Salta estuvo representada en el Congreso y en la reunión de la Red, que exhortó a comprender la tarea Fiscal ambiental como un eslabón central del camino al desarrollo sostenible de los pueblos.
El Ministerio Público Fiscal participó de la cuarta edición del Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales y de la reunión de la Red de los Ministerio Públicos Ambientales (REDEMPA), que se desarrolló en Brasilia, entre el 28 y el 30 de abril pasado.
En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estuvo presente el relator Ambiental y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, quien fue el encargado de dar a conocer las conclusiones del encuentro que mantuvieron los fiscales ambientales, en el marco de la REDEMPA.
Lloret agradeció a los organizadores del congreso por “haber abierto este lugar tan necesario para introducir la temática fiscal ambiental, dentro de otras múltiples e importantes temáticas que los fiscales tenemos en nuestras tareas cotidianas”, y explicó que se trabajó en líneas de acción de relevancia para los países de Latinoamérica.
Entre las recomendaciones realizadas desde la red, durante la reunión de la que tomaron parte representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Perú, se destaca la necesidad del “trabajo en cooperación con los fiscales y operadores del Ministerio Público de la Región y las comunidades”, reconociendo que en Latinoamérica la problemática ambiental tiene denominadores comunes en función de su Biodiversidad, desigualdad social, diversidad cultural y deficiencias estructurales de los Estados.
Otra sugerencia formulada desde este encuentro, siguiendo lo previsto en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, de protección de los defensores de derechos humanos ambientales, es que se hace “imperioso reconocer que esta garantía se extiende a los Fiscales y operadores del Ministerio Público que trabajan en casos Socio-Ambientales”.
En tanto, otra necesidad que quedó plasmada en el documento de esta red es la necesidad de “permitir el trabajo independiente y autónomo para proteger a otros defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, bajo las reglas e interpretaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Asimismo, recomendaron que “los procedimientos realizados en las tareas propias de los Fiscales y operadores del Ministerio Público, deben propender a la efectividad y permanencia en los resultados de sus intervenciones, con la finalidad de restablecer las situaciones de orden público, restaurar las degradaciones ambientales y desarticular las estructuras criminales”, y “advertir que la Justicia Restaurativa, en temas ambientales resulta un mecanismo propicio para los fines de recomposición socio-ambiental”.
Por otro lado, desde REDEMPA instaron a los Fiscales y operadores del Ministerio Público a “operativizar vínculos que permitan realizar investigaciones eficaces en materia ambiental, a través del intercambio de información y el planteamiento de programas metodológicos que conlleven al desarrollo exitoso de operaciones en delitos ambientales con efectos transnacionales”.
Además, las delegaciones participantes manifestaron que “los crímenes ambientales, son ante todo crímenes económicos, por ende, prácticamente en todos los casos se verifica un fin de lucro ilícito, que caracteriza las investigaciones como complejas y requieren para el trabajo Fiscal, apoyo e intervención de otras instancias, junto con peritos e investigadores que permitan establecer la gravedad de esta dinámica y sus implicaciones económicas”.
Finalmente, instaron a “reconocer que las prácticas de blanqueo, damping ambiental, flexibilización del licenciamiento ambiental, desbaratamiento de los mecanismos de Fiscalización y control, y direccionamiento de los trámites licitatorios, constituyen parte integral de posibles cadenas de beneficios económicos indebidos”, dice el documento de REDEMPA.
“En definitiva, exhortamos a comprender la tarea Fiscal ambiental como un eslabón central del camino al desarrollo sostenible de nuestros pueblos”, concluye el documento elaborado por los participantes del encuentro.
Esta declaración, que contó con una fuerte impronta asociada a la tutela ambiental, se elaboró como aporte de las conclusiones finales del IV Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales.

























