Se presentaron los avances del Programa de Intervención destinado a mujeres que padecieron o padecen violencia en la pareja

Aprobado por el Procurador General, Pedro García Castiella, mediante Resolución N° 1521, este jueves 8 de agosto se presentaron los avances del programa que prevé la generación de un espacio de reconversión de la realidad de la mujer víctima de violencia en la pareja.

La presentación estuvo a cargo de las licenciadas en Servicio Social, María José Caamaño y Silvana Lizarra, quienes estuvieron acompañadas del Secretario Letrado de la Procuración, Aldo Saravia.

El plan, en una primera etapa, dio inicio en mayo pasado como experiencia piloto para casos radicados en Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 4, con sede territorial en el Centro Integrador Comunitario (CIC/Nido) de barrio Gauchito Gil de la capital salteña.

Desde su creación y puesta en marcha, se propició la creación de un ámbito de intercambio, reflexión y aprendizaje grupal, especialmente pensado para mujeres que han atravesado o están atravesando situaciones de violencia en sus relaciones de pareja. Se busca, además, promover el desarrollo de nuevas habilidades y recursos personales que las habilite en la construcción y/o reconstrucción de su proyecto de vida.

Como parte de la presentación del programa a profesionales del Ministerio Público Fiscal, entre las que se cuentan psicólogas y trabajadoras sociales, se mostraron, además de los avances, las experiencias obtenidas hasta el momento, con miras a que, de manera progresiva, se sumen más profesionales a la propuesta.

Cabe destacar que un próximo paso prevé avanzar en una capacitación específica destinada a futuras operadoras y, eventualmente, sumar nuevas duplas de trabajo para extender el programa a otros sectores de la ciudad, en territorio, es decir, con presencia en los barrios.

La dinámica prevista para las capacitaciones contempla la modalidad taller que contará con seis módulos temáticos, tales como violencias, construcción social del género, recursos personales y autocuidado.

Al cierre del encuentro, Aldo Saravia destacó el hecho de que se trata de una problemática de carácter social, de relaciones humanas, con derivaciones de carácter judicial, en clara referencia a la violencia en la pareja como una de las realidades que demandan un trabajo continuo y un nivel de compromiso de parte de todos los sectores de la sociedad en pos de su erradicación.

Cohecho: Requieren juicio contra un Juez de Orán, el Secretario y un abogado de la matrícula

Al Magistrado se lo acusa de recibir dinero a cambio de otorgar el arresto domiciliario a un detenido en la causa Abra del Sol. Además se encuentran involucrados su Secretario letrado y un abogado de la matricula de la provincia de Salta. 

La Unidad Fiscal creada por Resolución de la Procuración General, e integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio oral y público de la causa en contra de Claudio Alejandro Parisi (50) y Maximiliano Germán Correa (42) , en calidad de autor y partícipe necesario respectivamente por la comisión del delito de Cohecho Pasivo Agravado (Arts. 257, 45 y 46 del C.P.) Por otra parte el imputado Roberto Ortega Serrano (54) deberá responder en el debate en calidad de autor por la comisión del delito de Cohecho Activo (Art. 258 y 45 del C.P.).

Entiende la Unidad Fiscal que se ha reunido la sospecha necesaria para acusar a Claudio Alejandro Parisi, magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Orán, quien habría acordado recibir una suma de dinero a través de su secretario letrado Maximiliano Correa por parte del abogado penalista Roberto Ortega Serrano. Esto con el fin de dictar una sentencia que beneficiara con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, quien se encontraba privado de la libertad por disposición del propio juez Parisi en un expediente judicial relacionado con un robo a la empresa Abra del Sol.

Los Fiscales iniciaron su investigación por la denuncia presentada por las abogadas Sandra Domene y Josefina Ruiz. A partir de allí, se recolectaron evidencias entre las que se destaca la inspección ocular realizada en el teléfono celular, reconocidas por Juan Ignacio Ruiz (hermano del detenido) al prestar declaración testimonial, y por el propio Ortega Serrano. Allí surge un intercambio de mensajes entre el 4 y 5 de abril de 2023  en el que Ortega Serrano manifiesta que obtendría la detención domiciliaria, a cambio del pago de una suma de dinero en dólares, refiriéndose a éste último con la utilización de los términos “pasamanos” o “entradas”.

De los datos extraídos del celular de Correa, se registraron llamadas telefónicas vía WhatsApp con Ortega los días 3 y 4 de abril de 2023, coincidiendo con las fechas de la presentación del pedido de arresto domiciliario y su traslado ordenado por el Juzgado.

También quedo acreditado que el imputado Ortega mediante un comportamiento evasivo intento ocultar la recolección de indicios probatorios. Durante el allanamiento a su domicilio el 3 de octubre de 2023, arrojó su teléfono celular a la propiedad de un vecino. Esto fue corroborado por el testimonio de una persona a quién éste le pidió que buscara su celular bajo el pretexto de que se les había caído a sus albañiles. Además, Ortega dio de alta una nueva línea telefónica ese mismo día, según informes de las prestatarias.

Ante la presentación de la acusación por parte de la Unidad Fiscal la causa penal seguida contra el Magistrado, el Funcionario y el abogado particular entra en la etapa intermedia del proceso penal consistente en el control de la misma por parte del juez Raúl López en su función de Garantías y a los fines de dar cumplimiento al art. 436 del Código Procesal Penal y en definitiva, resolver si corresponde o no, la elevación a juicio. 

  • La causa que se tramita por el robo a la empresa Abra de Sol en la que el Juez imputado habría concedido el arresto domiciliario a cambio de una suma de dinero, tiene actualmente detenidos, entre otros imputados, a José Dimas Ruiz, gerente de la empresa y ex candidato a Intendente de Orán, Matias Malissia, Marcelino Cruz y Cristian Gabriel Palavecino, acusados por robo doblemente agravado en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, privación ilegítima de la libertad, lesiones y asociación ilícita, por un violento asalto ocurrido el 16 de diciembre de 2022, cometido por un grupo de entre 8 y 10 personas que ingresaron a la sede de la empresa mencionada portando armas de fuego y con los rostros cubiertos por pasamontañas, y luego de reducir a las personas que se encontraban en el lugar sustrajeron la suma de 13 millones de pesos y 130 mil dólares.

El Procurador firmó un Acuerdo de Cooperación con la Unidad Fiscal Federal de Salta para trabajar en protocolos de búsqueda de personas

Pedro Garcia Castiella y Eduardo Villaba convinieron trabajar de forma conjunta en materia de búsqueda de personas desparecidas y en la investigación y persecución de los delitos que puedan estar vinculados a ello. 

Durante la mañana de hoy, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto al fiscal coordinador de Distrito Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Eduardo Villalba, se reunieron para establecer un marco formal y general de cooperación que permita a ambas instituciones trabajar de manera conjunta y coordinada ante casos de extravío o desaparición de personas. Este acuerdo busca aunar esfuerzos, eficientizar acciones y recursos, y articular con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para alcanzar mejores resultados, optimizando la información recolectada para posibles investigaciones sin que medien disputas de competencia.

Este convenio incluyó la designación de funcionarios específicos de ambas instituciones para que interactúen como referentes fijos que coordinen las acciones ante la denuncia o noticia de un hecho, manteniendo fluida comunicación con los magistrados y las demás instituciones que puedan colaborar en la búsqueda. A esos fines, actuarán en esa función el fiscal coordinador del Ministerio Público Fiscal de Salta, Pablo Alejandro Rivero, y el secretario relator de Procuración General, Aldo Rubén Saravia; por parte de la Fiscalía Federal, la auxiliar fiscal, Roxana Verónica Angelina Gual.

También se prevé la inmediata comunicación a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación (PROTEX) con la finalidad de implementar, en un caso concreto, acciones conjuntas y articuladas de investigación, teniendo especialmente en cuenta que el Ministerio Público Fiscal de la Nación integra el «Comité Nacional Interinstitucional» y la «Coordinación Operativa Nacional» del Programa de Alerta Sofía, y la PROTEX se encarga de la gestión de las alertas ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes.

Los firmantes se comprometieron a implementar, en tiempo prudente, una mesa de trabajo con el objeto de abordar el mejoramiento de protocolos de actuación para búsqueda de personas, instructivos prácticos dirigidos a las fiscalías y fuerzas de seguridad, donde se definan estándares mínimos de actuación, se recomienden estrategias de investigación, se estandaricen modelos de requerimientos de colaboración a otras instituciones y se establezcan guías prácticas de herramientas e instituciones que puedan involucrarse en la búsqueda de personas.

La iniciativa se suma a las exitosas acciones que la Procuración General y la Unidad Fiscal Federal llevan a cabo para articular esfuerzos, como ya se viene haciendo en materia de narcocriminalidad y crimen organizado, entendiendo que el trabajo conjunto constituye una herramienta indispensable para mejorar la persecución penal de manera inteligente y aumentar las posibilidades de respuestas adecuadas y oportunas, tanto para las víctimas como para la sociedad.

Todo ello en el marco de lo dispuesto por el art. 90 del Código Procesal Penal Federal, que demanda al Ministerio Público Fiscal de la Nación promover una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias mediante la celebración de este tipo de acuerdos.

Reunión interinstitucional de trabajo sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa

En el marco de la vigencia de la Ley 8097, “Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes” y en cumplimiento del mandato de coordinación institucional dispuesto por Ley 8389, la Procuración General convocó a una reunión de trabajo con distintas autoridades con incumbencia en la materia.

Este miércoles, autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo provincial y de la Municipalidad de la ciudad de Salta, mantuvieron una reunión con el objeto de coordinar esfuerzos para atender las distintas problemáticas que se presentan en torno a los ilícitos en los que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, principalmente para desarrollar dispositivos y programas que incluyan prácticas restaurativas, para involucrar a las y los jóvenes en procesos de responsabilización cumpliendo una finalidad educativa y de reinserción comunitaria.

El encuentro tuvo como precedente inmediato, reuniones entre el procurador general, Pedro García Castiella y el intendente capitalino, Emiliano Durand, donde adelantaron su compromiso de trabajar en esta materia.

En la reunión de este miércoles, representantes de la Municipalidad de Salta, encabezados por María Juncosa, Coordinadora General de Relaciones Comunitarias, expusieron sobre las distintas actividades deportivas, recreativas, cursos y talleres educativos llevados a cabo en los barrios de Salta y se debatió sobre cómo podrían integrarse, con la intervención de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, a cargo de Carina Iradis, para que funcionen como programas restaurativos a los que se puedan derivar jóvenes en el marco del instituto de la remisión (art. 19 bis, Ley 8097), suspensión del proceso a prueba o sobreseimientos articulados (art. 8, Ley 8097), que dispongan las Fiscalías Penales Juveniles o los Juzgados Penales Juveniles.

La idea es poder articular acciones coordinadas para ampliar las posibilidades de respuesta en el sistema de justicia penal juvenil y que, mediante el abordaje individualizado y trabajo en territorio con las personas menores de edad, se procure disminuir la reiterancia en hechos delictivos, al tiempo que se hace foco en la prevención.

Expusieron su perspectiva jurídica de la importancia de esos dispositivos, la jueza Penal Juvenil Nadia Cruz, las fiscales penales Juveniles Carolina Hernández y Carolina Mateo Bellini y los defensores Penales Juveniles Carlos Flores y Adolfo Sánchez Alegre.

También se trabajó sobre la posibilidad de aumentar el alcance operativo del Programa de Abordaje Territorial, que se encuentra bajo la Dirección de Justicia Penal Juvenil del Ministerio de Seguridad y Justicia, por lo que tanto su directora, Ileana Ballesteros, como el Subsecretario de Políticas Penales, Jorge Javier Salgado, se comprometieron en coordinar con la Secretaria de Niñez y las autoridades municipales, para expandir el accionar del programa a los barrios más necesitados de la ciudad de Salta, poniendo a disposición los CIC y los equipos interdisciplinarios con los que cuentan.

La reunión estuvo coordinada por el Secretario de la Procuración General, Aldo Rubén Saravia. También participaron la Secretaria de DDHH de la Corte de Justicia, Blanca Ferri, el Secretario de la Defensoría General, Damián Cornejo, la Directora del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, Agustín Alejandro Bonari, el Subsecretario de Agencia de Juventud de la Municipalidad de Salta, Claudio Fernández, y profesionales de los equipos técnicos de la Municipalidad y de Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) con asiento en Salta.

Por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social participaron el subsecretario de Niñez, Cristian López Traficando, la directora general de la Niñez, Rosario Reales y la Directora de Fortalecimiento Familiar, Florencia Aguilera.

Por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la directora general de Políticas Penales, Georgina Storniolo Pons.

El Procurador participó de los actos por el 86 aniversario de Gendarmería Nacional

El pasado 28 de julio se conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional Argentina, establecida en 1938 por el Congreso Nacional, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. Los actos se llevaron a cabo este miércoles en la Agrupación VII Salta, en Chachapoyas.

El procurador general, Pedro García Castiella, participó como invitado de la Ceremonia por el 86 Aniversario de la creación de Gendarmería Nacional en el predio de Chachapoyas, ciudad de Salta.

Los actos fueron presididos por el Comandante Mayor Ramón Ariel Pereyra, jefe de la Agrupación VII Salta de Gendarmería Nacional y contó con la presencia de la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, del fiscal federal general de Salta, Eduardo Villalba, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, la directora nacional de Vigilancia de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación, Virginia Cornejo, el intendente municipal de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Gaspar Solá Usandivaras como Secretario de Politicas Criminales y Santiago Sotelo junto a Marcos Rubinovich como Secretarios Letrados de la ProcuraciónGeneral; del Poder Judicial, y autoridades de otras fuerzas de seguridad.

Del desfile participaron la Banda de Música del Ejército Argentino y efectivos de Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Servicio Penitenciario Provincial, Policía de la Provincia de Salta y de Gendarmería Nacional.

Los participantes destacaron la importancia de fortalecer la acción coordinada y el trabajo mancomunado entre los Ministerios Públicos Provincial y Federal y las Fuerzas de Seguridad para eficientizar el trabajo y atender las demandas urgentes de la sociedad.

La Institución fue creada el 28 de julio de 1938 por el Congreso de la Nación, durante la presidencia de Roberto M. Ortiz, bajo la ley Nº 12.367 bajo la premisa: “Contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”.

Entre sus objetivos, la Gendarmería Nacional Argentina, se ocupa de proteger las fronteras y tiene la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad pública en áreas rurales y zonas de frontera, donde la presencia de otras fuerzas de seguridad puede ser limitada.

Desde su creación, la Gendarmería ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que amenazan la seguridad y el bienestar de la nación. Además, se encarga de brindar apoyo en situaciones de emergencia, tal como sucedió durante el período de la pandemia del Covid-19-, y desastres naturales, proporcionando asistencia humanitaria y colaborando en tareas de rescate y socorro.

La Gendarmería Nacional también participa en misiones de paz y cooperación internacional, contribuyendo a la seguridad global y fortaleciendo los lazos con otras naciones.

Fue elevada a juicio la causa contra Cristian Palavecino y otros por el homicidio de Alejandro Avandillo

Ocho personas serán juzgadas por el hecho ocurrido el 19 de mayo de 2023, cuando Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza y falleció un mes después. Algunos de los imputados son miembros del grupo familiar del «Gringo» Palavecino.

La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por los fiscales penales María Soledad Filtrín Cuezzo, Claudia Carreras, María Luján Sodero Calvet y Pablo Cabot, fue notificada por el Juzgado de Garantías II del distrito judicial Orán, de la resolución mediante la cual se eleva a juicio la causa por el homicidio de Alejandro Jesús Avandillo y se dispone que las actuaciones sean giradas a la mesa Mesa Distribuidora Penal para que sea asignada a la Sala de Juicio que por sorteo corresponda.

Oportunamente y tras haber reunido los elementos de convicción necesarios, la Unidad Fiscal requirió juicio para Carlos Alberto Lami, Javier Antonio Romero, María Haydée Torres, Néstor Adrián Daniel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino y Cristian Gabriel Palavecino como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Se requirió además que los imputados Carlos Esteban Lami, Brian Gabriel Palavecino y Maria Haydee Torres, respondan como coautores del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, siendo dos hechos los imputables a María Haydée Torres en concurso real y en el caso de Julio Tolaba y Daniel Diaz deberán responder en el Plenario en carácter de coautores por el delito de encubrimiento agravado.

Cabe recordar en la causa, se encuentra con pedido de detención vigente un hermano de Cristian Palavecino.

Según consta en la causa, Alejandro Jesús Avandillo ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza el 19 de mayo de 2023 al hospital San Vicente de Paúl y falleció un mes después.

A través de las numerosas tareas investigativas realizadas por personal la Unidad de Investigación UGAP, se identificó a los sospechosos, entre los que se encontraban la esposa, el hijo y hermanos del «Gringo» Palavecino.

Según sostiene la hipótesis fiscal, el 19 de mayo de 2023 a horas 02:30  aproximadamente, Cristian Gabriel Palavecino atentó contra la vida de Avandillo Alejandro, mediante el uso de un arma de fuego provocándole la muerte producto de un “TEC grave por herida con arma de fuego”, contando con la colaboración de Torres (su esposa), dos de sus hermanos (uno de los cuales se encuentra con un pedido de detención vigente), su hijo, Lami y Romero, quienes se encontraban presentes en el lugar en el que tuvo lugar el suceso, reduciendo las posibilidades de defensa y/o escape de la víctima y facilitando su sometimiento y reducción ante el agresor, sumado a que en forma posterior al hecho realizaron actos para ocultar y desaparecer los rastros del mismo, agregando que las dos últimas personas nombradas fueron quienes trasladaron a la víctima hasta el lugar del hecho.

En el caso de Tolaba, se sostiene que luego de cometido el hecho, acompañó el traslado de la víctima desde el inmueble en el que tuvo lugar hasta el hospital y ocultar, alterar y haciendo desaparecer rastros del suceso. Díaz está acusado de haber sido el encargado de recibir el vehículo en el que trasladaron a la víctima, ocultándolo y/o haciéndolo desaparecer a punto tal que hasta la fecha no fue habido.

Se llevó adelante el primer encuentro de la Mesa de Coordinación y Análisis de Seguridad

Evaluaron la eficacia en las investigaciones penales y de desarrollo científico. Además, analizaron las políticas públicas que deben adaptarse al dinámico comportamiento delictivo a fin de agilizar los procesos y brindar las respuestas que demanda la sociedad.

Esta mañana se llevó a cabo el primer encuentro de la mesa de coordinación y análisis de seguridad, conformada por autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad y Justicia. La reunión fue encabezada por el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, y el ministro de Seguridad Marcelo Ramón Domínguez.

El procurador García Castiella calificó el encuentro como «sumamente fructífero» y resaltó que promueve el desarrollo de políticas públicas acordes a la realidad para combatir de forma eficiente al crimen organizado. Subrayó la importancia de «esta coordinación e intercambio de propuestas, ideas y necesidades entre la Fuerza de Seguridad Provincial y las Fiscalías para alcanzar la articulación que la sociedad demanda en materia de seguridad».

El ministro Domínguez informó que en las localidades fronterizas se trabaja con Nación en la optimización de recursos operativos y logísticos. Además, destacó las capacitaciones que recibirán profesionales de distintas áreas de la Policía, relacionadas con modernos sistemas de investigación que permiten agilizar el cotejo de datos biométricos e intercambiar información con otros organismos.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la acción coordinada entre fiscales y fuerzas de seguridad para eficientizar el trabajo conjunto que ya se viene realizando, impactando positivamente en los procesos. Se enfatizó la necesidad de articular y fortalecer las herramientas tecnológicas, de equipamiento y recursos humanos, tanto de investigación como científicas, disponibles tanto en las fuerzas policiales, como en el Ministerio Público Fiscal, mediante el trabajo coordinado entre ambas instituciones para atender las demandas urgentes de la sociedad.

En la reunión participaron el secretario de Política Criminal del MPF, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; Gabriela Buabse, directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales; Aldo Saravia, secretario letrado de la Procuración General; el coordinador general del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Loutayf; el jefe y subjefe de la Policía de Salta, Diego Bustos y Walter Toledo; y el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar.

Capacitacion estratégica con responsables de la Unidad Regional 1

El encuentro estuvo enfocado en el uso del Sistema Único de Denuncias (SUD) y criterios de actuación en casos de Violencia de Género.

En el Salón de la Escuela del Ministerio Público de Salta, se llevó a cabo una capacitación clave sobre dos temas fundamentales: el uso del Sistema Único de Denuncias (SUD) y Criterios de actuación en casos de Violencia de Género.  El encuentro estuvo a cargo del secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 del Distrito Judicial Centro, Verónica Simesen de Bielke, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.

El objetivo principal fue establecer criterios unificados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía donde cada Fiscal interactuará directamente con los operadores policiales de su área, para asegurar una actuación eficiente y coordinada.

Para este encuentro, se pudo contar con los jefes de dependencias y oficiales de las dependencias de la Unidad Regional N° 1:  Comisaría 3 ( Tres Cerritos), Comisaría 6 (Ciudad del Milagro), Comisaría 9 (San Lorenzo), Comisaría 10 (La Lonja), Comisaría 11 ( 17 de Octubre), Comisaría 14 (Castañares), Subcomisarías de Finca Las Costas, Vaqueros y La Caldera, Base Operativa (El Huaico) y Destacamento Policial de Atocha.  

El SUD, una nueva herramienta móvil implementada, simplificará el proceso de denuncia al reducir tiempos y trámites, además de minimizar errores en la calificación de hechos violentos. Permitirá un seguimiento más efectivo de los casos, evitando la duplicación de denuncias y asegurando la notificación inmediata a las autoridades judiciales competentes y la respuesta en cuanto al procedimiento a llevar a cabo.  Se hizo hincapié en la necesidad y deber de dar uso al Sistema de Directivas por el cual las Fiscalías transmiten las medidas que debe cumplir el personal policial.

En cuanto a los criterios de actuación en violencia de género, se enfatizó en la importancia de una escucha respetuosa e informada para orientar adecuadamente a las víctimas. Se destacaron los derechos de las mujeres durante el proceso de denuncia, asegurando un ambiente seguro y confidencial, libre de discriminación y con acceso a medidas de protección urgentes.

Estas iniciativas buscan fortalecer la respuesta institucional, garantizando un servicio más ágil, comprensivo y efectivo para las personas afectadas.

Se dispuso remisión al fiscal penal en turno para investigar posible comisión de un delito a través de un comentario en una nota periodística

El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la remisión de las actuaciones al Fiscal que por turno corresponda, por la difusión de un comentario realizado al pie de una publicación de la edición digital de Diario El Tribuno para que se investigue la posible comisión del delito de “apología del crimen”. 

El procurador general, Pedro García Castiella, al tomar conocimiento de dicho comentario realizado al pie de la nota periodística publicada por el diario El Tribuno en su edición digital de este miércoles 10 de julio, titulada «Milei tuvo un baño de popularidad en su primer 9 de julio como presidente», dispuso que se remitan las actuaciones al Fiscal Penal que por turno corresponda para su intervención y efectos que estime corresponder.

Se sostiene ello -según el Procurador- en  la necesidad de investigación debido a que objetivamente su texto pretendería reivindicar conductas ya calificadas como claramente delictivas y que así fueran condenadas con sentencia firme, en el marco de un “plan sistemático en el marco del cual fueron cometidos crímenes atroces … … implementado desde el Estado contra sectores de la sociedad civil y con conocimiento de ese ataque, por lo que fueron calificados como delitos, de lesa humanidad …» en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos CSJN 375: 2013 y otros tantos) y la Procuración General de la Nación , todo contra la población civil, robo de bebés en cautiverio, torturas a menores y mayores de edad, y demás crímenes en el contexto referido, todo consolidado por pronunciamientos del máximo Tribunal de la Nación.

Se conformó una mesa de trabajo permanente para fortalecer la coordinación en materia de Seguridad

Tiene como finalidad mejorar la coordinación entre la Fuerza de Seguridad Provincial y el Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo así la eficacia en las investigaciones criminales y la seguridad en Salta. Además, busca diseñar políticas públicas adaptadas al dinámico comportamiento delictivo y promover una respuesta efectiva a las demandas de la sociedad.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; del coordinador general del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Loutayf; y de los recientemente nombrados jefe de Policía, Diego Bustos, y subjefe de Policía, Walter Toledo.

El Procurador, que estuvo acompañado en la ocasión por la secretaria de la Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero y el auxiliar fiscal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) Nicolás Montaldi, expresó un profundo beneplácito por la visita, destacando el encuentro como “sumamente auspicioso, ya que la sociedad nos demanda un trabajo eficaz, efectivo y, esencialmente, una coordinación y comunicación permanente. Para esto, es fundamental el intercambio de propuestas, ideas y necesidades entre la Fuerza de Seguridad Provincial y el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales”.

En este sentido explicó que hay Unidades Especiales que trabajan con su equipo investigativo, compuesto por personal de la Policía de la Provincia, así como fiscalías comunes y del interior, que operan con grupos de investigación de cada Comisaría. “La realidad impone la necesidad de un trabajo absolutamente coordinado, que estoy seguro podremos construir a partir de este tipo de reuniones”- destacó García Castiella.

En la reunión se dejó establecida la conformación de una mesa de trabajo permanente, que se reunirá con una periodicidad aproximada de quince días para intercambiar necesidades y mejorar o perfeccionar las investigaciones criminales y la eficacia de las medidas realizadas respecto a allanamientos e investigaciones. Se coincidió en que es crucial diseñar políticas públicas acordes, ya que el comportamiento delictivo es dinámico y se actualiza constantemente en tecnología y modalidades. Por eso, se necesita acompañar estos cambios para los procesos investigativos y para que la sociedad reciba la respuesta que demanda. “La política criminal debe renovarse y adecuarse día a día, nutriéndose de la información coordinada en esta mesa, incluyendo datos de la calle que aporta la policía y las necesidades operativas del Ministerio Público Fiscal. Esto será sumamente positivo para atender las demandas urgentes de la sociedad, ya que los desafíos son cada vez mayores, y tanto el Ministerio Público como las Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia tienen la responsabilidad de mantener la tranquilidad y paz social, evitando el avance del crimen organizado y la delincuencia común. Debemos construir las barreras necesarias para vivir en una provincia segura y tranquila», expresó el Procurador.

García Castiella expresó: “La coordinación entre la fuerza de seguridad, que actúa como la boca receptora del ciudadano, y el Ministerio Público Fiscal, que recibe la denuncia, debe ser permanente y directa. Recientemente, se llevó a cabo con excelentes resultados un trabajo articulado en los allanamientos realizados en Orán, un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Ciberseguridad y la Fiscalía Especializada en Ciberseguridad, y este jueves y viernes se lograron también procedimientos exitosos por parte del personal de Investigaciones y Policía. Son solo un ejemplo de muchos casos exitosos que benefician a nuestra comunidad. La articulación y el trabajo conjunto son esenciales para enfrentar el crimen organizado, donde hemos tenido resultados positivos gracias a la colaboración con la policía.”

Finalmente, el Procurador General destacó que Salta mantiene estrechos vínculos con la Nación, con un fuerte compromiso en la formación y la seguridad en la frontera, respaldado por diversas gestiones realizadas con este propósito. “Ademas de la colaboración entre las fuerzas de seguridad provincial y federal, la coordinacion entre el Ministerio Público de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal Federal o Nacional es amplia y efectiva, una característica que distingue a Salta y Jujuy de otras provincias. La implementación del sistema acusatorio nacional en estas jurisdicciones permite una colaboración estrecha entre la Justicia Federal y Provincial, facilitando la realización de numerosas investigaciones conjuntas y exitosas”.