Juicio Unidad Carcelaria 1: Tres testigos brindaron su testimonio

El Tribunal de Juicio y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Esta mañana se desarrolló una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

El primer testigo del día fue un abogado de la matrícula, quien había sido mencionado en una audiencia anterior cuando un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, presentó el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados. La Fiscalía lo interrogó sobre los mensajes que intercambió con el guardiacárcel.

Luego, prestó testimonio un oficial que en 2021 se desempeñaba en el Departamento de Sanidad de la UC1 y que tenía buen concepto del oficial Magno, quien colaboraba con la División Sanidad. La Fiscalía le consultó si el funcionario ingresaba al penal para entregar medicamentos a los internos. Manifestó que sí y que ingresaba con el personal de turno y que podía suceder que uno fuera para un lateral y otro para el otro lado, para agilizar.

Por último, declaró un oficial que actualmente se desempeña en el área de Monitoreo de la Unidad Carcelaria 1 y que, entre marzo y diciembre de 2023, estuvo a cargo de la Jefatura de los pabellones A1, YJ y B1. Explicó que conoce el término “voleo” y señaló que, mientras antes se registraban principalmente en los días de visita, en la actualidad ocurren cualquier día de la semana. Indicó como sectores más frecuentes el campo de deportes y los muros colindantes con la vía pública.

En relación con su experiencia en el pabellón A1, relató que se secuestraba un celular por semana. En cuanto a drogas, dijo que durante el mes y medio que estuvo a cargo se realizaron incautaciones, aunque no recordó ni la cantidad ni los internos involucrados.

Por la tarde, el Tribunal y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Continuó la ronda de testigos ofrecidos por las defensas

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Continuó la ronda de testigos ofrecidos por las defensas

Una investigadora relató que vio a un funcionario penitenciario ingresar a la casa de la madre de un interno con una mochila y retirarse con la mochila y una bolsa blanca.

Cinco testigos prestaron declaración en la duodécima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

La primera testigo declaró no conocer a ninguno de los acusados y que lo único que sabía de la causa es que había sido citada porque su hermana había usado su billetera virtual para transferir dinero a Raúl Arjona (uno de los imputados) para que le llevaran una vianda a su cuñado, interno del penal alojado en el Pabellón A1 y A2. Dado que la declarante había manifestado que hasta 2019 tuvo un hermano alojado en el penal y ahora se encontraba el marido de su hermana, la Fiscalía le consultó si a los detenidos no les daban de comer en la Unidad Carcelaria. Lo que sé es que sí les dan de comer, pero mi hermana pagaba para que le lleven la vianda”, respondió.

La siguiente deponente fue justamente la hermana, quien precisó que en al menos diez oportunidades había transferido dinero a María Inés Méndez. Al ser consultada por los fiscales sobre el motivo, manifestó que su marido así se lo había solicitado pues le iban a dar comida.

La mujer dijo que su marido tenía problemas de adicción al ser detenido y que, en la actualidad, desconocía qué es lo que hacía en el penal y si su adicción continuaba.

En tercer término declaró una oficial de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien había participado en tareas de vigilancia frente al domicilio de la imputada Méndez. Relató que, en la tarde del 1 de diciembre, mientras permanecía en un automóvil frente a la vivienda, observó la llegada de un vehículo blanco. Su ocupante, que llevaba una mochila negra, fue recibido por Méndez, quien lo saludó e invitó a ingresar.

La investigadora informó de inmediato lo ocurrido a su superior y, al cotejar la patente, se le comunicó que el vehículo estaba registrado a nombre de Luis Castaño, funcionario del Servicio Penitenciario. Añadió que, al retirarse, Castaño portaba la mochila y una bolsa de tela blanca con vivos rojos. Finalmente, fue seguido hasta un inmueble que luego se confirmó como su residencia.

Luego prestó declaración una mujer, quien dijo ser amiga del oficial Castaño desde que eran chicos y que en los primeros días de diciembre de 2023 fue a su casa a tomar algo y que se quedaron charlando. Precisó que se trataba de un hombre que quería mejorar, que vivía en la casa de su madre y que allí colaboraba con el pago de servicios, comida y que daba plata a su hija. Precisó que su salario del Servicio Penitenciario era, por lo menos, $200.000 menor que el de ella.

Ante la pregunta de la defensa sobre el conocimiento que Castaño tenía de la tecnología, la testigo aseguró que eran limitados y que él usaba la aplicación del banco para saber si le habían depositado el sueldo y luego retiraba el efectivo del dinero. Como ejemplo, mencionó que al intentar constituir su primer plazo fijo quiso hacerlo por 800 mil pesos, pero lo realizó por 800 pesos, y debió acudir al banco para que le explicaran el procedimiento. Luego la defensa le consultó si sabía con qué dinero constituyó los plazos fijos. La mujer afirmó que con lo que le iba quedando de su sueldo.

Por último, declaró un tío de Castaño, quien también es vecino de “toda la vida” de María Inés Méndez. Contó que conocía a toda la familia y que el hermano de la imputada era su amigo íntimo. Relató que, como el padre de Castaño le comentó que su hijo tenía problemas con el título secundario, él le sugirió que consultara a Méndez, ya que trabajaba en el Ministerio de Educación. Dijo desconocer si finalmente llegó a hacerlo.

Con esta declaración, se dio por concluida la jornada. Mañana se espera el testimonio de otras seis personas y, por la tarde, el Tribunal y las partes realizarán una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Testigos declararon sobre inconsistencias en actas y concesión de beneficios a internos

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Testigos declararon sobre inconsistencias en actas y concesión de beneficios a internos

Durante la audiencia quedó de manifiesto que, a un interno que cometió una falta grave, el Consejo Correccional le concedió el beneficio de extramuros.

En una nueva jornada del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares declararon tres nuevos testigos. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

El primero en declarar fue un auxiliar administrativo del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, quien en el período investigado trabajó junto al acusado Sergio Guaymás, secretario de actas.

Declaró que en 2021 se confeccionaron algunas actas generales, mientras que en 2022 no se realizaron. Precisó que Guaymás ordenó confeccionar todas las actas generales de ese año el mismo día en que fue relevado como secretario de actas.

Luego, la defensa presentó como testigo a un investigador de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien en esa ocasión cumplía funciones de chofer durante una vigilancia sobre una de las imputadas. El testigo relató que, en la tarde del 1 de diciembre, mientras permanecía en un automóvil frente al domicilio de María Inés Méndez, observó la llegada de Luis Castaño con una mochila negra. Señaló que el hombre ingresó a la vivienda y que al salir, además de la mochila, portaba una bolsa de tela blanca con vivos rojos. Posteriormente, Castaño fue seguido hasta un inmueble que se corroboró como su residencia.

Finalmente, la defensa de otro de los acusados convocó a declarar a un alcaide del Servicio Penitenciario, quien en 2022 se desempeñaba como jefe del penal. Afirmó que tanto Bisceglia como Castaño cumplieron sus funciones sin sanciones disciplinarias y que nunca tuvo conflictos con la exdirectora Carina Torres.

A pedido de una defensora, el testigo reconoció su firma y procedió a leer el acta individual de un interno, fechada el 23 de septiembre de 2021. En ella se consignaban los antecedentes del detenido y se concluía con la aprobación de su pedido de trabajo extramuros. El documento enumeraba a los funcionarios que habían intervenido en la reunión del Consejo, aunque el testigo reconoció que sólo figuraban su rúbrica —como presidente en esa ocasión— y la de otro integrante. Respecto del acta general correspondiente a esa sesión, dijo desconocer si había sido confeccionada.

La Fiscalía le preguntó qué ocurría cuando a un interno se le incautaba un elemento prohibido. Respondió que se trataba de una falta grave sancionada disciplinariamente y que, por cada cinco días de sanción, se descontaba un punto en la calificación de conducta.

En ese momento, se le pidió leer un acta fechada el 31 de marzo de 2021, en la que constaba que al mismo interno se le habían secuestrado un teléfono celular, dos chips y un cargador. En otro documento, se establecía que, a pesar de la incautación de esos elementos, el interno no recibiría ninguna sanción.

Frente a esa evidencia, el Ministerio Público consultó cómo había sido posible que, apenas cinco meses después de haber cometido una falta grave, se le otorgara igualmente el beneficio solicitado.

El rol del Consejo Correccional

De acuerdo con lo señalado por numerosos testigos a lo largo del debate, el Consejo Correccional es el órgano colegiado encargado de evaluar el tratamiento penitenciario y dictaminar sobre los beneficios a los que pueden acceder los internos. Para emitir resoluciones analiza la progresividad de la pena, informes criminológicos, psicológicos, médicos y sociales, así como la calificación de conducta y concepto, que constituye un indicador central sobre la evolución personal y la posibilidad de reinserción social.

El cuerpo está presidido por el vicedirector del penal y lo integran responsables de distintas áreas. Los jefes de pabellón participan en calidad de informantes sobre el comportamiento cotidiano de los detenidos. Según lo expuesto en la audiencia, las calificaciones de conducta y concepto se realizan trimestralmente bajo escalas reglamentadas y pueden verse modificadas por sanciones disciplinarias. Estas evaluaciones resultan determinantes para definir el acceso a beneficios como salidas transitorias, régimen de semilibertad, trabajo extramuros o programas de prelibertad.

Las reuniones del Consejo son semanales y deben quedar registradas en un Acta General suscripta por todos los asistentes, además de actas individuales por cada interno tratado. En estas últimas se consignan antecedentes, informes y la decisión adoptada. Cuando el Consejo emite un dictamen favorable, el acta se eleva al director del penal.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Exdirector de la UC 1 reconoció deficiencias en los controles de ingreso al penal

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Exdirector de la UC 1 reconoció deficiencias en los controles de ingreso al penal

También reconoció que existen problemas de consumo en la población carcelaria. Otros testigos se refirieron a hechos de violencia y secuestro de sustancias en el penal.

La décima jornada de la audiencia de debate seguida contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos del penal y familiares, inició con la ronda de testigos ofrecidos por las defensas de los acusados.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio está conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar.

En primer término declaró Roberto Vilte, quien en 2022 se desempeñaba como director de la Unidad Carcelaria 1. Señaló que tenía un buen concepto de los acusados Bucotich, Guaymás, Castaño y Bisceglia. Consultado por la defensa sobre qué entendía por comercialización de estupefacientes y si durante su gestión tomó conocimiento de hechos de esa naturaleza, manifestó que nunca tuvo información de situaciones vinculadas a ello.

Al ser interrogado por la Unidad Fiscal acerca de la problemática de drogas en el penal, refirió que durante su gestión se produjo un incidente en el Pabellón A2, una gresca entre dos grupos, en la que no se secuestró sustancia alguna, aunque estimó que el conflicto estuvo motivado por estupefacientes.

Sostuvo que los registros y requisas son eficaces siempre que el personal cumpla adecuadamente sus funciones. Afirmó que en su período esos controles se realizaban de manera correcta y dijo no recordar casos concretos de ingreso de drogas, ya sea a través de las visitas o del personal penitenciario.

Frente a esa respuesta, la Unidad Fiscal le preguntó si consideraba que existían problemas de consumo dentro del penal. Tras su reconocimiento afirmativo, se le solicitó que explicara cómo podía darse esa situación si no se detectaban casos de compraventa ni de ingreso de sustancias. También el Tribunal lo consultó sobre el modo en que la droga llegaba al establecimiento.

El testigo atribuyó dicho ingreso al sistema de “voleo”, al contacto con las visitas y, eventualmente, al propio personal penitenciario. Finalmente, admitió que “tenemos fallas en el sistema de control”.

Respecto al sistema de “voleo” -mecanismo por el cual se arrojan sustancias desde el exterior hacia los patios internos-, la Unidad Fiscal le preguntó cómo se determinaba el horario y la persona que recibiría la droga. Vilte respondió que presumía que la coordinación se realizaba a través de teléfonos celulares, pese a estar prohibido su uso por parte de los internos.

En esa misma línea, la Unidad Fiscal le consultó cuánto tiempo permanecían los internos en los patios y qué dimensiones tenían los mismos. El exdirector de la Unidad Carcelaria 1 indicó que era una hora diaria y que el espacio a custodiar abarcaba aproximadamente 200 metros.

Por su parte, el Tribunal le preguntó cuál era el procedimiento seguido en caso de secuestro de puntas carcelarias. Explicó que, tras labrar el acta correspondiente, las armas eran remitidas al área de Sumarios y guardadas en un cofre bajo llave hasta ser retiradas del establecimiento, y aclaró que nunca podían quedar en un cajón. Señaló además que, a su entender, un cuchillo no constituía una punta carcelaria, aunque ante nuevas preguntas del Tribunal reconoció que se trata de un elemento prohibido y peligroso.

También se lo consultó si, frente a una nota presentada por un interno al jefe de pabellón para solicitar un trámite, quedaba constancia del pedido. Respondió que no.

Finalmente, a requerimiento de la defensa, describió las reacciones de los internos tras una requisa: resignación ante el secuestro de elementos o, en su defecto, hostilidad frente al procedimiento. En el mismo sentido, la Fiscalía quiso saber cuál era la actitud de un guardiacárcel ante una denuncia formulada en su contra por un interno. Ante cuestionamientos de la defensa respecto de la pertinencia, se desistió de la pregunta.

Posteriormente declaró la hermana de uno de los imputados (B), quien además tenía a otro hermano (A) detenido durante el período investigado. Señaló que en aquella época su hermano (A) solía comunicarse para pedirles transferencias de dinero, hasta que en un momento ya no pudieron asistirlo. Explicó que dejaron de tener noticias suyas y que, cuando su hermano menor (B) concurrió a visitarlo al penal, se enteró de que (A) había sido agredido por las deudas que mantenía y, como consecuencia, internado en el Hospital San Bernardo.

El tercer testigo de la jornada fue Milton Santacruz, quien se desempeñó como jefe del pabellón E1 entre junio y septiembre de 2022. Precisó que cumplía funciones en el turno tarde, mientras que Bisceglia lo hacía en el turno mañana.

Recordó un secuestro importante de sustancias realizado en la puerta de la celda 23, detectadas por canes. Explicó que, en casos de este tipo, se labra un acta de secuestro y la sustancia incautada se traslada, bajo cadena de custodia, al Área de Sumarios, que a su vez da intervención a la División Drogas Peligrosas de la Policía.

Consultado acerca de si en tales circunstancias se daba aviso a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), respondió que no.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Presentaron el contenido de los celulares secuestrados a los acusados

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Presentaron el contenido de los celulares secuestrados a los acusados

Durante la audiencia se expusieron informes sobre celulares incautados, que revelaron mensajes, llamadas y registros vinculados a las maniobras investigadas.

En el inicio de la tercera semana de la audiencia de debate seguida contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, prestó declaración la actual secretaria de actas del Consejo Correccional. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella  y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

La testigo relató que, al asumir en noviembre de 2022, detectó irregularidades en la documentación: actas incompletas de 2021 y la ausencia total de registros entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2022. En total, había 54 reuniones sin asentar.

Señaló que, al comenzar, realizó una auditoría interna y presentó un informe en diciembre de 2022. En total había 54 actas sin registrar. Entre los hallazgos, advirtió carpetas de internos desactualizadas o incompletas, donde deberían figurar calificaciones de conducta y concepto notificadas trimestralmente. Detectó que algunos internos eran calificados de manera discontinua y que se aplicaban criterios diferentes según los casos.

Al asumir el 16 de noviembre de 2022, ya se había realizado la calificación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que debía presentarse en los primeros diez días de octubre. Esa evaluación abarcó 165 condenados y 4 procesados, pero no se registraban actuaciones de reconsideración ni elevación de conducta y concepto.

Luego, prestó testimonio un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien participó del allanamiento de la vivienda del alcaide Francisco Bisceglia. Detalló que se secuestró un cuaderno de tapa dura con anotaciones sobre unidades carcelarias y distribución de medicamentos entre internos, además de hojas arrancadas. También se incautaron registros bancarios, documentación vinculada a detenidos y planillas sobre sus situaciones procesales.

Se encontraron fojas con datos de internos, nombres de personas y números de teléfonos celulares, entre ellos el de un interno involucrado en el episodio de las cajas de pizzas, junto con referencias a condenas y derivaciones. En el pasillo de la vivienda se hallaron 45.000 pesos en efectivo, envueltos en planillas que contenían listados de internos y referencias a sesiones ordinarias del Consejo Correccional. Toda la documentación fue debidamente embalada y sometida a cadena de custodia.

El oficial también elaboró un análisis sobre movimientos bancarios de una cuenta del Banco Macro perteneciente a Luis Roberto Castaño, verificando gastos habituales por montos bajos en relación a su salario y detectando un plazo fijo de un millón de pesos cercano a los allanamientos, lo que hizo presumir ingresos no declarados.

Otra de sus tareas fue el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a Sergio Moya. La extracción de datos se realizó con la herramienta forense UFED de Cellebrite. Del examen de mensajes y conversaciones se estableció que Moya se identificaba como “Messi”, que se desempeñaba como personal penitenciario de alto rango y que, en paralelo, cumplía funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, presentándose como mano derecha del entonces subsecretario de Gobierno.

En las conversaciones con un contacto agendado como “Gustavo”, Moya solicitó en reiteradas oportunidades la intervención respecto de un interno para trasladarlo de pabellón pese a su mala conducta. Otras interacciones revelaron comunicaciones con un abogado y relaciones de amistad, con invitaciones a actividades sociales.

Finalmente, otro investigador de la misma unidad explicó que uno de los teléfonos analizados, identificado por su IMEI, pertenecía a un subjefe de la UC1 y fue secuestrado en un cajón de una oficina del Servicio Penitenciario. Se determinó que era un teléfono corporativo. En un segundo dispositivo, marca Samsung, se encontraron mensajes de WhatsApp con una mujer, donde se evidenciaba comunicación entre un interno y una persona externa que le escribía en secreto. Se presentaron además los análisis de otros dispositivos con conversaciones entre varios de los acusados.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: testigo admitió dar propinas por la protección de su hermano

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: testigo admitió dar propinas por la protección de su hermano

También declaró un exinterno de la Unidad Carcelaria 1, quien identificó a miembros del Servicio Penitenciario e internos involucrados en la venta de estupefacientes y en la obtención de beneficios. Relató numerosas vejaciones, humillaciones y amenazas.

En la octava jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, la actividad inició con el testimonio de dos peritos especializados en trabajo social.

Los profesionales —uno del Ministerio Público Fiscal y otro del Poder Judicial— elaboraron informes que describieron la situación sociofamiliar, laboral y educativa de varios imputados, así como sus condiciones de vida previas a la detención. Explicaron que el análisis incluyó antecedentes de crianza, redes de apoyo, vínculos comunitarios y posibles consumos problemáticos, con el fin de aportar al Tribunal un panorama integral sobre el contexto personal de cada uno.

En tercer lugar declaró el hermano de Lautaro Teruel, interno de la UC 1, mencionado por un testigo como una de las personas que habría obtenido beneficios a cambio de dinero. Relató que, debido a la notoriedad de su padre y a la exposición mediática del juicio, su familia recibió múltiples amenazas en su casa, en la vía pública y por redes sociales.

Afirmó que a su hermano le advertían que “lo iban a violar” y que, ante esa situación, decidió pedir ayuda a Baldomero Darío Córdoba, amigo suyo desde hace veinte años, quien también tiene un hermano alojado en el penal. Consultado sobre por qué no denunció las amenazas, respondió que la causa de su hermano fue “arbitraria” y que no confiaba en la justicia. Según su testimonio, tras recurrir a su amigo cesaron las agresiones y su hermano estuvo a salvo, por lo que consideró que la “protección” funcionó y que, de estar en la misma situación, volvería a actuar igual.

En su declaración admitió que le entregó a Córdoba dinero en efectivo en dos oportunidades y realizó una transferencia bancaria, a modo de «agradecimiento» por proteger a su hermano. «Como una propina que uno da en un lugar cuando te atienden bien», manifestó. Además, dijo suponer que el dinero llegó al funcionario del Servicio Penitenciario. “Estas personas nos ayudaron. Estamos agradecidos”, afirmó.

Agregó que no tenía contacto directo con el guardiacárcel, aunque sabía que lo apodaban “Chato”, y que muchas veces recibía de él información sobre el estado de su hermano o la llegada de insumos médicos que la familia enviaba.

Al finalizar este testimonio, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— anunció que reservaba la posibilidad de ampliar la imputación por el delito de cohecho.

Luego, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dispusieron que los acusados fueran retirados de la sala para que prestara declaración un exinterno de la UC 1. Desde el inicio, este manifestó sentir gran temor por su vida y relató que días atrás dos hombres se presentaron en su vivienda, se identificaron como miembros de la Brigada y dijeron venir de parte de la fiscal Salinas Odorisio, con la intención de llevarlo. Señaló que logró ocultarse y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.

Explicó que cumplió una condena de cuatro años en los pabellones A1 y A2, donde convivió con el “Gordo” Méndez, a quien señaló como uno de los que comercializa drogas. Debido a su adicción, contrajo deudas que no pudo pagar, por lo que fue agredido y amenazado de muerte. Al no recibir ayuda de su familia, recurrió a su hermano. Indicó que, a cambio de perdonarle la deuda, Méndez le impuso que su hermano —uno de los acusados en la presente causa— debía cumplir sus órdenes, entre ellas llevar algo a la casa de su madre.

Durante más de una hora, el testigo describió numerosas vejaciones y humillaciones sufridas mientras estuvo detenido en el penal de Villa Las Rosas. Mencionó que, antes de acudir a su hermano, fue agredido de tal forma que pasó una semana internado en el hospital San Bernardo y que, al regresar a su celda, no podía moverse por los dolores.

También detalló cómo se obtienen beneficios, el ingreso de sustancias estupefacientes e identificó a miembros del Servicio Penitenciario involucrados. Al finalizar su declaración, el Tribunal dispuso asignarle una consigna permanente.

La jornada continuó por la tarde con el testimonio de otros seis testigos: otro exinterno y cinco familiares de detenidos, quienes admitieron haber realizado transferencias de dinero a Moya por pedido de los internos. Tras ello, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

 

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: La Fiscalía solicitará investigar al vicedirector de la UC1, detenido y liberado durante su declaración en el juicio

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: La Fiscalía solicitará investigar al vicedirector de la UC1, detenido y liberado durante su declaración en el juicio

En la séptima jornada del juicio por la presunta red narcocriminal en el penal de Villa Las Rosas, el funcionario aseguró que las puntas secuestradas en la oficina de Jefatura no son puntas, que no están prohibidas y que los internos las usan para sacar punta a los lápices. Dijo que, para él, las puntas tienen más de 40 centímetros o son arpones de más de un metro de largo.

El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, ordenó la detención de Marcelo Romero, subdirector de la Unidad Carcelaria 1, hasta el cierre de la audiencia. La medida se adoptó ante el pedido de la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto- de relevarlo de su juramento, al considerar que con su declaración se estaría autoincriminando y configurando un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal dispuso su liberación. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, adelantó que solicitará que se investigue al testigo.

Romero fue el primer testigo de la jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en el penal de Villa Las Rosas. Desde el 12 de enero de 2023 ocupa el cargo de jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia.

En su declaración, explicó que las requisas a los internos se realizan de forma general o sorpresiva, sin previo aviso al jefe del pabellón. Detalló que, en caso de secuestro de celulares, droga o puntas carcelarias, se labra el acta de sumario correspondiente y los elementos son trasladados por el sumariante. Indicó que los celulares se remiten con cadena de custodia y que las puntas quedan en la oficina de Sumarios para su posterior destrucción, sin que puedan permanecer en la oficina del jefe de pabellón.

Las “puntas carcelarias” son elementos punzo-cortantes, habitualmente utilizados entre los internos como armas, en eventuales enfrentamientos entre los reclusos.

Consultado sobre las puntas secuestradas en el escritorio del jefe de pabellón, identificado como Bisceglia, señaló que, a su criterio, “no son puntas sino punzones chicos” y que no se trata de elementos prohibidos. Aclaró que distingue dos tipos de puntas: las tipo «arpón», de más de un metro, elaboradas por internos con palos, y otras de más de 40 centímetros.

La Fiscalía solicitó la exhibición de fotografías de los elementos secuestrados. Tras observarlas, Romero ratificó que no reúnen las características de puntas y afirmó que “los presos las usan para sacar punta al lápiz”.

Sobre el escritorio donde fueron hallados, explicó que no es de uso exclusivo del jefe de pabellón, sino que también lo utilizan él y otras cinco personas, entre ellas Clemente, Zanier y Maita. Consultado sobre si había indagado por qué se encontraban allí los elementos, respondió que no lo hizo.

En cuanto a los celulares secuestrados el día del allanamiento, dijo recordar un solo aparato, de uso institucional, que estaba desarmado. La Unidad Fiscal solicitó que conste en actas que se habían secuestrado varios aparatos.

Durante su testimonio, sostuvo que el consumo de drogas en el penal había aumentado considerablemente y que antes los internos consumían a escondidas en los baños, situación que ya no se repite. Indicó que semanas atrás se habían secuestrado más de 200 dosis de pasta base.

Afirmó que la mayor cantidad de droga ingresa por los muros, mediante el sistema denominado “voleo” o “paloma”. Explicó que, aunque las cámaras permiten identificar al interno receptor, no pueden actuar porque la droga desaparece de inmediato. Señaló que la coordinación para estos ingresos probablemente se realice por teléfono celular y que también se introduce droga a través de las visitas.

Al ser consultado sobre el interno que prestó testimonio el viernes pasado, quien aseguró que había sido golpeado y encerrado por él en una celda de aislamiento por 60 días tras declarar en contra de los miembros del Servicio Penitenciario, Romero negó los hechos. Manifestó que se trata de maniobras del interno, que es adicto y que inventa situaciones para poder salir al Ragone. Precisó que sí había sido trasladado al Pabellón G, que es para presos con mala conducta, pero que esto había sido decidido previo a su declaración en la Fiscalía.

En cuanto al otro interno, que le había pedido audiencia para poder recibir visitas, dijo que le indicó que se lo solicitara por escrito. Consultado sobre si se había hecho efectiva, manifestó que nunca le presentó la nota y que él “todos los días está a full y se le pasó preguntar”.

Por su cargo de vicedirector, Romero preside el Consejo Correccional, organismo encargado de evaluar el concepto y la conducta de los internos que solicitan beneficios como salidas a extramuros, transitorias o prisión condicional.

Respecto del personal acusado, consideró que los imputados Bisceglia y Guaymás tenían una conducta aceptable. Agregó que mantiene un fuerte enfrentamiento con Carina Torres, la exdirectora general del Servicio Penitenciario que denunció a la red ante el Ministerio Público Fiscal, a quien también denunció.

Luego declararon familiares de internos de la UC1. Una de ellas señaló que realizó, a pedido de su hijo,  transferencias de dinero a distintos números de CBU que le pasaba su hijo. Una mujer agregó que se reunió en la terminal de ómnibus con un miembro del Servicio Penitenciario para entregarle un teléfono celular destinado a su hijo y dinero en efectivo por el ingreso.

También prestaron testimonio tres empleados del Servicio Penitenciario que desempeñaban tareas administrativas en el Consejo Correccional y habían trabajado con el acusado Guaymás. Indicaron que, durante el período investigado, no se realizaron reuniones del Consejo.

Uno de ellos contó que, al incorporarse al área, aprendió las tareas siguiendo las indicaciones de Guaymás y reconoció que nunca leyó el Reglamento del Servicio Penitenciario.

 

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Demoraron a un subalcaide por responder con evasivas e incurrir en contradicciones

En la jornada, ocho miembros del Servicio Penitenciario declararon sobre el sistema para otorgar beneficios y los mecanismos de control en el ingreso al penal. Sus testimonios expusieron fallas en los controles y carencias en la capacitación del personal.

En la sexta jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, declararon ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Uno de los funcionarios del penal, que se desempeñaba como jefe del Pabellón A1 durante el período investigado y actualmente ocupa el cargo de subalcaide, fue demorado por responder con evasivas a preguntas de la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros. En tres oportunidades, el Tribunal de Juicio —presidido por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público.

Por su parte, el perito informático del CIF explicó que su intervención en la causa consistió en procesar un teléfono celular perteneciente a Bisceglia, realizando dos tipos de extracción: la lógica, que permite acceder a la información visible con el equipo encendido, y la física, que incluye datos de aplicaciones y material eliminado. Indicó que para ello se utilizó la herramienta de análisis forense Cellebrite, habitualmente empleada en investigaciones policiales. Aclaró que su labor se limita a la extracción de datos, sin analizar el contenido, y que toda la información obtenida se remite a la Fiscalía, donde queda a disposición de las partes. Añadió que en el informe se detallan las medidas realizadas y las herramientas empleadas.

En su testimonio, la jefa del Sector Atención al Ciudadano sostuvo que es habitual que el personal del penal solicite delivery de comida; dijo no recordar el ingreso de las cajas de pizzas, aunque sí reconoció ser ella la que en el video observaba el episodio.

Precisó que en su área no revisan lo que ingresa al penal, tarea que corresponde al sector de scanner. Consultada sobre si los internos pueden pedir delivery, lo negó, y agregó que tampoco los cadetes pueden llevar comida para un interno. Recordó que hubo un caso en el que se detectó el ingreso de drogas ocultas en alimentos.

Los testimonios del subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento de Seguridad Externa y del responsable del Sector de Mantenimiento de Guardia Externa giraron en torno a la insistencia de Sergio Moya para obtener el beneficio de extramuros para un interno en particular, a quien presentó ante algunos como un vecino y ante otros como un familiar.

Una auxiliar administrativa de la Dirección de Régimen Correccional declaró que uno de los funcionarios acusados le consultó, incluso por mensajes, sobre el pedido de beneficio extramuros del interno Manuel Méndez. Indicó que la solicitud fue rechazada por no alcanzar los puntajes mínimos en Conducta y Concepto. Explicó que, para acceder a los beneficios, es requisito contar con la historia clínica y cumplir con los puntajes establecidos en esas dos evaluaciones. En este caso, el trámite ingresó por Mesa de Entrada junto con los antecedentes, se derivó al área correspondiente y luego fue devuelto por no reunir las condiciones exigidas.

Por su parte, el jefe de Capacitación del Penal, de quien dependen los talleres de oficios, fue categórico al señalar que la compra de materiales es realizada por un encargado y que, bajo ningún concepto, un maestro puede recibir una transferencia de familiares de un interno para adquirir insumos.

Una empleada del Sector de Registro y Requisa de la Unidad Carcelaria 1 declaró que el penal cuenta con tres scanners, aunque uno de ellos está fuera de servicio desde hace tiempo. Señaló que al personal penitenciario se le realiza una palpación superficial antes de ingresar. También indicó que es habitual que los funcionarios ingresen alimentos —incluso carne cruda—, y que siempre lo hacen con autorización verbal de un superior. Aclaró que dispone de un listado de elementos permitidos, pero que no podía dar más precisiones porque no leyó el Reglamento de Requisa del Servicio Penitenciario.

Al ser consultada sobre la interpretación de las imágenes del scanner, reconoció que no sabe identificar drogas y que nunca recibió capacitación al respecto. Por último, precisó que la Oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con un puesto propio de Registro y Requisa.

Tras la declaración de todos los testigos, el subalcaide que había sido demorado fue convocado nuevamente por el Tribunal y respondió las preguntas de las partes.

Para mañana, martes 12 de agosto, está previsto que presten testimonio diez personas.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: La Unidad Fiscal presentó videos, fotografías y testimonios de exinternos de la Unidad Carcelaria 1

La quinta jornada del juicio expuso maniobras para ingresar elementos al penal, eludiendo controles. Exinternos apuntaron a personal penitenciario como parte del circuito ilegal y uno denunció que, tras declarar, fue golpeado y aislado durante 60 días.

En el quinto día de la audiencia de debate en el que son juzgados ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto– llamó a prestar testimonio a seis personas.

En primer lugar lo hizo un sargento ayudante, encargado de elaborar informes a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Servicio Penitenciario, de la información obtenida tras la apertura de celulares secuestrados (realizada por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales) y de la transcripción de escuchas telefónicas.

En una de las grabaciones de la Unidad Carcelaria 1 se observa a un efectivo del Servicio Penitenciario ingresar tres cajas de pizza por la oficina de Atención al Ciudadano. Las imágenes siguientes lo muestran en la sección Alcaldía, sin pasar las cajas por el scanner. Luego desaparece de la cámara en un punto ciego durante 20 segundos; al reaparecer, pasa las cajas por el scanner y recorre pasillos internos del penal hasta llegar al pabellón K, donde ingresa a una oficina con el cartel “Jefatura”. Allí, un interno entra con una bolsa. Minutos después, se suma un jefe de pabellón. Permanece con ellos unos 22 minutos y luego se observa al interno salir con una bolsa blanca que contenía una caja de pizza.

El testigo señaló que los involucrados fueron identificados por la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario.

En cuanto al contenido de los celulares secuestrados en los allanamientos, el analista mostró fotografías encontradas en la galería de uno de los dos teléfonos incautados, madre de un interno. En las imágenes se observó una transferencia por $40.000, sustancias estupefacientes, una balanza y capturas de una conversación de WhatsApp en la que se hablaba de drogas.

El testigo también indicó bajo qué nombres estaban guardados los contactos en los teléfonos y qué tipo de comunicación mantenían entre sí. Precisó que la información se obtuvo mediante el entrecruzamiento de datos y oficios judiciales, y que la intervención se realizó sobre los IMEI de los aparatos, no sobre líneas telefónicas.

Luego declaró un exinterno de la Unidad Carcelaria 1, actualmente alojado en otro penal. Aseguró conocer a todo el personal del Servicio Penitenciario e identificó, por apodos, a quienes ingresaban drogas, celulares y comida, que luego entregaban a un interno encargado de comercializarlos. “El Servicio lo hacía trabajar para ellos”, afirmó.

“Muchísimas veces realicé transferencias para comprarle al ‘Gordo’ comida, celulares y drogas. Ahí adentro podés comprar de todo: pasta, marihuana, carne, comida, conducta y concepto”, relató. Sostuvo que vio personalmente a un jefe de pabellón entregar un celular a un interno y que, hace varios años, un familiar suyo pagó $15.000 a uno de los acusados para que ingresara otro.

El testigo pidió no volver a la Unidad Carcelaria 1 por temor. Denunció que, tras declarar en la UDEC en enero de 2024 y regresar al penal fue golpeado y el jefe de Seguridad Interna lo castigó con 60 días de aislamiento por hablar en contra del Servicio Penitenciario. Ante esto, la Unidad Fiscal solicitó remitir la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos y que el hombre permanezca en su alojamiento actual. El Tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, hizo lugar al pedido.

El tercer testigo del día fue otro exinterno, quien contó que comenzó a consumir drogas en el penal y que conseguirlas es sencillo: “Le preguntás a cualquier interno y te consigue”. Explicó que pagaba pidiéndole a su madre que transfiriera el dinero a los alias que le pasaban, diciéndole que era para comprar madera o comida.

También declaró el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, quien relató que, al asumir el cargo, intentó acceder a las evaluaciones de los detenidos y a los beneficios otorgados por el Consejo Correccional, pero comprobó que no existían actas y que, durante 2022, se había concedido un número importante de beneficios. Identificó a uno de los acusados como secretario de Actas.

Tras la declaración de otros dos testigos, el Tribunal levantó la sesión hasta el próximo lunes, a las 8.

Juicio a la red narcocriminal carcelaria: El actual Director General del Servicio Penitenciario reconoció que existieron beneficios para internos por parte de funcionarios penitenciarios

También prestaron testimonios investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcoriminalidad, quienes expusieron los roles que desempeñaban los acusados en la venta de estupefacientes dentro del penal.

La cuarta jornada del juicio contra los miembros de una red narcocriminal en la Unidad Carcelaria 1 comenzó con el testimonio de Enrique Torres, actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta.

Durante su declaración ante el Tribunal de Juicio —presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— y la Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto; y los abogados de los veinte acusados, confirmó una serie de irregularidades cometidas por personal penitenciario, ya señaladas por otros testigos en el proceso.

El funcionario comenzó explicando que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y que. a mediados de 2023 se detectaron anomalías en los trámites vinculados al otorgamiento de beneficios a internos. Mencionó que los rumores apuntaban directamente a Francisco Bisceglia, funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como uno de los que otorgaba beneficios a los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de elementos prohibidos -celulares, cargadores, comida, bebidas- y sustancias estupefacientes).

Torres señaló que el rumor fue inicialmente confirmado por el Departamento de Inteligencia, que ya tenía indicios sobre estas maniobras. Luego de revisar los informes pertinentes, la Dirección General —entonces a cargo de la prefecta Carina Torres— resolvió dar intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Consultado sobre por qué no se realizó una investigación interna, Torres respondió que, debido a la inusual gravedad del caso, las limitaciones estructurales del propio sistema investigativo del Servicio Penitenciario y el hecho de que los involucrados seguían en funciones dentro de la unidad, se optó por derivar el caso a un organismo judicial externo, con mayores garantías de imparcialidad y eficacia.

Entre las irregularidades detectadas, mencionó planillas de concepto y conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a los internos sobre sus trámites y expedientes incompletos o sin documentación respaldatoria.

Para contextualizar la gravedad de estas fallas, Torres explicó el régimen de evaluación interna. Dijo que cada interno es evaluado en base a dos parámetros: conducta y concepto, ambos calificados del 1 (pésima) al 5 (muy buena). Estas calificaciones inciden directamente en el acceso a beneficios, como el trabajo en el sector extramuros o el avance dentro del régimen progresivo de la pena, compuesto por cuatro etapas: observación, prueba, tratamiento y confianza.

Detalló que los jefes de pabellón y sus encargados son quienes informan al Consejo Correccional sobre el comportamiento de los internos. A su vez, ese organismo, que está integrado por representantes de distintas áreas, emite dictámenes técnicos sobre los pedidos de beneficios. Sobre el trabajo extramuros, indicó que los requisitos son: haber cumplido al menos el 40 % de la condena, tener una calificación de conducta muy buena y contar con aptitud física certificada por Sanidad. El trámite se inicia con una nota del interno al jefe de pabellón y pasa por distintas áreas antes de llegar al Consejo Correccional, que emite la resolución.

Respecto al ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal, Torres reconoció graves fallas en los controles y señaló que no cuentan con tecnología adecuada. Detalló que los ingresos ilegales ocurren principalmente a través de las visitas, lanzamientos desde el exterior y mediante personal penitenciario. Explicó que los objetos prohibidos suelen ser ocultados en cavidades íntimas del cuerpo, lo que dificulta su detección.

Expuso que, aunque el personal está instruido sobre lo que está y no está permitido, las requisas no siempre son realizadas de forma exhaustiva. En el caso del personal penitenciario, dijo que las revisiones son superficiales y no incluyen una inspección corporal completa al ingresar a cumplir funciones.

También describió los procedimientos de requisa dentro del penal: se realizan diariamente en sectores rotativos, sin aviso previo, como método preventivo. En caso de decomiso de elementos prohibidos, debe labrarse un acta firmada por quien realiza el secuestro, quien la redacta y el interno involucrado.

Durante el interrogatorio, la Unidad Fiscal le consultó sobre un tema clave: se le preguntó si los elementos secuestrados en las celdas —como celulares, cargadores o armas tipo «punta»— pueden quedar guardados en la oficina del jefe de pabellón. “No pueden quedar ni por un instante. Los elementos deben ser retirados por personal de la División Sumarios; no pueden permanecer en esa oficina”, respondió.

Cabe recordar que, durante el allanamiento realizado en el penal en diciembre de 2023, en el cajón del escritorio del jefe de pabellón fueron encontradas varias “puntas” y cargadores.

Finalmente, al ser consultado si el personal penitenciario puede recibir transferencias de dinero por parte de familiares de los internos, respondió: “No, no está permitido”.

Luego prestaron declaración investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) que participaron en la investigación y en los allanamientos. Detallaron cómo, mediante un exhaustivo entrecruzamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales, lograron identificar al interno Manuel Méndez como proveedor de sustancias dentro del penal, y a su madre, María Inés Méndez, como la persona que le proveía.

La investigación se sustentó también en intervenciones telefónicas y un análisis de redes sociales, que permitieron reconstruir las comunicaciones y detectar maniobras para ocultar tanto el movimiento de dinero como la distribución de estupefacientes, evidenciando una estructura organizada que operaba desde el interior de la unidad carcelaria hacia el exterior.

Por último, el oficial de UFINAR, Oscar Ruiz Córdoba, encargado de analizar las grabaciones de video en el Servicio Penitenciario, presentó un registro donde se observa a un jefe de pabellón, identificado como Castaño, ingresando con una bolsa blanca a través de los controles sin que esta sea inspeccionada.

La ronda de testigos continuará mañana desde las 8 en la Sala de Grandes Juicios.