Detienen a un abogado y a un agente de la Secretaría de Tránsito municipal

Se investiga la desaparición de una camioneta del canchón municipal que estuvo involucrada en una colisión el 5 de enero, donde un agente municipal resultó agredido. Durante el traslado del vehículo por el abogado implicado, se dio a la fuga y se informó que el detenido había dañado el Libro de Guardia de la Comisaría de Santa Lucía.

Por requerimiento de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana fueron detenidos con orden del Juzgado de Garantías 3 del distritoCentro, un abogado del fuero local y un agente de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

Durante el operativo que se llevó adelante en la ciudad de Salta, se allanaron siete domicilios, resultando en el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y material relacionado con la causa. Por orden de la fiscal Salinas Odorisio, el vehículo será restituido a la Municipalidad de Salta en las próximas horas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos intervino en el caso luego de que el pasado 20 de enero, la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, denunciara que una persona, presentando un decreto sin su firma, solicitó la liberación de una camioneta Amarok en el canchón municipal. La persona pidió al personal de Tránsito que le mostrara la camioneta y luego huyó.

Ese mismo día, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, denunció que un abogado se había presentado en su oficina solicitando ver una camioneta Amarok de su propiedad, que había sido incautada el 5 de enero. Argumentó que quería evaluar los daños del vehículo para llevarlo al taller. Assenato autorizó el acceso y encargó a su secretaria que hablara con un agente de Tránsito del Canchón municipal. A pesar de que la secretaria intentó, el empleado se negó y el trámite fue asignado a otro agente.

Al día siguiente, un tercer agente asignado al canchón municipal informó que faltaba una camioneta Amarok. El funcionario revisó las cámaras y constató que dos hombres, uno de ellos identificado como el que había estado en su oficina, habían llegado al canchón municipal una hora antes de hablar con él. Tras dialogar con el segundo agente, se llevaron la camioneta del depósito municipal.

El funcionario señaló que el agente, con varias décadas de servicio en la Municipalidad, sabía que no podía entregar el vehículo sin la orden de liberación del Juzgado de Faltas y el trámite interno correspondiente.

La primera denuncia fue radicada el 6 de enero, por parte de un agente de la Secretaría de Tránsito quien relató que el día anterior, había tomado intervención en un triple choque en el que se constató que una camioneta Volkswagen Amarok que había intervenido en la coalision, circulaba  sin documentación adecuada. Al retener el vehículo, un abogado local, afirmando ser el propietario, se ofreció a conducirlo a la Comisaría.

Tras unas cuadras, el hombre alegó problemas mecánicos, razón por la cual los agentes que custodiaban el vehículo, volvieron a solicitar la grúa. Sin embargo, el abogado se subió a la camioneta e intentó llevársela, por lo que el agente denunciante colocó su motocicleta delante. En ese momento, habría sido agredido y amenazado por dos hombres que acompañaban al abogado, resultando con daños su casco protector y la motocicleta.

El profesional del derecho se dio a la fuga en la camioneta pero los otros agentes de tránsito le dieron alcance y finalmente, el conductor accedió a llevar el vehículo a la Comisaría de Santa Lucía.

Por otra parte, un sumariante de esa Comisaría también radicó denuncia en contra del abogado, aduciendo que se había presentado como representante legal del conductor involucrado en el siniestro vial y, en un estado de ofuscación y alteración, había provocado daños en el Libro de Guardia. Por este hecho, el abogado fue demorado y trasladado al Centro de Contraventores.

Los dos detenidos serán imputados en las próximas horas, mientras otras dos personas aún están siendo buscadas por personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

 

 

 

 

Decisión judicial restituye vehículos vinculados a la estafa de la financiera Ríos & Asociados

Los actuales depositarios judiciales, propietarios de los automóviles en cuestión, no lograron justificar los fondos para la adquisición de los rodados.

El Juzgado de Garantías 3, a cargo de la jueza Ada Zunino, dispuso la restitución de cuatro vehículos previamente incautados en el contexto de la investigación sobre la financiera Ríos & Asociados. Dichos automóviles serán entregados a sus propietarios, quienes se encuentran estrechamente vinculados con la principal responsable de la estafa, Cynthia Moya y la cadena de investigación de los ilícitos cometidos.
Entre los automóviles entregados en calidad de depositarios judiciales, se encuentran una camioneta Volkswagen Amarok y tres automóviles de marcas reconocidas, Toyota Corolla, Fiat Cronos y Fiat Siena.
La justificación dada por la resolución para la restitución de los vehículos incluye la consideración de que son propiedad de los solicitantes y la necesidad de evitar el deterioro natural de los mismos. Además, se argumenta que la falta de resguardo necesario podría afectar tanto a los propietarios como a las posibles víctimas, comprometiendo el valor de mercado de los vehículos.
La investigación, llevada adelante por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio desde marzo de 2022, ha revelado que los propietarios de los vehículos en cuestión no pudieron sustentar adecuadamente la adquisición de los mismos con sus ingresos declarados.
Las pericias contables realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, revelaron que los fondos utilizados para la compra de los vehículos no eran explicables ni respaldados adecuadamente por parte de los propietarios. La discrepancia entre la falta de justificación de la adquisición y la orden de restitución de los vehículos es la razón por la que la fiscal Salinas Odorisio insistirá con solicitar la modificación de la medida, apelando la decisión del Tribunal de Impugnación.
En relación con uno de los vehículos restituidos, cabe recordar que durante la investigación, se encontró una suma considerable de dinero en el maletero, la cual se presume pertenece a las víctimas afectadas por la ficticia entidad financiera. El propietario del vehículo, identificado como uno de los hermanos colaboradores de Cynthia Moya, se encuentra actualmente bajo una imputación provisional como coautor de estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado en concurso ideal, con un total de 772 hechos imputados por cada delito.
Con anterioridad, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había denegado en repetidas ocasiones la devolución de estos vehículos. Este rechazo se fundamentó en los informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), los cuales ofrecían argumentos sólidos contra la restitución de los automóviles en el contexto de la investigación sobre la financiera Ríos & Asociados.
Baúl del Fiat Cronos que será resituido por orden del Juzgado de Garantías 3, conteniendo el dinero secuestrado durante el operativo.

 

Imputaron a la madre y hermano de la líder de Ríos & Asociados

Imputan a la agente de viajes detenida por estafas y defraudación por el uso de tarjeta de crédito

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó su prisión preventiva. La mujer fue asistida por un abogado particular y dio su versión de los hechos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer, vinculada a la actividad comercial de turismo, por los delitos de estafas (3 hechos) y defraudación por el uso de tarjeta de crédito, todo en concurso real.

Durante la audiencia, la mujer, que fue asistida por un abogado particular y brindó su versión de los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó su prisión preventiva.

La detención de la imputada se produjo esta mañana en el marco de un operativo en el que también fueron allanados dos domicilios ubicados en avenida Belgrano al 1600 y en avenida Jujuy al 300, en donde fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa y aproximadamente 40.000 pesos en efectivo.

La mujer es investigada por cuatro denuncias en su contra. La primera de ellas fue radicada en la Comisaría 2 en noviembre pasado por una persona que señaló que había contratado a la denunciada en septiembre de 2022 para la tramitación de una visa. Le entregó 33.000 pesos y, según explicó, el 28 de septiembre de 2023 debía presentarse en la Embajada y en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Buenos Aires para la entrevista. Cuando la víctima ya se encontraba viajando, la imputada le informó que los turnos habían sido postergados, por lo que debió regresar a Salta. La acusada se comprometió a reembolsar los gastos de traslado, hospedaje y el dinero invertido en la visa, sin embargo, hasta la fecha de la denuncia no lo había realizado.

El 12 de enero de 2024, un hombre denunció que el 21 de diciembre de 2023 realizó un pago en efectivo de $4.996.000 a la imputada por un paquete denominado «Guarajas Salida 24 Dic». Este paquete incluía servicios como aéreo con aerolíneas desde Salta, traslados durante 13 noches con desayuno para dos personas.

A pesar de haber viajado en la fecha prevista, al llegar al hotel se encontró con la sorpresa de que la estadía no había sido abonada. Le informaron que debía realizar un pago adicional de 2.873,04 dólares. Al regresar y expresar su reclamo a la imputada, quien gestionó el paquete turístico, recibió la promesa de que se le reintegraría el monto en cuestión. Sin embargo, al comunicarle su presencia en Salta, se excusó alegando que aún no le habían devuelto el dinero desde el hotel y se comprometió a realizar el reintegro en los próximos días, promesa que aún no fue cumplida.

El 16 de enero pasado, otro hombre radicó una denuncia en contra de la misma agente de viajes, asegurando que en abril de 2023 contrató a través de la detenida un paquete turístico para 13 personas, compuesto de vuelos, traslados y alojamiento en un hotel todo incluido en Playa del Carmen. El servicio se abonó en tres pagos, el último de los cuales se realizó el 29 de junio de 2023, sumando un total de $18.000 dólares y $897.600 pesos. Sin embargo, días antes del viaje programado para el 13 de enero de 2024, la agente de viajes notificó cambios de horario en los vuelos.

Ante las irregularidades, la familia comenzó a dudar por lo que verificó las reservas y los itinerarios con las aerolíneas y el hotel supuestamente contratado en Playa del Carmen, resultando que no había ninguna reserva registrada bajo sus nombres. El denunciante contó que la agente de viajes intentó mitigar la situación proponiendo alternativas de último minuto, como cambiar el itinerario y mejorar el alojamiento. Sin embargo, hasta la fecha, la familia no recibió documentación verificable que respalde estas afirmaciones

Por último, el 21 de diciembre del año pasado, la Oficina de Orientación y Denuncias recibió la denuncia de un hombre que manifestó haber descubierto consumos no autorizados en su tarjeta de crédito por un total de $4.910.405,05 y la suma de 714.85 U$S.

Entre las transacciones señaladas, se encuentran compras en diferentes fechas y comercios, tales como «Boliviana de Aviación Bsp», «www.almundo.com», «Aerolíneas Agencias Bsp», «www.Jetsmart.com», entre otros.

El denunciante afirmó que no realizó estas compras y contó que había contratado los servicios de la imputada para organizar unas vacaciones. Habría realizado el pago de la mitad con efectivo en noviembre y el resto con su tarjeta el 22 de noviembre de 2023.

Detienen a una mujer vinculada a la actividad turística denunciada por estafas

 

 

Detienen a una mujer vinculada a la actividad turística denunciada por estafas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga cuatro denuncias en contra de la operadora de turismo. Fueron allanados dos domicilios y secuestrados elementos de interés para la causa.

En el marco de una investigación por estafas, una mujer vinculada a la actividad comercial de turismo fue detenida esta mañana por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

Durante el procedimiento, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías 3, fueron allanados dos domicilios ubicados en avenida Belgrano al 1600 y en avenida Jujuy al 300, en donde fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa.

Sobre la mujer pesan tres denuncias por estafas y una denuncia por defraudación con tarjeta de crédito. La primera de ellas fue efectuada en noviembre de 2023 por una mujer que aseguró que había encargado a la denunciada la realización de trámites personales, por lo que le entregó en 2022, la suma de 33.000 pesos sin que hasta el momento le reintegrara el dinero.

Las otras denuncias fueron realizadas por dos hombres que adquirieron paquetes turísticos con destino a México y Brasil, respectivamente, por parte de la detenida. En este contexto, realizaron pagos de U$S 18.000 y $ 897.600, así como $ 4.996.000, para descubrir posteriormente, que la mujer no había efectuado la adquisición de los pasajes y el alojamiento contratados.

Luego del control de legalidad, la mujer será trasladada a audiencia de imputación.

 

 

 

Orán: Se investigan de oficio supuestas irregularidades en la anterior gestión municipal

A partir de la denuncia realizada a través de medios de comunicación de supuestas compras realizadas en una casa de electrodomésticos y en un supermercado por parte de la gestión municipal anterior, la Fiscalía Penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos inició actuaciones de oficio. 

La fiscal penal en feria, Mariana Torres, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán con competencia en Delitos Económicos Complejos, inició actuaciones de oficio a partir de una noticia criminis, difundida en medios locales, donde se denuncia que la gestión municipal encabezada por Pablo González, habría realizado compras en nombre del municipio en una casa de electrodomésticos y en un supermercado.

Entre los productos que se dan a conocer, se habrían adquirido un lavarropas con un valor superior a los dos millones de pesos, televisores led de más de 50 pulgadas, una moto Yahama FZ valuada en más de 3 millones de pesos sin un destino oficial para su uso y máquinas de afeitar, chocolates, planchas para el cabello, perfumería, entre otros.

La fiscal Torres, habiendo tomado conocimiento de la situación difundida en forma mediática, dispuso numerosas medidas tendientes a esclarecer lo sucedido, tales como recepción de testimoniales, relevamiento documental, pedido de informes y otros.

Requieren juicio para los diez integrantes de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Los acusados se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y compraron productos por más de 22 millones de pesos con cheques electrónicos. Esto, a sabiendas que no serían pagados por carecer de fondos las cuentas sobre las que fueron librados.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 1 para Héctor Rubén Jiménez, Juan Carlos Sacarías, Bruno Exequiel Carabajal Vilte, Emanuel Nolberto Álvarez, Cristian Ignacio Illescas, Marcos Damián Ruiz, José Miguel Ángel Ramírez, Lucas Miguel Flores, Leandro Nicolás Lozano y Fabricio Isaías Sacarías Galindo por estafas cometidas con cheques electrónicos por 22.548.491,90 pesos.

La Fiscalía acusa a Jiménez y Sacarías de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita -en calidad de Jefe/Organizador-; a Ramírez de estafas reiteradas- (3 hechos) en concurso real con asociación ilícita; a Illescas y Sacarías Lozano, de los delitos de estafas reiteradas (2 hechos) en concurso real con asociación ilícita; y a Viltes, Álvarez, Ruiz, Flores, Lozano de estafa en concurso real con asociación ilícita.

 De acuerdo a la investigación realizada desde UDEC, Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías (en su carácter de Jefes /Organizadores), actuando en connivencia con el resto de los imputados pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando tener solvencia económica, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, se presentaron en los locales comerciales de tres empresas y realizaron compras millonarias, de productos que les fueron entregados, haciendo incurrir en error a los damnificados, entregando como pago cheques electrónicos, sabiendo que no serían pagados por carecer de fondos suficientes las cuentas sobre las que fueron librados.

Además, se pudo establecer que los dos organizadores reclutaban personas jóvenes, sin antecedentes financieros negativos, en muchos casos adictos a sustancias estupefacientes y necesitados de dinero, a los que les compraban ropa para mostrar una apariencia seria, les hacían abrir cuentas bancarias y obtener chequeras, prometiéndoles una comisión. Jiménez y Sacarías les encargaban que se dirijan a distintas empresas a adquirir mercadería por montos millonarios, recibiendo luego los imputados en sus cuentas bancarias o en algunos casos en cuentas de sus familiares transferencias de dinero.

Las denuncias

La denuncia que dio origen a la investigación fue realizada en noviembre de 2022 por el propietario de una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial, quien fue estafado en 5.200.000 de pesos con cheques electrónicos.

El 15 de mayo de 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por el monto total de 16.654.741,90 pesos.

En junio de 2023, los responsables de un local comercial de artículos del hogar ubicado en el macrocentro salteño, también radicaron una denuncia por estafas con cheques electrónicos por un valor de 693.750 pesos.

Del entrecruzamiento de datos efectuados por la fiscalía especializada en delitos económicos complejos, se pudo determinar que las personas involucradas en las estafas eran las mismas y actuaban con el mismo modus operandi, por lo que la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de distintas viviendas y la detención de los involucrados en julio de 2023.

 

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Saulo Capital SRL: UDEC acusó de 520 estafas a cuatro personas y elevó el pedido de juicio

En mayo de 2022, ingresaron a la Fiscalía especializada en delitos económicos cientos de denuncias por estafas contra la financiera. El perjuicio económico a las víctimas fue estimado en $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 7 para Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos, Marcelo Alfredo Morales y Sabrina Florencia Resina por los delitos de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa, en concurso real, en calidad de coautores.

Los cuatro acusados se encuentran vinculado a la causa denominada Saulo Capital SRL.

La intervención de UDEC inició en mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $188.193.393,70; USD 2.357.973,13 y BUSD 2.300, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Asimismo, conforme surge de la investigación efectuada, la sociedad Saulo Capital S.R.L. administraba una cantidad de once comercios.

En el requerimiento de juicio elevado, la fiscal Salinas Odorisio consideró que los acusados “actuaron con roles distintos y en distintas etapas, tendientes a cometer hechos ilícitos vinculados con la captación de inversionistas realizados a través de su sitio web o por la difusión de altos rendimientos de capital en las inversiones, aparentando ser una empresa seria y solvente, entregando recibos que daban cuenta de la seriedad de sus actos”

Para UDEC, Nelson Rogelio Ramos actuaba como “Gerente Titular” y  Nelson Javier Cabana, como “Gerente Suplente”, lo que enmarca que fueron quienes tuvieron la idea inicial de realizar este tipo de accionar delictivo y quienes captaron inversionistas prometiéndoles importantes ganancias, que no cumplieron.

Asimismo, Morales, dada su condición de profesional en Ciencias Económicas, tuvo a su cargo la administración y custodia del dinero, como así también el manejo contable y financiero de la sociedad. Por último, Resina se dedicaba a captar a las víctimas para que inviertan su dinero en la sociedad Saulo Capital SRL, les explicaba cómo eran las ganancias de las inversiones, cuáles eran los requisitos y cómo debían invertir.

 

 

Requieren juicio para el cajero de la Caja de Abogados

El hombre fue acusado de ser autor del delito de administración fraudulenta. La investigación, se originó en la denuncia de irregularidades en el cobro de expedientes.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 4 para el cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal 2, a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente.  Tras hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba que, en los registros informáticos internos, el pago realizado figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.

El martes 11 de julio, un hombre que ocupaba el cargo de cajero,  fue detenido como parte de la investigación en curso.

Posteriormente, el 17 de agosto de 2023, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, a fin de dar continuidad a la investigación de la causa.

A solicitud de la Unidad Fiscal, se encomendó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)  la elaboración de un Informe Pericial Contable. Para este propósito, se entregó un extenso Legajo de Investigación compuesto por dos cuerpos documentales de 231 páginas cada uno y un bibliorato de 411 páginas. El 4 de diciembre pasado, los peritos contables del CIF, completaron el relevamiento de datos con participación de un perito de parte, y presentaron el informe final a los fiscales encargados del caso.

Con toda la información recabada y los testimonios de las distintas partes, los fiscales Salinas Odorisio y Ramos Ossorio, acusaron formalmente al cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor y elevaron el requerimiento de juicio.

Condenan a un exempleado de la Dirección General de Rentas por concusión

La investigación reveló irregularidades en un proceso de sellos y pagos. El hombre admitió su responsabilidad.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado por la que Raúl Sosa Sapag fue condenado a 2 (dos) año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y la imposición de tres años de reglas de conducta.

Sapag admitió su responsabilidad en el delito de concusión del que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

El hecho juzgado tuvo lugar en 2019, cuando una mujer acudió a las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR) a fin de realizar el trámite de sellado de un contrato de cesión de derechos, abonando al acusado la suma de $8.400 en calidad de  impuesto de sellos.

Al llegar a su domicilio, la damnificada advirtió que el comprobante entregado por el empleado de la DGR carecía del sello del banco. Al día siguiente, al regresar para solucionar el inconveniente, fue atendida por Sosa Sapag, quien le solicitó que volviera al día siguiente y luego, al siguiente. Finalmente le entregó el recibo sellado por el banco.

Al detectar irregularidades en el sellado, la afectada registró la situación en un acta, la cual fue tomada por funcionarios del organismo, que posteriormente presentaron la denuncia.

Los investigadores de UDEC determinaron que el sello de pago fue colocado por una cajera del banco, y que el monto del sellado fue ingresado y luego anulado por el empleado de la DGR.

El banco, por su parte, informó que no existía registro de que el pago hubiera ingresado; que el sello inserto al dorso del documento se correspondía con los sellos utilizados por el banco y que, de las investigaciones internas realizadas, se infería que el sello fue impuesto por error o negligencia por la cajera a pedido del Sosa Sapag.

Con todas las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio al hombre, quien finalmente admitió ser autor del delito de concusión y fue condenado.

Rechazan el pedido de libertad de dos mendocinos imputados por extorsionar a adultos mayores

Los investigadores de UDEC lograron vincular distintas causas a través del IMEI de uno de los teléfonos de los estafadores. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó por extorsión (5 hechos) y estafa y solicitó la prórroga de la prisión preventiva

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación de dos hombres, endilgándoles los delitos de extorsión (5 hechos) y estafa. Además, requirió la prórroga de la prisión preventiva que les había sido dictada.

El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, rechazó el pedido de libertad realizado por el abogado de los detenidos e hizo lugar al pedido de la Fiscalía y los imputados permanecerán detenidos por otros cuatro meses mientras avanza la investigación de las causas en las que se encuentran involucrados.

Los acusados fueron detenidos el 20 de junio pasado, en el marco de una denuncia de extorsión a una mujer adulta a la que llamaron y, haciéndose pasar por su hijo, le manifestaron que había sido secuestrado y le solicitaron dinero.

Los investigadores de la UDEC encontraron similitudes entre este hecho y otras denuncias que investigaban, advirtiendo el mismo modus operandi y detectando que el IMEI del celular desde donde se hicieron las llamadas a las víctimas (todas personas adultas mayores) coincidía con el celular secuestrado durante la detención.

Las maniobras consistían en llamar a adultos de más de 80 años y, haciéndose pasar por un familiar, les expresaban que habían sido secuestrados o manifestaban algún problema de dinero, generando desesperación en los adultos mayores, a tal punto que estos aceptaron poner en riesgo sus bienes para evitar un mal mayor. Cuando los captores lograban controlar a la persona, la impulsaban a entregar el dinero a un tercero de manera directa o indirecta.