A juicio por abusar sexualmente de las hijas de su pareja

En diciembre de 2022, la madre de las víctimas denunció al hombre. El fiscal Rodrigo González Miralpeix de UDIS 2 consideró que se halla suficientemente acreditado la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal imputada.

El fiscal Penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio al Juzgado de Garantías 8 contra un hombre de 22 años.

Se lo acusa de ser autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia preexistente en perjuicio de una menor de 16 años y por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la guarda y la convivencia preexistente y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia preexistente en perjuicio de una menor de 14 años.

En diciembre de 2022, una mujer radicó denuncia en contra de su pareja, asegurando que acaba de tomar conocimiento de que sus hijas de 16 y 14 años habían sido abusadas sexualmente en reiteradas oportunidades por su pareja. Contó que, tanto ella como sus 3 hijas, tomaban medicación para dormir (presentó receta) y que el hombre habría aprovechado que dormía profundamente para abusar de las menores de edad y cuando estuvo internada por un desajuste en sus valores de insulina ya que es diabética.

En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la adolescente de 16 años corroboró lo denunciado por su madre y precisó con detalles que los abusos habían sucedido en una finca en Jujuy y en Salta. Además, contó que el denunciado le decía que no le contara a su mamá porque le iba a dar un paro cardíaco. Manifestó que nunca se había animado a hablar por miedo.

También en CCTV, la menor de 14 años expuso el sometimiento sexual del que había sido víctima por parte del imputado.

Teniendo en cuenta el testimonio de las víctimas, su madre y otras personas, así como informes médicos, ambientales y psicológicos, el fiscal Rodrigo González Miralpeix consideró que se halla suficientemente acreditado, con el grado de convicción necesario a esta etapa del proceso, la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal imputada, por lo que requirió que el hombre sea juzgado.

 

 

 

Madre detenida e imputada por agredir a su hija

La menor se encontraba de visita en la casa de su madre, cuando esta, en aparente estado de ebriedad, comenzó a amenazarla y tras derribarla en el suelo, la habría tomado del cuello, provocándole lesiones y desmayo. Vecinos impidieron que la mujer continuara con el ataque.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó de forma provisional a una mujer de 30 años como autora de los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en perjuicio de su hija de 12 años.

La denuncia fue radicada por la abuela de la menor, con quien convive desde hace 4 años. La mujer señala que su nieta concurrió de visita a la casa de su madre y que tras tomar conocimiento de que la adolescente estaba siendo maltratada por su progenitora, se dirigió a la vivienda en barrio Mosconi y la encontró desmayada en la vía pública.

Dijo que supo por vecinos que la acusada la habría derribado al suelo y tomado del cuello hasta que perdió la conciencia y terceras personas impidieron que continuara con la agresión, hasta que fue detenida.

Desde la Fiscalía se solicitó que continúe detenida y no se descarta que pueda ampliarse la acusación en su contra.

Urundel: Prisión preventiva para tres hermanos por usar menores para producir material de abuso sexual infantil

Se trata de tres hermanos detenidos e imputados por la producción de material de abuso sexual infantil, el cual era compartido por distintas redes sociales. Se encuentran en cumplimiento las distintas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de la situación.

La fiscal penal Sofia Cornejo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia solicitó oportunamente ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Orán, la prisión preventiva para tres hombres de 19, 24 y 26 años como coautores del delito tenencia, producción y distribución en redes sociales de material de abuso sexual infantil agravado por la existencia de víctimas menores de 13 años.

En la solicitud, la fiscal Cornejo señala el riesgo procesal de fuga y en especial, el peligro de entorpecimiento de la investigación, en tanto se encuentran pendientes las pericias sobre los dispositivos informáticos secuestrados, los cuales por contener evidencia digital (datos en sentido genérico), y atento a la volatilidad y fragilidad que presentan, son de muy fácil borrado y destrucción de manera remota; riesgo que no puede correrse en consideración del tipo de delito que se investiga.

El juez Claudio Parisi hizo lugar a la solicitud y dictó la prisión preventiva de los acusados, medida que ya fue notificada a la Fiscalía.

Cabe recordar que la investigación se inició a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) y que ya comenzaron las pericias sobre los elementos informáticos secuestrados oportunamente en el domicilio de los acusados.

Rosario de Lerma: Jornada de alegatos y sentencia en juicio por abuso sexual

Fue la madre de la víctima quien radicó la denuncia, tras haberle escuchado el relato de los abusos que venía sufriendo por parte de un hombre, dueño de una verdulería. Se prevé que la sentencia se conozca hoy viernes.

Se desarrolla la tercera y última jornada de la audiencia de debate contra un hombre de 40 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de una menor de 15 años al momento de los hechos, en la Sala 6 del Tribunal de Juicio Distrito Centro, presidido por la Jueza Mónica Alejandra Mukdsi,

El fiscal penal Daniel Escalante, representa a la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS) 2 en el juicio al que se llega a partir de la denuncia realizada por la madre de la entonces menor de edad, quien había manifestado que mientras caminaba por la vía pública, fue interceptada por el acusado, quien la subió a una camioneta trasladándola al lugar en donde consumó el abuso.

La damnificada contó, según los dichos de su madre, que esa no había sido la única vez, que la conducta se reiteraba los días lunes y viernes, a la misma hora y lugar. El acusado tiene dos negocios de verdulería y según relató la menor, le decía que podía ir y sacar lo que quisiera.

Producto del abuso sufrido, la joven quedó embarazada, y cada sábado, el acusado le proporcionaba pequeñas sumas de dinero para que se practique un aborto. Por miedo y desconocimiento, la damnificada le pidió a su abuela que le prestara una suma mayor para completar el monto necesario y realizarse la práctica.

Según consta en las actuaciones, el hecho fue corroborado con el relato sostenido y coherente de la entonces menor damnificada, quien, a pesar del tiempo transcurrido, continuó angustiada por lo sucedido y con temor a develarlo.

Durante la primera jornada de audiencia, el pasado miércoles, prestaron declaración la joven damnificada, hoy mayor de edad, su madre y familiares.

En tanto, durante la segunda jornada, que se cumplió ayer, prestaron declaración los testigos de parte de la defensa y las peritos psicólogas, del Poder Judicial y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que realizaron las pericias al acusado y a la joven.

El MPF y el Ejecutivo Provincial intercambian experiencias en el trabajo con hombres en contextos de violencia de género

Representantes del Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja) del Ministerio Público Fiscal de Salta mantuvieron un encuentro con miembros del Programa de Intervención a Hombres (Priho).

En el marco del compromiso asumido por el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, de trabajar en la erradicación de la violencia por cuestiones de género y fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas, funcionarios del Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP (Violencia Contra la Pareja) del Ministerio Público Fiscal de Salta y del Programa de Intervención a Hombres (Priho) del Poder Ejecutivo de Salta, mantuvieron un encuentro a fin de diseñar un calendario de trabajo de manera conjunta.

En esta primera reunión, los funcionarios expusieron las distintas formas de trabajo que mantienen ambos programas, destacando que si bien los escenarios son distintos, el objetivo es el mismo: la eliminación de la violencia de género a través del trabajo con varones.

Cabe recordar que Priho interviene en situaciones en que varones fueron denunciados por violencia familiar y/o de género; mientras que el Programa del MPF trabaja con varones que ya fueron condenados.

Los representantes de Priho y del Programa de Intervención con Hombres en Condena por VCP definieron la necesidad de coordinar acciones conjuntas de prevención, de concientización y sensibilización de hechos de violencia, desactivando así estos modos relacionales aprehendidos y que se encuentran instalados en vínculos de pareja.

Por Priho participaron Subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad y responsable del Programa, Inés Bocanera, y el coordinador de talleres, Agustín Marchetta, mientras que por el MPF estuvieron presentes la secretaria Letrada de la Procuración, Milagros Ward y las licenciadas en Servicio Social, María José Caamaño y Silvana Lizárraga, todas integrantes del Programa del Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal apeló la prisión domiciliaria de Marco Lautaro Teruel

El fiscal Penal 1 de la de Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, presentó un recurso ante la Sala 1 del Tribunal de Juicio para que revoque la Resolución del Juzgado de Garantías 1.

El fiscal Penal 1 de la de Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, presentó un recurso de apelación contra la acción de habeas corpus por la que el Juzgado de Garantías 1 concedió la prisión domiciliaria a Marco Lautaro Teruel el 30 de enero de 2023.

En el documento, que fue presentado en la Sala 1 del Tribunal de Juicio, el fiscal Obeid advirtió que “sin dejar de considerar que la salud constituye un bien fundamental para el interno, sin la cual el tratamiento penitenciario carecería de sentido, se observa que las autoridades penitenciarias le brindan la atención adecuada”.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “las expresiones vertidas por el accionante aludiendo cuestiones de salud han sido refutados con los informes de la autoridad penitenciaria, los profesionales de la salud e incluso por la inspección de visu realizada en las instalaciones donde fuera alojado el interno Teruel, por el Juez de Ejecución interviniente.

Obeid también señaló que debió rechazarse la acción de Habeas Corpus presentada por la defensa de Teruel, al encontrarse en trámite, sin resolución a la fecha, un pedido de prisión domiciliaria por ante el Juez de Ejecución y Detenidos 2, en virtud del cual el MPF dictaminó en forma negativa el 21 de diciembre de 2022.

Imputan a un hombre por un abuso sexual cometido en la vía pública

La víctima identificó al hombre que la arrastró a un descampado frente a la depuradora, la maniató, amordazó y abusó sexexualmente de ella.

El fiscal Penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, imputó provisionalmente a un hombre por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo en concurso real.

La UDIS tomó intervención luego de que una mujer de 23 años radicara una denuncia en la que aseguró que el martes 10 de enero, a las 22, mientras retornaba a su domicilio desde el Vertedero San Javier, a donde acude diariamente a recolectar distintos elementos, fue abordada por un hombre frente a la depuradora.

La víctima contó que el imputado le exigió que le entregara el dinero que llevaba, a lo que accedió. Luego, la arrastró hasta un descampado y allí la amordazó y ató con sus propias ropas para luego abusar sexualmente de ella. La mujer intentó gritar, pero el hombre se lo impidió asfixiándola.

Tras la denuncia de la mujer, el hombre fue detenido en la madrugada del martes 10 de enero y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia

Destacan y amplían a otros delitos, la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales

Así lo establecieron los titulares de la Procuración General de la Provincia y de la Unidad Fiscal Federal Salta. La decisión surgió de la coincidencia y afinidad con la que los fiscales de ambos fueros combaten el delito, tal como lo promueve el sistema acusatorio.

A modo de balance, y en un clima ameno, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella y el titular de la Unidad Fiscal Salta, fiscal general Eduardo José Villalba, analizaron el trabajo en cooperación que llevan a cabo los fiscales de ambos organismos, resaltaron los logros alcanzados, hicieron calibraciones, ajustes, e impartieron instrucciones precisas con la finalidad de avanzar sobre otros hechos, entre ellos la ciberdelincuencia.

En el Salón de Reuniones de la Procuración General, en la ciudad judicial, los funcionarios destacaron las investigaciones llevadas adelante, y el curso de otras que se encuentran en etapa de investigación, sin entrar en detalles respecto al objeto procesal, sino más bien en cuanto a las técnicas y el uso de herramientas procesales aplicadas.

Por tal razón, participaron del encuentro investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad, tanto del orden federal como provincial, y entre ellas, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los presentes destacaron el afianzamiento de las herramientas procesales que brindaron resultados exitosos, pero por sobre todo, se remarcó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que pudieron hacer aportes valiosos para optimizar la tarea conjunta.

Tanto García Castiella como Villalba, resaltaron el clima alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio cristalizado por el Código Procesal Penal Federal, en particular en sus artículos 90 y 123, que facultan y obligan a los Ministerios Públicos a trabajar en cooperación, contra el delito.

Sobre el mencionado artículo 90 cabe señalar, que impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la facultad de celebrar los convenios necesarios a tal efecto.

El artículo siguiente, incluso, es más expeditivo al respecto, pues insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo tanto en una misma jurisdicción, como fuera de ella. 

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta, y no sólo en materia de narcotráfico que ya fueron varias, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local, coincidieron ambos funcionarios.

En este análisis, no se pasó por alto el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la desfederalización en materia de estupefacientes, oportunidad en la que se impulsaron mesas de trabajo entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal. 

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar y aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluida la ciberdelincuencia, pues en vez de ir por detrás, debemos anticiparnos. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Eduardo Villalba.

Por su parte, García Castiella señaló que “la colaboración reciproca  alcanzada con la interacción y aportes entre fiscales y equipos de investigación que se ha logrado consolidar ha dado resultados exitosos inobjetables, no suficientemente visibilizados y ponderados, en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales. Tenemos el deber de anticiparnos en la potenciación de la ingeniería de investigación criminal, entendiendo que, logrando el esclarecimientos de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad. Esta debe ser una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la amenaza constante de instalación del crimen organizado” . 

El Fiscal Federal no se presentó a audiencia de imputación

La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, ya lo había notificado de tres nuevas imputaciones por desobediencia judicial y lo citó para el viernes 18 de noviembre. El Fiscal General Federal no concurrió a la audiencia y presentó un certificado médico.

La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, imputó provisionalmente por tres hechos de desobediencia judicial al fiscal General Federal, Francisco Snopek.

El funcionario fue informado días atrás de la imputación y fue citado el viernes 18 de noviembre a la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género para la lectura formal del decreto y prestar declaración. Sin embargo, el Fiscal General Federal no concurrió a la audiencia y presentó un certificado psiquiátrico.

Sodero imputó a Snopek por tres hechos de desobediencia judicial. El primero de ellos fue denunciado por el Programa Piloto de Coordinación de Parentalidad”, desde donde comunicaron que el Fiscal General Federal se presentó junto a su ex pareja y el hijo que tienen en común, estando aún vigente lo ordenado por la jueza de Violencia Familiar y de Género N.º 3 , María Carolina Cáseres Moreno, de “prohibición de acercamiento a la víctima, debiéndose mantener a una distancia de 200 metros, al domicilio particular y/o a los lugares donde esta concurra y de ingresar al domicilio”

El segundo hecho de desobediencia judicial que la fiscal Sodero le imputa al Fiscal General es la falta de acreditación, mediante constancia, de la realización de tratamiento psicológico por su adicción al alcohol, tal como le fuera ordenado por el Juzgado VIF el 16 de septiembre pasado.

Por último, la fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género le imputa desobediencia judicial ya que el 15 de julio y 11 de agosto, el Fiscal General se puso en contacto con un empleado del Poder Judicial a fin de averiguar qué acciones legales estaría llevando adelante la Defensora Oficial que lo denunció por acoso laboral y violencia de género en el ámbito de trabajo, pese a que la jueza de Violencia Familiar y de Género, María Carolina Cáceres Moreno, le había impuesto medidas de restricción.

Alto La Sierra: Unidad de Investigación UDIS del CIF partió a fin de colaborar con investigación judicial por el ataque a una menor

Estarán a disposición del juez interviniente a fin de colaborar en la diligencia de la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho. 

Por disposición del Ministerio Público Fiscal de Salta, esta tarde partió una Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) hacia hacia ciudad de Tartagal a fin de prestar colaboración al Tribunal de Juicio Sala II Vocalia III Juzgado de Menores N° 3.

Forman parte de esta comisión especial a cargo del Sub Comisario Ariel Barrera, el suboficial Principal  Ramon Ruiz, la Suboficial Principal Mabel Llanos,  junto a personal de Criminalística del CIF Licenciado Cristian López  y Técnico Pablo Farfan.