El Procurador General creó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales

Persigue como propósito la unificación de causas vinculadas a la cuestión ambiental en la provincia de Salta para el abordaje de la problemática de contaminación de la subcuenca Arias-Arenales.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, para la protección y recomposición hídrica integral del área geográfica abarcada por la subcuenca de los mencionados ríos.

Mediante Resolución 1429/23, del 26 de abril del presente año y publicada hoy en el Boletín Oficial, la Procuración General de la Provincia de Salta, pone en funciones esta Unidad Fiscal con competencia en los hechos, acciones u omisiones que afecten la gobernabilidad y gestión de los recursos y cuerpos de agua, desde los aspectos propios de la responsabilidad constitucional, civil y contencioso-administrativo, contravencional y penal, tal como lo establece el punto I de la parte dispositiva.

En un trabajo continuo desde el año pasado para el abordaje de la problemática de contaminación hídrica de la subcuenca Arias-Arenales, el procurador Pedro García Castiella mantuvo reuniones multiinstitucionales e interdisciplinarias con ambientalistas y especialistas en desarrollo urbanístico, bioquímicos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e ingenieros.

La creación de la Unidad Fiscal tiene el firme propósito de que se unifique el manejo y el avance de todas las causas que hoy se encuentran dispersas, se trate de causas penales, como de amparos que continúan su curso.

García Castiella afirmó sobre la iniciativa: “La creación de la Unidad Fiscal manifiesta nuestra preocupación sobre un tema que está incluido en nuestra agenda, y nos ocupa. Es por eso que estamos comprometidos en abordar y coordinar, junto con otras áreas como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, una solución para la problemática del río Arenales».

«Se trata de trabajar juntos para abordar cualquier situación que implique contaminación, ya sea desde el ámbito público, como el privado. Queremos perseguir y combatir estas prácticas, tanto desde una perspectiva penal como civil, y unificar nuestros esfuerzos para lograrlo», explicó el Procurador.

Cuenca y subcuenca

Entre los considerandos de la Resolución se hace expresa manifestación que la legislación ambiental de la provincia de Salta estableció que una Cuenca Hidrográfica es el área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que precipita corre por su superficie, se centra y pasa por el punto considerado de salida, la que funciona como un colector y conduce el agua, desde la parte más alta hacia la salida o parte más baja.

Hablando en términos de “territorialidad ambiental”, el Decreto provincial N°2785/09 estableció que el territorio de la Provincia de Salta se divide en 9 (nueve) macro cuencas, entre las que se cuenta la Cuenca del Río Juramento. Dentro de esa macro cuenca se encuentra incluida la subcuenca de los ríos Arias y Arenales.

¿Cómo funciona?

Este sistema hídrico drena (desagua) gran parte del Valle de Lerma y de las serranías que lo conforman. El río Arias se forma de los desagües generados en “Finca Las Costas”, que son recogidos por el río Peñalva, a partir de la confluencia con el río San Lorenzo. El río Arias corre en dirección sureste hasta las serranías que limitan el sector este del Valle de Lerma, se une con el río Arenales y, después de recibir al río Ancho, continúa hacia el sur con el nombre de río Arias, hasta su desembocadura en el Dique Cabra Corral

La resolución

Establece que la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales estará conformada por el Procurador General de la Provincia, en la coordinación y actuación conjunta; el Fiscal Penal 5, Federico Jovanovics, en la competencia Penal y Contravencional; en tanto, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa estará el Fiscal en lo Civil y Comercial 1, Rodrigo Erazo Schmidt.

Se instruye, además, al Secretario Relator del Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender sus funciones también como Auxiliar Fiscal y Secretario Letrado, respectivamente, de los magistrados integrantes de dicha Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias.

Por su parte, la Técnica Forense del Servicio de Medio Ambiente del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ingeniera química Leonor Barrenechea, a actuar en calidad de asesora técnica directa de la Unidad Fiscal en las causas que resulten de su competencia, tal como lo establece la resolución.

La resolución 1429/23 contempla que se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Unidad Fiscal, en el marco de los Convenios de Colaboración Institucionales ya vigentes, de organismos, tales como el Instituto de Investigaciones para Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); el Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA) y el Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña (CECRIM), ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); y el Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta (UCaSal).

Finalmente, la resolución incluye en su anteúltimo apartado, la solicitud de cooperación al “Programa Ciencia y Justicia”, del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), mediante las capacidades técnicas y los servicios que pudiera prestar a la Unidad Fiscal Ambiental recientemente creada.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución que establece la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, la siguiente etapa contempla la organización y revisión de los antecedentes existentes en materia de acciones, legislación, abordaje multidisciplinario e informes sobre la situación epidemiológica, entre otros, de dicha subcuenca, para lo cual está prevista la convocatoria a una próxima reunión con las instituciones, organismos y sectores intervinientes.

El Ministerio Público Fiscal participó de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2)

El encuentro, denominado COP 2, contó con la presencia de autoridades nacionales y activistas socioambientales de América Latina y El Caribe.

Atento al rol de defensa de los intereses generales ambientales de la sociedad y de atención y resguardo de víctimas ambientales al que está llamado a cumplir el Ministerio Público Fiscal, se comisionó al funcionario especializado en asuntos ambientales, Sebastián Lloret, a concurrir a la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2).

La invitación a participar de este encuentro llegó por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), cuyo representante Residente en Argentina es Claudio Tomasi. El PNUD es la red mundial de la ONU que impulsa el acceso al conocimiento, experiencia y obtención de recursos necesarios por parte de los países como una forma de colaborar a que las personas accedan y labren un futuro mejor. Trabaja en 1470 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión social.

La dinámica de esta segunda reunión en la que Lloret hizo uso de la palabra en calidad de miembro del Sistema Judicial, abarcó una serie de paneles multiinstitucionales, en los que se abordaron temáticas  vinculadas al ambiente como, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades del mundo, la directa relación del ambiente con los derechos humanos, la relación de los desastres naturales con la contaminación, y la implementación de las leyes ambientales.

En julio de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución general en la que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como un derecho humano universal. Además pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

El Acuerdo de Escazú del 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo cuyo contenido incluye disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.

Argentina aprobó dicho acuerdo en el año 2020, mediante Ley 27566.

Se prepara el inicio del Ciclo Nacional de Capacitaciones sobre Ley Yolanda

El Ministerio Público Fiscal de Salta participa de la organización del Ciclo de Capacitaciones sobre Ley Yolanda, promovido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que dará inicio en el mes de mayo.

El ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo de Procuradores, y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica; establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico.

El Ministerio Público Fiscal de Salta es representado por el Secretario Relator Ambiental de la Procuración, Juan Sebastián Lloret, quien fue designado por el Consejo de Procuradores como subdirector de tal iniciativa, bajo la dirección del procurador general de la Corte de Justicia de Santa Fe, Jorge Alberto Barraguirre.

Los destinatarios de este ciclo de formación del Concejo de Procuradores son procuradores y procuradoras, fiscales, secretarios, auxiliares y empleados de los ministerios públicos de todo el país.

El Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda contempla un total de 8 encuentros, con diferentes unidades temáticas y cuya presentación estará a cargo de autoridades del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores, de Ciencia y Justicia y del CONICET.

Cabe recordar que se trata de una continuación de las acciones iniciadas durante el Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia que tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce7DiD45vUQbbpXcuQeyIrKgBd7Hzn_pOVlzp9SOgZN4v9xg/viewform

Se analizaron planes de acción para solucionar la problemática de la Subcuenca Arias – Arenales


En la Procuración de la provincia de Salta, se analizó el estado actual y problemáticas presentes. Experimentados profesionales y técnicos coincidieron en la importancia de la convocatoria a fin de realizar un trabajo interdisciplinario de planificación.

Convocados por el procurador general de Salta Pedro García Castiella, para conocer diferentes perspectivas científico técnicas sobre la problemática socio-ambiental de la Subcuenca de los Ríos Arias-Arenales, se realizó una reunión técnica con centros científicos de la Universidad Nacional y Católica de Salta.

El encuentro realizado el pasado 12 de diciembre, contó con la presencia de investigadores y académicos de vasta trayectoria, alcanzados por los convenios de colaboración que los Fiscales mantienen con estas casas de estudios, lo que les permite colaborar científicamente como auxiliares de justicia.

Al darles la bienvenida, García Castiella  manifestó la importancia de contar con la asistencia técnica de instituciones que tienen dilatada experiencia en la tarea de estudiar, muestrear, diagnosticar, proyectar, evaluar y monitorear las condiciones ambientales de la provincia, ratificando la importancia del trabajo interdisciplinario en materia ecológica.

Explicó el Procurador que la convocatoria se basó en dos finalidades: poner en valor el trabajo intelectual y de campo que realizan los centros académicos locales, para la perspectiva forense: y por otro lado, ampliar la óptica de enfoque más acotada que se tiene en los casos judicializados en los que intervienen los Fiscales en sus respectivas causas, para poder mirar los problemas en su integralidad. Esto les permitirá a los magistrados canalizar mejor las peticiones, reclamos y requisitorias que hacen ante los jueces, buscando orientar los trámites a las mejores soluciones posibles.

Por el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la ingeniera química Leonor Barrenechea realizó un repaso de las causas investigadas sobre la subcuenca, tanto en la parte alta, en los cursos de las quebradas, en la Reserva Hídrica de Finca Las Costas, como en el propio cauce de los ríos Arias y Arenales. 

Expuso que los valores de estas aguas hacen considerarlas no propias para uso recreativo en contacto directo, y que se detectaron metales peligrosos para la protección de vida acuática. Advirtió la presencia de residuos en distintos puntos sobre las márgenes del tramo urbano, todo lo cual termina recalando en la parte baja de la sub cuenca, caracterizada por el embalse Cabra Corral.

Por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la UNSa. y el CONICET, Verónica Rajal explico una serie de informes basados en estudios realizados en la zona media de la sub cuenca, donde se encuentra el sector más urbanizado del valle.

La ingeniera detalló sobre los resultados obtenidos de tesis doctorales y trabajos de investigación. Confirmó los datos del CIF y evidencio la presencia de bacterias virus y parásitos. Puntualizó que, del estudio de riesgo sobre la población afectada, tanto para contacto por inmersión como contacto mano-boca, las conclusiones son en extremo preocupantes.

En cuanto a perspectivas de mejoramiento, el magister arquitecto Pedro Fernández, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, y quien fuera uno de los artífices del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta, explicó que para esta problemática interesa la interfase entre lo urbano y la ribera del río. Expuso el docente e investigador científico, que todo lo que se hace en la ciudad, repercute en el río; y detalló obligaciones urbanísticas que están plasmadas en los PIDUA I y II que ayudarían a abordar los problemas planteados. El profesional marcó como un desafío a resolver la situación de las márgenes, en donde se encuentran asentadas en lugares muy riesgosos e insanos algunas barriadas.

Seguidamente la master Ana Zelarayán, secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa., realizó un abordaje de la problemática del Rio Arenales desde la integridad territorial y la dinámica social y económica. Explicó se debe trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, y que las unidades de cuenca hídrica son la mejor escala de medida. En la exposición de la licenciada en Recursos Naturales, fue apoyada por la diplomada y licenciada Silvia Ferreira, directora del Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña, quien hizo hincapié en la tarea de planificación, gestión y estabilización de las áreas altas de la subcuenca. 

La doctora en Geología del Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), Verónica Rocha Fassola, por su parte, destacó la necesidad de tener en cuenta la dinámica de los sistemas acuíferos, es decir, el cómo actúan en todo este esquema las aguas subterráneas. 

En el espacio final de dialogo y preguntas, se profundizaron algunas dudas que los fiscales civiles, Ramiro Michel Cullen y Agustín Vidal y el fiscal penal Federico Jovanovics, plantearon respecto a causas particulares.

En el cierre, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, manifestó la importancia de contar con los cuadros técnicos de las Universidades de la provincia, y su intención de profundizar la tarea de colaboración con las facultades y los institutos científicos.

Subcuenca Arias-Arenales: La Procuración convocó a una reunión para abordar sus problemáticas

Es considerada la más degradada de la provincia, presentando conflictividad ecológica, económica y social. Asistirán fiscales, autoridades de distintas Instituciones y Organismos, técnicos y funcionarios.

Convocada por el procurador general, Pedro García Castiella, tendrá lugar este lunes 12, una reunión a fin de recabar información vinculada a aspectos técnicos de la problemática sobre la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento.

García Castiella estará acompañado del fiscal de cámara a cargo del caso “Mercado, Amelia Emilia” Ramiro Michel Cullen, y del fiscal penal 5, a cargo de la actuaciones “Sobre contaminación aguas” Federico Jovanovics; la secretaria coordinadora de Procuración, Belén Rubio y el Secretario Relator Ambiental de Procuración, Juan Sebastián Lloret.

La agenda de trabajo contempla un espacio de exposición, distribuido en los cuatro organismos técnicos participantes, tas lo cual se dará paso a preguntas, intercambio y evacuación de dudas técnicas y sugerencias de procedimiento a los magistrados fiscales.

Está previsto, además, que se acerquen diferentes enfoques de la interdisciplina e institucionalidad, a fin de abordar con objetividad y de manera global los distintos aspectos complejos y de incidencia colectiva de la problemática.

Es por ello que se ha convocado al encuentro, a diferentes autoridades y funcionarios: la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, el responsable del Servicio de Medio Ambiente, José Luis Manzano y equipo, quienes poseen los datos técnico-forenses, detectados a la fecha en el medio . También, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Elsa Mónica Farfán y los ingenieros Verónica Rajal y Ramiro Poma, quienes ya han realizado evaluaciones científicas en el lugar y verificado aportes de asesoramiento a la causa penal.

Se ha invitado también al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCaSal, Pedro Fernández y la directora ejecutiva del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), Gabriela Poliotto, quienes poseen la más vasta trayectoria en planificación urbano-ambiental de la subcuenca y han colaborado asesorando a la Procuración General en estas problemáticas; y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, Julio Nasser y la secretaria de Relaciones Institucionales, Ana Zelarayán; las responsables de las cátedras de Hidrogeología y Manejo de Cuencas Hídrográficas, Verónica Rocha Fassola y Silvia Elena Ferreira Padilla, respectivamente, Facultad con la cual existe sostenidos vínculos de asistencia técnica.

Es oportuno mencionar que ambas casas de altos estudios llevan a cabo convenios de amplia colaboración y asistencia técnica, suscriptos con el Ministerio Publico Fiscal de Salta.

Por último, cabe recordar que la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento es considerada la más antropizada (influenciada o manipulada por el hombre) y degradada de la provincia y, por tanto, la que presenta una mayor conflictividad ecológica, económica y social a la fecha.

“Mercado, Amelia Emilia” (Cam. CyC, III, Expte. CAM N° 380.533/12) “Sobre contaminación aguas” (Legajos N° AV-38/16 y N° AV-75/17)


El Ministerio Público Fiscal medió en un Acuerdo de Naturaleza Ambiental con la empresa Seabord

La Compañía se comprometió a un monitoreo, análisis de alternativas y variables constructivas con tecnología superior entre otras medidas. A posterior, se realizará una auditoría socio-ambiental. 

Luego de un proceso llevado adelante por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal, la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L llegó a un Acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, en el cual se comprometió voluntariamente a una renovación de los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713 correspondientes a los ríos Blanco y Pescado, otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta. 

El caso fue derivado a mediación por la Fiscal Penal, a solicitud de la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L.

En dicho contexto de negociación intervino el Area de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), pudiendo advertirse que las concesiones para el uso de agua eran de muy antigua data y estaban sometidas a criterios de explotación que justificaban una adecuación a los estándares vigentes en materia de explotación de los recursos naturales desde el paradigma actual del modelo eco-céntrico o sistémico.  

Por tal razón y en virtud de las funciones atribuidas por la ley al Ministerio Publico, se iniciaron conversaciones técnico-ambientales que culminaron en un Acuerdo de naturaleza ambiental, que consiste en un Monitoreo ambiental, análisis de alternativas a las obras de suministros por terraplén y canales existentes, junto a la variable constructiva que represente la mejor tecnología disponible, y una Auditoria socio ambiental, auditada por el Ministerio Público Fiscal, bajo especificaciones técnicas concretas.  

En el proceso de diálogo participaron también la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, la Secretaria de Ambiente y la Secretaria de Asuntos Indígenas.

Audiencia Pública

Con posterioridad a la firma del Acuerdo, la Fiscal Marcela Fernandez inició el tramite homologatorio del Acuerdo ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Distrito Oran a cargo de Eugenia Fernandez de Ulivarri quien en virtud de la naturaleza colectiva de la acción, corrió vista a la Procuración General.   

Es así como la Procuración General se expidió opinando que la Jueza interviniente debe proceder a certificar el trámite como homologación colectiva ambiental, registrando el proceso en los terminos de la Ley Provincial 7968. 

En el marco señalado la Jueza Eugenia Fernandez de Ulivarri convocó a Audiencia Pública Informativa la que se llevó adelante los días 1 y 2 de diciembre del corriente año en el la Ciudad San Ramón de la Nueva Orán y se transmitió por el canal de Youtube del Poder Judicial de Salta. En los mismos días se realizó un reconocimiento del aréa del conflicto en horario matutino.

La Audiencia Pública tuvo como objetivo poner en conocimiento la existencia del Acuerdo, su trámite homologatorio y escuchar a diferentes sectores de la sociedad.

La Audiencia estuvo encabezada por la Jueza en lo Civil y Comercial N°1 del Distrito Orán Eugenia Fernandez de Ulivarri.  Participaron Marcela de Los Angeles Fernandez Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Oran como parte firmante del Acuerdo, Sebastian Lloret Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta , Gladys Reynoso Asesora de Menores de Orán N°1, del Area de Ambiente del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) José Manzano y Eliseo Joel Medina, por la Secretaría de Recursos Hídricos David Le Favi y Alfredo Sulekic, los Mediadores intervinientes Nancy Valencia Donat, María Lelia Martinez y Sergio Arch, Apoderados y Técnicos de la Empresa Seabord Energias Renovables y Alimentos S.R.L, Técnicos de la Empresa Pacha Consultora Ambiental contratada por la Empresa Seabord para realizar las actividades comprometidas en el Acuerdo, representados por Ariel Martinez, Presidente de la Comunidad Ava Guaraní, intergrantes de la comunidad originaria y otros ciudadanos de la sociedad en general. 

Hacia el final de la reunión, Eugenia Fernandez de Ulivarri manifestó  que luego de convocar a terceros (Ramón Tuma; Finca Abra Grande, de Mario Gerala; Aguas del Norte; y varias canteras de explotaciones de la zona) y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su resolución y solicitará las medidas tendientes a evitar o mitigar cualquier daño ambiental que, eventualmente, se compruebe, en resguardo de los intereses de los habitantes de la ciudad de Salta, usuarios de agua pública, que constituyen el colectivo que pudiera verse afectado.

Continúa la instancia digital del Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas

Se declararon 62 pozos, de los identificados hasta el momento. Quienes no hayan aportado esa información, tendrán la oportunidad de regularizar su situación, evitando multas y sanciones

Hasta el 31 de enero de 2023, personas y empresas que hasta ahora no hayan declarado tenencia, uso o perforación de un pozo tendrán la oportunidad de regularizar su situación, evitando, de este modo, ser multados.

A través de la página www.saltacensoaguas.gob.ar, los habitantes de todo el territorio provincial tendrán la posibilidad de declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos. De esta forma, quienes no hayan aportado esa información en tiempo y forma, tendrán la oportunidad de regularizar su situación. Una vez culminado el censo, está prevista la aplicación de un régimen sancionatorio para quienes incumplan con la declaración del pozo ante la autoridad hídrica, previsto por la legislación de Aguas de Salta.

Hasta la semana pasada se habían declarado 62 pozos, de los identificados los cuales en su mayoría corresponden al Departamento Cafayate.

Las personas que tengan dificultades en el acceso a la tecnología, podrán acercar la información de manera tradicional a través de la Mesa de Entradas de la Secretaría de Recursos Hídricos, ubicada en Avenida Bolivia 4650, Salta Capital.

Este  censo se realiza a pedido de la Procuración de la Provincia, mediante un convenio con la Secretarías de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos. Participando también el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social y la Dirección de Epidemiología, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Coincidente con esta acción, el pasado jueves 24 de noviembre, el Senado de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de ley que declara el estado de Emergencia Hídrica por escasez de agua en todo el territorio de la Provincia de Salta, por el término de 1 año, a partir de la fecha de promulgación, iniciativa que pasó luego a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Mapa hídrico mundial

Según una investigación llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a nivel mundial, más de 3.000 millones de personas corren el riesgo de contraer enfermedades porque se desconoce la calidad del agua de sus ríos, lagos y aguas subterráneas. Mientras tanto, una quinta parte de las cuencas hidrográficas del mundo están experimentando fluctuaciones dramáticas en la disponibilidad de agua y 2.300 millones de personas viven en países que padecen “estrés hídrico”, incluidos 721 millones en áreas donde la situación del agua es “crítica” (19 Mar 2021 |https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-salud-de-3000-millones-de-personas-en-riesgo-por-falta-de).

Por ello, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, indicó que “la recopilación constante de datos completos y actualizados es vital para administrar nuestros recursos hídricos de manera más sostenible y garantizar el acceso al agua potable para todos”.

Mapa hídrico de Salta

Esta etapa del Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas de Salta fue concebido como el inicio de un proceso de construcción multiinstitucional y participativo para comenzar a abordar la problemática de la evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de  Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas de la provincia, para lo cual se trabajó sus aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y sociales, concentrados en los institutos legales del Censo y Libro de Aguas Subterráneas como instrumentos de gestión, previstos para ello en el Código de Aguas (Ley 7107) y la Ley Ambiental (7070) y su Decreto Reglamentario (N° 3097/00).

Conforme a las registraciones por parte de la Jefatura de Aguas Subterráneas, se conocen en todo el territorio de la provincia de Salta alrededor de 3500 pozos, entre someros y profundos, ya detectados, pero con la proyección se estima que ascendería a unos 13000 pozos en existencia.

Ambiente, Ciencia y Justicia: Destacan los avances de la Procuración de Salta

Salta estuvo presente en el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” del que participaron investigadores del CONICET junto a especialistas ambientales y representantes del ámbito judicial. Al abordarse temáticas de interés y desafíos en la materia, se destacó el funcionamiento del Servicio de Ambiente del CIF, único en el país.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia  del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF), la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar) y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El objetivo de la jornada fue abordar junto a fiscales, jueces, defensores y operadores de la justicia, sobre las capacidades técnicas y servicios que tiene el CONICET para aportar en el esclarecimiento de causas judiciales ambientales. Se dialogó sobre las complejidades y desafíos de los avances científicos y judiciales en diferentes mesas plenarias.

En el encuentro,  el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en representación del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Barraguirre, hizo extensivo el agradecimiento especial al procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, por el apoyo brindado en la Jornada, consistente en la presentación del informe institucional del Servicio de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que fuera destacado como un ejemplo del avance de las jurisdicciones provinciales. Actualmente Salta, cuenta con el único Servicio Forense en Ambiente, integrado interdisciplinariamente.

Es así como el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, solicitó la participación de Salta en la delegación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, debido a los avances y experiencia que presentan sus servicios jurídicos y forenses al respecto.

En representación de la Procuración General de la Provincia, participó el secretario relator ambiental Juan Sebastián Lloret, quien integró la mesa de trabajo sobre Pericias Ambientales, disertando  junto a investigadores del CONICET y especialistas del Sistema Judicial.

Las jornadas

La apertura de la jornada contó con la participación de la presidenta del Consejo, Ana Franchi, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y Representante Técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, la presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y CABA (Reflejar/Jufejus), Claudia Mizawak y el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.

Uno de los objetivos del programa es ayudar a fortalecer la integridad de las contribuciones científicas, aseguró la presidenta del consejo, quien resaltó que se trata de un trabajo que viene realizando el programa desde hace varios años, brindando oportunidades de cooperación y asistencia técnica en diversas áreas jurídicas. También remarcó la convocatoria federal del encuentro con la participación de especialistas de varias provincias. “La federalización es una asignatura pendiente que tenemos para llegar con igualdad a todas las provincias del país. La CyT se desarrolla casi en el 85% en la región central. Cuesta mucho integrar investigadores e investigadoras y también interactuar con la sociedad en las provincias más alejadas”.

Por su parte la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Battaini, elogió el acierto en la tarea de acercar el sector científico y el de la administración de justicia, resaltando que sin ambiente sano, no es posible ejercitar dignamente ninguno de los otros derechos humanos esenciales.

Los tres organismos participantes, de manera conjunta (CONICET, JUFEJUS y CONSEJO FEDERAL) dejaron abierta la propuesta para la concreción de un nuevo encuentro, con una mirada más federal dado el interés e importancia de la temática y la actividad.

Avanzan las investigaciones por incendios forestales en Orán

Desde la Procuración General fueron requeridos informes a distintos organismos provinciales y nacionales con el fin de determinar el origen y desplazamiento de los distintos focos ígneos producidos desde el pasado mes de julio hasta la  fecha, en el Distrito Judicial de Orán.

La Procuración General de la Provincia de Salta dispuso solicitar toda aquella información que se encuentre almacenada en distintas bases de datos provinciales y nacionales respecto de los incendios forestales sucedidos en el distrito judicial Orán a fin de aportar datos a las investigaciones iniciadas el pasado mes de agosto. 

En este sentido, resulta de vital importancia contar con la información que hayan recabado la Subsecretaría de Defensa Civil; la Unidad Regional N°8 de la Policía de Salta; la Administración de Parques Nacionales y el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación de la Nación; para poder contrastarla con los datos obtenidos por las Fiscales intervinientes y así determinar las causas de los incendios,  precisando si se trató de focos aislados, de prácticas irregulares o  de actividades deliberadas en contra del ambiente. 

Además, desde la Procuración General se requirió informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia a fin de que remita una nómina de los sumarios iniciados en el Departamento Judicial de Orán desde el mes de julio hasta la fecha y que versen sobre acciones de cambio de uso de suelo; de tala ilegal y/o de quema programada.  

Las investigaciones fiscales avanzan en forma convergente, para precisar la mecánica de los focos ígneos verificados en la Ciudad de Orán, así como aquellos que fueron detectados en la ruta 50; en las cercanías de la localidad de Isla de Cañas y en la ruta 18.-  

A su vez, el Área de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se encuentra procesando los datos recabados en la zona del desastre durante las inspecciones realizadas los días 9 y 10 de noviembre.  Se espera conocer las primeras conclusiones en los próximos días, lo que fortalecerá el avance de las investigaciones de las Sras. Fiscales de Orán.

Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal tomará todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.   

El Ministerio Público Fiscal avanza desde agosto en la investigación por los incendios en Orán. Hoy se realizaron diligencias

Las frentes de investigación comprenden los incendios ocurridos en el mes de agosto pasado en Colonia Santa Rosa, los de septiembre en Comunidad Kolla Río Blanco Banda Norte y los que actualmente están sucediendo en paraje El Oculto, Isla de Cañas y Comunidad San Ignacio y en la zona urbana de San Ramón de la Nueva Orán.

En relación a los incendios ocurridos en Colonia Santa Rosa, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, lleva adelante la investigación que inició el pasado 24 de agosto, cuando desde la Procuración General se abrió y remitió el Expte. N° 8795/22 caratulado “Posible Estrago Forestal”. En este marco se cumplieron diversas medidas como inspecciones oculares; croquis de Bomberos; declaraciones testimoniales respecto del foco ígneo en la zona conocida como Valle Morado, en Colonia Santa Rosa y Urundel; informe técnico de la División Guardia de Incendios y otros Siniestros y se encuentran en cumplimiento otras.

Respecto a las actuaciones por los incendios de bananales denunciados durante el mes de septiembre en la Comunidad Colla Río Blanco, son llevadas a cabo por la Fiscal Penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, quien también dispuso numerosas medidas que se encuentran en cumplimiento, tendientes a determinar si los focos ígneos fueron accidentales o habrían sido provocados.

En ambos casos, las Fiscales Penales, oportunamente solicitaron informes y dieron intervención con carácter de urgente al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Ambiente y otros organismos.

En las primeras horas de ayer martes, la Fiscal Penal N°3 de Orán Mónica Viazzi, de oficio y con carácter de muy urgente, ha dado inicio a la investigación de los focos ígneos detectados en los parajes El Oculto, San Ignacio y sobre las Rutas N° 18 y N° 50, requiriendo a la Jefa de la Unidad Regional de Orán la elaboración un informe sobre las causas, magnitud y personas involucradas en los incendios mencionados, ante la sospecha de la probable intencionalidad del origen de los mismos.

También informó que este miércoles se encuentran realizando tareas de campo en la zona, personal especializado en temas ambientales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística para determinar la extensión, la afectación y el origen de los focos ígneos.

Finalmente, en relación a estos incendios, explicó que se realiza relevamientos de testigos y se libraron oficios a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta para que informen en función de las leyes vigentes, sobre las quemas autorizadas en la zona.

A su vez, ayer martes, la Fiscal Penal N°1 de Orán Daniela Murúa, ante los focos ígneos que se registraron en la zona urbana de San Ramón de la Nueva Orán, de oficio inició actuaciones y requirió informes de rigor a la Unidad Regional de la Policía de la Provincia, a Bomberos y se encuentra realizando entrevistas a posibles testigos.

En relación al mismo hecho, la fiscal Murúa explicó que la empresa, en cuyas tierras se inició el fuego, radicó denuncia y que el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Coordinador Dr. Patricio Cernadas Curuchet y a instancias del Ministro, Dr. Abel Cornejo, hicieron lo propio. Señaló la Fiscal que las mismas fueron incorporadas a las actuaciones que ya se vienen tramitando con anterioridad.

Ante dichas actuaciones, desde la Procuración General se dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por las Fiscalías Penales 1 y 3 de Orán, por la Fiscalía Penal de Pichanal y que actuarán conjuntamente con la Fiscalía Civil de Oran, para que, en forma coordinada y con la colaboración de especialistas ambientales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establezcan las causas de los incendios, la magnitud del daño producido, los autores materiales y los demás responsables.

Cabe recordar que el Procurador General, García Castiella, remarcó la necesidad de evitar que se efectúe un aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental.