Cautelar por desmonte ilegal se amplía a más de 21 mil millones de pesos por incumplimientos

La Justicia hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros en el norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.

Por pedido del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román, el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal ordenó ampliar una medida cautelar ambiental en contra Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.

Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, del norte provincial, y su recomposición ambiental.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la ampliación de una de las medidas precautorias preexistentes con el fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018.

La resolución elevó el embargo preventivo original –de más de $171 millones- que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal- catastros 30.746 y 30.747- ubicados en el departamento San Martín, hasta la suma de $21.805 millones, con el objetivo de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.

Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.

En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.

Los informes del CIF sostienen que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.

Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo.

Desde el Juzgado se consideraron acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

En consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación de la medida cautelar ambiental sobre los inmuebles involucrados y se dispuso notificar a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia para su registración.

En su presentación, el Procurador General de la Provincia, con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, lo que demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental, y advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.

El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y las comunidades de la zona.

“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.

Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.

Ante la posterior reticencia a cumplir, la Fiscal Civil requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal, a cargo de la jueza Viviana Yance, intimándolos a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.

Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que resultó rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, a cargo de la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.

El MPFS participó del IV Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales y de la Red de Fiscalías Ambientales

Salta estuvo representada en el Congreso y en la reunión de la Red, que exhortó a comprender la tarea Fiscal ambiental como un eslabón central del camino al desarrollo sostenible de los pueblos.

El Ministerio Público Fiscal participó de la cuarta edición del Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales y de la reunión de la Red de  los Ministerio Públicos Ambientales (REDEMPA), que se desarrolló en Brasilia, entre el 28 y el 30 de abril pasado.

En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estuvo presente el relator Ambiental y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, quien fue el encargado de dar a conocer las conclusiones del encuentro que mantuvieron los fiscales ambientales, en el marco de la REDEMPA.

Lloret agradeció a los organizadores del congreso por “haber abierto este lugar tan necesario para introducir la temática fiscal ambiental, dentro de otras múltiples e importantes temáticas que los fiscales tenemos en nuestras tareas cotidianas”, y explicó que se trabajó en líneas de acción de relevancia para los países de Latinoamérica.

Entre las recomendaciones realizadas desde la red, durante la reunión de la que tomaron parte representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Perú, se destaca la necesidad del “trabajo en cooperación con los fiscales y operadores del Ministerio Público de la Región y las comunidades”, reconociendo que en Latinoamérica la problemática ambiental tiene denominadores comunes en función de su Biodiversidad, desigualdad social, diversidad cultural y deficiencias estructurales de los Estados.

Otra sugerencia formulada desde este encuentro, siguiendo lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, de protección de los defensores de derechos humanos ambientales, es que se hace “imperioso reconocer que esta garantía se extiende a los Fiscales y operadores del Ministerio Público que trabajan en casos Socio-Ambientales”.

En tanto, otra necesidad que quedó plasmada en el documento de esta red es la necesidad de “permitir el trabajo independiente y autónomo para proteger a otros defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, bajo las reglas e interpretaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Asimismo, recomendaron que “los procedimientos realizados en las tareas propias de los Fiscales y operadores del Ministerio Público, deben propender a la efectividad y permanencia en los resultados de sus intervenciones, con la finalidad de restablecer las situaciones de orden público, restaurar las degradaciones ambientales y desarticular las estructuras criminales”, y “advertir que la Justicia Restaurativa, en temas ambientales resulta un mecanismo propicio para los fines de recomposición socio-ambiental”.

Por otro lado, desde REDEMPA instaron a los Fiscales y operadores del Ministerio Público a “operativizar vínculos que permitan realizar investigaciones eficaces en materia ambiental, a través del intercambio de información y el planteamiento de programas metodológicos que conlleven al desarrollo exitoso de operaciones en delitos ambientales con efectos transnacionales”.

Además, las delegaciones participantes manifestaron que “los crímenes ambientales, son ante todo crímenes económicos, por ende, prácticamente en todos los casos se verifica un fin de lucro ilícito, que caracteriza las investigaciones como complejas y requieren para el trabajo Fiscal, apoyo e intervención de otras instancias, junto con peritos e investigadores que permitan establecer la gravedad de esta dinámica y sus implicaciones económicas”.

Finalmente, instaron a “reconocer que las prácticas de blanqueo, damping ambiental, flexibilización del licenciamiento ambiental, desbaratamiento de los mecanismos de Fiscalización y control, y direccionamiento de los trámites licitatorios, constituyen parte integral de posibles cadenas de beneficios económicos indebidos”, dice el documento de REDEMPA.

“En definitiva, exhortamos a comprender la tarea Fiscal ambiental como un eslabón central del camino al desarrollo sostenible de nuestros pueblos”, concluye el documento elaborado por los participantes del encuentro.

Esta declaración, que contó con una fuerte impronta asociada a la tutela ambiental, se elaboró como aporte de las conclusiones finales del IV Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales.

La Cámara Civil de Salta ratifica las actuaciones ambientales de dos Fiscalías

El Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, se notificó la última semana de dos fallos de las Salas Segunda y Cuarta de la Cámara Civil donde había sostenido las actuaciones de las Fiscales Rosa Graciela Vélez Román y Marcela de los Ángeles Fernández.

El primer caso corresponde al trámite del juicio por un desmonte clandestino de alrededor de 11 mil hectáreas realizado por los señores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen. El 20 de setiembre del 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debe abarcar toda la finca y se extendería por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y comunidades de la zona. Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal Civil de Tartagal Vélez Román requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal a cargo de la jueza Viviana Yance, intimándolos a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Contra ello, los señores Karlen interpusieron una nulidad que primero fue rechazada por el Juzgado y recientemente hizo lo propio la Sala Segunda, con voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.

El segundo caso corresponde a un acuerdo logrado por la fiscal Civil de Orán Fernández con las empresas Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L. (Ingenio Tabacal), Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A. por un conflicto derivado de la construcción de un terraplén que atraviesa de lado a lado el Río Blanco. Este montículo está destinado al cruce de las aguas captadas del Rio Pescado y fue históricamente autorizado por concesiones a perpetuidad correspondientes a la captación de agua destinada al riego de sus plantaciones agrícolas como caña de azúcar y otras dadas por la Secretaría de Recursos Hídricos. En el fallo de la jueza María Isabel Romero Lorenzo y el juez José Gerardo Ruiz, se evaluó esencialmente la fijación de un caudal ecológico para cada río, tratando de evitar que las obras no interrumpan y supriman su cauce, con informes de auditoría presentados tanto por la consultora ambiental “Pacha” de las empresas, el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Área de Ambiente del D.T.C./C.I.F. El fallo de primera instancia de la jueza Civil de Orán, María Eugenia Fernández de Ulivarri, fijó como meta interina un caudal ecológico mínimo permanente y precautorio, sin sistemas de devolución, para el Río Blanco de 2,6 m3/seg. y para el rio Pescado de 4.00 m3/seg., lo cual la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial dejó firme.

Oportunamente el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó en cada trámite ratificaciones técnico jurídicas de las presentaciones de las Fiscales antes las salas de Cámara, elaboradas en la Relatoría Ambiental Fiscal a cargo del Dr. Juan Sebastián Lloret, que fundamentaron los argumentos de las sentencias confirmatorias.

El Ministerio Público Fiscal de Salta y la Red Argentina de Fiscales Ambientales firman un convenio para fortalecer la protección del ambiente

El acuerdo promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos entre fiscalías de todo el país, consolidando una red federal de acción en materia ambiental.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, firmó este viernes un Convenio Marco de Colaboración con la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), representada por su presidente, Jorge Barraguirre, consolidando un nuevo paso en el fortalecimiento institucional para la defensa del ambiente y la promoción de la justicia ambiental en todo el territorio provincial y nacional.

El acuerdo, rubricado establece un marco de cooperación, colaboración e intercambio de conocimientos entre ambas instituciones, con el objetivo de potenciar la investigación, la formación y la acción coordinada frente a los delitos y conflictos ambientales, así como promover la capacitación especializada de los Fiscales en materia de derecho ambiental.

García Castiella destacó la relevancia de este convenio al señalar que “la protección del ambiente constituye hoy una de las misiones esenciales del Ministerio Público Fiscal, no solo como deber institucional, sino como compromiso con las generaciones presentes y futuras”. Asimismo, subrayó que la articulación con RAFA permitirá “sumar capacidades técnicas y experiencias a nivel federal, favoreciendo la investigación y persecución penal de los delitos ambientales, y fortaleciendo las políticas de prevención y reparación del daño ambiental”.

Por su parte, Barraguirre celebró la adhesión del Ministerio Público Fiscal de Salta a la Red, resaltando que “la cooperación entre las fiscalías de todo el país es fundamental para construir una respuesta integrada y efectiva frente a problemáticas que trascienden fronteras jurisdiccionales, como el tráfico de fauna, el desmonte ilegal o la contaminación de los recursos naturales”.

Acompañaron el acto de firma, el presidente del Consejo de Procuradores Generales de la Argentina, Jorge Canteros, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy, Alejandro Atilio Bossatti, el procurador adjunto Gonzalo Cesar de la Colina, el secretario de Política Criminal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, Francisco Pont Verges y otras autoridades.

El convenio prevé la realización conjunta de programas de capacitación, jornadas, investigaciones, intercambio de información y experiencias, y la elaboración de estrategias comunes para la protección ambiental. También contempla la posibilidad de celebrar convenios específicos para abordar proyectos particulares de interés común.

Con esta firma, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia reafirma su compromiso de promover una justicia ambiental activa, moderna y cooperativa, contribuyendo a la protección del patrimonio natural y al fortalecimiento de los mecanismos institucionales de prevención y sanción de los delitos ambientales.

El Ministerio Público Fiscal participará del IV Encuentro Nacional y III Iberoamericano de Ambiente Ciencia y Justicia

Durante los días jueves 30 y vieres 31 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Salta el IV Encuentro Nacional y III Iberoamericano Ambiente, Ciencia y Justicia “Procedimiento pericial ambiental y seguridad jurídica”.

La actividad es organizada por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Ju.Fe.Jus.); el Instituto de Capacitación Judicial de la Ju.Fe.Jus. (REFLEJAR) y el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, con el apoyo de la Red Argentina de Fiscales Ambientales, el Poder Judicial de Salta, la Escuela de la Magistratura y la Escuela del Ministerio Público de Salta.

El encuentro tiene como objetivo principal aprobar el documento conjunto “Guía de buenas prácticas en el peritaje ambiental”, elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las instituciones coorganizadoras.

El acto de apertura está previsto para las 15:00 del día jueves y contará con la presencia de los representantes de cada una de las entidades organizadoras y de las instituciones que acompañan el encuentro. A continuación, eAlan Temiño presentará el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET (PNCyJ). Posteriormente, se expondrá la propuesta final de la “Guía de buenas prácticas para el peritaje ambiental”, cuyos aspectos jurídicos estarán a cargo del secretario relator especializado en Medio Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General de la Provincia, Sebastián Lloret.

Finalizada la presentación, y en el marco de esta convocatoria que reunirá a procuradores y fiscales provinciales y federales, se procederá a la firma del documento, con la adhesión de la Procuración General de la Provincia de Salta.

La Guía de buenas prácticas ofrece recomendaciones conceptuales y metodológicas para la realización de peritajes ambientales. Su propósito es garantizar la eficiencia, la transparencia y la calidad técnica de estos procedimientos, promoviendo la estandarización de criterios para que los peritos cuenten con una referencia unificada al evaluar el impacto ambiental de las actividades humanas. El documento incluye además propuestas orientadas a la protección y conservación del medio ambiente.

Durante la segunda jornada, el viernes 31, el programa contempla una conferencia plenaria titulada “Estándares y reglamentos de la prueba ambiental”, a cargo de Luis Burillo, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España. También se desarrollarán dos paneles dedicados a la norma ambiental del CONICET y talleres abiertos y simultáneos de forensia ambiental.
El encuentro concluirá con la lectura de las conclusiones de los talleres y el acto de cierre.

El evento está dirigido a funcionarios de los poderes judiciales, investigadores, científicos, estudiantes universitarios y público en general interesado en la temática de las pericias ambientales.

Los interesados deben inscribirse, ingresando al link https://appweb.justiciasalta.gov.ar:8091/cursosem/com.cursosem.login

En caso de no contar con usuario se deberá dar de alta en el sistema seleccionando “nuevo usuario”. Una vez realizada la inscripción al evento le llegará un mail desde donde podrá acceder a un link para seleccionar el taller en el cual participará.

Programa del encuentro: https://www.escuelamagistratura.gov.ar/wp-content/uploads/Programa-IV-Encuentro-2025VF.docx.pdf

La Fiscalía Civil de Orán se constituye y solicita prueba pericial anticipada mientras la Fiscalía Penal de Pichanal exige a la empresa President Petroleum S.A. acreditar el Seguro Ambiental Obligatorio

En el expediente penal se documentó que la contaminación ambiental se habría originado en un pozo petrolero operado por la empresa President Petroleum S.A., el cual presentaría una surgencia activa de gases y líquidos contaminantes, afectando suelos, vegetación, fauna local y eventualmente acuíferos.

En el marco de la audiencia convocada por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Orán, la fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, Marcela de los Ángeles Fernández, se constituyó como actora civil en el proceso penal a fin de reclamar la recomposición de los daños ambientales detectados en el área de explotación hidrocarburífera conocida como “Loma de Olmedo X-10”, ubicada en el Departamento Orán, Provincia de Salta. De la audiencia participaron también, en representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes; el secretario relator especializado en Medio Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General de la Provincia, Sebastián Lloret; y el responsable del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), José Manzano.

En este contexto, se requirió la realización de prueba pericial anticipada, medida fundamental para preservar la evidencia ambiental y obtener una valoración precisa del daño ocasionado, así como para determinar las acciones necesarias para su reparación. Para ello, se pidió la autorización para que el equipo interdisciplinario del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) lleve a cabo el reconocimiento judicial del lugar de los hechos y elabore el dictamen técnico correspondiente. Asimismo, ante la eventualidad de que el CIF no cuente con el personal especializado necesario para dicha prueba, se propuso la convocatoria de profesionales provenientes de universidades o instituciones científicas de reconocida solvencia y prestigio, garantizando así la correcta realización del dictamen pericial.

La Fiscalía se reserva expresamente el derecho a ampliar y complementar el ofrecimiento probatorio durante el desarrollo del proceso, con el fin de incorporar nuevos elementos que fortalezcan la acción civil y aseguren una respuesta integral y adecuada frente al daño ambiental denunciado.

Finalmente, se citó al Estado provincial a intervenir como tercero en la acción ambiental.

En su presentación, la Fiscal recordó que el daño ambiental es considerado en las Ley Ambiental como una afectación a la sociedad, por lo que en este contexto, es de interés general y colectivo.

La acción penal

En tanto, en el marco de la audiencias multipropósito celebrada desde el pasado 27 de mayo en el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación de Orán, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, requirió a la empresa President Petroleum S.A. y a la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia que informen y acrediten en forma fehaciente la existencia de la póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).

Este seguro constituye un instrumento legal indispensable para prevenir y responder frente a eventuales daños socioambientales derivados de actividades riesgosas, como la explotación de hidrocarburos. Dicha obligación está contemplada en la legislación nacional y en las reglamentaciones emitidas por la Superintendencia de Seguros y la Secretaría de Ambiente de la Nación.

En la audiencia de ayer, ante la consulta fiscal, la empresa manifestó contar con un “Seguro Técnico de Energía” emitido por Federación Patronal Seguros. Sin embargo, a entendimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, este instrumento no cubriría los riesgos ni respondería al objeto exigido por el SAO.

La Fiscalía considera inadmisible que, tratándose de una empresa dedicada a una de las actividades con mayor impacto potencial sobre el ambiente y la salud pública, no se haya acreditado hasta la fecha un seguro específico que garantice la reparación de los daños causados al entorno y a la comunidad. La responsabilidad empresarial no puede limitarse al lucro: debe estar acompañada por mecanismos concretos que aseguren la protección del interés colectivo.

Cabe destacar  que desde el año 2009, la Provincia de Salta cuenta con la Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejo de Riesgos y Seguros Ambientales (UPISMA), creada para promover una cultura de prevención, responsabilidad y cobertura frente a los daños ambientales. El Ministerio Público Fiscal respalda firmemente esa visión y continuará impulsando todas las medidas necesarias para que las empresas cumplan con los estándares legales y ambientales exigibles.

Destacada actuación del Ministerio Público Fiscal de Salta en Encuentro de Fiscalías Ambientales

Fueron dos jornadas de intensas actividades que incluyeron intercambio de experiencias en materia de protección socioambiental, litigación fiscal y protectora de seres sintientes; mesas sobre pericias ambientales y protección de intereses.

El viernes 16 de mayo pasado concluyó exitosamente el Segundo Encuentro Nacional Red Argentina de Fiscalías Ambientales, realizado en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria contó con la participación de destacados funcionarios aplicados en la materia, de Argentina, Latinoamérica y Europa.

Durante dos días, la Universidad Nacional del Litoral fue la sede en la que se desarrolló el programa de actividades que, luego del acto inaugural, a cargo de autoridades provinciales, inició con una mesa de apertura, presidida por representantes de las redes fiscales: REDEMPA (Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales-Sede Brasil); SUDWEN (Red Sudamericana para la erradicación del tráfico de especies silvestres, conservación y protección de la biodiversidad en América del Sur – Sede Perú); ROAVIS (Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana – Sede El Salvador); CCPE (Consejo Consultivo de Fiscales Europeos – Sede Estrasburgo, Francia); (ENPE) Red Europea de Procuradores Ambientales.

Las actividades contaron con el aval y apoyo del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Nación y consistieron en capacitaciones, a cargo de disertantes de ministerios públicos fiscales u organismos técnico científicos que trabajan con los ministerios fiscales argentinos en temáticas ambientales. Fue, además, una oportunidad para escuchar las perspectivas que se tienen en la actualidad, respecto al trabajo fiscal ambiental.

Salta, presente

Mediante Resolución N° 1608, el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, declaró de interés este Segundo Encuentro Red Nacional de Fiscalías Ambientales. En los considerandos de la resolución, el Procurador expresa que dicha declaración de interés dado que resulta imprescindible el intercambio de experiencias y la capacitación continua, en materia ambiental.

El Ministerio Público Fiscal de Salta estuvo representado por dos funcionarios especializados, el Secretario Relator Ambiental, Juan Sebastián Lloret, y el responsable del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Departamento Técnico Científico del CIF, José Manzano.

A su tiempo, Lloret, integrando la mesa “Experiencias de litigación fiscal ambiental integral comparada”, junto a representantes de Brasil y Colombia, abordó la temática referida a la litigación ambiental integral, es decir, cómo los casos socioambientales tienen implicancias que ameritan el abordaje desde las fiscalías.

El secretario relator explicó las variantes de delitos ambientales existentes en  el Código Penal, como también las distintas formas o tendencias de investigación y tratamiento fiscal de estos casos y disertó en relación a la responsabilidad administrativa ambiental en la tarea de control que realizan los fiscales.

El representante del MPF de Salta vinculó la responsabilidad civil que cabe, además, en todo lo atinente a la recomposición o remediación del ambiente como una manera de asegurar a las generaciones actuales y futuras una calidad ambiental igual o mejor que la que se tiene actualmente y preexistente a los casos ambientales negativos.

Lloret presentó el caso ambiental, resuelto por la Corte Interamericana, de la comunidad de la ciudad peruana La Oroya, en la provincia de Yauli, la que tiene actividad metalúrgico-minera de larga data y sin control ambiental, con el perjuicio de las comunidades que allí habitan.

El caso se remonta a la contaminación masiva por metales pesados, en especial, plomo, debido a la actividad de un complejo metalúrgico industrial. A raíz de la falta de control y las consecuencias derivadas de ello, Perú fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia se encuentra en ejecución, que determinó que el Estado peruano es responsable de la violación del derecho fundamental a un medioambiente sano y a la salud de sus pobladores.

Lloret realizó un pormenorizado análisis del panorama existente y una revisión de los niveles de responsabilidad ambiental.

Por su parte, el ingeniero José Manzano se refirió a los modelos de trabajo que habilitan un mejor diálogo interdisciplinario entre los aspectos jurídicos, establecidos por los fiscales, y las necesidades técnicas, de prueba y de pericia que deben hacerse para que las tareas desplegadas sean objetivas y exitosas.

Durante las dos jornadas que duró el encuentro, el programa contempló la realización de un taller con las fuerzas de seguridad, brindado por los responsables de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Red Argentina de Fiscalías Ambientales

Como actividad de cierre, se celebró la asamblea de constitución de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), la que, con el aval del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Nación, tendrá a su cargo hacer efectiva la agenda de trabajo académico y de intercambio a futuro, de las cuestiones fiscales ambientales en Argentina.

Rumbo al Congreso de Ministerios Públicos Ambientales

El fiscal adjunto de la provincia de Córdoba presentó un nuevo evento fiscal  ambiental a realizarse durante los días 6 y 7 de noviembre, con sede en la Docta y organizado por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Ambiente y Economía de la Provincia de Córdoba; la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales (RedeMPA); la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el apoyo de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA).

Se trata del XII Congreso de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, del que participarán fiscales ambientales de Latinoamérica y en el que se prevé la presencia del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El Ministerio Público Fiscal de Salta disertó en la Primera Jornada de Derecho Ambiental y Animal de Chubut

La actividad, organizada por el Ministerio Público Fiscal, la Legislatura y el Gobierno de la provincia de Chubut, convocó a fiscales especializados, investigadores, abogados y docentes que abordaron la temática ambiental y animal, enfocándose en la protección del ambiente y la fauna, así como en sus implicancias jurídicas.

El  lunes 5 de mayo tuvo lugar la Primera Jornada de Derecho Ambiental y Animal de Chubut, que se desarrolló en el auditorio de la legislatura de la capital, Rawson y contó con la asistencia de funcionarios locales, integrantes del tercer sector (ONGs) y público en  general.

Luego del acto de apertura, el encargado de abrir la ronda de paneles, como primer orador, fue el secretario relator especializado en Medioambiente e Intereses Difusos de la Procuración General de Salta, Sebastián Lloret, quien disertó respecto a “Protección ambiental. El rol estratégico de las Fiscalías”.

Lloret destacó que el Ministerio Público Fiscal de esa provincia haya puesto en agenda la cuestión ambiental, asociándola con la protección fiscal. En ese sentido, subrayó la necesidad de generar respuestas desde una perspectiva que contribuya al desarrollo colectivo de la protección socioambiental.

El secretario relator precisó que las respuestas no son unívocas, ya que existen distintos casos, de diversa magnitud, que requieren diferentes niveles de respuesta y formas de resolución de conflictos, desde los más leves, como una contravención, hasta otros de mayor gravedad.

“Se deben construir espacios que ofrezcan un abanico de respuestas, para que el ciudadano perciba que cuenta con expertos y funcionarios que tienen un cometido y lo cumplen; es decir, que pueda encontrar una respuesta”, puntualizó Lloret.

La agenda académica presentada durante la jornada dejó en evidencia puntos clave sobre los que actualmente se aborda la temática ambiental y animal. Entre ellos, se destacó que hoy los animales son considerados parte de la familia multiespecie, lo que implica su incorporación en un trato igualitario junto a los demás seres (humanos) que habitan este planeta.

Desde una perspectiva que refleja la evolución en la mirada hacia el espectro ambiental y animal, quedó claro a través de los distintos paneles que se busca abandonar el enfoque antropocéntrico, en el que los animales eran valorados únicamente por su utilidad para el ser humano. En contraste, se promueve una visión ecocéntrica que reconozca el derecho de todos los seres a habitar el planeta en condiciones de igualdad.

Una de las ponencias, vinculada con la protección jurídica de los animales, expuso la necesidad de innovar tanto en el derecho civil como en el penal. Se instó a avanzar en el tratamiento de proyectos legislativos que amplían las penas por delitos como el maltrato animal y que incorporen nuevos tipos penales, como el abandono y la zoofilia, que hoy no están tipificados como delitos, aunque en los hechos constituyen actos reprochables.

En la disertación sobre medidas cautelares en procesos penales relacionados con seres sintientes, se propuso dejar de concebir a los animales como cosas y comenzar a reconocerlos como sujetos con capacidad de sentir. Este cambio implica una transformación de paradigma y, con ello, un giro cultural que debería fortalecerse progresivamente.

El encuentro contó con la presencia del procurador general de la provincia de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, y del procurador general adjunto en lo penal y contravencional, Matías Carlos Fromet.

Activa participación del Ministerio Público Fiscal en el III Encuentro Nacional de Ambiente, Ciencia y Justicia

El encuentro en Puerto Madryn convocó a expertos de diversas áreas para profundizar en la relación entre ambiente, ciencia y justicia. La iniciativa buscó fortalecer el abordaje integral de casos ambientales, promoviendo la creación de una norma-guía nacional que estandarice prácticas periciales con rigor técnico y científico, mientras responde a la creciente demanda social y judicial en temas ambientales.

Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo en Puerto Madryn, Chubut, el III Encuentro Nacional y II Iberoamericano de Ambiente, Ciencia y Justicia. El evento tuvo como objetivo dar continuidad a las iniciativas abordadas en encuentros previos, centradas en la interacción entre ambiente, ciencia y justicia. En esta edición, se destacó especialmente la incorporación de casos emblemáticos de la justicia ambiental local.

La apertura de las exposiciones estuvo a cargo de Luis Burillo, representante del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, quien presentó la ponencia Presunciones científicas de trascendencia en el peritaje ambiental.

A su turno, el secretario Relator Especializado en Medio Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret, disertó sobre Pericias ambientales y Forensia Ambiental. Estuvo acompañado por Luciano Merini, investigador del CONICET en la Agencia de Investigación Científica del Ministerio Público Fiscal de La Pampa.

En su intervención, Lloret profundizó en aspectos clave relacionados con los criterios jurídicos de valoración, protocolos de actuación, regulación procesal y las consideraciones esenciales que un perito debe tener en cuenta en cuanto a la normativa y su aplicación.Estas iniciativas tienen como objetivo desarrollar una norma-guía única de buenas prácticas en el ámbito del peritaje ambiental, aplicable a nivel nacional.

Estas iniciativas tienen como objetivo desarrollar una norma-guía única de buenas prácticas en el ámbito del peritaje ambiental, aplicable a nivel nacional, instrumento que busca estandarizar procedimientos como la toma y levantamiento de muestras, entre otros, garantizando el rigor técnico y científico indispensable para las tareas periciales.

El encuentro reunió a referentes judiciales, científicos, académicos, estudiantes e interesados en temas ambientales, dando continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en el Primer Encuentro realizado en Buenos Aires en 2022. Este espacio busca desarrollar una norma-guía de trabajo pericial ambiental, abordando los impactos de la crisis climática en la calidad de vida, la creciente demanda social de acciones estatales en materia ambiental y la necesidad de respuestas efectivas de los poderes judiciales ante problemáticas ambientales. Además, se promueve la integración de conocimientos científicos en peritajes y capacitaciones, en línea con la Ley Yolanda.

Como antecedente destacado, se mencionó el trabajo presentado por el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil en 2021, titulado “Directrices para valoración de daños ambientales”. Este documento, elaborado con colaboración de expertos nacionales e internacionales, tiene más de 500 páginas y se propone como una herramienta clave para garantizar un medio ambiente equilibrado y un futuro sostenible.

Encuentro nacional concluyó con la creación de la Red Argentina de Fiscales Ambientales

Los días viernes 20 y sábado 21 de septiembre se llevaron a cabo las dos jornadas del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales, celebrado en la ciudad de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Este evento fue declarado de interés por el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El pasado viernes se llevó a cabo la apertura del Encuentro Nacional de Fiscalías Ambientales, que contó con la presencia de autoridades invitadas. El encargado de inaugurar la jornada fue el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien presentó el documento. A continuación, se expusieron los principales lineamientos normativos y doctrinarios que hacen al funcionamiento particular de las Fiscalías Ambientales en el país.

La apertura del bloque de conferencias estuvo a cargo del secretario relator ambiental de la Procuración General de la Provincia de Salta, Juan Sebastián Lloret, quien disertó sobre el tema “El abordaje de la responsabilidad ambiental integral por las fiscalías especializadas”. Durante su intervención, expuso los fundamentos, herramientas y métodos de actuación fiscal en relación con la responsabilidad ambiental integral.

Además, ofreció un detallado panorama expositivo sobre las tareas que se pueden llevar a cabo en relación con la coordinación entre la administración pública y jueces, la investigación penal, y la protección de víctimas y defensores de derechos humanos ambientales, conforme la jurisprudencia nacional y extranjera.

El evento continuó con paneles de los ministerios públicos de Santa Fe, Neuquén y Chubut, mientras que el sábado se presentaron conferencias y paneles a cargo de los Ministerios Públicos Fiscales de Neuquén, Corrientes, Chaco, La Pampa y CABA.

La convocatoria también incluyó mesas de trabajo para el intercambio de experiencias sobre casos de diversas áreas de incumbencia fiscal, como contaminación, flora y fauna, agua y maltrato animal. Para el cierre del encuentro, se realizaron mesas expositivas donde fiscales de distintas regiones del país compartieron experiencias exitosas y criterios de trabajo en temas ambientales con sus colegas.

Al cierre del Encuentro, se firmó la Declaración de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (R.A.F.A.), anunciando oficialmente su creación. Este documento destaca la necesidad de una estructura organizada y capacitada para abordar la conflictividad ambiental desde los Ministerios Públicos Fiscales, con el objetivo de prevenir daños y enfrentar la delincuencia ambiental. Los objetivos incluyen el intercambio de información sobre delitos ambientales, la coordinación de acciones integradas y la promoción de la transparencia, cooperación interinstitucional, educación ambiental y sostenibilidad. La declaración fue respaldada por representantes de organismos internacionales.

Participaron destacadas autoridades internacionales, como el Secretario del Consejo Consultivo de Fiscales de la Comunidad Europea, Artashes Melikian; el Fiscal Ambiental Superior de España, Antonio Vercher Noguera; la Directora de la RedeMPA y Fiscal de Brasil, Cristina Seixas Graçia; la Coordinadora Nacional de Fiscalías Ambientales de Perú, Flor de María Vega Zapata; el Coordinador de ROAVIS y jefe de la Unidad de Medioambiente de El Salvador, Wilfredo Baltazar Calderón; la presidente de FAM, Marcela Ruiz, y el Fiscal Federal de Salta, Rafael Toranzos, quienes expresaron su apoyo al evento.

Salta como punto focal de la Red SudWEN

La Red Sudamericana de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre la Vida Silvestre (Red SudWEN) fue creada en 2014 con el objetivo de combatir el comercio ilegal de vida silvestre en América del Sur. Durante una asamblea del Consejo de Procuradores de Argentina, se propuso designar a la provincia de Salta como punto de contacto focal de la red, moción aprobada por el Consejo. El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella será miembro titular y Sebastián Lloret, miembro suplente, para fortalecer la cooperación regional contra el tráfico ilegal de especies silvestres.