Allanan al juez Parisi y detienen al intendente Martínez y al abogado Ortega Serrano

Se realizaron procedimientos en Orán y Aguas Blancas, que involucraron un total de ocho domicilios. Durante los operativos, se secuestró una camioneta y otros elementos de interés para la causa.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi. Esta medida requirió la autorización previa de la Corte de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia, en relación al domicilio del magistrado.

Simultáneamente, el juez de Garantías Raúl López autorizó la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. El intendente Martínez se presentó de forma voluntaria en el Juzgado de Orán, por lo que el juez de Garantías solicitó la presencia de la policía de la provincia para hacer efectiva la detención.

Posteriormente, se llevó a cabo la detención del abogado Ortega Serrano, durante la cual se le secuestró su camioneta, teléfono celular y la suma de 400 mil pesos en efectivo.

Es importante destacar el trabajo investigativo realizado desde el inicio de la causa, y ejecutado en las medidas adoptadas hoy, por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la dirección del Comisionado Coadyuvante de la Procuración, Crio. Gral. Juan Ramón Miranda. El despliegue operacional se desarrolló en coordinación con diversas áreas investigativas GAP Salta, Tartagal, Orán, la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Salta Capital, Zona Norte, así como el personal de UDIS y el grupo especial de UFINAR.

Se allanaron un total de ocho domicilios, incluyendo la vivienda particular del juez Parisi, donde fue necesario recurrir a la fuerza pública al no encontrarse nadie presente, así como el domicilio de su esposa. También se allanaron la vivienda del abogado Ortega Serrano, y tres propiedades del intendente Martínez: dos en Aguas Blancas y una en Orán.

Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios. Esta intervención del letrado referido no registra fundamento procesal alguno para tal accionar, menos aun de la transferencia de esa sensible información, todo lo que, objetivamente podría haber perjudicado el tramite en curso de las labores investigativas, que estaban dirigidas al aseguramiento de indicios probatorios necesarios para responder  a la autoría y móvil del homicidio en cuestión. 

Solicitan la detención del juez Parisi, el intendente Martínez, y el abogado Ortega Serrano por entorpecer investigación judicial

Ademas se pidió autorización judicial para realizar allanamientos en el marco de una investigación. Hasta esta hora, los pedidos solicitados aún no han sido resueltos.

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó hoy la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez,  y del abogado Roberto Ortega Serrano. Este pedido fue elevado al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.

La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

Además, se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación. 

La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A esta hora aun no se resolvieron los pedidos solicitados.

 

 

 

 

El Procurador informó a las Cámaras Legislativas sobre la situación institucional en Aguas Blancas

Mediante nota dirigida a los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado provincial. Pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en ese Municipio. 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dirigió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, y con el propósito de informar al Poder Legislativo sobre la situación institucional que afecta al Municipio de Aguas Blancas.

Resaltando la importancia de que los distintos poderes del Estado Provincial estén al tanto de la situación del actual titular del departamento ejecutivo municipal, Carlos Alfredo Martínez, se informa que el pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal actuante lo imputó por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos. Fue convocado a declarar el 12 de septiembre, optando por hacerlo ante el Juez de Garantías. La misiva destaca que “son consortes de causa el Juez de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Norte, circunscripción Orán, Claudio Alejandro Parisi, y el abogado Roberto Ortega Serrano”, bajo la sospecha fundada de que Ortega accedió al expediente a cargo del Juez Parisi sin justificación procesal, en el cual la mencionada Unidad Fiscal solicitaba allanamientos en los domicilios del intendente, antes de que fueran autorizados. Esta información fue encontrada en los mensajes de WhatsApp del titular del ejecutivo municipal.

Por otro lado, señala que “resulta aún más llamativo” que los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación de la muerte violenta, por varios disparos, de su hermano César Daniel Martínez, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su residencia, ordenado por un juez provincial. Esta información fue recientemente comunicada a la Procuración General por la Unidad Fiscal. Además, se informa que la persona mencionada está siendo investigada por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado por el homicidio de su hermano, ocurrido el 12 de noviembre de 2023, habiéndose allanado sus domicilios los días 12 de abril de 2024 y 5 de junio de 2024.

Por último, informó también que Carlos Alfredo Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de 5 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, ya cumplida. Actualmente, también está imputado en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con un auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán el 24 de abril de 2023.

Mediante esta comunicación, el Procurador General pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el Municipio de Aguas Blancas. 

Destaca que “corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”.

El Procurador aseguró que no cederá ante el avance del crimen organizado

El jefe de los Fiscales reveló que se detectó un plan criminal silencioso dirigido contra su persona, describiéndolo como una conspiración planificada. Destacó la importancia de mantener una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado y agradeció el apoyo institucional, de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación en el manejo de un tema tan delicado.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ofreció una conferencia de prensa acompañado por la directora del CIF, Gabriela Buabse; el Secretario de Políticas Criminales, Gaspar Solá Usandivaras; y los fiscales penales Gabriel González, Daniela Murúa, Luján Sodero y Santiago López Soto, miembros de diversas Unidades Fiscales creadas por la Procuración.

Durante la conferencia, el Procurador expresó su profundo agradecimiento y reconocimiento por el valiente trabajo de los fiscales en el norte de la provincia, especialmente en el distrito judicial de Orán. Destacó el esfuerzo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico Contra el Crimen Organizado y elogió la labor de los fiscales en esa región.

Explicó que, de información surgida de las investigaciones que se llevan adelante en distintas causas penales por parte de la Unidad mencionada, se detectó un plan criminal dirigido contra su persona. Aclaró que no se trata de una amenaza, sino de una conspiración planificada, lo cual es inusual en la provincia y en el país. Subrayó que esto, representa un desafío directo a las Instituciones, particularmente al Ministerio Público Fiscal. Destacó que no se cederá ante las presiones del crimen organizado y expresó su apoyo a lo manifestado por el Gobernador Gustavo Sáenz, con quien comparte la postura de no retroceder en la lucha contra este tipo de delincuencia. También hizo un llamado a los demás poderes del Estado para fortalecer la respuesta institucional.

García Castiella también agradeció el apoyo recibido en el marco de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la investigación, destacando la colaboración de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia. Asimismo, agradeció a ciertos medios de comunicación por su tratamiento respetuoso de la situación, y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al Consejo Federal de Procuradores y a su equipo de trabajo, cuyo respaldo ha sido esencial para continuar avanzando.

El Procurador expresó su deseo de que Salta siga siendo un lugar seguro y pacífico, libre del crimen organizado. Por eso refirió a la propuesta llevada adelante de modificar la Ley de Ficha Limpia para impedir que personas vinculadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos accedan a cargos públicos, y abogó para que el Congreso Nacional incorpore estas restricciones a la Ley 23.737, aplicando una prohibición doble al tiempo de condena. Subrayó la importancia de luchar contra la rentabilidad del crimen organizado, enfocándose en la investigación del lavado de activos.

Contó también que en un reciente encuentro con la Ministra de Seguridad, se coincidió en la necesidad de implementar un plan de acción en Salta similar al aplicado en Rosario de Santa Fé, en colaboración con las fuerzas federales y provinciales para combatir la situación en el norte de la provincia, particularmente en Orán. El Procurador destacó la necesidad de mantener una respuesta firme por parte del Estado ante los desafíos del crimen organizado.

El Procurador General destacó el pedido de jurado de enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi, que surge a raíz de una serie de irregularidades acumuladas por el magistrado, quien ya enfrentaba dos requerimientos de elevación a juicio y ha sido recientemente imputado en un nuevo caso. El Procurador subrayó que no existe corrupción más deleznable que la de un magistrado que negocia y se enriquece a cambio de comprometer la paz de sus conciudadanos y el esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Ministerio Público, que trabajan para llevar a cabo investigaciones que culminan con la privación de libertad de una persona.

Recordó que desde el inicio de su gestión, uno de los principales objetivos ha sido el combate contra el crimen organizado. Mencionó una significativa investigación llevada a cabo por la UFINAR y la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos en el Servicio Penitenciario Provincial, revelando una red interna en la que ciertos funcionarios colaboraban en actividades ilícitas como el tráfico de drogas dentro de las cárceles y exigencias a familiares de los detenidos para obtener beneficios en las calificaciones del Consejo Correccional.

El Procurador agradeció el trabajo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, la Unidad Especial de Investigaciones de Orán y la policía provincial, subrayando que gracias a estos esfuerzos y a los recursos proporcionados por el gobierno provincial, la mayoría de los líderes criminales están en prisión preventiva. También mencionó la reciente investigación que reveló la responsabilidad de personas provenientes de Tucumán en un caso reciente de doble homicidio.

En cuanto a la infiltración del crimen organizado en municipios del norte de la provincia, el Procurador destacó que hay pruebas de intentos de copar estos territorios con recursos y estrategias sofisticadas. Mencionó la presencia de armas, chalecos antibalas, uniformes robados, explosivos avanzados y cárceles clandestinas para ejecutar interrogatorios y golpizas.

Finalmente, el Procurador resaltó la necesidad de adaptar el tratamiento de los privados de libertad involucrados en el crimen organizado, implementando medidas de seguridad específicas y acondicionando los pabellones de acuerdo a las características particulares de estos casos. Subrayó que, aunque no se vive una situación de crisis similar a la de otras regiones del país, existe una alerta constante para prevenir futuros problemas y mantener una vigilancia efectiva contra el crimen organizado.

Amplio respaldo institucional al Procurador y rechazo categórico a las acciones del crimen organizado

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Política Criminal y la Asociación Argentina de Fiscales, expresaron un contundente respaldo institucional al procurador general de Salta, Pedro García Castiella. Este apoyo fue acompañado por numerosas adhesiones y saludos de Procuradores de distintas provincias, incluida CABA, en rechazo a las acciones del crimen organizado y en defensa de las instituciones.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal expresaron su más firme rechazo ante la detección de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia de Salta, procurador general Pedro García Castiella, «llevado a cabo por organizaciones delictivas que intentan desestabilizar las instituciones de dicha provincia».

En respuesta, remarcan, «el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación han implementado medidas esenciales para reforzar la seguridad del Procurador General, de los fiscales y de sus equipos de trabajo, con el fin de garantizar la tranquilidad necesaria para el ejercicio de su importante función». Dice la declaración que, «las amenazas están relacionadas con la lucha contra el crimen organizado que se viene desarrollando en dicha jurisdicción, y el reciente ataque es una prueba de que se está siguiendo el camino correcto».

«Estos hechos resaltan  la importancia de un trabajo conjunto entre las Provincias y la Nación, y una sólida coordinación entre los Poderes Judiciales Provinciales y la Justicia Federal para combatir las organizaciones criminales en todas las jurisdicciones del país. Al respecto, las instituciones involucradas» señalan, manifestando que es «imperativo reafirmar de manera firme y contundente el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones».

Asimismo, las autoridades expresaron su enérgico repudio y rechazo a las amenazas, subrayando que «cualquier tipo de influencia indebida en el accionar de la Justicia no será tolerada», y ofrecieron su apoyo incondicional al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y a todo el personal del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Comunicado de la Asociacion Argentina de Fiscales

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) adhirió en todos sus términos al comunicado conjunto emitido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal «como respuesta al descubrimiento de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia de Salta, procurador general Pedro García Castiella, llevado a cabo por organizaciones delictivas que intentan desestabilizar las instituciones de dicha provincia».

En este sentido, y sin perjuicio de que el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación han adoptado medidas esenciales para reforzar la seguridad del Procurador General, de los fiscales y de sus equipos de trabajo, destacan que es necesario señalar que las Directrices sobre la Función de los Fiscales de La Habana de 1990, en su artículo 5, establecen que: «Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones». Asimismo, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) emitió las Normas de Responsabilidad Profesional y Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales de los Fiscales el 23 de abril de 1999, y en su artículo 6 dispone que: «Los y las fiscales deberán tener derecho y estar facultados a recibir por parte de las autoridades la protección de su integridad física y la de sus familias, cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones como fiscal».

De igual manera, la Recomendación REC (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros de la Unión Europea sobre el papel del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal, en su artículo 5, inciso G, establece que «los fiscales, junto con sus familias, deben estar físicamente protegidos por las autoridades cuando su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones». Por su parte, la Asociación Internacional de Fiscales emitió una declaración de normas mínimas relativas a la seguridad y protección de los fiscales y sus familias en Helsinki, Finlandia, el 1 de marzo de 2008, en la cual establece 14 disposiciones a incluir en una política integral de seguridad de los fiscales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, en su sentencia del 22 de noviembre de 2004, ordenó que «el Estado debe otorgar garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas». Asimismo, la CIDH, en el caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, en su sentencia del 11 de mayo de 2007, manifestó que «el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia».

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas emitió el informe A/HRC/20/19 de la Asamblea General, el 7 de junio de 2012, basado en el Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, sobre la seguridad de los fiscales, en donde se recomienda que «debe existir una institución específica encargada de evaluar los riesgos de seguridad de los fiscales y sus familias a fin de proporcionarles información, capacitación y asesoramiento en materia de seguridad personal». Además, se enfatiza que, «si los fiscales o sus familias se ven sometidos a cualquier tipo de violencia o amenaza, o a intimidación, coacción o vigilancia ilegítima, es responsabilidad del gobierno investigar esos incidentes y prevenir su recurrencia, proporcionando cuando corresponda apoyo psicológico o asesoramiento».

A criterio de esta Asociación, «las acciones del narcotráfico deben ser evaluadas teniendo en cuenta la real dimensión y capacidad operativa de estas organizaciones. El asesinato del Fiscal de Paraguay Marcelo Pecci puso en evidencia la cooperación transnacional de las organizaciones delictivas, así como la velocidad, recursos y determinación con que actúan contra quienes los persiguen legalmente. No es suficiente un despliegue de seguridad pasiva; se requiere una proactividad en la investigación y en la recolección de información (inteligencia), que a estas alturas se encuentra plenamente justificada».

Consideraron que, «debe existir una decisión firme que involucre a todos los países de la región actuando de manera coordinada y simultánea». Además, insisten en que «la seguridad de los fiscales, familiares y colaboradores debe plasmarse en medidas efectivas e integrar las políticas públicas del Estado y los Ministerios Públicos Fiscales, tal como lo sugiere el reciente Protocolo para la Creación de una Política de Protección y Seguridad de Fiscales, Funcionarios y Servidores de los Ministerios Públicos de América Latina de la Federación Latinoamericana de Fiscales».

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó todo su apoyo «al procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y a todos los fiscales y colaboradores afectados por este siniestro plan».

 

 

El Procurador General presenta denuncia en contra del juez Claudio Parisi ante el Jurado de Enjuiciamiento

Hoy se presentó formalmente el pedido de jury contra el Juez de Garantías Nº 2 de Orán, acompañado de la solicitud de su destitución. Se fundamenta en acusaciones por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó hoy una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el Juez de Garantías Nº 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, solicitando su destitución. La acusación se basa en que su accionar habría sido contrario a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, entendiéndose que la conducta del magistrado lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia.

En la presentación realizada se detalla y acompaña documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados. Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes. Si bien los delitos de cohecho en los que se encuentra imputado Parisi forman parte de las respectivas causas penales que se encuentra en proceso, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento no se basa en esas acusaciones, sino en el objetivo desmanejo de los casos, que resulta evidente de la sola compulsa de los expedientes que se encontraban a su cargo.

El primer hecho en que se basa la acusación ante el Jury consiste en el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes, mientras cumplía pena en su domicilio, al volver a ser imputada por un nuevo hecho de la misma actividad ilícita, fue beneficiada por Parisi con la continuidad de su «prisión» domiciliaria, sin custodia policial alguna ni método de monitoreo electrónico de sus movimientos.

Lo grave no fue solo eso, sino que, en el expediente judicial, el juez Parisi dejó por escrito decisiones que reflejaban otra cosa; es decir, ocultó al resto de los sujetos procesales que había dispuesto el mantenimiento de la domiciliaria. Esto lo hizo a través de una resolución en la que dictó la prisión preventiva, argumentando que había serios riesgos procesales si se otorgaba la libertad a la acusada, pero en los hechos dio la orden a la Policía para que ella continuara en su casa sin ningún otro recaudo o precaución. Al año siguiente, la misma acusada fue imputada nuevamente por vender drogas en su domicilio.

Otra situación se presentó en el caso “Leniz” (coimputada de Pereyra en el último caso mencionado), donde el criterio del juez pareció ser diferente, puesto que, si bien había concedido la prisión domiciliaria a la imputada, luego la dejó sin efecto ante un informe del Servicio Penitenciario respecto a una nueva imputación que pesaba sobre Leniz.

El  magistrado aplicó criterios completamente distintos en uno y otro caso, siguiendo un «estándar de justicia» que no es posible definir externamente. Sin embargo, señaló García Castiella que quizás ese cambio de criterio tenga razón de ser en lo que corría por detrás de las decisiones sobre la concesión de prisión domiciliaria, puesto que es justamente por la causa que se inicia contra Leniz en esa oportunidad que se descubre todo el entramado ilegal surgido de extracciones telefónicas de una policía sobrina suya, que confluyó en las imputaciones del juez Parisi, de la oficial de policía Castellanos (sobrina de aquél) y del secretario del juzgado Maximiliano Correa. Ademas de negociaciones por beneficios procesales, esta policía se encuentra detenida y bajo proceso por anticipar allanamientos a los investigados y frustrar asi medidas procesales 

La imputación y posterior requerimiento a juicio del juez Parisi por el delito de cohecho agravado se justificó no solo por las conversaciones entre la acusada Leniz y la oficial de policía Castellanos, en las que esta última ofrecía sus vínculos familiares con el juez para que aquélla obtuviera beneficios a cambio de abultadas sumas de dinero, sino también porque los detalles de las conversaciones revelan que Castellanos tenía conocimiento preciso de la causa sin intervenir en ella como auxiliar de la justicia. Además, se constató la adulteración en la cadena de custodia de un cuaderno que se encontraba secuestrado y bajo la responsabilidad de Parisi, el cual la acusada Leniz solicitó telefónicamente a Castellanos.

La misma falta de criterio, razonabilidad y justicia se presenta en las decisiones tomadas por Parisi en relación a José Dimas Ruiz (ex candidato a intendente de Orán), en la causa en la que se encuentra acusado como partícipe del violento y millonario robo a la empresa Abra el Sol, en el que también está imputado como autor, entre otros, Cristian “Gringo” Palavecino; situación que fuera denunciada por la abogada Sandra Domene y una hermana del imputado Ruiz en donde se denunciara el pedido de coima para el otorgamiento de una detención domicilaira. En ese expediente, Parisi intentó dar una apariencia diferente a la medida adoptada a favor de Ruiz, afirmando en la resolución que hacía lugar al pedido de prisión preventiva, cuando en realidad ordenó una simple restricción ambulatoria en su propio domicilio. Desde su residencia, Ruiz sumaría luego otras acusaciones, por haber pasado información a la organización criminal para que robara las casas de sus vecinos.

Sobre ese caso, es importante comprender el contexto, ya que se trató de un hecho cometido por una organización criminal formada por varias personas que utilizaron distintos vehículos para trasladarse, actuaron con extrema violencia, emplearon armas de grueso calibre y hasta llevaron a cabo el secuestro de uno de los socios gerentes de la empresa.

A ello se agrega el hecho de que se encuentra bajo investigación penal y con requerimiento de juicio el supuesto cohecho en el que también está involucrado Parisi, por recibir dinero a cambio de los beneficios otorgados al ex contador de la empresa Abra El Sol, Jose Dimas Ruiz. De las conversaciones encontradas en los teléfonos del hermano del acusado Ruiz y del secretario del juzgado, Maximiliano Correa, que se realizaron con el abogado Roberto Ortega, quien representaba a Ruiz, se advierte que hablan del pago de una suma de dinero. Además, se revela que, incluso antes de que el Juzgado de Garantías formalizara la decisión, esa parte ya conocía el resultado y el horario en que habría de efectivizarse.

También denuncia el Procurador la falta de criterio para disponer el arresto domiciliario en el caso “Chaile”, donde en una primera instancia el juez Parisi dispuso la prisión preventiva del acusado por homicidio culposo, quien había huido de la escena del crimen, justificando la medida con la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, unos días después, cambió vertiginosamente de opinión y dispuso lo contrario, ordenando que Chaile se mantuviera en su domicilio particular.

Lo grave del caso es que el magistrado no tomó recaudos para asegurar el cumplimiento de la disposición, y cuando el Tribunal de Impugnación le exigió que impusiera una pulsera electrónica para controlar la medida, Parisi incumplió deliberadamente el mandato. En su lugar, terminó ordenando, sin nuevos fundamentos, la libertad plena del imputado. Como consecuencia de la concesión de tantas libertades, el acusado Chaile sigue prófugo de la justicia, y las víctimas del hecho permanecen sin respuesta judicial alguna.

Por último, García Castiella denunció el grosero actuar de Parisi en el caso del sicariato que acabo con la vida de  César “Oreja” Martínez, hermano del Intendente Carlos Alfredo “Conejo” Martinez, a quien le concedió el arresto domiciliario a pesar de estar acusado por tentativa de femicidio y contar en ese momento con dos resoluciones de prisión preventiva en su contra, dictadas por el propio Parisi: una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma víctima y otra por venta de drogas.

Mientras Martínez gozaba de la prisión domiciliaria concedida, fue ejecutado fríamente en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas y le asestaron 17 disparos.

El juez Parisi también intervino en la causa que investigaba la muerte de Martínez, oportunidad en la cual se obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad. Este comportamiento también forma parte de la acusación presentada hoy por el Procurador.

Cabe destacar que el juez Claudio Parisi está actualmente sospechado de haber pasado irregularmente información sobre la causa al abogado Roberto Ortega, quien no estaba habilitado en el caso. En el marco de esa investigación, se necesitaba obtener prueba urgente, por lo que se solicitó el allanamiento de varios domicilios, incluido el del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, hermano del fallecido César Martínez. Sin embargo, Parisi demoró injustificadamente el procedimiento y, posteriormente, se demostró que había proporcionado información sobre esos actos al abogado Ortega, lo que frustró las posibilidades de éxito de los allanamientos.

El procurador Pedro García Castiella consideró que, en los casos expuestos, el magistrado demostró un mal desempeño en el cumplimiento de sus deberes. Esto incluye la falta de uniformidad en los criterios para conceder y revocar arrestos domiciliarios, la incorrecta valoración de los riesgos procesales para su otorgamiento, la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la imposición de prisión preventiva y su concesión bajo modalidades no autorizadas por ley, las respuestas infundadas a los requerimientos de medidas que necesitan autorización judicial formuladas por la Fiscalía, y el indebido acceso y compulsa de expedientes a su cargo por parte de personas ajenas. Todo esto frustró deliberadamente, y hasta la fecha, la investigación de hechos de altísimo impacto social y gravedad para la comunidad, como la falta de cumplimiento de las medidas dispuestas por el Tribunal de Impugnación para asegurar la comparecencia de un imputado, lo que permitió su fuga hasta la actualidad.

“No debe existir corrupción más deleznable y execrable para los intereses generales de la sociedad que aquella que pretende lucrar y obtener repugnante rentabilidad negociando con el crimen y entregando, a cambio, la seguridad y tranquilidad de los vecinos y conciudadanos; negociar entregando no solo la paz social, sino también el esfuerzo, riesgo y desvelo de las fuerzas de seguridad, equipos de investigación y fiscales del Ministerio Público en general, que llevan adelante una investigación con la esperanza de lograr los fines del Estado. Queda claro que, sin la investigación esforzada y los severos riesgos asumidos por parte del Ministerio Público en determinada investigación que luego llegará a órbitas de decisión y control de un Juez de Garantías, no existirían las condiciones para negocio espurio alguno al tiempo de la concesión de beneficios. Dicho de otro modo, y en un contexto increíblemente abyecto, la tarea persecutoria del Ministerio Público Fiscal termina creando las condiciones para las negociaciones espurias posteriores” —expuso el Procurador en su denuncia.

 

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Unidad Fiscal rechaza el traspaso de la causa al fuero federal 

La defensa argumenta que los delitos exceden la competencia provincial, pero la Unidad Fiscal afirma que el caso debe continuar en la justicia provincial porque los delitos son desfederalizados y remitirlo al fuero federal sería injustificado y perjudicial.

Los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga el accionar de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas, donde cada uno de los 20 imputados desempeñaba un papel específico, rechazaron la declaración de incompetencia planteada por la defensa de uno de los acusados.

En el pedido presentado ante el juez Federico Diez, a cargo de la Sala VII, se solicitó que el caso sea remitido al fuero federal. Se argumentó que, al haber sido el imputado requerido a juicio como coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, cometidos en un lugar de detención y por funcionarios encargados de la guarda de presos, y al considerárselo penalmente responsable de asociación ilícita, los hechos exceden la simple comercialización al consumidor final. Según la exposición, uno de los acusados proveería estupefacientes a otro, mientras que un tercero ocuparía un nivel superior en la cadena de distribución, lo que, a su entender, supera los límites de la competencia provincial.

En su respuesta, la Unidad Fiscal sostiene claramente que la competencia en este caso corresponde a la justicia provincial, dado que, en su requisitoria, acusa a los imputados de delitos que han sido desfederalizados.

Recuerda que la provincia de Salta, mediante la Ley N° 7.782, adhirió a la Ley nacional y asumió la responsabilidad de investigar, perseguir, juzgar y sancionar los delitos previstos en ella, incluyendo la comercialización de estupefacientes (art. 5° inc. C de la ley 23.737), que es un «delito desfederalizado» y de competencia provincial (art. 34 inc. 1 de la misma ley). Por otra parte, la Corte de Justicia de Salta, en la Acordada N° 11554/13, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo «Constante», confirmaron que los delitos de comercialización de estupefacientes con agravantes del art. 11 de la ley 23.737 son de competencia provincial y no federal, bajo la Ley 26.052.

En cuanto al imputado mencionado por la defensa, se encuentra acusado de comercialización de estupefacientes agravado, no solo por la participación de más de tres personas, sino también por su rol como funcionario del Servicio Penitenciario provincial encargado de la custodia de presos. Según la hipótesis de la Unidad Fiscal, su principal conducta delictiva consistía en introducir drogas en la Unidad Carcelaria Nº1 para entregarlas a los internos para su consumo. Esto se ajusta a los parámetros de la ley, que penaliza la venta y entrega al consumidor, es decir, los últimos eslabones del tráfico de drogas, sin tratarse de una operación a gran escala ni de actividades que excedan el límite de lo común.

En este caso, no se puede pasar por alto que la investigación principal que derivó en múltiples allanamientos realizados en el mes de diciembre de 2023, se centra en hechos de corrupción de suma gravedad y relevancia institucional, ya que involucra presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública en el Servicio Penitenciario Provincial, específicamente en la Unidad Carcelaria Nº1. Resalta la Unidad Fiscal, que la corrupción perjudica gravemente la salud de un Estado democrático, ya que afecta la percepción de la sociedad sobre el correcto funcionamiento de las Instituciones y socava los principios ético-legales a los que deben someterse sus funcionarios.

Se agrega ademas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Echeverría, señaló que la justicia provincial está asignada para ciertos delitos, mientras que la justicia federal se reserva para los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Nacional y la Convención de las Naciones Unidas. Estos delitos deben superar lo común y están relacionados con el tráfico ilícito mencionado en la ley 23.737. En contraste, el comercio de estupefacientes que implica el último eslabón de la cadena de distribución queda fuera de la jurisdicción federal, principalmente debido a la capacidad de la justicia local para tratar estos casos en el interior del país.

Debe tenerse en cuenta que la investigación no se centra únicamente en el tráfico de estupefacientes dentro del penal, sino en hechos de igual o mayor gravedad, como negociaciones espurias e indignas basadas en la exigencia de sobornos a cambio de favores, tales como mejores calificaciones en conducta y la agilización de trámites para obtener salidas transitorias o cambios de pabellón ante el Consejo Correccional. Además, se les acusa de haber permitido el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas, en violación del reglamento interno del penal.

La Unidad Fiscal subrayó la inconveniencia de remitir a otro fuero una causa que ya se encuentra con requerimiento a juicio, radicada en el Tribunal de Juicio en la etapa de apertura a prueba. La remisión al fuero de excepción causaría un grave perjuicio para el caso en particular, dado que aún están pendientes de resolución varios planteos de los defensores relacionados con la libertad de los imputados y los incidentes de arrestos domiciliarios. Por lo tanto, y de acuerdo con el marco legal vigente, la Unidad Fiscal considera que no corresponde hacer lugar al planteo formulado, y solicita que se continúe con el trámite correspondiente.

 

Corrupción en el Servicio Penitenciario: Requieren juicio para 20 personas

Presentan nuevo requerimiento de juicio al titular del Juzgado de Garantías 2 de Orán

Al magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, y a una funcionaria policial con quien posee relación de parentesco, se los acusa de recibir dinero a cambio de que el primero otorgue el arresto domiciliario y luego impida que la causa llegue a juicio.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio oral y público de la causa seguida en contra de Claudio Alejandro Parisi y Mariana Cristina Castellanos, quien se encuentra privada de su libertad desde el año pasado, como coautores del delito de cohecho pasivo agravado, previsto en los artículos 257, 45 y 46 del Código Penal, y en contra de Beatriz Leniz, como autora del delito de cohecho activo, previsto en los artículos 258 y 45 del Código Penal.

Cabe recordar que, en contra de Claudio Parisi, ya se encuentra en trámite un requerimiento a juicio por la comisión del mismo delito, en una causa vinculada al robo de la empresa Abra del Sol, en la cual también se encuentra procesado Cristian Gabriel Palavecino, y donde los fiscales concluyeron que le concedió el arresto domiciliario al imputado Dimas Ruiz a cambio de una suma de dinero.

El presente proceso se inicia a partir de un informe presentado ante la Procuración General de la Provincia de Salta por parte de la Fiscal Penal 2 de Orán, donde planteaba que, en el marco de una investigación que llevaba adelante contra policías pertenecientes al grupo SINAR 23 de Orán, del análisis de las comunicaciones contenidas en el celular de la investigada Mariana Castellanos, surgen diálogos entre esta y Beatriz Leniz, imputada por comercializar estupefacientes, en los que se acuerda la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa.

Ante esta situación, y en aquella oportunidad, el Procurador General dispuso la creación de una Unidad Fiscal mediante la Resolución N.º 1463/23, de fecha 29 de septiembre de 2023, para llevar adelante la investigación de la sospecha inicial.

Con el avance de las tareas investigativas, el equipo fiscal constató un trato cercano entre la acusada de venta de drogas, Beatriz Leniz, y la sargento Castellanos, quien no solo integraba la División que debía investigarla, sino que además actuaba como intermediaria con el magistrado que actuaba como juez de Garantías, para evitar que las actuaciones llegaran a la etapa del debate y que las acusadas mantuvieran el arresto domiciliario.

Surge también de lo investigado que la acusada Castellanos invocaba abiertamente su relación de parentesco con el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, señalando que se trataba de su tío (lo que se pudo verificar de manera certera con la información remitida por el Registro Civil de la provincia). La funcionaria policial, invocando el nombre de Parisi, llegó a solicitar a Leniz la suma de 400 mil pesos con el fin de asegurarle la desvinculación del proceso, señalando también que debía entregarse una parte del dinero pactado en concepto de adelanto.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la encartada Leniz evidenciaba un manejo preciso y pormenorizado del estado procesal de la causa que la tenía involucrada. Como es de público conocimiento, esta información es restringida y solo podría conocerse mediante la transferencia de información por parte de los sujetos procesales intervinientes. Debemos resaltar que el trámite de la investigación contra Leniz y otros estaba a cargo de una fuerza de seguridad distinta a la local.

Leniz, por su parte, requirió además que se le diera acceso a un cuaderno que le habían secuestrado, donde tenía anotaciones de interés. Lo que evidentemente sucedió, pues pudo determinarse que la cadena de custodia del secuestro mencionado había sido violentada y que no existe constancia en los registros de que haya sido remitido a otra dependencia. Sin embargo, se acreditó la afectación de las medidas de seguridad del bien secuestrado y bajo resguardo judicial.

El equipo Fiscal concluye que el motivo consignado por el juez como fundamento de la prisión domiciliaria otorgada a Beatriz Leniz en la sentencia del 10 de agosto de 2023 fue utilizado para encubrir el origen ilícito de la misma, consistente en la promesa de una suma de dinero que la imputada le daría al Magistrado a través de la sargento Castellanos, a cambio de que no solo se mantuviera ese beneficio, sino también se evitara que la causa fuera llevada a juicio. Esta contraprestación no se cumplió, en razón de que el Juez tomó conocimiento de que Beatriz Leniz fue detenida nuevamente por «ofrecimiento de dádivas» e intentó ocultar su proceder ilícito, revocando, sin fundamento válido alguno y contrariando su propio criterio, el arresto domiciliario otorgado.

Los extremos expuestos constituyen algunos de los elementos que elevan la sospecha inicial de persecución penal y obligan a presentar el acto procesal de realización de la audiencia de debate. Previo a ello, la causa deberá transitar la etapa de control de la acusación a cargo del Magistrado interviniente.

 

El Ministerio Público Fiscal capacitó a cadetes del Servicio Penitenciario

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Escuela de Cadetes, se enmarca en el ciclo de capacitación permanente del Ministerio Público Fiscal de la provincia, destinado a las fuerzas de seguridad.

Se realizó este miércoles una capacitación sobre “Tratamiento de reclusos. Medidas de sujeción. Actualidad y perspectivas”. La formación estuvo dirigida a los cadetes de primer y segundo año de la carrera de Técnico Superior en Criminología con orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario de la Escuela de Cadetes N° 6044 “Alcaide José Luis Herrera”.

La acción es parte del ciclo de capacitación permanente que el Ministerio Público Fiscal, en colaboración con las fuerzas de Seguridad lleva adelante. Esta política criminal tiene como uno de sus principales objetivos reforzar los mecanismos de protección de la ciudadanía y la seguridad, así como el fortalecimiento del sistema carcelario mediante la adopción de medidas óptimas para el cuidado y prevención de delitos.

En esta oportunidad, la temática estuvo enfocada en el tratamiento de la seguridad de los internos, el personal penitenciario y la comunidad en general. Se abordaron técnicas de contención tanto en situaciones de violencia como en el manejo de enfermedades mentales, algunas de las cuales están relacionadas con las adicciones. Se hizo hincapié en la necesidad de que la medida se base en una orden médica, bajo estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para tales fines.

En esa misma línea, se expusieron las recomendaciones e instrucciones vinculadas con el traslado de personas privadas de la libertad, para luego dar paso a la presentación de casos.

La apertura de la jornada de instrucción estuvo a cargo de la subdirectora general del Servicio Penitenciario de Salta, Prefecta Mayor Valeria Calisaya y el director de la Escuela de Cadetes, Alcaide Mayor Alejandro Páez.

Posteriormente la capacitación fue dictada por los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich. Al concluir esta fase, la formación continuó con los docentes de la Escuela del Servicio Penitenciario, Cabo Procurador Adolfo Martínez; el Adjutor Mayor Walter Verías; el Sargento ayudante, Néstor Fabián Márquez y  el Sargento Ayudante, Rafael Ángel Farfán, ambos pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias Salta (GEOPS).

 

Crimen organizado: El Procurador refuerza la investigación sobre una supuesta banda criminal vinculada al homicidio de dos ciudadanos bolivianos

Se trata del homicidio de dos hombres de nacionalidad boliviana encontrados sin vida a la vera de la ruta nacional 34. El hecho habría ocurrido el pasado mes de mayo.

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella, dispuso mediante resolución Nº 1552 que la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por las y los fiscales Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo, Pablo Cabot, y María Luján Sodero incorporen y continúen la investigación de un doble homicidio ante la sospecha de haber sido perpetrado por una peligrosa organización criminal.

Recientemente en instancia recursiva el juez del Tribunal de Impugnación Juan Marcos Ezequiel Molinati, rechazó los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmó la prisión preventiva dictada por el Juez Francisco Oyarzú a solicitud de la Fiscalía de Orán en contra de los imputados, por la violenta muerte de dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados a la vera de la ruta nacional Nº 34 en Colonia Santa Rosa.

La investigación, inicialmente dirigida por la fiscal Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, y llevada adelante por el Grupo Investigativo GAP de Oran, se inició el 10 de mayo de este año, tras el hallazgo en la escena del crimen de dos hombres, originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, asesinados de varios disparos efectuados con arma de fuego.

El avance de la causa y el uso de técnicas avanzadas de investigación permitieron obtener los indicios necesarios que llevaron a ordenar la detención de una persona oriunda de la localidad de Orán y de dos personas de la provincia de Tucumán. Se realizaron allanamientos en esta última, y los detenidos fueron trasladados desde allí a la provincia de Salta.

Como parte de la mecánica delictual intervinieron varios vehículos, uno de ellos abandonado en la vía pública, en la localidad de Libertador General San Martín. En su interior encontraron documentación que lo vinculan a una estadía en la Ciudad de Orán.

Por otra parte, el análisis de información objetiva de tecnología actual arrojó compatibilidad con el recorrido cercano al lugar del hallazgo de los cuerpos.

Los exámenes forenses confirmaron que ambos cuerpos presentaban signos de extrema violencia previa a la muerte y numerosas lesiones causadas por disparos de arma de fuego. Además, una de las víctimas se hallaba maniatada con precintos, similares a los encontrados en uno de los vehículos usados por los presuntos autores del hecho.

La decisión estratégica de incluir la referida investigación en la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte obedece a los lineamientos de política de persecución penal dispuestas por la Procuración General de la Provincia.

 

Colonia Santa Rosa: Fueron imputados los dos tucumanos vinculados a un doble homicidio