investigativo, dicha resolución jurisdiccional no limita la posibilidad de continuar desarrollando medidas orientadas a determinar el origen y compatibilidad de los perfiles genéticos femeninos detectados en las pericias realizadas en Francia, particularmente cuando la actual línea investigativa se orienta también a descartar hipótesis de contaminación, transferencia secundaria o arrastre biológico de ADN.

Las medidas actualmente impulsadas por la Unidad Fiscal responden exclusivamente a un minucioso y escalonado plan de trabajo en aras de evacuar cada uno de los puntos considerados materia de profundización, todo en orden a clarificar los extremos críticos y susceptibles de mayor examen; en especial a partir de los interrogantes propuestos por el padre de una de las víctimas en su declaración y sobre todas las cosas, el derecho y la misión de conocer la verdad.

En ese marco, es que el Ministerio Público Fiscal, entendió necesaria enviar una comitiva a Francia para profundizar estos estudios y lograr desde la ciencia una repuesta valedera, por lo que la investigación continuará avanzando conforme las medidas probatorias y diligencias que la Unidad Fiscal considere necesarias dentro de las facultades previstas legalmente.

Apareció la adolescente que era buscada en barrio 1° Junta

El fiscal dispuso su revisión médica y se dejó sin efecto el protocolo de búsqueda.

El fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, informó que la adolescente de 14 años que había sido vista por última vez el pasado 22 de abril por la tarde en el barrio 1° Junta, cuando se dirigía desde el domicilio de su abuela hacia la parada de colectivo, fue localizada.

La menor apareció y se encuentra junto a su madre. Asimismo, se dispuso su revisión por parte del médico legal, a fin de constatar su estado de salud.

En consecuencia, se dejó sin efecto el protocolo de búsqueda activado.

Finalmente, se solicita a los medios de comunicación y a la comunidad en general dar de baja la difusión de su imagen y demás datos personales vinculados al caso, a fin de resguardar su intimidad.

Detienen a tres alumnos por grafitis con contenido intimidatorio

La medida judicial se suma a la dispuesta por la Fiscalía Penal Juvenil en el marco de otra investigación de idéntica naturaleza.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investiga un hecho en el marco del cual, con autorización del juez de Garantías interviniente, se dispuso la detención de dos mayores de edad, de 18 y 19 años, y de un menor de 17 años, todos alumnos, por presuntos hechos de intimidación pública.

La investigación se originó a partir de la toma de conocimiento de la existencia de grafitis en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en los que se habrían consignado expresiones de carácter intimidatorio referidas a la concreción de hechos durante el próximo lunes, circunstancia que fue advertida por autoridades del establecimiento.

En ese contexto, personal del colegio indicó que un ordenanza habría observado el ingreso de tres alumnos al sector donde posteriormente se detectó la inscripción, quienes al ser consultados habrían manifestado que se trataba de “un reto”.

El fiscal penal continúa con la producción de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho. La audiencia de imputación de los detenidos se prevé para el día sábado 18.

 

Investigan a un menor por un episodio que generó alarma en una escuela

La Merced: Detenido e imputado por un siniestro vial donde murió un niño

El hecho ocurrió este domingo por la noche, cuando el menor circulaba en bicicleta junto a su madre. Tras ser embestido por una camioneta, fue trasladado al hospital Materno Infantil, donde falleció horas después. Se solicitó que el conductor continúe detenido. 

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a un hombre de 39 años como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, previsto y reprimido en el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por la defensa oficial, manifestó su voluntad de no prestar declaración y expresó que se desempeña laboralmente para el intendente de esa localidad. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que el imputado permanezca detenido mientras se cumplen numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo con las actuaciones, el siniestro se produjo el domingo 5 de abril alrededor de las 20:42, en la intersección de ls avenida Hipólito Yrigoyen y ls calle General Güemes, en la localidad de La Merced.

En circunstancias que se tratan de establecer, un niño de 5 años circulaba en bicicleta junto a su madre cuando, al intentar cruzar la calzada, fueron colisionados por una camioneta Ford Ranger que transitaba por la ruta en sentido sur-norte.

A raíz del impacto, el menor resultó lesionado y fue trasladado inicialmente al hospital local y, posteriormente, derivado en código rojo al Hospital Público Materno Infantil, donde falleció a las 22:50 a causa de un shock hipovolémico por politraumatismo grave.

El conductor del vehículo fue demorado y posteriormente detenido a solicitud de la Fiscalía en turno.

Piden prisión preventiva para el imputado por la muerte de una mujer luego de un incidente en su domicilio

Se trata de la pareja de la mujer fallecida, quien fue imputado provisionalmente y permanece detenido mientras avanza la investigación.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, solicitó ante el Juzgado de Garantías la prisión preventiva de un hombre de 54 años, detenido e imputado provisionalmente por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de genero, en el marco de la investigación por la muerte de una mujer, ocurrida en el interior de su vivienda familiar.

La causa se originó a partir de un hecho registrado en un domicilio ubicado en calle Buenos Aires al 1100. Según el informe preliminar de autopsia realizado por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el fallecimiento se produjo como consecuencia de múltiples heridas causadas con arma blanca.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, quien mantenía una relación de pareja con la víctima, estuvo asistido por la defensa oficial y prestó una extensa declaración, en ejercicio de su derecho a ser oído.

Al formular el pedido de prisión preventiva, la fiscal Sodero Calvet sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, se encuentran reunidos los presupuestos exigidos por el Código Procesal Penal, tales como la acreditación prima facie de la existencia del hecho investigado, la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales que tornan necesaria la imposición de una medida de coerción personal.

La investigación continúa en curso bajo la dirección de la Unidad de Femicidios, con la producción de diversas medidas probatorias tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho.