El Procurador recibió a los Secretarios de Seguridad y de Ambiente para abordar en forma coordinada los incendios en Orán

En el mediodía de este martes, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca y al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ingeniero Alejandro Aldazábal, para aunar los esfuerzos del Estado Provincial en la lucha contra los incendios que vienen azotando a las localidades de Orán, Pichanal, Isla de Cañas, Colonia Santa Rosa, entre otras, del norte provincial. 

Tras efectuar un repaso de las acciones que se han venido ejecutando desde el mes de agosto por parte de las Fiscalías de Orán y Pichanal, el Procurador remarcó la necesidad de evitar que se efectúe un eventual aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental, debido a la perdida de las cualidades ecológicas de lo que fuera un bosque nativo protegido y de alto nivel de conservación. 

En efecto, el 24 de agosto del corriente, la Procuración General procedió a abrir y remitir el Expte. N° 8795/22 caratulado “Posible Estrago Forestal”, que tramita en la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa, en cuyo marco se efectuaron diversas medidas como inspecciones oculares;  croquis de bomberos; declaraciones testimoniales  respecto del foco ígneo en la zona conocida como Valle Morado, en Colonia Santa Rosa y Urundel; informe técnico de la División Guardia de Incendios y otros Siniestros. 

El Procurador repasó el trámite iniciado ante foco ígneo cercano en la plantación de bananas en el paraje Rio Blanquito en fecha 12 de septiembre de 2022 y destacó la labor investigativa de este segundo evento, que continúa llevando a cabo la Fiscalía Penal N°3 de Orán, a cargo de la Dra. Mónica Viazzi, desde el pasado 19 de septiembre.

Finalmente, García Castiella remarcó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomarán todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.   

Asimismo se considero la denuncia efectuada en horas de la tarde por el Coordinador del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Patricio Cernadas Curuchet, a instancias del Ministro, Dr. Abel Cornejo, la que será incorporada a las actuaciones que ya se vienen tramitando con anterioridad.

El Ministerio Publico Fiscal intervino de oficio en la investigación de los incendios en Orán

Las acciones se incorporarán al expediente iniciado por el Procurador General, Pedro García Castiella, el pasado me de agosto, caratulado como “Posible Estrago Forestal”  y que actualmente está en trámite ante la Fiscalía de Pichanal, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa. 

En las primeras horas de la mañana de este martes, la Fiscal Penal N°3 de Orán Mónica Viazzi, de oficio y con carácter de muy urgente, ha dado inicio a la investigación de los focos ígneos detectados en los parajes El Oculto, San Ignacio y sobre las Rutas N° 18 y N° 50, requiriendo a la Jefa de la Unidad Regional de Orán la elaboración un informe sobre las causas, magnitud y personas involucradas en los incendios mencionados, ante la sospecha de la probable intencionalidad del origen de los mismos. 

A su vez también en fecha, la Fiscal Penal N°1 de Orán Daniela Murúa, requirió informes de rigor a la Unidad Regional de la Policía de la Provincia para determinar las causas de otro frente ígneo, que habría avanzado hasta las inmediaciones del casco urbano oranense. En principio, estos eventos no estarían vinculados con los incidentes de Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa, sin embargo se intensificarán las medidas de investigación para descartar cualquier posible conexión.

Ante dichas actuaciones, desde la Procuración General se dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por las Fiscalías  N°1 y N°3 de Orán y por la Fiscalía de Pichanal para que, en forma coordinada y con la colaboración de especialistas ambientales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establezcan las causas de los incendios, la magnitud del daño producido, los autores materiales y los demás responsables. 

Dichas acciones se incorporarán al Expte. N° 8795/22 iniciado por el Procurador General, Pedro García Castiella, en el mes de agosto próximo pasado; caratulado como “Posible Estrago Forestal”  y que actualmente está en trámite ante la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa. 

Desde la Procuración General se aseguró que el Ministerio Público Fiscal aplicará con el mayor rigor, todas las medidas necesarias para investigar si se trata de estragos provocados de manera intencional o irresponsable. Especialmente se investigará si se trata de acciones deliberadas para aprovecharse ilegítimamente de la tierra arrasada, sin medir consecuencias ambientales, humanas, sanitarias y patrimoniales.  

Recurriendo a la rigurosa aplicación de la legislación especial vigente que, en algunos casos, impide la explotación del inmueble hasta por sesenta años, todo ello, además de las acciones de recomposición del ambiente y las aplicaciones de las sanciones penal y contravencionales. 

CUMPLIMIENTO OFICIO JUDICIAL: MEDIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS DE COSAYSA S.A- TARTAGAL Y GRAL MOSCONI

De acuerdo a lo dispuesto por la jueza Griselda Beatriz Nieto en el Expte. Nro. 49457/19 ACENA HECTOR ARMANDO; ESPOZ. ELIAS CARLOS ALBERTO; ZERDA SEBASTIAN ALBERTO; ZERDA JUAN ARIEL; ALVARADO LUIS ALBERTO; TEJERINA SILVIA DANIELA; ACEVEDO BENITA; ALONSO BLANCA NELLI: CODELCO CONTRA COSAYSA S.A POR AMPARO», el Ministerio Público Fiscal cumple en informar los medios de atención al usuario respecto del servicio público de agua prestado por la demandada COSAYSA S.A.

TARTAGAL GENERAL MOSCONI
OFICINAS COMERCIALES
Oficina: Warnes 150   Horario: Lunes a Viernes de 7 a 13 horas   Oficina: Av. Ciro Echasortu 105   Horario: Lunes a Viernes de 7 a 12 horas
Libros de Quejas y Mesa de Entrada para recepción de mensajes escritos. Libros de Quejas y Mesa de Entrada para recepción de mensajes escritos.
OTROS MEDIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
Sitio web: https://www.aguasdelnortesalta.com.ar Apartado Específico para reclamos y denuncias.
Línea telefónica gratuita: 0-800-8888-2482
Whatsapp: 387-563 2222

CUMPLIMIENTO OFICIO JUDICIAL PUBLICIDAD PROCESO COLECTIVO

CARATULA DE EXPEDIENTE: «Fiscalía Civil, Comercial y del Trabajo –Distrito Oran – Homologación de Convenio”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 8435 – AÑO: 2022

TRIBUNAL: Juzgado Civil y Comercial 1º Nominación de Oran

EXPEDIENTE ORIGINARIO RELACIONADO: “GAR-64961/21, Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L. por el hecho a caratular en perjuicio de Comunidad Ava Guaraní del Río Blanco Banda Oeste”, correspondiente a A.P. N° 1053/21 de la Comisaría N° 24 (UR-2) – Fiscalía Penal Nº 3 de Oran – Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Orán

SENTENCIA DE APERTURA: 26 de octubre de 2022 – FIRMAS: Dra. Eugenia F. de Ullivarri (Jueza) – Dra. Natalia Campoy (Secretaria).

PARTE: la totalidad de la población del Departamento de Oran, en su carácter de usuarios de los servicios ambientales del área ecológica consistente en las sub-cuencas del Rio Blanco y del Rio Pescado inferior, representada en este caso por el Ministerio Publico Fiscal – FISCAL ACTUANTE: Fiscal Civil Comercial y del Trabajo, Dra. Marcela de los Ángeles Fernández – DOMICILIO CONSTITUIDO: Público despacho, Calle Lamadrid N°344, Ciudad de Oran.

PARTE: Empresa Seabord Energía Renovable y Alimentos S.R.L – Representante legal: Dr. Diego D Andrea Cornejo – DOMICILIO CONSTITUIDO: Alvarado N° 386, Ciudad de Oran.

CITADOS: Secretaria de Recurso Hídricos, para que intervenga oficiosamente en el ámbito de su competencia – DOMICILIO: Av. Bolivia 4650. Primer piso, Ciudad de Salta.

CITADOS: Comunidad Ava Guaraní Del Río Blanco Banda Oeste, departamento de Orán.

INTERVENCIÓN: Asesora de Menores de Orán N° 1, Dra. Gladys Reynoso – DOMICILIO: Público despacho en edificio de Asesorías de Incapaces, calle Arenales N° 535, Ciudad de Oran.

OBJETO: Evaluar la homologación del compromiso asumido por la empresa para solucionar el conflicto surgido a consecuencia de la construcción de un terraplén sobre el Río Blanco para el cruce del agua captadas del Rio Pescado por parte de la empresa Seabord S.R.L, autorizados por concesiones correspondientes a la captación de agua destinada al riego de sus plantaciones de caña de azúcar en los ríos Blanco y Pescado, autorizadas a perpetuidad por las concesiones de suministros n° 712 y n° 713, del Catastro 25002, otorgadas por Decretos Provinciales n° 9.571/45, 3.026/52 y 885/06, ante el detrimento que se pudo producir en el área ecológica comprometida (sub- cuenca del Rio Blanco y Rio Pescado inferior), lo que dio origen a la causa penal N° 49/22 de naturaleza socio ambiental.

FECHA Y LUGAR DE AUDIENCIA INFORMATIVA: días 01 y 02 de Diciembre del 2022, a hs. 16.30, en el Tribunal de Juicio, Sala I, sito en Egües y Lamadrid de la ciudad de Orán, trasmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial de Salta. CAPACIDAD MÁXIMA PRESENCIAL: 30 personas. LUGAR DE INSCRIPCION PARA ESTAR PRESENTE: en Fiscalía Civil y Comercial sito en Lamadrid N° 344, en el horario de 10.00 a 12.00, hasta el 25 de Noviembre de 2022. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: pudiendo los interesados asistir con abogados y hacer uso de la palabra un máximo de 10 personas por audiencia, por el lapso de 5 minutos. Los abogados deberán presentar sus exposiciones por escrito (mesa virtual) 48 hs. antes de la audiencia fijada.

El Ministerio Público Fiscal estuvo presente en la audiencia pública por un amparo ambiental

Actúa en representación del colectivo que pudiera verse afectado por una posible contaminación en Finca Las Costas. Pasada la instancia de audiencias públicas, habiendo recabado los informes pertinentes y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su dictamen.

El fiscal civil 2 del Distrito Centro, Agustín Vidal, tomó participación en la audiencia pública celebrada ayer en el Aula Magna de la Escuela de la Magistratura de la Ciudad Judicial, en representación del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El fiscal Vidal actúa en este amparo del Estado Provincial, en representación del colectivo que pudiera estar afectado por una posible contaminación en Finca Las Costas, constituida por los Decretos 2327/95 del Gobernador interino, Ricardo Gómez Diez; 488/98, del Gobernador Juan Carlos Romero; y 3741/07 del Gobernador Juan Carlos Romero y el 2813/09, del Gobernador Juan Manuel Urtubey.

En el primer decreto se consideró que, de acuerdo a estudios de Obras Sanitarias  de la Nación “el sistema de Finca Las Costas, está abasteciendo en la actualidad a un 27,5% de la Población de la Ciudad de Salta Capital (…) Que, si se encararían obras de ingeniería de mayor envergadura, como ser la construcción de uno o dos Diques de Contención, se puede lograr servir hasta un 62% del total de usuarios del servicio de agua potable de la Ciudad de Salta, Capital”.

La de ayer se trató de una primera audiencia de carácter informativo que, por sobre todo, tuvo como objetivo escuchar a diferentes sectores, principalmente a la comunidad aborigen Lule, que pidió intervenir en el proceso.

La mesa coordinadora de la Audiencia Pública estuvo encabezada por la Jueza en lo Civil y Comercial, María Guadalupe Villagrán y por el Fiscal Civil 2, Agustín Vidal. Por parte de la comunidad, estuvo presente su apoderada, Dra. Mara Puntano, además de referentes de la Comunidad Lule y representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

En líneas generales, una acción de amparo es un instrumento jurídico que tiene como fin proteger derechos fundamentales, dentro de una instancia judicial y previo a que se dictamine decisión alguna. En este caso específico, el amparo se presentó con el objetivo de proteger el ambiente sano y equilibrado, prevenir y evitar el daño que pudiera estar produciéndose por el avance de las actividades de construcciones, viviendas, agricultura, ganadería, desmontes, corta de árboles para leña, apotreramiento de animales, fumigaciones, uso de vehículos a combustible, aguas arriba de las plantas de tratamiento de agua poblacional, o cualquier otra que esté llevándose adelante en el lugar, sin la autorización pertinente, como potencial fuente de contaminación de la Reserva Hídrica y del medio ambiente.

Es por ello que, en atención a ese objetivo, la Provincia interpuso un amparo ambiental para determinar quiénes son los responsables de las construcciones, viviendas, evacuación de líquidos cloacales y actividades ganaderas que se llevan adelante en la Reserva Natural de Finca Las Costas, sin los permisos o estudios ambientales correspondientes.

Un grupo de habitantes de la Comunidad Lule, en representación de quienes habitan en Finca Las Costas, expresó, por su parte, que son custodios de las fuentes de agua y quienes preservan el lugar.

Hacia el final de la reunión, la jueza en lo Civil y Comercial, María Guadalupe Villagrán, dijo que se fijará una próxima audiencia, principalmente de carácter expositivo, en la que la Comunidad Lule volverá a tener la posibilidad de ser escuchada a través de algunos de sus integrantes, para lo cual la jueza solicitó la presentación de un listado de quienes integrarán la nómina.

Tal como lo manifestara el fiscal Vidal, luego de pasada la instancia de las audiencias públicas y que se hayan recabado los informes pertinentes y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su dictamen correspondiente y solicitará las medidas tendientes a evitar o mitigar cualquier daño ambiental que, eventualmente, se compruebe, en resguardo de los intereses de los habitantes de la ciudad de Salta, usuarios de agua pública, que constituyen el colectivo que pudiera verse afectado.

Karlen: Ordenan que se cumpla el Plan de Ejecución de Recomposición Ambiental

Interviene la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1° Nominación del Distrito Judicial del Norte –Tartagal rechazó el recurso de apelación interpuesto por Karlen y ordenó dar estricto cumplimiento al Plan de ejecución de Recomposición Ambiental.

En agosto de 2021, el apoderado letrado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del Departamento San Martín, había interpuesto un Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

La fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que con el reclamo pretendían “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.

En efecto, Vélez Román había solicitado astreintes (multas procesales diarias) para que los propietarios Karlen agilicen sus obligaciones y la Jueza resolvió imponérselas. La cifra acumulada hasta agosto del año pasado en que el abogado recurrió, ya era millonaria.

La causa judicial

En los primeros meses de año 2013, funcionarios de la oficina de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta detectaron tareas de desmonte en más de 11.000 hectáreas, en las alrededor de 16.000 de propiedad de Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen. El organismo de aplicación ordenó la paralización y cese de las tareas, que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó en ese momento una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio, dictó una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes, a uno de los demandados.

En diciembre de 2018, tras una larga y compleja conciliación entre el Karlen y la Procuración General -auxiliada por profesionales convocados de Bosques nación y provincia, el CIF, el I.N.T.A., la U.N.Sa. y un experto ambiental judicial español que auditó externamente todo-, los productores agropecuarios firmaron un acuerdo por el que cedieron sus pretensiones de explotación intensiva sobre las 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente (superficie equivalente a la mitad de la extensión urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convinieron con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años. Con esto, se pasarían a un modelo de aprovechamiento sustentable con paisaje de bosque.

Entre otros objetivos, la sentencia homologada contempla por dicho lapso de tiempo establecer y mantener un vivero con un stock permanente de 120 mil ejemplares por temporada de reforestación, los que servirían para recomponer a buen ritmo el bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea utilizando como reflejo los bosques en mejores condiciones de la zona. También se obligó a realizar una importante inversión en materia social, la que incluye contratar a miembros de comunidades aborígenes y criollos en blanco para las tareas de cuidado, recolección de semillas, armado de plantines y resiembra. Esto incluye su capacitación permanente.

Respecto a los puesteros criollos que contiene la finca, muchos de los cuales declararon en el juicio ante la Jueza, se prevé en el acuerdo todo un acompañamiento para la regularización de sus títulos dominiales y su inclusión dentro de los parámetros de ordenamiento y gestión productiva y ambiental dentro de la finca, con la finalidad de que puedan hacer una ganadería bajo monte, sanitariamente controlada y ambientalmente sustentable. Esto los trasformaría en pequeños productores con perspectivas de negocios sostenibles.

Asimismo se estableció que, en caso de violar el acuerdo, la finca quedaría afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada, con un comité multiinstitucional interventor a su cargo, auditado por la Fiscalía. Con esta variable, el equipo negociador se aseguró que el patrimonio ambiental de la sociedad pudiera recuperar, ante la última instancia del incumplimiento de parte de los propietarios Karlen, los servicios ambientales del bosque natural.

Cabe recordar que los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba la “densidad Arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un Área Basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental (Balducci y Eliano; 2012), se puede decir que estaba clasificado como en estado BUENO”. Además la U.N.Sa. y el Servicio Social del C.I.F. habían confirmado que los aborígenes y los criollos incluidos en el acuerdo habían venido sobreviviendo, entre otros, con el aporte de los servicios del bosque (madera, miel, recolección, pastoreo, entre otros), el cual, con la actividad de desmonte, habían perdido.

El futuro de la causa
Con la decisión del Juzgado dando razón al planteo de la Fiscal Civil de Tartagal, resulta confirmado el prolongado y sostenido reclamo de que es responsabilidad de los propietarios Karlen que no se avance en las tareas de gestión ambiental, de inserción social comunitaria y de inclusión de los ocupantes que han sido comprometidas.

Se espera que con esta nueva resolución se pueda avanzar con las medidas sancionatorias y ejecutorias que corresponda requerir y deba tomar el Juzgado para dar cumplimiento efectivo a la ejecución de sentencia homologatoria, sufragando además las sanciones económicas por la demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el acuerdo firmado.

Se rubricó el Convenio que instrumenta el censo y monitoreo de pozos de aguas subterráneas en Salta

Previamente se articuló un proceso de abordaje de la problemática de evaluación del sistema de monitoreo de la calidad del agua y la conformación de un mapa de vulnerabilidad. Todo esto, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.

Presidido por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, hoy tuvo lugar el acto de firma del Convenio mediante Resolución Conjunta por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.

El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.

Lo acordado es de vital trascendencia por tratarse de un elemento vital como es el agua y, además, de extrema fragilidad e importancia ecológica, como es el caso de la subterránea, pues está sometida a márgenes de explotación cuyas consecuencias todavía resultan desconocidas e imprevisibles, que requieren criterios de uso de cautela y precaución.

Tradicionalmente, en nuestra provincia ha habido prácticas, centenarias algunas, consistentes en la realización de pozos para extraer agua para el consumo, para el riego y para la producción, cuyas magnitudes y riesgo en la cuenca subterránea actualmente se desconocen.

Por ello, previo a la rúbrica de la resolución, se articuló un proceso de construcción interinstitucional y participativo, para la iniciación del abordaje de la problemática de evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas de Salta.

En la oportunidad, se evaluó el texto final de dicha resolución conjunta, que fuera preparado por equipos jurídicos, técnicos e informáticos y armonizado a lo largo de diferentes reuniones  generales, donde estuvieron todos los funcionarios y profesionales de los organismos mencionados.

El texto final, que quedó integrado al acta, evidencia el consenso al que se arribó por parte de todos quienes intervinieron en el proceso de abordaje de la problemática del agua en la provincia.

Estuvieron presentes en la reunión: por la Procuración General de la Provincia, el Dr. Pedro García Castiella, por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ing. Julio Mauricio Romero Leal, por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), el Dr. Carlos Humberto Saravia; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ing. Alejandro Aldazabal, acompañado por el funcionario, Dr. Antonio Sánchez López; por el Ministerio Público Fiscal, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, el Secretario Letrado Dr. Santiago José Sotelo, el Coordinador de Informática del Ministerio Público C.U. Guillermo Bozovich, por el Servicio Medio Ambiente del D.T.C./C.I.F. el Ing. José Luis Manzano y el Ing. Eliseo Joel Medina; ; por el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaria de Medicina Social, Dra. Susana Velazco y por la Coordinación Epidemiológica, la Directora General, Dra. Nélida Analía Ester Acevedo; en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal, por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, la Secretaria de Articulación Institucional, Mgtr. Ana Zelarayán y el Dr. Virgilio Núñez; los funcionarios Ing. Marcelo Ovando, la Lic. Marina Hoyos y el Dr. Jerónimo López Fleming.

La Declaración Conjunta

En su artículo 1, la resolución establece que se instrumente un procedimiento excepcional por tres meses, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el Censo de las Aguas Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras hidráulicas existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento, captaciones y/o suministro de agua subterránea en todo el territorio de la provincia de Salta.

El cuerpo de la resolución conjunta contiene, además, un detalle sobre los sujetos que están obligados a completar la declaración jurada censal y especifica el procedimiento para la realización del Censo de las Aguas Subterráneas, fijando las medidas ante el no cumplimiento de la declaración de aviso de perforación de aguas subterráneas por parte de los denominados “Sujetos obligados”, calificándolas de detecciones clandestinas.

El documento también determina el carácter de declaración jurada para el caso de la declaración de los “sujetos obligados” y sus implicancias y contempla la instrumentación de un proceso de capacitación dirigido a funcionarios y agentes de diferentes reparticiones, que estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos y del Ente Regulador, que tendrá como fin la difusión y asistencia a los “sujetos obligados”.

En los considerandos de la resolución conjunta se explica que el “censo de las aguas” es la herramienta de la que se vale el Código Provincial Hídrico para obtener la información necesaria para las políticas públicas hídricas y ambientales y que queda plasmado en el Libro de Aguas Públicas Subterráneas.

El Libro de Censo de las Aguas Subterráneas permite conocer, reza el documento, “en forma completa los recursos hídricos de la Provincia, los regímenes hidrológicos, los acuíferos, caudales aforados (caudal autorizado por la autoridad hídrica), volúmenes de uso, usos acordados, obras de regulación y de derivación efectuadas y aptitudes que tengan o puedan adquirir las aguas para servir a usos de interés general”.

Más adelante, el acto que se tornará obligatorio, menciona que la información censal es pública, de acuerdo al Código provincial y que, para dar cumplimiento a este deber censal por parte de las autoridades, los usuarios deben cumplimentar la obligación de “dar aviso de exploración, alumbramiento (saber cuánto se puede extraer del pozo) para uso común y de extracción para suministro en usos especiales, tal como lo establece el Código de Aguas provincial”.

Tercer encuentro de entidades por el Sistema de Monitoreo de la calidad del agua

La Procuración General de la Provincia viene cumpliendo una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, para la concreción del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta.

El día de ayer tuvo lugar la reunión informativa de instituciones competentes, involucradas con el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta.

Cabe recordar que esta es la tercera reunión que forma parte del plan de trabajo sostenido, previsto durante el pasado encuentro del 20 de mayo, en cumplimiento de lo propuesto al Procurador General de la provincia, Dr. Pedro García Castiella.

En la apertura del encuentro y tras un intercambio de opiniones, el representante del Ministerio Público Fiscal y Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, y los delegados de la Secretaría de Recursos Hídricos, Dr. David Le Favi, Director de Fiscalización y Control, y Dra. Silvia Santamaría, Jefa del Programa Jurídico, tomaron la palabra para informar el contenido del proyecto de resolución conjunta, con sus respectivos anexos, que regulará el Censo de Agua Subterránea.

Se fijó en el encuentro, un plazo de 15 días hábiles para que las comisiones técnicas informáticas aporten las observaciones que entiendan necesarias y está previsto que el próximo 5 de agosto se proceda a la suscripción de la resolución conjunta, por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, acto que tendrá lugar en el Ministerio Público de la provincia de Salta.

Se acordó, además, que los representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos y de los Ministerios de Salud Pública y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología coordinen capacitaciones, dirigidas a los agentes sanitarios y demás personal de campo, en relación al Mapa de Vulnerabilidad de Agua Subterránea.

De la convocatoria participaron además de los mencionados, por el Servicio de Ingeniería y Química del CIF, el Ing. Joel Medina y José Manzano;  por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, el Dr. Virgilio Núñez; por la Secretaría de Recursos Hídricos, la Jefa del Programa Agua para Consumo Humano, Geóloga, Gabriela Pitzu; el Jefe del Programa Aguas Subterráneas, Ing. Carlos Bustamante; la Analista Química, Mónica Rodríguez y los señores Gonzalo Qüerio y Diego Muñoz; por el Ministerio de Salud de la provincia de Salta, el señor Juan Pablo Castillo y las señoras Susana Velazco y María Valdéz; por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), los señores Marcelo Ovando, Víctor Anuch, Marina Hoyos y Jerónimo López Fleming; por el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, la señora Gabriela García; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Sr. Antonio Sánchez.

Avanza el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta

En cumplimiento de lo propuesto al Procurador General de la provincia, Dr. Pedro García Castiella, por las instituciones competentes, en relación al avance en las actuaciones para cumplir con el Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta, el pasado viernes se concretó la segunda reunión prevista para delinear un plan de trabajo sostenido.

De la convocatoria participaron por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret; el Director de Informática del Ministerio Público, Lic. José Peralta; por el Servicio de Ingeniería y Química del CIF, el Ing. Joel Medina;  por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, el Dr. Virgilio Núñez; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Mauricio Romero Leal; el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Alejandro Aldazabal; el jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Antonio Sánchez López; por la Secretaría de Asuntos Hídricos, la Geóloga, Gabriela Pitzzu, la A. Quím., Mónica Rodríguez y el Dr. David Le Favi; por el Programa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la Mg. Od., María Valdéz y la médica Rosana Romano, de Vigilancia Epidemiológica; por el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Lic. Marina Hoyos, el Ing. Marcelo Ovando y el Dr. Jerónimo López Fleming.

En la oportunidad se acordó que, conforme lo dispone la Ley Provincial N° 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 3097/00, generar un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, para lo cual se debe contar con información sistematizada y actualizada sobre la situación existente, que comenzaría con un enérgico plan de censado y determinación de la totalidad de los pozos existentes en la provincia.

Para tal fin, se resolvió la conformación de una mesa de trabajo, a fin de cumplimentar una primera etapa de diagnóstico, que estará integrada por tres grupos: técnico, coordinado por el Dr. Virgilio Núñez (UNSa); jurídico, coordinado por los Dres. David Le Favi y Antonio Sánchez López; e informático, coordinado por el Lic. José Peralta.

Al término de la reunión se asumió el compromiso de designar a quienes conformarán los grupos de trabajo, en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de reunión y, cumplido este término y con un tiempo máximo de un mes, iniciar el trabajo por equipo para una nueva convocatoria, en la que se volcarán los resultados de los lineamientos que conformarán la norma técnica a emitir por parte de Recursos Hídricos de la provincia.

La Procuración General avanza en dar cumplimiento al Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta

El viernes pasado tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Procuración General de la Provincia, una reunión convocada por el Procurador General, Dr. Pedro García Castiella, en el marco de las actuaciones referidas al requerimiento de informe sobre aguas subterráneas en Salta.

Estuvieron presentes por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret y el integrante del Servicio de Ambiente del Departamento Técnico Científico del CIF, Ing. Eliseo Joel Medina; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Julio Romero Leal; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Jorge Figueroa Garzón, junto a otros funcionarios de ambos organismos; el Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Dr. Virgilio Núñez, en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal.

A 22 años de vigencia de la Ley de Medio Ambiente, las autoridades no dieron cumplimiento a lo estipulado respecto a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, es decir que releve las debilidades del sistema y los niveles de situación de riesgo existentes.

En el marco del convenio de cooperación existente y en respuesta al pedido de informe que oportunamente se hiciera, la Procuración General de la Provincia  cumplió con una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, conforme se evaluó durante la reunión mantenida con los representantes de los diferentes organismos e instituciones.

Se coincidió en la necesidad de convocar a una próxima reunión, a la brevedad, a fin de establecer de manera formal un plan de trabajo sostenido para arribar a los resultados esperados.

Cabe recordar que es competencia del Procurador de la Provincia el control de la legalidad de los llamados “derechos colectivos”.

Hasta 2019, sólo el ENRESP medía, periódicamente, las aguas de abastecimiento público e hídrico, en relación a algunos problemas puntuales, tales como arsenicismo endémico. Y, de acuerdo a lo informado en aquella oportunidad por el CIF, se poseía un padrón relativo de pozos habilitados en la provincia, con bajo nivel de precisión. Es por ello que se trabaja en base a principios de prevención y precaución, por los riesgos, tanto para la sociedad, como el ambiente, ambos involucrados de manera directa.

En el año 2000 se sancionó la Ley provincial N° 7070 de Protección del Medio ambiente (ver Sección III sobre “De las aguas subterráneas y su protección”, artículos 71 y 72 sobre sistema de clasificación de las aguas subterráneas, vulnerabilidad y elaboración de mapas de vulnerabilidad y Autoridad de Aplicación, respectivamente).