El desempeño durante la investigación y el juicio fue clave para sostener las acusaciones y asegurar un fallo ejemplar.
Mediante la Resolución Nº 1671, el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, resolvió reconocer la labor desarrollada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que condujo la investigación y el proceso judicial que culminó con la condena de los 17 imputados, entre ellos funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares de alojados en la Unidad Carcelaria 1, a penas de entre 1 y 10 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias —que se extendieron desde el 4 de agosto hasta el 15 de octubre de 2025—, la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes que permitieron sostener las acusaciones y garantizar un fallo ejemplar, marcando un hito histórico en la lucha contra la corrupción y los abusos dentro del sistema penitenciario.
Cabe reconocer la actuación profesional de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, cuya dirección y compromiso técnico fueron decisivos para avanzar en la investigación en un contexto de alta complejidad institucional, superando obstáculos operativos y estructurales, y garantizando un enfoque interdisciplinario con pleno respeto a los derechos humanos. De igual trascendencia fue el reconocimiento a los fiscales Gustavo Torres Rubel y Santiago Lopez Soto, quienes con la misma dedicación, valentía y rigor profesional, contribuyeron al desarrollo de la causa y al logro de un resultado judicial de enorme relevancia institucional y estratégica, como condición necesaria para el control del funcionamiento de los penales.
Se destacó también el trabajo de los equipos intervinientes —en particular, la Unidad de Investigación UDEC y UFINAR, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a cargo de los Comisarios Juan Pablo Sánchez yAriel Barrera— fue determinante para el éxito de la investigación, aplicando modernas técnicas de investigación criminal y manteniendo un enfoque interdisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos.
Ademas, se reconoce la dedicación y el compromiso de los integrantes de la Unidad de Investigación UDEC, cuya labor constante, rigurosa y basada en evidencia permitió sostener las acusaciones durante todo el proceso judicial, así como el trabajo de la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni y el sumariante Walter Inda, quienes acompañaron con profesionalismo y vocación el desarrollo de la causa.
Asimiso, se resaltó el trabajo desarrollado por la Coordinación de Prensa Institucional del Ministerio Público Fiscal, cuya cobertura del juicio durante más de dos meses contribuyó a la transparencia institucional y a la comunicación pública de los actos de justicia.
Finalmente, el Procurador General subrayoque la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Sala VII representa un avance significativo dentro de la planificación estratégica del Ministerio Publico Fiscal y la lucha contra el crimen organizado. Según indicó, las experiencias actuales en otros centros urbanos, donde confluyen el crimen organizado, el Estado y la sociedad, anticipan y señalan el desafío de un nuevo escenario de atención en el interior de los penales, que puede convertirse en un germen de crecimiento para las organizaciones delictivas.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió a los representantes de Telecom, Susana Menéndez, gerente de Asuntos Institucionales, Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, y los coordinadores Sofía Ciampone, Fernanda Cirilo y Alejandro Acri, con motivo de la firma de ampliación del contrato que regula el acceso de fiscales y auxiliares penales al Portal de Telecom y Telecom Pay.
El convenio permite a los fiscales y auxiliares penales consultar información digital de Telecom y se amplía ahora a la billetera digital Telecompay, con fines de investigación judicial, contribuyendo a la eficiencia y celeridad en la obtención de datos relevantes para la persecución penal.
Durante la reunión, el Procurador General reconoció la importancia de la colaboración institucional de Telecom, resaltando su aporte al desarrollo de investigaciones criminales, lo que pone de manifiesto el firme compromiso social de la empresa, más allá de sus objetivos comerciales.
En el marco de la renovación, se llevó a cabo una capacitación híbrida destinada a fiscales, auxiliares y personal de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal. La actividad se realizó en la Sala de la Escuela del Ministerio Público Fiscal y se extendió por plataforma virtual a todas las dependencias de la institución.
Durante la capacitación se presentó el funcionamiento del Portal de Telecom, se instruyó sobre los procedimientos para realizar pedidos de información de manera eficiente y se brindaron lineamientos técnicos que facilitan la obtención de datos necesarios para las investigaciones judiciales.
Se trata del organismo nacional encargado de prevenir la tortura y supervisar las condiciones de detención en el país.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió la visita de los comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gustavo Federico Palmieri y Natalia Gabellini, en la que se abordaron los avances, desafíos y políticas en materia de protección de los derechos humanos en contextos de encierro.
Durante el encuentro, se dialogó sobre la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la atención a las personas privadas de libertad y la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, con el propósito de consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y alineado con los estándares nacionales e internacionales.
Además, se ponderó el reciente juicio llevado adelante contra personal del Servicio Penitenciario, que culminó con una condena ejemplar para 17 imputados, con penas que oscilan entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. El proceso judicial permitió acreditar la existencia de una organización jerárquica dedicada a la comercialización de estupefacientes y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal, en perjuicio de personas privadas de libertad.
Asimismo, los representantes del Comité manifestaron un especial interés en el Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP), impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, destacando su carácter innovador y su impacto positivo en la prevención de la violencia de género. En este sentido, expresaron su voluntad de promover la implementación de iniciativas similares en otras jurisdicciones del país, como modelo de intervención orientado a la reeducación, la construcción de vínculos saludables y la reducción de la reincidencia.
Finalmente, se abordaron cuestiones vinculadas a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal y la introducción de herramientas procesales destinadas a modificar sustancialmente el análisis de medidas cautelares y beneficios carcelarios, otorgando un mayor dinamismo y evitando la prolongación innecesaria de la detención de aquellas personas que no requieren el dictado de prisión preventiva.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley N.º 26.827, funciona desde 2017 como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su misión es supervisar sin previo aviso los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, recabando información directa mediante entrevistas confidenciales, en cumplimiento de los principios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, al cual Argentina adhiere.
El Ministerio Público Fiscal informa que el día 9 de octubre de 2025 se inició una investigación a partir de las alertas efectuadas por familiares de la persona del Sr. Vicente Cordeyro, denunciando su desaparición.
Desde ese momento, se activaron los protocolos correspondientes y se dispusieron diversas medidas con el objetivo de determinar su paradero. A través del análisis de las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se logró reconstruir el recorrido de la persona y del vehículo en el que se desplazaba, un Volkswagen Suran de color gris.
Las imágenes obtenidas permitieron establecer que el automóvil circuló por distintos sectores de la ciudad de Salta y posteriormente por la localidad de San Lorenzo, donde fue ubicado alrededor de las 21 horas, estacionado en una calle lateral a la Iglesia, a escasos metros de la dependencia policial.
La etapa de investigación del paradero y ubicación del vehículo estuvo a cargo de los equipos de investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Salta, quienes trabajaron de manera articulada con la Unidad Fiscal interviniente.
Ante este hallazgo, se dispuso la intervención inmediata del equipo de Criminalística del CIF, que realizó el abordaje técnico del automóvil y desplegó tareas operativas hasta altas horas de la noche, con el fin de preservar y recolectar todos los elementos de interés para la causa.
Esa misma noche, el equipo fiscal interviniente solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) respecto de la línea telefónica de la persona desaparecida, con el propósito de obtener datos de ubicación, antenas de cobertura y actividad de conexión.
El organismo respondió de manera inmediata, aportando la información requerida para su análisis técnico.
El día viernes, los equipos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia, bajo coordinación de la Unidad Fiscal interviniente, continuaron con las tareas de análisis de la información obtenida.
En esa jornada se avanzó con el estudio de los datos remitidos por la DAJUDECO, referidos a la línea telefónica de la persona buscada, con el propósito de establecer desplazamientos y posibles zonas de interés.
Asimismo, se realizó un recorrido exhaustivo por distintos sectores de la villa veraniega de San Lorenzo, a fin de identificar cámaras de seguridad privadas ubicadas en las cercanías del lugar donde había sido hallado el vehículo.
Una vez ubicados los dispositivos, se procedió a la descarga del material audiovisual correspondiente.
Del análisis de esas grabaciones, en particular de una cámara externa situada en las inmediaciones del camino que conduce a la zona del cerro Elefante, se pudo observar la presencia de un hombre con características físicas y vestimenta coincidentes con las de la persona buscada, registrado el día jueves a las 8:22 horas.
Cabe destacar que ese mismo jueves, alrededor de las 12:10 horas, se registró un incendio forestal en el sector conocido como “la Cola del Elefante”, hecho que fue comunicado a las autoridades locales por un residente de la zona. Este alertante informó respecto de la visualización de una persona en el lugar donde una columna de humo indicaría el inicio de un fuego, y cuyo audio remitido resulta de un minuto anterior al horario informado del cese del tráfico de datos del celular.
Dado que el foco ígneo se originó en un área próxima al punto donde se orientó la búsqueda, la Unidad Fiscal incorporó esta circunstancia al análisis general de la investigación, con el propósito de determinar si pudiera tener alguna relevancia para el caso.
Como consecuencia de ello, durante la tarde y noche del viernes se llevó a cabo una reunión interdisciplinaria entre representantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia, la Unidad Fiscal interviniente, el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil y guías locales, con el objetivo de planificar las tareas de búsqueda y rastrillaje en la zona.
Las acciones se iniciaron el sábado a las 6:00 de la mañana, conforme al plan operativo acordado en ese encuentro.
La zona de búsqueda comprendía un amplio sector del cerro Elefante, caracterizado por una extensa red de caminos principales y senderos alternativos, muchos de ellos de acceso de mediana dificultad, que se incrementa progresivamente a medida que se asciende.
Estas condiciones demandaron una planificación minuciosa del operativo, con equipos distribuidos por sectores y el acompañamiento de guías locales conocedores del terreno, a fin de optimizar la cobertura y garantizar la seguridad de los participantes.
El primer equipo desplegado se dirigió hacia la zona del incendio, donde alrededor de las 9:00 horas se informó el hallazgo sin vida de la persona buscada.
A partir de ello, se dispuso un operativo integral para permitir el acceso del equipo de Criminalística del CIF, junto a bomberos locales y personal policial, a fin de realizar las tareas científicas correspondientes y asegurar la preservación del lugar del hallazgo.
El lugar del hallazgo se encontraba en un sector sin indicios de fuego, dentro de una ladera de fuerte pendiente, con una inclinación aproximada de 80 grados, lo que hace que el desplazamiento en la zona resulte sumamente dificultoso y riesgoso.
El cuerpo fue ubicado a media altura del faldeo, en una posición de difícil acceso para los equipos intervinientes, requiriendo maniobras cuidadosas para su aproximación y posterior intervención científica.
Se constató que el cuerpo no se hallaba recostado en el suelo, sino que se encontraba suspendido, en forma vertical, mediante una soga sujeta a un tronco de la vegetación del lugar, y pendiendo muy próximo a la inclinación de 80 grados aproximados de la ladera.
Presentaba una soga en el cuello, sin prendas de vestir en el torso ni en las piernas, conservando únicamente un par de zapatillas que guardaban correspondencia con las observadas en las filmaciones analizadas durante la investigación.
En este primer abordaje de la escena, efectuado el día 11 de octubre, se registró también el hallazgo de diversos indicios de interés criminalístico, los cuales fueron clasificados por grupos para su análisis y resguardo conforme al protocolo pericial.
Entre los elementos encontrados se identificó un primer conjunto de indicios, conformado por un encendedor, un teléfono celularincinerado, cuchillos y restos materiales (como botones de metal y remaches) que se encuentran actualmente en proceso de análisis técnico para determinar su origen y posible correspondencia o no con la mochila perteneciente a la persona fallecida.
Asimismo, se localizó un fragmento de etiqueta con código de barras, el cual, tras su lectura y trazabilidad, permitió establecer que correspondía a una botella de alcohol.
El seguimiento de este dato permitió identificar el punto de venta del producto en un comercio de la zona norte de la ciudad, constatándose que el ticket de compra fue emitido a nombre de un familiar del Sr. Cordeyro, y asociado ala tarjeta de puntos de cliente de este último.
Por otro lado, se identificó un segundo grupo de indicios, conformado por dos sectores donde fueron recogidos cuerpos amorfos no compatibles con material vegetal, los cuales fueron debidamente levantados, embalados y remitidos para su análisis pericial, con el objetivo de determinar su composición y posible relevancia para la investigación. Por último, se procedió a la incautación del elemento constrictor (soga) y par de zapatillas.
La totalidad de los elementos levantados en el lugar de los hechos, fueron secuestrados por los investigadores y solicitada su ratificación ante el Juzgado de Garantías en turno.
Para continuar con el análisis integral del lugar del hecho y de las evidencias objetivas recolectadas, la Unidad Fiscal solicitó la intervención del equipo especializado de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina, quienes pusieron a disposición un can entrenado para la detección de derivados de hidrocarburos.
El equipo arribó a la provincia el jueves 16 de octubre y desarrolló sus tareas hasta el sábado 18 de octubre, trabajando de manera coordinada con los peritos del CIF y la Unidad Fiscal interviniente.
En el marco de esa labor, y a modo indiciario, el can efectuó una marcación positiva en el sector donde se halló el primer grupo de evidencias —integrado por el teléfono celular, cuchillos y restos en análisis—, todos presumiblemente incinerados, así como en otro punto próximo de la misma zona.
Ello motivó el levantamiento y embalaje de muestras de suelo, que fueron remitidas para su posterior análisis científico en laboratorio, a fin de determinar la eventual presencia de compuestos relacionados con sustancias inflamables o derivados de hidrocarburos.
Asimismo, se trabajó sobre el resto de los elementos levantados en el área del hallazgo, registrándose una marcación inicial del can en la muestra del teléfono celular, en los cuerpos amorfos recolectados. Al día siguiente y continuando con las labores olfativas del can, pudo también indicar, indiciariamente, el registro de material combustionanteen las uñas de ambas manos de la persona fallecida, todo lo cual será objeto de pericias específicas en curso.
El día 12 de octubre se llevó a cabo la autopsia médico-legal del cuerpo, la cual fue realizada por dos médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y contó con la presencia del perito médico de parte.
Del examen realizado se determinó como causa de muerte una asfixia mecánica por ahorcamiento, constatándose además la presencia de lesiones corporales compatibles con quemaduras superficiales por contacto directo con fuego, en rostro, cabellera, cejas, torso, espalda y uno de sus miembros inferiores de carácter vital (mientras se encontraba con vida), sin observarse signos de defensa.
Asimismo, se verificaron livideces en ambas extremidades inferiores (nalgas y piernas), lo que resultaría compatible con la posición de suspensión vertical del cuerpo y su proximidad con la ladera.
Durante el procedimiento, se efectuó la extracción de diversas muestras biológicas y de tejidos destinadas a análisis toxicológicos, microscópicos, genéticos y otros estudios complementarios, con el propósito de obtener una valoración científica integral.
El informe médico estableció una data de muerte estimada entre dos y cuatro días previos a la fecha de realización de la autopsia.
No obstante, la determinación exacta de la data de la muerte deberá ser precisada científicamente, motivo por el cual se llevan adelante análisis entomológicos sobre los indicios biológicos levantados del cuerpo.
Este trabajo pericial especializado será incorporado a la investigación una vez concluidos los estudios de laboratorio, a fin de complementar y confirmar los resultados médico-legales obtenidos en la autopsia.
Por otra parte, se requirió la intervención del Área de Criminalística de Gendarmería Nacional Argentina, cuyos especialistas arribaron al lugar el día 16 de octubre y llevaron adelante su correspondiente análisis técnico sobre la escena y los elementos relevados.
El equipo actuante solicitó el acceso integral a la información contenida en la causa a fin de efectuar un estudio complementario coordinado con las demás pericias en curso. Se encuentra pendiente la incorporación formal de los resultados de dicha intervención al caso.
Actualmente, se encuentra en desarrollo la recuperación del contenido del teléfono celular de la persona fallecida, a través del trabajo del Área de Informática del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
No se descarta la intervención de otras áreas especializadas pertenecientes a organismos científicos nacionales con competencia en la materia, a fin de ampliar el alcance del análisis digital.
Asimismo, se prevé la obtención de información complementaria sobre la línea telefónica, mediante la aplicación de técnicas de investigación específicas, con el propósito de reconstruir en detalle las comunicaciones y actividades vinculadas al caso.
En el día de la fecha, y luego de la recepción de las declaraciones testimoniales de los familiares directos, se procedió a hacer efectiva la entrega del cuerpo del Sr. Cordeyro a sus allegados, con prohibición de cremación, a los fines de su velatorio e inhumación conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal interviniente.
En paralelo, la División Homicidios del área de Investigación del CIF continúa desarrollando tareas de campo en distintas líneas investigativas, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal interviniente, y a la espera de las conclusiones periciales y criminalísticas que refuercen la continuidad y productividad de la investigación.
El trabajo se orienta a profundizar las averiguaciones relativas a los posibles vínculos e intervenciones del fallecido con organismos federales y provinciales vinculados a áreas de investigación de narcotráfico, con el propósito de verificar antecedentes, relaciones y circunstancias que puedan aportar elementos de contexto, o investigaciones relevantes de la que hubiese intervenido.
Asimismo, los equipos especializados llevan adelante labores de identificación y entrevista a residentes y personas que frecuentan la zona del hallazgo del cuerpo, con el objetivo de recabar información útil para la reconstrucción de los movimientos previos al hecho y las condiciones del entorno.
Estamos ante una investigación compleja, encarada desde un primer momento con la seriedad, inmediatez y compromiso institucional que el caso requería.
Desde el inicio, la actuación del Ministerio Público Fiscal se ha sustentado en dos premisas esenciales: el respeto y acompañamiento a la familia del Sr. Cordeyro, y el aseguramiento de una investigación integral, objetiva y científicamente fundada.
Bajo esa orientación, y cuidando el rigor metodológico y técnico, se ha dispuesto la intervención de distintos equipos interdisciplinarios especializados y se ha solicitado la colaboración de organismos científicos de fuerzas federales, cuyas tareas se encuentran actualmente en desarrollo, análisis y elaboración de resultados periciales.
Adelantar o aventurar conclusiones fuera del marco de lo verificado constituiría una desconsideración al trabajo celoso, pormenorizado y profesional que llevan adelante los equipos fiscales, investigadores y peritos intervinientes.
Se trata de sostener una investigación seria, en el marco de la Resolución de Procuración General del año 2021 para muertes violentas, y con el celo suficiente parareafirmar el compromiso del M.P.F.S. con las buenas prácticas investigativas y la mejora continua, evitando anticipos prematuros y apresurados carentes de rigor científico.
Esta causa exige, por tanto, prudencia, responsabilidad y apego estricto a la evidencia científica, pilares que guían la labor de todos los equipos intervinientes.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal invita a toda persona que acredite un interés legítimo, sea de manera individual o mediante representaciones jurídicas, a constituirse como parte querellante, conforme lo prevé el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, pudiendo así controlar directamente las actuaciones, las medidas dispuestas y revisar la totalidad de las evidencias recolectadas.
El M.P.F.S. no puede ni debe divulgar públicamente la totalidad de los elementos sensibles que integran la investigación, en virtud de su obligación legal de reserva y protección del proceso, respetando la intimidad de la familia sin dejar de garantizar información veraz y oportuna ante cada avance confirmado.La que será comunicada oficialmente por los canales institucionales, evitando versiones infundadas.
Columna de humo, registrada por el alertante a horas 12.10 aproximadamente al costado del Cerro Elefante
En relación con el apoyo técnico y pericial solicitado al Ministerio de Seguridad de la Nación en la causa, trabajan en el lugar especialistas en siniestros y análisis del lugar del hecho.
En el marco de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, la Unidad Fiscal especializada para su tramitación y avance informó que este jueves se mantuvo una reunión con miembros de su familia para comunicarles los avances de las tareas que se están realizando en procura de esclarecer lo sucedido.
En la jornada de ayerfamiliares del occiso realizaron un reconocimiento directo del cuerpo, ello luego de que con la presencia del médico presentado como perito de parte, se realizara la toma de muestras,relevamiento de indiciosy demás elementos que serán sometidos a análisis.
Asimismo, con la conformidad de los propios familiares, se acordó que el cuerpo de Cordeyro permanezca en el Servicio de Tanatología Forense del CIF el tiempo necesario para que concluyan las pericias y se cuente con los informes correspondientes.
Al respecto, fueron puestos en conocimiento del informe preliminar de autopsia, de donde surge que las prendas que vestía, habrían tomado contacto con un incendio registrado en el cerro Elefante, y que, como consecuencia de ello, elcuerpo presentaba una serie de quemaduras superficiales, que no tendrían incidencia en la causa de muerte.
En el marco de las tareas de levantamiento de indicios, se logró incautar una soga, una botella, una etiqueta correspondiente a una bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un teléfono celular parcialmente derretido por acción del fuego. Asimismo, se hallaron elementos amorfos y calcinados —presumiblemente cierres, carretes, remaches y correas— que serán analizados a fin de determinar si corresponden con la mochila que portaba al momento en que fue captado por última vez en las imágenes. Además, se secuestraron otros elementos, los cuales quedarán sujetos a procesos de cotejo, reconocimiento y eventuales pericias.
Por su parte, en la jornada de hoy trabajan en el lugar, miembros de la Unidad Fiscal, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal de Criminalística de fuerzas federales, especializado en siniestros y análisis de escenas del hecho con la participación de un can entrenado en la detección de hidrocarburos, con la finalidad de realizar un abordaje integral tendiente a liberar la zona.
Por último, los fiscales informaron que el acceso al cerro Elefante se encuentra restringido de manera absoluta a toda persona ajena a la investigación, desde que se activó el operativo de rastrillaje el pasado jueves. Desde ese momento, se ha preservado el lugar sin ningún tipo de intervención externa, asegurando la cadena de custodia y la integridad de la escena.
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en la UC1 recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias -que iniciaron el 4 de agosto y se extendieron hasta hoy- la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes como resultado de la investigación realizada.
Luego de diez semanas de audiencias, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio, dictaron veredicto respecto de los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares vinculados, acusados de integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal.
El Tribunal impuso penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión a los funcionarios penitenciarios; y penas de entre 1 y 9 años y 6 meses a los internos y familiares involucrados.
En su mayoría, las condenas se corresponden con lo solicitado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador General Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes sostuvieron que quedó acreditado que los acusados actuaron de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para sostener un sistema criminal basado en dos fines centrales: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel, aprovechando la vulnerabilidad de los internos, y la perpetración de exacciones ilegales.
Según la acusación, ambos delitos “reportaron un beneficio económico directo a los imputados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente”.
En su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella resaltó la gravedad institucional del caso y la necesidad de garantizar la verdad real frente a los hechos investigados. Advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos, al permitir que algunos funcionarios decidieran —mediante prácticas arbitrarias y extorsivas— quién sufría abusos y quién obtenía privilegios, desnaturalizando la función estatal de ejecución de las penas.
Sostuvo que estas conductas no sólo configuraron delitos económicos y contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad, cuya protección constituye una obligación internacional del Estado. Finalmente, destacó que la organización ilícita contaba con jerarquías y roles definidos, con un funcionamiento persistente en el tiempo, y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.
Las penas:
Sergio Faustino Moya: Condenado a 10 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Francisco Arturo Bisceglia: Condenado a 10 años y 6 meses de prisión de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de exacciones ilegales agravadas -concusión (5 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Luis Roberto Castaño: 6 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Marcos Matías Bucotich García: 6 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de de exacciones ilegales agravadas -concusión (1 hecho); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Raúl Antonio Arjona: 7 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor del delito de exacciones ilegales agravadas -concusión (1 hecho); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses de prisión efectiva por considerarlo autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (5 hechos); miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Rubén Antonio Guaymás: 5 años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de exacciones ilegales agravadas (1 hecho), incumplimiento de los deberes de funcionario público (3 hechos) y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
José Luis Alarcón: 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autor de los delitos de exacciones ilegales agravadas -concusión (3 hechos); y miembro de asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Baldomero Darío Córdoba: 2 años de prisión de ejecución condicional por considerarlo partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas.
Manuel Méndez: 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real. Por condena anterior de 10 años, se unificó en una única condena de 19 años y 6 meses. Fue declarado reincidente por primera vez.
María Inés Méndez: 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
Héctor Gustavo Banega: 8 años de prisión efectiva por ser coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
María Cristina Galindo: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención.
Nicole Judith Ana Luna: 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad domiciliaria con consigna policial, por ser partícipe necesario de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser coautora de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención, y ser miembro de asociación ilícita; todo ello en concurso real.
Andrea Abigail Alba: 1 año de prisión de ejecución condicional por ser considerada autora de tenencia simple de estupefacientes. Por condena anterior de 7 años y 2 meses, se unificó en una única condena a 8 años y 2 meses de prisión.
En cuanto a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía había retirado la acusación.
El Procurador General de la Provincia de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrido en la localidad de San Lorenzo.
Esta Unidad estará integrada por los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, bajo la dirección del Fiscal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.
Asimismo, se informa que se ha aceptado el apartamiento del Fiscal Penal N.º 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Dr. Gabriel González, de la intervención en la presente causa, a raíz de su solicitud. La misma se fundamenta en que actualmente integra el equipo fiscal que lleva adelante la acusación contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, en representación del Ministerio Público Fiscal. Todo ello, teniendo en cuenta que una de las hijas del excomisario Vicente Cordeyro mantuvo una relación de pareja con el imputado Adrián Guillermo Saavedra, fruto de la cual nació una hija, conforme fuera fundamentado por el Fiscal al solicitar su apartamiento.
A fin de garantizar la objetividad, conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal, y considerando la necesidad de despejar cualquier atisbo de desconfianza o malestar que pudiera generarse, se busca asegurar una tutela judicial efectiva, desprovista de cualquier circunstancia que pudiera menoscabar el valor justicia y la recta administración de justicia, pilares fundamentales de las instituciones democráticas consagradas por la Constitución Provincial y las leyes que regulan la actividad penal en nuestra jurisdicción.
A las 8:30 horas, en el salón del Tribunal Electoral, los imputados ejercerán su derecho a expresarse ante el Tribunal de Juicio, que a las 13:30 procederá a la lectura de la sentencia.
Tras dos meses y medio de audiencias, el proceso judicial que se sigue contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares ingresará mañana, miércoles 15 de octubre, en su etapa final. A partir de las 8:30, en el salón del Tribunal Electoral, los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a las últimas palabras ante el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. La lectura del veredicto está prevista para las 13:30.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 4 de agosto, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador General, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— presentó un cuerpo probatorio que sostiene la acusación contra los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón, imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, por haberse cometido dentro de un establecimiento de detención, con participación de más de tres personas y por funcionarios encargados de la guarda de presos.
Asimismo, a Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón también se les atribuyen distintos hechos de exacciones ilegales agravadas (concusión). Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.
Por otra parte, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores afrontan cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario, en concurso con asociación ilícita.
Todos los imputados enfrentan, además, la acusación de integrar una asociación ilícita.
A las 8:30, los acusados tendrán la oportunidad de expresar sus últimas palabras y, a las 13:30, el Tribunal dará lectura a la sentencia.
La vigésimo octava jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, continuó con las réplicas de los alegatos presentadas por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Posteriormente, las defensas formularon sus contrarréplicas.
Concluida esta etapa, el Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de octubre a las 8:30, ocasión en la que se escucharán las últimas palabras de los acusados. La lectura del veredicto se fijó para ese mismo día a las 13:30.
Cabe recordar que son veinte los imputados en la causa, aunque sólo diecinueve están siendo juzgados, dado que una de las acusadas fue declarada en rebeldía.
Los funcionarios penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada —por la participación de más de tres personas, en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos—.
En los casos de Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón, también se les atribuye exacciones ilegales agravadas (concusión) en distintos hechos. Por el mismo delito fueron acusados Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, este último imputado además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Baldomero Darío Córdoba está señalado como partícipe necesario en hechos de exacciones ilegales agravadas.
Todos los mencionados, además, están acusados de integrar una asociación ilícita.
Por otra parte, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores fueron acusados de comercialización de estupefacientes agravada en el ámbito carcelario, en concurso con asociación ilícita.
Finalmente, Andrea Abigail Alba enfrenta cargos por tenencia simple de estupefacientes, mientras que respecto de Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.
El próximo martes 30 continuarán las réplicas y contraréplicas de las partes.
En la Sala de Grandes Juicios se desarrolló esta mañana la vigesimoséptima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares.
Tal como estaba previsto, la jornada inició con la ronda de réplicas a los alegatos. La Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, respondió a los argumentos de las defensas de los imputados Héctor Gustavo Banegas, Ivana Marcela Gutiérrez, Francisco Arturo Bisceglia y Rubén Antonio Guaymás.
Las defensas de los imputados realizaron sus contraréplicas.
Luego, el Tribunal de Juicio -compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de septiembre, en que continuarán las réplicas.