El Ministerio Público Fiscal de Salta, representado por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, y la Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Dra. Rosa Vélez Román, reafirma su compromiso con la investigación y el seguimiento de la causa vinculada a los desmontes ilegales realizados en la Finca Cuchuy, en jurisdicción de Tartagal, así como con el cumplimiento de las medidas judiciales orientadas a garantizar la recomposición del daño ambiental ocasionado.
Ante la difusión de información inexacta sobre el estado del proceso, el Ministerio Público Fiscal considera oportuno recordar, en primer lugar, que si bien la acción de desmontar no está tipificada como delito en el país, en esta causa la Fiscalía Penal de Tartagal promovió un expediente por desobediencia a la autoridad en abril de 2013, a raíz del incumplimiento reiterado de las órdenes de paralización de desmontes dictadas por la entonces Secretaría de Ambiente y por la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo de la Dra. Asusena Vázquez.
Como resultado de ese proceso, Juan José Karlen fue condenado en octubre de 2015.
En paralelo a esa condena, se sostuvo un proceso judicial que se extiende hasta la actualidad en el ámbito civil, donde en 2016, la Fiscalía Civil y Comercial de Tartagal advirtió al Juzgado sobre el riesgo de incendios incrementado por el desmonte y solicitó la adopción de medidas preventivas, a costa y cargo de los propietarios, conforme lo establece la legislación ambiental.
En 2017, los Sres. Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual se comprometieron a restaurar el daño ambiental causado en más de 11.000 hectáreas desmontadas ilegalmente e incorporar a las comunidades indígenas de la zona y a familias criollas de los parajes Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, entre otros, en ese proceso.
Aunque este compromiso fue homologado por la Justicia en diciembre de 2018, los incumplimientos se mantuvieron de manera recurrente hasta la actualidad y las maniobras dilatorias de los propietarios han sido sistemáticas.
Cabe recordar que, durante todo este tiempo, la investigación y el control del cumplimiento de las distintas medidas dispuestas no estuvieron únicamente a cargo de la Fiscalía, sino que contaron con la participación de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA-CONICET) y expertos internacionales en ecotoxicología forense del Poder Judicial de España.
Esto requirió una coordinación interinstitucional permanente para el desarrollo de tareas e inspecciones, en la cual jugó un rol central el trabajo encarado desde la Procuración General.
Las opiniones técnicas elaboradas por estos organismos permitieron evaluar en profundidad las propuestas de recomposición ambiental presentadas durante el proceso, determinar su adecuación a los estándares científicos y verificar los incumplimientos a las obligaciones establecidas judicialmente.
Entre otras actuaciones, la Fiscalía realizó un seguimiento permanente mediante imágenes satelitales de los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, además de relevamientos con drones, con el propósito de verificar el estado del predio y el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.
Los distintos informes incorporados al expediente dieron cuenta de actividades agrícolas desarrolladas en sectores alcanzados por restricciones judiciales, así como de otros hechos, entre ellos la existencia de rollos de palo santo protegidos en la finca, que fueron oportunamente puestos en conocimiento del tribunal interviniente para su evaluación.
Ya en 2022, y ante las numerosas y constantes dilaciones e incumplimientos de la parte demandada, el Ministerio Público Fiscal encaró una contundente intervención, decidida directamente por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, junto a la Fiscal Vélez Román, en intensas reuniones de trabajo técnico-jurídico celebradas al efecto.
Desde dicho momento, el titular del Ministerio Público Fiscal hizo uso de la facultad de co-firmar las presentaciones fiscales, en apoyo a la tarea de la magistrada.
En 2024 y 2025, esas actuaciones obtuvieron fallos favorables en distintas instancias para la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijándose una suma líquida y exigible de $67.920.000, correspondiente a diciembre de 2023.
Frente a esta situación, y considerando que para los responsables resultaba más económico pagar una multa que cumplir con las obligaciones asumidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó este año la ampliación del embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo de $171.413.473 a una cifra récord de $21.805.106.128, sobre la base de un informe técnico elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, vinculado al costo estimado de restauración del daño ambiental.
Entre los fundamentos de esta medida, finalmente aceptada por la jueza interviniente, se destaca que cuando el incumplimiento de los demandados provoca un daño que afecta a toda la sociedad, con grave impacto sobre los recursos naturales de la provincia y, en particular, sobre sectores vulnerables, el proceso judicial debe contar con herramientas eficaces para impedir que ese perjuicio continúe.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal sostiene que el proceso de recomposición no solo procura la recuperación del bosque nativo y de los servicios ambientales afectados, tarea que demandará al menos entre 20 y 30 años, dependiendo del trabajo sostenido, sino también la protección de los habitantes de la zona cuya calidad de vida se vio afectada por los desmontes, como las comunidades wichí.
Por ello, la Fiscalía remarcó la necesidad de que las acciones de restauración contemplen mecanismos de participación e inclusión de las comunidades locales, conforme a los compromisos asumidos en el acuerdo judicial vigente.
Estas medidas fueron apeladas en reiteradas oportunidades por los Karlen, quienes no solo cuestionan la ampliación del embargo, sino que además solicitan que se deje sin efecto todo el proceso judicial, pese a la existencia de un acuerdo entre las partes, argumentando la vigencia de una nueva legislación provincial que les permitiría realizar desmontes.
Entre las medidas adoptadas en el expediente se destacan:
• A instancias de la Fiscalía y del Procurador General, y sobre la base de un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), este año el embargo preventivo fue ampliado de 171 millones a más de 21.805 millones de pesos, una cifra récord sustentada en la necesidad de asegurar que el Estado cuente con los fondos necesarios para ejecutar la restauración si los infractores persisten en su incumplimiento.
• En 2023, la imposición de sanciones conminatorias (astreintes) ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas judicialmente, fijadas también en montos millonarios.
• La implementación de un plan integral de restauración ambiental, cuya ejecución demandará un proceso de al menos tres décadas de trabajo sostenido, de acuerdo con las estimaciones técnicas incorporadas al expediente.
• La posibilidad de que, ante un incumplimiento definitivo de las obligaciones asumidas, el inmueble sea incorporado al sistema provincial de áreas protegidas como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada, conforme a lo previsto por la Ley Provincial Nº 7107.
Las actuaciones se extienden hasta la actualidad, con más de una década de intervención ininterrumpida del Ministerio Público Fiscal, siempre orientada al cumplimiento del acuerdo celebrado entre las partes y a la reparación del daño ambiental y social ocasionado.
La última de las acciones impulsadas por la familia Karlen, en el marco de la causa y en línea con su permanente actitud procesal dilatoria, «temeraria y reticente», tal como la calificó expresamente la Justicia provincial, consiste en una nueva apelación que busca no solo dejar sin efecto la ampliación del embargo preventivo dispuesta por la Justicia, sino también anular todo el proceso judicial.
Este planteo ya fue contestado por la Fiscal Rosa Vélez Román, quien consideró que carece de sustento jurídico, a partir de un análisis de la legislación nacional y provincial vigente en materia ambiental, al tiempo que reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación se encuentra ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.
Es justamente en este marco que el Ministerio Público Fiscal ratifica su compromiso de continuar impulsando este proceso, en el entendimiento de que la obligación de recomponer el daño ambiental es irrenunciable, por constituir un principio fundamental de la legislación vigente.
Asimismo, reafirma su decisión de promover todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la protección y recomposición del ambiente y la defensa del interés público.
Ningún cambio normativo o procesal puede vulnerar el principio de no regresión ambiental, consagrado en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina.
Por todo ello, la causa sigue adelante, como el ejercicio soberano de la defensa del patrimonio natural y social de todos los salteños.
