Financiera ilegal: El Ministerio Público Fiscal analiza impugnar la prisión domiciliaria otorgada a las imputadas

El Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnacion hizo lugar al pedido de arresto domiciliario otorgado este mediodía a Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, organizadora de la falsa financiera Ríos & Asociados que operaba en Salta y que estafó a unas 750 personas -en la mayoría personal policial de menor jerarquía- por 457.529.730 pesos y 505.431 dólares y cuya investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

El Ministerio Publico Fiscal analiza distintas alternativas recursivas para intentar revertir la determinación judicial, que provoca un golpe difícil de revertir, no solamente al avance de la investigación, sino especialmente a las esperanzas de las víctimas de lograr recuperar el dinero sustraído para su restitución.

Ello debido a que, a pesar de las reiteradas medidas investigativas y allanamientos ordenados por la Fiscalía y ejecutadas en numerosas oportunidades y domicilios, solo había podido recuperarse por parte del equipo de investigadores de la UDEC una parte menor del botín celosamente escondido por las imputadas, y el que pretendían utilizar como prenda de negociación para lograr la libertad de las mismas. 

Corresponde también recordar que, merced a actividades del equipo investigativo, se determinó que la Jefa de Operaciones de la Unidad Regional 3 de la Policia de la Provincia, Nilda del Valle Valdez  – hoy privada de su libertad- mediante el uso de un móvil de la Policía de Salta y una tricota con insignias de la fuerza policial, había logrado evadir controles de ruta y trasladar gran parte del dinero logrado de las víctimas por parte de la imputada Moya al tomar conocimiento de los allanamientos. Tal dinero, hasta el momento no pudo ser localizado, pero mediante el mismo y de forma paralela, la imputada hoy ya beneficiada con arresto domiciliario, ofrecía espurios acuerdos a las victimas a cambio de lograr su sobreseimiento en la causa. Cabe recordar también que la imputada había logrado mantenerse prófuga un largo tiempo gracias a haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención. Todos estos aspectos que hacen a un manifiesto riesgo procesal .

Entre los fondos dinerarios secuestrados en los allanamientos, se advirtió que  habrían sido ingresados fondos pertenecientes a Adicionales de Policia de la Provincia por parte de la Comisario Espinosa.    

Es importante destacar que el pasado 26 de septiembre, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había rechazado idéntica solicitud de libertad y de arresto domiciliario por considerar que “supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue formalizado también por el abogado, quien, a raíz de haber patrocinado anteriormente a 74 denunciantes, se encuentra imputado por el delito de prevaricato en la actualidad; constituyendo, de esta manera, en una palmaria violación a las normas de la ética profesional peticionar el otorgamiento de la libertad a las imputadas Moya y Párraga, para que efectúen la entrega del dinero a los denunciantes”

Además, Pastrana determinó que “la celebración de los convenios aludidos, más allá de intentar lograr la “paz social”, que la defensa postula, develan que la imputada Moya tiene en su poder el dinero de los denunciantes, reconociendo de esta manera, su activa participación en los hechos endilgados, utilizando una promesa de devolución dineraria como una suerte de presión o extorsión para obtener su libertad” y que “lejos de disminuir el peligro de fuga y entorpecimiento en las presentes actuaciones, se vislumbra razonable el mantenimiento de la medida cautelar dispuesta oportunamente sobre la base de la presunción de que la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria”

El beneficio otorgado por el juez Arancibia a las imputadas Moya y Párraga, además de carecer de fundamentos, será impugnado por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que la medida adoptada producirá un daño considerable a la investigación y a la posibilidad de recuperar el dinero de las víctimas de la estafa de Moya.

En septiembre, los abogados ya habían presentado al Juzgado de Garantías 3 un requerimiento de libertad de Moya y Párraga y, en su defecto, de arresto domiciliario, en función de un insolito acuerdo que habían puesto a disposición de los damnificados por el cual las imputadas se comprometían a la devolución del dinero a cambio de que las mismas ratifiquen la inocencia de los imputados, la inexistencia de ilicitud y su libertad.

La UDEC se opuso por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo hacia las víctimas, por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal 2. Además, detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.

Por otra parte, Salinas Odorisio imputó al abogado de Moya por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.

*La causa*

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Hasta el momento son 29 los imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

Diez de los imputados, incluidas Moya y Párraga, permanecían alojados en la Alcaidía General de la Provincia hasta hoy; seis policías se encuentran con arresto domiciliario y el resto se encuentra con medidas sustitutivas solicitadas por la UDEC.

Además, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.

Piden juicio para un hombre por abuso sexual

La víctima denunció que un conocido había abusado de ella. Luego de investigar la denuncia, la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, imputó al hombre por el delito de abuso sexual con acceso.

La fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Cecilia Flores Toranzos, requirió juicio para un hombre de 42 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La intervención del Ministerio Público Fiscal inició a raíz de una denuncia realizada por la víctima, que aseguró que un conocido había abusado sexualmente de ella.

Flores Toranzos realizó una investigación del hecho denunciado y, tras reunir las pruebas necesarias, elevó el pedido de juicio al Juzgado de Garantías 5

Una docente denunció que una alumna de 9 años era víctima de abuso

Tras investigar la causa, el fiscal Penal 1 de UDIS, Federido Obeid, requirió juicio contra el padrastro de la niña por abuso sexual simple agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente.

El fiscal Penal 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Federico Obeid, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 contra un hombre por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente.

Una docente denunció que una alumna de 9 años llegó al establecimiento con dolor en sus partes íntimas y, al dialogar con ella, le contó que su padrastro era una persona muy violenta y que abusaba de ella. Además, le contó que su madre estaba al tanto de lo que sucedía, pero no le creía.

Las autoridades del colegio citaron a la madre, quien reconoció que el hombre había realizado tocamientos a la niña y por ello se había retirado de la vivienda durante 3 semanas, regresando luego con el compromiso de no acercarse a la menor de edad.

En la entrevista en Circuito Cerrado de Televisión realizada por profesionales, la niña corroboró lo denunciado por la docente y directora del establecimiento educativo. Distintos testimonios recabados por la Fiscalía también dieron cuenta del abuso sufrido por la menor de edad, así como los informes psicológicos y sociales.

Teniendo en cuenta todo ello, el fiscal Penal Federido Obeid imputó al acusado y requirió la elevación a juicio de la causa al Juzgado de Garantías 1.

Una adolescente denunció que trabajaba en una casa particular y su empleador abusó de ella

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente al hombre por abuso sexual con acceso carnal.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 36 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La Fiscalía tomó intervención luego de que la hermana de la víctima denunciara día atrás que su hermana de 17 años había sido abusada por su empleador.

Según contó la mujer, la menor de edad comenzó a trabajar como personal de casa particular a fines del año pasado, realizando tareas de limpieza en un departamento de la ciudad de Orán. La adolescente le confesó que en distintas oportunidades, su empleador le había realizado tocamientos y que en agosto la había sometido sexualmente.

Teniendo en cuenta la declaración de la hermana de la víctima y el informe médico, Filtrín Cuezzo imputó al hombre y solicitó su detención.

Salvador Mazza: Ampliaron la imputación contra Rubén Méndez Salazar

El ex intendente fue citado a audiencia esta mañana, en donde se le informaron los hechos imputados, montos y otras cuestiones vinculadas a la causa. Entre hoy y mañana, otras ocho personas están citadas a ampliación de imputación. Interviene la Unidad Fiscal integrada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot.

Esta mañana, la Unidad Fiscal integrada por los Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot amplió la imputación contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, por los delitos de peculado.

Durante la audiencia, que se realizó en Salvador Mazza, Méndez Salazar fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar. El ex intendente fue informado sobre los hechos sobre los que se lo imputa, montos y otras cuestiones técnicas.

Durante el resto de la jornada de hoy y mañana se continuará tomando audiencia imputativa a otras ocho personas.

El 12 de octubre de 2021, Rubén Méndez Salazar fue imputado por los delitos de asociación ilícita, peculado (3 hechos), enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público

Luego de merituar los informes policiales, de organismos públicos y entidades bancarias, declaraciones testimoniales y la pericia contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF, Salinas Odorisio decidió ampliar la imputación del ex intendente y de otras personas vinculadas a la causa.

Para ello, una comisión de la UDEC, llegó hasta Salvador Massa, en donde fueron citados a audiencia de ampliación de imputación nueve personas, entre las que se encuentra Méndez.

Requieren juicio a un empleado de Vialidad por peculado

Entre 2017 y 2018, el agente habría sustraído importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo habría trasportado a domicilios particulares para provecho propio. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de un agente de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Vialidad por el delito de peculado.

En 2018, la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta informó que vecinos de barrio El Círculo 4 denunciaron que vehículos oficiales de la Provincia de Salta eran vistos reiteradamente descargando bidones de combustible en distintas casas para posteriormente ser ofrecidos a la venta a la gente del lugar.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos recibió actuaciones administrativas mediante el entrecruzamiento de datos efectuado por los Departamentos de Mantenimiento Vial y Contable Financiero con los equipos de GPS de vehículos a cargo del agente. A partir de allí se pudo determinar que en el período comprendido entre el 04 de mayo de 2018 al 31 de octubre de 2018, realizó 84 visitas al barrio El Circulo y 110 visitas al barrio Los Ceibos, en horario laboral y sin autorización del superior jerárquico.

En el mismo período, uno de los vehículos a su cargo, registró un recorrido de 10.273,128 kilómetros, lo que representa un consumo promedio total de 856 litros de gasoil tomando en consideración un consumo medio (ruta-ciudad) de 12 km/litro. Sin embargo, la camioneta registró la carga de 3.714 litros de gasoil, de los cuales sólo habrían sido utilizados 856 litros para recorrer los 10.273.128 kilómetros que marca el equipo de GPS. Lo expuesto relevó un excedente de 2.858 litros y una potencialidad de 34.296 kilómetros que se podrían haber recorrido con dicha cantidad y sobre los cuales no existe ningún tipo de registro.

Tras analizar las distintas pruebas recabadas por los investigadores, Salinas Odorisio consideró que el empleado, en los periodos 2017 y 2018, sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio, por lo que lo imputó por el delito de peculado.

Por tocamientos a mujeres, imputaron a un hombre

Una vendedora ambulante solicitó ayuda al Sistema de Emergencias 911 luego de que un hombre vulnerara su libertad sexual. En febrero de 2022 había sido denunciado por el mismo delito. Interviene la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, imputó provisionalmente a un hombre de 40 años por dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real.

El hombre fue denunciado por una vendedora ambulante de Orán que se comunicó con el Sistema de Emergencias 911 solicitando ayuda porque el hombre, que merodeaba por la esquina de Belgrano y San Martín, se habría acercado desde atrás y la habría sometido a tocamientos.

Los efectivos demoraron al hombre. Al corroborar sus antecedentes se comprobó que en febrero de 2022, una mujer había radicado denuncia en su contra también por tocamientos.

Cabe indicar que el “tocamiento”, se trata de una conducta abusiva que se ejerce prescindiendo de la voluntad de la mujer reduciéndola a simple objeto, y en eso consiste el abuso.

Al tomar intervención, la fiscal Filtrín Cuezzo imputó provisionalmente al hombre por abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real.

UDEC advierte sobre una banda que estafa a adultos mayores

La Unidad de Delitos Económicos Complejos informó sobre el accionar de criminales dedicados a engañar de manera telefónica a adultos mayores. Dan a conocer el identikit de una de las estafadoras.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) informa a la comunidad la proliferación de estafas a adultos mayores que son captados en llamadas a sus teléfonos fijos, aprovechando la situación de crisis e incertidumbre económica.

La UDEC tomó conocimiento que ayer una banda operó nuevamente en la capital salteña, logrando que una abuela le haga entrega de una suma superior al millón de pesos entre joyas, dólares, euros, pesos bolivianos y moneda de curso nacional.

La modus operandi consiste en llamar al número fijo de un domicilio, en donde generalmente atiende un adulto mayor. El estafador simula ser una persona de estrecho vínculo familiar, que se muestra preocupada por una corrida cambiaria inminente. En el caso de ayer, por ejemplo, los estafadores se hicieron pasar por una hija de la víctima y le pidieron que le entregara el dinero y las joyas a un agente del banco que iría a su casa. Además, le pidieron que no cortara la comunicación hasta que se concretara la entrega por su “seguridad”.

La misma modalidad fue empleada por una pareja que fue detenida en 2019. En esta oportunidad, la información recabada permitió a los peritos del CIF realizar un identikit de una de las estafadoras.

La UDEC prosigue las investigaciones, análisis telefónico y de cámaras de videovigilancia que permitirán identificar a la totalidad de la organización criminal que opera en la ciudad.

El SIFEBU vuelve a sumarse a la búsqueda de Gastón Sanz

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) comenzará su tarea desde esta tarde, con el fin de colaborar, nuevamente, con el equipo que busca dar con el paradero de Gastón Sanz. El joven de 31 años está desaparecido desde el pasado 20 de febrero.

A requerimiento de la Fiscalía Penal 2, un equipo especializado del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), llegan hoy para sumarse a las tareas de búsqueda de Gastón Sanz, quien fue visto por última vez el domingo 20 de febrero en inmediaciones al río Castellanos.

Las tareas son coordinadas por el Ministerio Público Fiscal en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

En esta oportunidad, desplegará su tarea el SIFEBU de Buenos Aires, con equipos de canes entrenados para la búsqueda de personas a corta y larga distancia, como así también se realizará el uso de drones para la investigación en zonas inaccesibles.

Está previsto que las tareas de rastrillaje se extiendan hasta el próximo viernes 13, centrándose en cubrir las áreas que no se alcanzaron a examinar durante el pasado mes de febrero, debido a las condiciones climáticas desfavorables

Junto al SIFEBU, trabajará el equipo de la División de Canes de la Policía de Salta.

Imputaron a la mujer que condujo tras consumir alcohol y protagonizó un siniestro vial

El hecho ocurrió el pasado domingo, sobre Ruta Provincial Nº 28, a la altura del barrio El Tipal. Colisionó a dos personas que circulaban a bordo de una moto y que debieron ser hospitalizadas.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, a través de la delegación San  Lorenzo, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de lesiones graves culposas agravadas en accidente de tránsito, a una mujer de 23 años.

Según consta en las actuaciones, el hecho sucedió el pasado 8 de mayo, alrededor de las 14:40, en Ruta Provincial N° 28, cuando un hombre de 53 años, circulaba a bordo de una motocicleta, junto con su hijo, de 16. A la altura de la rotonda de ingreso a Barrio El Tipal habrían sido embestidos por un vehículo, conducido por la acusada.

Producto de la colisión, las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Bernardo, con el menor en Código Rojo.

Personal policial realizó el test de alcoholemia a la conductora del vehículo, que arrojó resultado positivo, procediéndose a labrar la infracción correspondiente.

Durante la audiencia de imputación, la acusada se abstuvo de declarar. Desde la fiscalía se solicitó al juzgado de garantías interviniente, su detención.