Hay más de 50 actuaciones en marcha por posibles daños al ambiente

La Procuración General de la Provincia, realizó más de 50 derivaciones de actuaciones por la problemática forestal y de desmontes a Fiscalías de capital y el interior.

La mayoría se originan en remisiones de la autoridad ambiental provincial, que al detectar infracciones con daños ambientales, pasan a ser evaluados por el Servicio Medioambiente del CIF. Luego se giran, con las exigencias de reparación correspondientes, a las Fiscalías Civiles de toda la provincia, de acuerdo al lugar donde se haya detectado el ilícito ambiental.

Otra parte de las actuaciones en las que se detectan posibles comisiones de delitos, se remite a las Fiscalías Penales para su investigación. Por otra parte, existen denuncias civiles, penales y contravencionales radicadas por particulares, realizadas directamente en las Fiscalías, que están siendo investigadas por sus titulares.

Concentran la mayor tramitación ambiental forestal la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Joaquín V. González; la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Orán; la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Laboral de Tartagal y en menor, medida las dos Fiscalías en lo Civil y Comercial, del Trabajo y lo Contencioso Administrativo N°1 y 2 del Centro y las dos Fiscalías de Metán N° 1 y 2, por su competencia Civil y Comercial. A través de la tramitación en dichas fiscalías se busca la reparación integral conforme los parámetros constitucionales y legales  y los criterios técnicos que emite el CIF en sus dictámenes forenses para cada intervención.

Algunos trámites ya han obtenido un acuerdo homologado judicialmente mediante un plan de reparación, que incluye los gastos de planificación técnica profesional, insumos y costos laborales y de ejecución por parte de los infractores. En otros casos, los Fiscales los llevan a juicio y exigen la reparación con más las indemnizaciones debidas a la sociedad, dejando las condenas en fondos públicos ambientales de la Ley 7070 para preservación.

En los casos en los que se evidencian incumplimientos a las órdenes de la Secretaría Ambiental, del Comité de Emergencia, o cuando se trata de actividades que causan daños o estragos, directamente son tramitados por las áreas penales, como oportunamente lo hicieron y hacen las Fiscalías N° 1, 3 y 4 de Capital; la de Rosario de la Frontera; de Joaquín V. González; las N° 1 y 3 de Orán; de Pichanal; de Tartagal; de Embarcación; de Salvador Mazza; de Metán y de Cafayate.

En estos últimos procesos, también el CIF elabora planes de reparación para ser requeridos al Juez y de esa forma, imponer a los infractores la restitución del bosque nativo.

Dengue, Zica y Chikunguya: Funcionarios municipales ya acceden al sistema informático para denuncias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, aprobó el instructivo del Sistema Informático de Denuncias -Informes Municipales-, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta. Estableció su uso como herramienta informática obligatoria para las Municipalidades de la Provincia, que pueden registrar sus informes por cuestiones relacionadas a las enfermedades Dengue, Zica y Chikunguya, transmitidas por mosquitos Aedes.

Oportunamente, los fiscales penales no especializados fueron instruidos para tomar intervención frente a la comisión de hechos delictivos relacionados al impedimento del ejercicio de campañas y protocolos de prevención y lucha contra la propagación del mosquito Aedes, vector del virus dengue, zika y chikungunya. (Dengue, zika y chikungunya: Fiscales penales intervendrán en la eliminación de reservorios).

Para el cumplimiento de esa resolución, la Coordinación Informática de la Procuración General, priorizó la creación de un Sistema Informativo de Denuncias – Informes Municipales-, para que las Municipalidades de la Provincia de Salta pueden registrar sus informes sobre las cuestiones relacionadas a las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes: Dengue, Zika y Chikunguya. 

La Resolución fue informada a todos los jefes comunales y el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta.

Cómo funciona el Sistema Informático de Denuncias -Informes Municipales-.

El único medio para la remisión de los informes municipales a fiscales y funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, es a través del siguiente sitio web: https://denuncias.mpfsalta.gob.ar/

El Sistema se encuentra disponible para todos los operadores habilitados de la Provincia de Salta, a través de un acceso web seguro. Para dar de alta a los operadores que utilizan el Sistema, cada Municipio debe designar al funcionario o empleado para el acceso. Son habilitados a través de un usuario y clave, otorgados por la Coordinación Informática del Ministerio Público Fiscal. Todos los datos cargados en los instructivos correctamente, serán de prueba para las investigaciones.

Las Fiscalías Penales no Especializadas deberán adoptar las medidas cautelares preventivas que correspondan, sin perjuicio de las pertinentes diligencias investigativas.

Dengue: Hay más de 20.000 terrenos baldíos en la Capital

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y el secretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Aroldo Tonini, acordaron cómo canalizar las denuncias en contra de los propietarios de inmuebles baldíos que incumplen con la obligación de mantenerlos limpios y desmalezados. La intervención penal se hará una vez que los propietarios hayan sido intimados por la comuna.

Con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito que transmite Dengue, Cornejo y Tonini firmaron un acta este martes, en la que quedó sentado que los fiscales penales competentes procederán a obtener las cautelares necesarias para permitir el ingreso y limpieza pertinente. También investigarán las conductas omisivas para evaluar eventuales imputaciones a los infractores, por delitos contra la seguridad pública del Código Penal.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, adelantó que el Ministerio Público Fiscal receptará las denuncias de los casos de quienes, en forma injustificada, se nieguen a cooperar con las tareas de prevención de sanidad pública y que por los medios pertinentes formulen los agentes municipales encargados en tal sentido.

Tonini, quien concurrió con el subsecretario de Política y Control Ambiental, Cristian Gribaudo, afirmó que los baldíos bajo supervisión en Capital, superan los 20.000 y gran parte de sus propietarios, ofrecen impedimentos u obstáculos para ingresar y proceder a las tareas, conforme la Ordenanza N° 13.652.

En el encuentro también participaron los secretarios letrados, Fátima Ruiz y Juan Sebastián Lloret.

Basura y contaminación: se tramitan unas 30 causas por daños ambientales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, convocó a los fiscales de la provincia que intervienen en causas referidas a basurales. Durante el encuentro, que también contó con la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet e integrantes del Servicio Forense de Medio Ambiente, se unificaron criterios con respecto de la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.

Los fiscales convocados este viernes son quienes tramitan actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría, se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.

Vale recordar que la ley nacional 25.916 y el artículo 105 de la ley provincial 7.070, establecen que la gestión de residuos domiciliarios recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial. La provincia se rige para ello, por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por Nación.

En consecuencia, los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos y sujetos a Estudios de Impacto Ambiental y Social, con participación social previa en audiencias públicas. Además, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

Arrojar residuos domiciliarios de forma indebida y contaminar con ellos, son infracciones contempladas en el Código Contravencional de la Provincia; y las mismas conductas con residuos peligrosos, comprenden delitos del Código Penal.

A la reunión fueron convocados funcionarios fiscales con competencia de los municipios de Salta Capital, Orán, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Guachipas, General Güemes, La Viña, La Merced, El Carril, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Campo Santo, Coronel Moldes, Santa Victoria Oeste, Chicoana, El Bordo, Nazareno, Isla de Cañas, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Rivadavia Banda Sur, El Jardín, Metán, El Tala, El Potrero, La Candelaria, Río Piedras, El Galpón y Rosario de la Frontera. También de Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Norte, General Ballivián, General Mosconi, Santa Victoria Este, Las Lajitas, General Pizarro, El Quebrachal, Joaquín V. González, Cafayate, Cachi, San Carlos, Molinos, Animaná, Angastaco, Seclantás, Payogasta, Embarcación, Iruya, Los Toldos, El Dorado, Apolinario Saravia, Aguas Blancas y Coronel Juan Solá.

Matanza de animales: piden juicio contra el finquero y su empleado

El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Roberto Flores, acusado del delito de maltrato y actos de crueldad contra animales, envenenamiento de sustancias alimenticias y amenazas en concurso real; y a Sebastián Saravia Zenteno, por el delito de crueldad contra animales y envenenamiento de sustancias alimenticias en concurso real. Advirtió que además de animales, podrían haber muerto personas.

En sus fundamentos, el fiscal Gabriel Portal consideró que se encuentra plenamente acreditada la existencia del delito y la responsabilidad penal de los imputados Roberto Flores, de 41 años y Sebastián Saravia Zenteno, de 48; “quienes crearon un peligro común porque envenenaron trozos de carne, lo que finalmente causó la muerte de cuantiosos animales”, en barrio El Refugio Ruta, sobre Ruta Provincial 87, de San Luis. Advirtió en la solicitud que “si se examina tal conducta, causó colateralmente la intoxicación de personas, quienes al entrar en contacto con sus animales que fueron envenenados, sufrieron también los efectos de la sustancia venenosa Carbofurán”. La intoxicación por órganos fosforados fue certificada por los informes de profesionales médicos incorporados a la investigación.

En esta inteligencia, advirtió Portal que además de los animales y como sucedió colateralmente con las víctimas de la carne envenenada que fueron tratadas en el sistema de salud, podrían haber tomado contacto otras personas con la carne contaminada. Sobre el peligro para la salud y la posibilidad de generar un menoscabo, perjuicio, dolor, molestia o detrimento a la víctima, dijo el fiscal que el veneno empleado por los encausados tiene la potencialidad e idoneidad para poner en peligro la salud de las personas en general, puesto que es un potente biocida.

En el decreto de requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Portal citó todas las medidas ordenadas y elementos probatorios colectados, entre los cuales se encuentran los informes policiales, inspecciones oculares, fotografías de los animales víctimas de envenenamiento (perros, caballos y aves), declaraciones testimoniales de veterinarios y vecinos, actas de secuestros, informe de allanamiento producido en el lugar de los hechos y autorizado por el juez de Garantías 4, además del informe toxicológico del CIF. También sumó un informe de la Unidad de Análisis Criminal que confirman una relación de dependencia laboral entre Saravia Zenteno y Flores, ya que el segundo es empleado del último y encargado de la finca donde ocurrieron los hechos investigados.

El fiscal Gabriel Portal solicitó al Juez, que “disponga sin demoras la elevación al Tribunal de Juicio que corresponda para la Audiencia de Debate” y que incorpore la plantilla prontuarial actualizada e informes del Registro Nacional de Reincidencia de ambos imputados.

Cambio climático: el Ministerio Público Fiscal expuso en la Conferencia de Naciones Unidas

La Procuración General de la Provincia, a través del secretario relator de Medio Ambiente, Juan Sebastián Lloret, participó de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP25, que se desarrolló en Madrid, España. El funcionario expuso sobre la importancia de la institucionalidad para atender la emergencia climática y ambiental.

Más de 25.000 representantes de 200 países se reunieron en Madrid, en la Cumbre del Clima celebrada del 2 al 13 de diciembre, para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos del cambio climático. El encuentro se desarrolló en el Centro de Exposiciones madrileño IFEMA, con la asistencia de procuradores, fiscales, ministros, magistrados, jueces y reconocidos investigadores y académicos de todo el mundo.

El objetivo de esta cumbre fue contribuir y enriquecer con los aportes y conclusiones que se generaron, a la labor del sector ambiental en general. En lo particular, sirvió para dar impulso, avance, promoción y desarrollo de soluciones para enfrentar el Cambio Climático.

La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, afirmó durante el acto de inauguración que “el drama climático es un problema global; necesitamos herramientas, compromisos y sanciones universales al problema medioambiental. Las instituciones debemos tratar de llegar tan pronto como la ciudadanía lo requiere porque es una emergencia, desde su perspectiva coercitiva”.

Por otro lado, luego de dar la bienvenida a los fiscales de Europa y Latinoamérica presentes, el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de España y vicepresidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa (CCPE), Antonio Vercher Noguera explicó los pormenores de la tarea fiscal en los respectivos países para enfocar la cuestión ambiental climática y utilizó para exponer de un modo práctico, el sonado caso de la contaminación atmosférica y las consecuencias del aumento del tránsito en Madrid central.

Además, expusieron el químico alemán Horts Büther, miembro de la Red de la Unión Europea para la implementación y aplicación del Derecho Ambiental (IMPEL), el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia, Álvaro García Ortiz y el fiscal delegado de Barcelona, Antonio Pelegrin.

Al cierre, se realizó una mesa redonda con diálogo de conclusiones, a la que fue invitado el relator ambiental Juan Sebastián Lloret, relacionada con incendios forestales, contaminación producida por grandes cruceros y contaminación atmosférica urbana, temas directamente conectados con el problema del cambio climático.

Lloret hizo un repaso de todo lo expuesto en la actividad y al retomar las palabras de la Ministra sobre la necesidad de una institucionalidad global para la atención de la emergencia climática y ambiental, expuso que la madurez alcanzada por la rama fiscal ambiental en muchos países y la vinculación que se ha logrado entre estos organismos especializados de persecución, ha llevado a que se aceleren los tiempos, producto de la cooperación y asistencia mutua internacional para el combate de la contaminación, lo cual confirma la idoneidad como instrumento, de la especialización en la materia.

La Procuración pidió informes sobre contaminación en aguas subterráneas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, requirió informes a diferentes entes sobre la situación de las aguas subterráneas en el territorio. Ante la falta de respuestas, dio intervención al CIF y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. Se evaluarán nuevas medidas.

Motivado por la posibilidad de que el agua de consumo humano procedente de explotaciones subterráneas resulte pasible de contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas, el Procurador elevó la consulta a los organismos de vigilancia provincial.

En primer lugar, requirió a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica Provincial explicaciones sobre las políticas de protección implementadas. Dicha Coordinación informó que no posee registros sobre aguas subterráneas; que aplica las normas de vigilancia a través de los centros de salud, y solo cuando existen casos puntuales de foco de patologías hídricas, coordina tareas con Aguas del Norte (CoSAySA). Por último, expuso que realiza el control sistemático sobre aguas envasadas.

Por otra parte, la Procuración pidió informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia respecto de su desempeño en la concesión de usos especiales de aguas subterráneas y su monitoreo; sobre los sancionados por generar efectos dañosos sobre las aguas y sobre la obligación de hacer un inventario actualizado anualmente, que establezca su grado de contaminación, conforme le exige el Código de Aguas Provincial. La autoridad hídrica contestó que no cuenta con la información de mapas de vulnerabilidad de acuíferos por falta de infraestructura. Además, informó que está empezando a realizar mapas de calidad de agua, con datos disponibles por regiones y en base a la concentración de algunos elementos físico-químicos. Por último, detalló las tareas de avance del mapa de riesgo de arsénico de Salta.

Los entes tienen el deber de realizar la clasificación y mapeo de las aguas subterráneas en relación a su vulnerabilidad, ya que es una obligación que pesa sobre sus autoridades desde la entrada en vigencia del Decreto N° 3097 del año 2000.

Tras el análisis de estos informes, el Procurador General decidió ampliar el pedido y se dirigió al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), a fin de que detalle la explotación subterránea de acuíferos para extracción de agua para consumo humano que realiza la prestadora provincial; la vigilancia sistemática realizada sobre su cantidad y calidad y especialmente sobre contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas y las políticas de protección implementadas. El ENRESP todavía no contestó.

Ante la falta de implementación de los instrumentos de control detectados, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo requirió la intervención del Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

Con los resultados de los exámenes solicitados, la Procuración determinará los pasos a seguir para adoptar nuevos cursos de acción que permitan conocer fehacientemente el estado de potabilidad de las napas subterráneas de la provincia y las posibles consecuencias ante el incumplimiento de normativa vigente sobre la información requerida.

Matanza de animales: amplían la imputación contra el finquero y el encargado

El fiscal penal de Cerrillos e interinamente a cargo de la fiscalía de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, formalizó la acusación contra Sebastián Saravia Zenteno y Roberto Flores por el delito de envenenamiento de sustancias alimenticias. Ambos estaban ya imputados por el delito de maltrato y actos de crueldad contra animales. Flores también está acusado de amenazas en concurso real.

En el decreto de ampliación de imputación, el fiscal Portal citó todas las medidas ordenadas, los elementos probatorios colectados hasta el momento, entre los cuales se encuentran informes policiales, inspecciones oculares, fotografías de los animales víctimas de envenenamiento, declaraciones testimoniales de veterinarios y vecinos y actas de secuestros, informe de allanamiento producido en el lugar de los hechos y autorizado por el juez de Garantías 4, además del informe toxicológico del CIF e informes de la Unidad de Análisis Criminal que confirman una relación de dependencia laboral entre Saravia Zenteno y Flores, ya que el segundo es empleado del último y encargado de la finca donde ocurrieron los hechos investigados.

Y dijo Portal que los hechos encuadrarían prima facie en el delito de envenenamiento de sustancias alimenticias, contemplado en el Art. 200 del Código Penal, ya que “…se encuentra plenamente acreditado que los encausados crearon un peligro común, puesto que envenenaron trozos de carne, lo que finalmente causó la muerte de cuantiosos animales, pero si se examina tal conducta, la misma causó colateralmente la intoxicación de dos personas, quienes al entrar en contacto con sus animales que fueron envenenados, sufrieron también los efectos de la sustancia venenosa Carbofurán”. La intoxicación por órganos fosforados fue certificada por profesionales médicos incorporados a la investigación.

En esta inteligencia, advirtió Portal que además de los animales y como sucedió colateralmente con las víctimas de la carne envenenada que fueron tratadas en el sistema de salud, podrían haber tomado contacto otras personas con la carne contaminada.

Sobre el peligro para la salud y la posibilidad de generar un menoscabo, perjuicio, dolor, molestia o detrimento a la víctima, dijo el fiscal que “el veneno empleado por los encausados tiene la potencialidad e idoneidad para poner en peligro la salud de las personas en general, puesto que es un potente biocida”.

Matanza de animales: Denunciantes adhieren a la apelación de la Fiscalía

Roxana Belbruno y Serge Goujon residen en barrio Mi refugio, de San Luis, donde murieron numerosos animales como consecuencia de la “siembra” del agrotóxico Carbofurán. Fueron recibidos este martes por el procurador general Abel Cornejo, quien escuchó atentamente la crónica de los hechos y la posición de ambos sobre los delitos que se investigan.

Belbruno calificó como “altamente fructífera” la reunión con el Procurador, porque pudo exponer su visión sobre la problemática ecológica generada a partir del envenenamiento de animales, y que según su criterio, requiere del abordaje como daño ambiental y no solo como maltrato animal. Lo hizo al referirse al caso por el cual están imputados Roberto Flores y Sebastián Saravia Zenteno por maltrato y actos de crueldad contra animales. El primero también fue imputado por amenazas en concurso real.

“Pude hacer una exposición extensa y detallada sobre las consecuencias del veneno en el ambiente y destacar la labor del fiscal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, quien supo explotar en la investigación lo señalado”, afirmó Roxana Belbruno, quien anunció que acompañarán a través de una adhesión formal, la apelación interpuesta por la Fiscalía a la libertad otorgada a los imputados por parte del Juez de Garantías interviniente.

Es que el martes 12, el fiscal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal interpuso un recurso de apelación contra la resolución que el 8 de noviembre pasado dispuso ordenar la libertad de los imputados Roberto Flores y Sebastián Saravia Zenteno. Portal pidió que se revoque dicha resolución y se deje sin efecto la concesión del beneficio de la libertad. Mencionó que el juez interviniente “ha entorpecido la labor de este Ministerio Fiscal y ha generado con mayor intensidad el riesgo procesal”. Y recordó el fiscal que en barrio El Refugio, sobre ruta provincial 87, donde residen unas 60 familias, los imputados “al arrojar sobre una extensión del terreno que bordea la finca donde realizan su actividad de lucro, trozos de carne conteniendo Carbofurán, ocasionaron un daño a la comunidad”.
Al término del encuentro, Belbruno agradeció al Procurador por “abrir las puertas a los ciudadanos” y permitir que se ofrezcan todos los detalles del caso relevados por los protagonistas, ya que “las consecuencias ambientales todavía no fueron consideradas en su magnitud por los organismos estatales que deben evaluar dicho daño”, sentenció.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue adelante con distintas medidas cuyos elementos probatorios permitirían agravar la calificación que pesa sobre ambos imputados.

Matanza de animales: no hay carbofurán en las muestras de agua analizadas

En el marco de la investigación por la muerte de animales en El Refugio, el CIF descartó en un primer informe la presencia del veneno carbofurán en agua de red y de pozo. Se trata de un pesticida de carbamato cuyo uso está prohibido en Argentina.

La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo interinamente del fiscal de Cerrillos, Gabriel Portal, ordenó el análisis de agua de pozo y de red en el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia de dos vecinas de San Luis, departamento capital, por la muerte de animales registrada en un predio ubicado sobre Ruta Provincial 87, a partir del 30 de octubre pasado. A la primera denuncia se sumaron otras.

Profesionales del CIF tomaron muestras de agua del grifo y pozo que abastece el consumo humano de las viviendas de dos adultos (un hombre y una mujer), quienes presentaron síntomas de intoxicación. Las muestras obtenidas y que fueron procesadas desde el 7 de noviembre, no detectaron la presencia del pesticida. Sin embargo, se realizará un segundo informe para confirmarlo.

Previamente, el CIF confirmó que el veneno utilizado para matar a los animales a través de carne contaminada, fue carbofurán, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos y cuyo uso se encuentra prohibido en Argentina.

Las actuaciones se enmarcan en la causa por la cual están imputados Roberto Flores y Sebastián Saravia Zenteno por maltrato y actos de crueldad contra animales. Flores también fue imputado por amenazas en concurso real.