Contaminación en la Subcuenca Arias-Arenales: Evaluaron medidas y formularon nuevos requerimientos

En una reciente audiencia,  la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales revisó las medidas tomadas para abordar la contaminación en verduras y hortalizas de fincas locales. Ante la presentación tardía de medidas de contingencia por parte de CoSAySa, se insistió en la urgencia de cumplimiento y se exigió un plan integral.

A instancias de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, se concretó el pasado viernes una nueva audiencia, la cual fue presidida por la Jueza de Minas María Victoria Mosmann.

Durante la audiencia, representantes gubernamentales de Provincia y Ciudad de Salta,  proporcionaron información sobre el seguimiento de las medidas dictadas el 22 de diciembre de 2023 y las acciones emprendidas por diversos organismos para abordar de manera efectiva la contaminación detectada en verduras y hortalizas de fincas productoras locales.

Debido a que la empresa Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (CoSAySa) presentó tardíamente algunas medidas de contingencia, en respuesta a lo solicitado por la Unidad Fiscal y ordenado por el Juez Ignacio Colombo, se insistió en que se cumplan dichas medidas en plazos más cortos debido a la situación de emergencia. Además, se exigió la presentación de un plan de contingencia integral.

En la audiencia, la Fiscalía Civil 2, interina en la Unidad, presentó un informe del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI/UNSa) y del Laboratorio del Hospital Materno Infantil, el cual aborda la situación de vegetales de una finca específica ubicada frente al área de vertido de líquidos cloacales.

El fiscal civil 2 Agustin Vidal, resaltó que existe una Resolución N° 486/21 de la Municipalidad de Salta que ya incluía un Plan de Contingencia como parte del estudio de Impacto Ambiental y Social relacionado con la ampliación de la Planta Depuradora Sur de la Ciudad de Salta, contemplando las fases de construcción y operación durante su puesta en marcha. Instó tambien a tomar medidas concretas y enfatizó la importancia de evitar que las verduras posiblemente contaminadas lleguen al mercado, asegurando así el cumplimiento de las medidas preventivas.

Por su parte, el representante de la Municipalidad de Salta, Diego Mendilaharzu, se comprometió a proporcionar información en un plazo de diez días hábiles sobre la colocación de carteles de advertencia sobre las márgenes del Río Arias- Arenales, aclarando que ya se habían instalado previamente, pero estos fueron vandalizados.

Luego de escuchar a los representantes de las partes, la jueza a cargo realizó requerimientos específicos con plazos ajustados de 48 horas. Además, ordenó la creación de una mesa de trabajo que deberá contar con la participación de los demandados y representantes de diversos organismos, la cual deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días. El propósito es que los organismos competentes (Ambiente, Hídrico, Agricultura, Salud, Seguridad, Educación, Municipio) presenten al Juzgado acciones concretas y coordinadas para abordar la situación. Se programó una nueva audiencia para el 26 de enero próximo.

Cabe destacar que el juicio original sobre la contaminación del Río Arias – Arenales tuvo inicios con la acción interpuesta por un grupo de ciudadanos que recibió una sentencia judicial confirmada por la Corte de Justicia. Actualmente esa sentencia se ejecuta en el Juzgado de Minas.

En la audiencia estuvieron presentes Agustín Vidal, fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo, representando al fiscal Rodrigo Erazo Schmidt de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales; Leonor Barrenechea, asesora técnica de la Unidad; José Manzano, responsable del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF); Mariana Cornejo Larrán, apoderada de la Provincia de Salta; representantes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de Ambiente y Servicio Público de la Municipalidad; Diego Mendilaharzu, representante de la Procuración de la Municipalidad de Salta; representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de Salud Pública de la provincia de Salta; representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, y los representantes letrados y técnicos de Co.S.A.ySa.

 

Allanamiento en finca vecina al Río Arenales por presuntas prácticas nocivas a la salud de la población

En un operativo, se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de La Pedrera, en busca de evidencia relacionada con presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública. La investigación se centra en la posible contaminación y el uso indebido de aguas contaminadas en la producción de hortalizas.

En el marco de una investigación vinculada a presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública, el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, integrante de la Unidad Fiscal Ambiental, solicitó al Juzgado de Garantías 7, el registro y allanamiento de un inmueble situado en Ruta Provincial Nº 39, en la localidad de La Pedrera, perteneciente al Departamento Capital. El propósito de esta acción, fue el secuestro de muestras de productos frutihortícolas de la finca señalada, así como la realización de una inspección ocular y documentación de las actividades de riego y producción de hortalizas.

El fiscal Jovanovics consideró crucial la recolección de muestras de las hortalizas producidas en la finca para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas, que podrían afectar la salud de la población, la cual fue llevada adelante el día de hoy, estando a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales. En el lugar, los ingenieros Leonor Barrenechea y Joel Medina del Laboratorio del CIF, realizaron el levantamiento de muestras de vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y perejil. 

Cabe destacar que la Fiscalía Penal Nº 5 fue designada como parte de la Unidad Fiscal por Resolución emitida por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella para proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de la subcuenca Arias  – Arenales. 

El Procurador fue informado por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos, sobre un informe técnico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Según dicha documentación, se verificó la presencia de una toma de agua clandestina en la margen izquierda del Río Arenales, cerca de la Planta Depuradora Sur. Esta toma de agua, utilizada para el riego de hortalizas en la finca mencionada, carece de autorización y representa riesgo de contaminación.

Consta en el informe, que durante la inspección, el propietario de la finca admitió que, debido a la disminución del caudal de sus pozos someros por la crisis hídrica, se estaba bombeando agua desde el río sin contar con los permisos necesarios. Además, se informó que actualmente está en ejecución la obra de Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur debido a que su capacidad está superada, lo que contribuye a un alto riesgo de contaminación del Río Arenales.

Los hechos descriptos podrían configurar el delito tipificado en el Artículo 55 de la Ley 24051 en función del Artículo 200 del Código Penal, en su modalidad de contaminación de un modo peligroso para la salud de aguas potables destinadas al uso público.

El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

 

 

Audiencia en el marco de la ejecución del Amparo por Río Arenales: Ordenan a CO.SA.ySa presentar plan de contingencia urgente

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar a los pedidos que el Ministerio Público Fiscal realizó ante la contaminación hídrica en la subcuenca.

En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Co.SA.ySa a que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo; esto es, al cese inmediato del vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el Río Arenales.

Además, le ordenó la presentación, en un plazo de 48 horas hábiles, de Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río Arenales. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica informada públicamente, y debe estar dirigida a atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de desechos cloacales con tratamiento insuficiente.

De la audiencia participaron el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 1 y miembro de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, Rodrigo Erazo Schmidt; la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, representantes de Co.SA.ySa y del Ente Regulador de los Servicios Públicos. No asistieron representantes de la Municipalidad de Salta ni de la Provincia de Salta.

Durante la audiencia, Co.SA.ySa reconoció que su planta depuradora se encuentra superada en un 30 por ciento de su capacidad operativa e informó que la ampliación de la planta recién estará terminada, de acuerdo a lo proyectado, en febrero de 2025.

Ante la alerta epidemiológica por el aumento de casos de salmonella efectuado por el Ministerio de Salud de Salta y las denuncias de vuelco de efluentes al río Arenales en la zona de la Pedrera, el juez Colombo hizo lugar a los requerimientos de la Unidad Fiscal y ordenó nuevamente al Municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el día 15 de enero.

Asimismo, resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Co.SA.ySa pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del Río Arenales debido a la contaminación existente, ello por cualquier medio de difusión masiva.

El Juez de Garantías 2 también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de las demandadas: Provincia de Salta y Municipio de Salta, verificando especialmente el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por los productores ribereños del Río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, actualmente destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.

En el fallo, el juez Colombo resolvió que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta debe realizar las siguientes acciones urgentes: a) controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; b) limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; c) evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Cabe recordar que, desde 2022, el Ministerio Público Fiscal advierte sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales, llevando a cabo reuniones con diversas instituciones y expertos en la materia. En este marco, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal Penal 5, Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo 1, Rodrigo Erazo Schmidt; el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret; y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.

La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 1 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Se pidió nuevamente la audiencia pública y, además, se requirió la colocación por parte de Co.SA.ySa de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no eran aptas para consumo, uso, ni riego, y que implicaban un grave riesgo para la salud.

No habiendo sido resuelta la petición, el Ministerio Público Fiscal solicitó, el 20 de diciembre pasado, una audiencia urgente, que finalmente tuvo lugar esta mañana.

 

El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

El Ministerio Público Fiscal trabaja sistemáticamente en la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales

La creación de la Unidad Fiscal Ambiental y las acciones coordinadas con instituciones académicas y expertos reflejan un compromiso serio hacia la protección y restauración de la zona. Se abordan los obstáculos previos y gestionan medidas preventivas, investigación científica y acciones legales con el objetivo de revertir el estado ambiental de la subcuenca.

Desde el año 2022, el Ministerio Público Fiscal de Salta ha estado abordando con responsabilidad la problemática de contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales, llevando a cabo reuniones con diversas instituciones y expertos en la materia.

En el mes de abril del presente año, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, estableció la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal 5 Federico Jovanovics, el fiscal civil 1 Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos mencionados.

La formación de esta Unidad ha logrado resolver diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas  en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se sumó además asesoramiento técnico externo con el INIQUI de la Facultad de Ingeniería y el INASLA de la Facultad de Ciencias Naturales, ambos de la Universidad Nacional de Salta, el ISUT de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta y el área MEDIOAMBIENTE del “Programa Ciencia y Justicia” del CONICET.

 

Desde el mes de abril el fiscal civil  1, Rodrigo Erazo Schmidt, solicitó se fijen audiencias publicas periódicas en la que las demandadas (provincia, municipio Cosaysa ) deban informar y probar de manera fundada y precisa, las acciones, obras, y medidas concretas llevadas a cabo en ese periodo de tiempo, brindando las explicaciones que en ese acto se puedan requerir al respecto. En esa misma presentación, se requirió que se incluya expresamente a Cosaysa en la ejecución del amparo, a lo que el juzgado hizo lugar. 

En el mes de setiembre, ante la falta de cumplimiento de la sentencia del año 2017, que ordenó expresamente el “saneamiento cloacal, traducida en un inmediato cese de vertido de líquidos cloacales”, se insistió la necesidad de audiencia publica periódica.

En tanto el 1 de diciembre, se puso en conocimiento del juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Se pidió nuevamente la audiencia publica y ademas se requirió la colocación por parte de Cosaysa de carteles en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud. 

No habiendo sido resuelta esta ultima petición, el 20 de diciembre pasado se requirió una audiencia urgente, la cual fue convocada para el día viernes 22 a las 10 horas que se celebrará ante el juez Ignacio Colombo quien interviene en el caso hasta tanto se reintegre la jueza titular. Deberán comparecer representantes de Cosaysa, el municipio de Salta y provincia de Salta. Desde la fiscalía también se solicito la citación del Ente Regulador de los Servicios Públicos. 

Nuevas investigaciones penales

El pasado 21 de noviembre, se recibió denuncia sobre la contaminación del río Arenales por vertidos cloacales y la posible transmisión de bacterias a alimentos agrícolas en fincas ribereñas, derivando en que el Procurador General de la Provincia solicite de inmediato, la intervención del Departamento Técnico Científico del Cuero de Investigaciones Fiscales.

Los forenses ambientales informaron sobre los trámites iniciados y las pruebas colectadas, recomendando medidas urgentes de paralización de la actividad de riego y señalización con cartelería pública para alertar sobre los riesgos sanitarios.

Por su parte, la Unidad Fiscal Subcuenca Arias-Arenales requirió la presencia del Director General de Coordinación Epidemiológica para obtener información técnica y sanitaria. El médico Francisco García Campos proporcionó detalles sobre el seguimiento epidemiológico de la salmonella en la provincia desde octubre de 2017, destacando un pico de casos en la semana 50.

Además, se recibió al Jefe de la División de Policía Rural, Ambiental y de Protección de Bienes Culturales, Comisario Inspector Gonzalo Flores, junto al efectivo a cargo de la Departamental, el Oficial Carlos Figueredo, en una reunión donde se planificó el abordaje de la situación de las fincas y huertas ubicadas en las riberas del río Arenales. Se estableció un plan de trabajo que comenzó a desplegarse, implicando la intervención de un cuerpo de efectivos ambientales, junto a los escuadrones de montada, ciclomotores y fluvial, además de interpretación de imágenes satelitales y georeferenciación por personal policial.

 

Se emitieron múltiples medidas investigativas y procesales que se cumplirán en los próximos días.

Por último, en una reunión reciente, el prestigioso pediatra e infectólogo,  Antonio Salgado, brindó una charla detallada a Fiscales e integrantes del CIF, sobre la problemática de la salmonella y su coexistencia con el norovirus en la región, aportando sugerencias fundamentales para un abordaje integral que incluya lo ambiental, sanitario y bromatológico.

 

 

Subcuenca Arias-Arenales: La Procuración convocó a una reunión para abordar sus problemáticas

El MPF participó del 2° Encuentro Nacional y 1° Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia

Organizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, se llevó a cabo el 2° Encuentro Nacional y 1° Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia, durante el jueves 28 y viernes 29 de septiembre en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El evento, realizado junto al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.) y la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar), tuvo como objetivo continuar la línea de acción del primer encuentro.

La apertura estuvo a cargo del procurador general de la provincia de La Pampa, Mario Bongianino y contó con la asistencia de jueces, fiscales, defensores, operadores judiciales, integrantes, tanto de la comunidad científica como académica, estudiantes y público interesado en la temática.

En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estuvo presente el relator Ambiental y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, quien expuso, junto con Luciano Merini, miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, sobre “Forensia ambiental”, es decir, cómo se vincula el trámite judicial ambiental en referencia a los trámites periciales.

La disertación rondó en torno a explicar la conexión de cada acto o necesidad procesal, en cada etapa del trámite, respecto a lo que el técnico forense va haciendo a la par, en conjunto con la interdisciplina, las pruebas que se van ofreciendo y las medidas que se van articulando, con respaldo en la investigación científica.

La relevancia de este segundo encuentro radica en que se abordaron diferentes aspectos vinculados a los conflictos socioambientales, tanto desde la experiencia nacional, como internacional, abordados desde la perspectiva científica, por parte de investigadores del CONICET, como desde lo que atañe a la intervención de la justicia, a través de sus representantes.

En ese sentido, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, se viene trabajando de manera sostenida en diversos aspectos vinculados con los conflictos socioambientales, desde su dimensión económica, jurídica, social e institucional. De ahí el interés de la Procuración General de la Provincia en llevar a este segundo encuentro la representación de Salta a La Pampa, a fin de seguir avanzando en pos de articular los mecanismos eficientes que propendan a la solución de los conflictos de esta índole.

Cabe recordar que el Procurador Pedro García Castiella suscribió, recientemente, un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través de Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que tiene como objetivo el establecimiento de vínculos de cooperación en materia científica y tecnológica.

El CONICET firma un convenio de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Salta 

Encuentro en el marco del acuerdo Seabord para el fortalecimiento de la gestión ambiental

El Ministerio Público Fiscal, en colaboración con diversos organismos, se reunió en el marco del acuerdo Seabord para impulsar mejoras en la gestión ambiental y promover un enfoque progresivo en la adecuación de objetivos. Durante el encuentro, se dialogó sobre propuestas, y se acordó la realización de una inspección conjunta.

Se llevó a cabo la reunión programada entre representantes del Ministerio Público Fiscal, las Secretarías de Minería y Energía, Recursos Hídricos y Ambiente de la provincia, convocada y coordinada por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta y la Fiscalía de Estado de la provincia.

Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L había llegado a un acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, por el que la empresa asumió voluntariamente el compromiso de renovar los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713, correspondientes a los ríos Blanco y Pescado. Estas concesiones fueron otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.

En colaboración con la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal ha desarrollado un mecanismo consensual con el propósito de ampliar y enriquecer los términos previamente establecidos. Durante este proceso, se han incorporado las perspectivas de los organismos administrativos competentes en la gestión ambiental requerida a la empresa, con el objetivo de proponer mejoras progresivas a través de esta instancia.

En atención al Principio de Progresividad establecido en la Ley General de Ambiente (Ley 25675), en el transcurso de la reunión se abordó la viabilidad de que las entidades públicas, de manera coordinada, presenten sugerencias, propuestas y observaciones dirigidas a fortalecer las labores en el proceso de homologación.

El acta de la audiencia celebrada en el marco de la mesa de diálogo estableció que se planificarán reuniones técnicas con el propósito mencionado, considerando una fecha inicial tentativa.

Además, se informó sobre la realización de una inspección conjunta en la que participarán el Equipo de Mediación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se extendió la invitación a otras instituciones para que se sumen a esta actividad.

Es importante destacar que el artículo 4° de la Ley General de Ambiente establece que los objetivos ambientales deben alcanzarse de manera gradual, mediante metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

De la Mesa de Diálogo llevada a cabo en la sala de reuniones de la Procuración General de la Provincia, participaron diversos representantes de instituciones claves, entre ellos: María Lelia Martínez del Centro de Mediación, Delegación Villa Mitre; Silvia Santamaría, Jefa del Programa Jurídico de la Secretaría de Recursos Hídricos; Ana Laura Moya, Jefa del Programa de Aguas Productivas de la Secretaría de Recursos Hídricos; Cintia Elías en representación de la Fiscalía de Estado; Alejandro José Aldazabal y Antonio Sánchez de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; Sebastian Lloret, Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta; Juan José Martínez de la Secretaría de Minería y Energía de Salta; y Ana Cardozo, Miguel Ortíz y Manolo Cordeyra en representación de Aguas del Norte.

 

Continúa durante todo 2023 el Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda para ministerios públicos fiscales de todo el país

La capacitación consta de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, dentro del Ciclo de Capacitación sobre Ley Yolanda, a nivel nacional y que está dirigido a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país y cuya plataforma de cursado estará disponible durante todo el años 2023.

El pasado viernes 19 de mayo se llevó a cabo la jornada inaugural, vía plataforma Zoom, que contó con la presencia de autoridades y funcionarios integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del CONICET, ambas instituciones suscriptoras del convenio que dio origen a la actividad.

El primero en dirigir la palabra fue el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Dr. Alejandro Gullé, quien destacó la importancia de las jornadas ya que la importancia del ambiente “no se puede discutir, como tampoco se puede discutir el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad y las consecuencias que esto trae aparejado para la vida humana en el Planeta”, sostuvo.

Gullé planteó el interrogante de ¿por qué es importante para los ministerios públicos, educar en ambiente?, y, en ese sentido, sostuvo que “no basta contar con agencias gubernamentales que no se mostraron solventes o, por lo menos, no lo suficientemente solventes para impedir la crisis ambiental que estamos viviendo”, puesto que “las conductas que atentan contra bienes comunes, esencialmente contra bienes ambientales resguardados por los intereses colectivos, también impactan gravemente en la seguridad y el orden públicos”, puntualizó.

El presidente del Consejo advirtió que “no estamos teniendo una visión macro de lo que se nos viene y no estamos actuando en consecuencia para prevenir lo que se nos viene”, advirtiendo que “se degradan y se atacan los bienes que son de subsistencia de la raza humana”.

Es por ello que, subrayó Gullé que “como ministerios públicos ostentamos una posición institucional excelente para poder proteger a nuestras generaciones futuras” y destacó que “estamos dando un paso trascendente, importantísimo, casi histórico. Estamos frente a un programa nacional por la extensión que tiene, nacido a partir de la inspiración de nuestros consejos”, finalizó.

A continuación, hizo uso de la palabra el Coordinador del Programa “Ciencia y Justicia” del CONICET, Dr. Germán Stalker, recordó que el programa fue creado en 2016 como una estrategia de transferencia de tecnologías y conocimiento, focalizados a lo se denomina “el ecosistema judicial”.

Stalker precisó que la tarea de los investigadores del CONICET es identificar la demanda por daño ambiental, mediante un oficio, identificamos a los investigadores que puedan trabajar en el medio que sea (agua, aire, suelo). Finalmente, agradeció al Consejo y a las autoridades.

Por último, tomó la palabra el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y director de la capacitación Ley Yolanda, Dr. Jorge Barraguirre, quien hizo referencia a las razones del porqué del curso de Ley Yolanda y, para ello, hizo mención a parte de la obra de Yolanda Ortiz (primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, cuya ley lleva su nombre), quien sostenía que es evidente la equivocación del proyecto elegido de modernidad insustentable  que pone en peligro la vida misma del planeta.

Barraguirre puntualizó que Ortiz señalaba varias recetas contra este peligro: contar con fuerzas dialoguistas, convergentes; participación de todos los actores sociales relevantes; concientización de los hombres de ciencia y la necesidad de reducir la complejidad informativa por defecto, para luego remarcar que la química argentina reclamaba cierta ecoorganización institucional.

Luego de repasar el contenido de la oferta de capacitación, ejes y cantidad de módulos, el Procurador de Santa Fe agradeció, entre otros, a la Procuración de la Nación y a la Procuración de la Provincia de Salta y al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), entre otras provincias. Hizo extensivo, además, el agradecimiento al actual codirector de la capacitación y Secretario Relator Ambiental de la Procuración de Salta, Dr. Sebastián Lloret, por el empuje para concretar y hacer posible esta actividad.

Para finalizar, el director de la capacitación cerró su discurso recordando “seguir el camino de Yolanda (Ortiz) para ser servidores del mundo, de los pueblos, de la gente y custodios de la vida en el Planeta”.

Cabe recordar que el ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

Preinscripciones y cursado

Todos los interesados en el cursado de la Capacitación sobre Ley Yolanda debe preinscribirse. Luego se le asigna el grupo o cohorte, dentro de un cupo dispuesto, de manera mensual.

La capacitación tiene una modalidad asincrónica, con 7 módulos en aula virtual, de 3 ejes que cuenta con un video en el que cada capacitador explica la temática y un examen de opciones múltiples al final de cada módulo. Al finalizar los 7 módulos, se prevé una actividad sincrónica por cohorte (módulo 8), que persigue como finalidad la exposición de una problemática por parte de algún integrante de los ministerios públicos que lleve a la reflexión.

El link para preinscripción es https://forms.gle/oVBVgn6Fm5SpYEEZ7

Inicia el Ciclo Nacional de Capacitaciones sobre Ley Yolanda

El ciclo constará de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, y busca capacitar a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país. El programa, enmarcado en un convenio entre el CONICET y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, será presentado mañana con la participación de destacadas autoridades.

El Ministerio Público Fiscal de Salta participa de la organización del Ciclo de Capacitaciones sobre Ley Yolanda (Ley 27592), promovido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que dará inicio mañana viernes 19 de mayo.

El ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

La presentación está prevista para las 10 de la mañana, vía plataforma Zoom y contará con la presencia del presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Dr. Alejandro Gullé; el director del Ciclo de capacitación y Procurador General de la Corte de Justicia de Santa Fe, Dr. Jorge Alberto Barraguirre; y el Coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, Alan Temiño. En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estará el Secretario Relator Ambiental de la Procuración, Dr. Juan Sebastián Lloret, designado como Subdirector del Ciclo.

Estas capacitaciones de formación del Consejo de Procuradores están destinadas a procuradores y procuradoras, fiscales, secretarios, auxiliares y empleados de los ministerios públicos de todo el país.

El Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda contempla un total de 8 encuentros, con diferentes unidades temáticas, y se enmarca dentro de un plan de acción continua, iniciado durante el Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia que tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La modalidad de dictado de estas 8 jornadas que contempla el Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda, es totalmente virtual y autoadministrada.

MPFS y EDESA coordinan y dictan capacitación ante ola de robo de cobre de transformadores

El objetivo principal es capacitar a personal de las distintas fuerzas de seguridad para lograr la identificación de transformadores que pudieran ser manipulados y dañados para la extracción ilegal de cobre, en todo el territorio provincial.

Organizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, conjuntamente con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima (EDESA), este miércoles 18, tuvo lugar en la sede del Casino de Suboficiales, una capacitación sobre transformadores de energía eléctrica, sus características, identificación y uso. El evento estuvo dirigido al personal del Escuadrón 45 “Salta” y de la Agrupación VII “Salta” de Gendarmería Nacional.

Se ofreció contenido teórico-práctico a cargo de un profesional de EDESA, con el fin de poner en conocimiento del personal de esa fuerza respecto al funcionamiento y composición de estos dispositivos que permiten elevar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico.

Ante el crecimiento de delitos de robo de cobre extraído de estos transformadores de energía eléctrica, lo que se viene sucediendo con mayor frecuencia en el norte provincial, el Ministerio Público Fiscal coordinó junto a EDESA esta primera actividad, que se extenderá en los próximos días a otras fuerzas de seguridad provinciales, CIF y personal afectado a diferentes fiscalías que tienen a su cargo la investigación de delitos de esta naturaleza.

En la capacitación, coordinada por Marcos Rubinovich del equipo de abogados de la Procuración General de la provincia en representación del Ministerio Público Fiscal, también estuvo presente Jorge Luis Salvano, Gerente General de EDESA y experto en ingeniería eléctrica.

Estos encuentros tienen como objetivo principal,  brindar las herramientas necesarias para identificación en controles en rutas o peajes u operativos, de potenciales casos de robo y transporte ilegal de cobre, como así también la mecánica utilizada para su sustracción.

El Procurador General creó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales

Persigue como propósito la unificación de causas vinculadas a la cuestión ambiental en la provincia de Salta para el abordaje de la problemática de contaminación de la subcuenca Arias-Arenales.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, para la protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca de los mencionados ríos.

Mediante Resolución 1429/23, del 26 de abril del presente año y publicada hoy en el Boletín Oficial, la Procuración General de la Provincia de Salta, pone en funciones esta Unidad Fiscal con competencia en los hechos, acciones u omisiones que afecten la gobernabilidad y gestión de los recursos y cuerpos de agua, desde los aspectos propios de la responsabilidad constitucional, civil y contencioso-administrativo, contravencional y penal, tal como lo establece el punto I de la parte dispositiva.

En un trabajo continuo desde el año pasado para el abordaje de la problemática de contaminación hídrica de la subcuenca Arias-Arenales, el procurador Pedro García Castiella mantuvo reuniones multiinstitucionales e interdisciplinarias con ambientalistas y especialistas en desarrollo urbanístico, bioquímicos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e ingenieros.

La creación de la Unidad Fiscal tiene el firme propósito de que se unifique el manejo y el avance de todas las causas que hoy se encuentran dispersas, se trate de causas penales, como de amparos que continúan su curso.

García Castiella afirmó sobre la iniciativa: “La creación de la Unidad Fiscal manifiesta nuestra preocupación sobre un tema que está incluido en nuestra agenda, y nos ocupa. Es por eso que estamos comprometidos en abordar y coordinar, junto con otras áreas como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, una solución para la problemática del río Arenales».

«Se trata de trabajar juntos para abordar cualquier situación que implique contaminación, ya sea desde el ámbito público, como el privado. Queremos perseguir y combatir estas prácticas, tanto desde una perspectiva penal como civil, y unificar nuestros esfuerzos para lograrlo», explicó el Procurador.

Cuenca y subcuenca

Entre los considerandos de la Resolución se hace expresa manifestación que la legislación ambiental de la provincia de Salta estableció que una Cuenca Hidrográfica es el área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que precipita corre por su superficie, se centra y pasa por el punto considerado de salida, la que funciona como un colector y conduce el agua, desde la parte más alta hacia la salida o parte más baja.

Hablando en términos de “territorialidad ambiental”, el Decreto provincial N°2785/09 estableció que el territorio de la Provincia de Salta se divide en 9 (nueve) macro cuencas, entre las que se cuenta la Cuenca del Río Juramento. Dentro de esa macro cuenca se encuentra incluida la subcuenca de los ríos Arias y Arenales.

¿Cómo funciona?

Este sistema hídrico drena (desagua) gran parte del Valle de Lerma y de las serranías que lo conforman. El río Arias se forma de los desagües generados en “Finca Las Costas”, que son recogidos por el río Peñalva, a partir de la confluencia con el río San Lorenzo. El río Arias corre en dirección sureste hasta las serranías que limitan el sector este del Valle de Lerma, se une con el río Arenales y, después de recibir al río Ancho, continúa hacia el sur con el nombre de río Arias, hasta su desembocadura en el Dique Cabra Corral

La resolución

Establece que la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales estará conformada por el Procurador General de la Provincia, en la coordinación y actuación conjunta; el Fiscal Penal 5, Federico Jovanovics, en la competencia Penal y Contravencional; en tanto, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa estará el Fiscal en lo Civil y Comercial 1, Rodrigo Erazo Schmidt.

Se instruye, además, al Secretario Relator del Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender sus funciones también como Auxiliar Fiscal y Secretario Letrado, respectivamente, de los magistrados integrantes de dicha Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias.

Por su parte, la Técnica Forense del Servicio de Medio Ambiente del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ingeniera química Leonor Barrenechea, a actuar en calidad de asesora técnica directa de la Unidad Fiscal en las causas que resulten de su competencia, tal como lo establece la resolución.

La resolución 1429/23 contempla que se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Unidad Fiscal, en el marco de los Convenios de Colaboración Institucionales ya vigentes, de organismos, tales como el Instituto de Investigaciones para Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA) y el Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña (CECRIM), ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); y el Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (UCaSal).

Finalmente, la resolución incluye en su anteúltimo apartado, la solicitud de cooperación al “Programa Ciencia y Justicia”, del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), mediante las capacidades técnicas y los servicios que pudiera prestar a la Unidad Fiscal Ambiental recientemente creada.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que establece la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, la siguiente etapa contempla la organización y revisión de los antecedentes existentes en materia de acciones, legislación, abordaje multidisciplinario e informes sobre la situación epidemiológica, entre otros, de dicha subcuenca, para lo cual está prevista la convocatoria a una próxima reunión con las instituciones, organismos y sectores intervinientes.