Solicitan la prosecución de las causas contra Sergio Ramos

El exintendente de Rosario de Lerma finalizó su mandato como senador de la provincia de Salta y, por tanto, no continuará ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta. El próximo 10 de diciembre asumirá como Intendente de Rosario de Lerma.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, una solicitud de prosecución de las causas que se siguen  contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes y peculado.

El requerimiento presentado por Salinas Odorisio encuentra su sustento en que Ramos tras concluir su mandato como senador provincial, no continúa ostentando los fueros otorgados por la Constitución de la Provincia de Salta y, en consecuencia, el trámite de desafuero iniciado por la Cámara de Senadores de Salta deviene en abstracto.

En los comicios generales provinciales realizados el 14 de mayo de 2023, Ramos resultó electo Intendente de la ciudad de Rosario de Lerma, cargo que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Las causas

En junio de 2020, desde UDEC se requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio contra Ramos por considerarlo autor del delito de peculado. La conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías 2 resolvió suspender la remisión de la causa a juicio hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia de Salta se expidiera al respecto del desafuero del senador Sergio Omar Ramos.

La fiscal Salinas Odorisio elevó el 17 de mayo pasado, requerimiento de juicio contra Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes, y para Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del mismo delito.

Imputan a una empleada del Servicio Penitenciario por estafas por abuso de firma en blanco

La mujer fue denunciada por distintas personas a las que les otorgó préstamos a cambio de la firma de un pagaré en blanco, que luego fue ejecutado con sumas muy superiores a las prestadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafa por abuso de firma en blanco (3 hechos), todo en concurso real.

La intervención de UDEC inició luego de que tres personas denunciaran que la mujer, quien trabaja en el Servicio Penitenciario, les había prestado dinero y requiriendo a cambio que les firmara un pagaré en blanco.

En uno de los casos denunciados, la víctima aseguró que la imputada le realizó un préstamo de 20.000 pesos en 2017 y que, pese al pago de parte de la deuda, en mayo de 2019, la denunciada lo embargó por la suma de $ 120.000 más honorarios $ 40.000.

Otro de los denunciantes afirmó que “en una oportunidad le solicitó un préstamo a la imputada por el monto de $43.000, firmando un pagaré en blanco” y que “por razones de salud se atrasó en el pago de tres cuotas, las que hacían un total de $8000, fue así que en menos de 25 días recibió un documento de embargo por el monto de $150.000, tomando conocimiento que era por el pagaré firmado”.

El tercer denunciante contó que había solicitado un préstamo a la imputada por $30.000 para pagar cuotas atrasadas del colegio de su hija y que a cambio firmó un pagaré. Durante varios meses cumplió con las cuotas hasta que, por la situación económica, no pudo hacerlo, siendo ejecutado el pagaré a través de su sueldo por un monto de $237.000.

Los informes caligráficos coincidieron en señalar que las grafía en los pagarés no coincidían con la de los denunciantes pero sí con la de la imputada.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que la denunciada, aprovechándose de la confianza depositada en ella por las víctimas les ofreció prestamos de dinero, requiriendo mediante maniobras que le firmaran un pagaré en blanco como garantía, haciéndolos incurrir en error, y llenando luego la imputada los pagarés con sumas muy superiores a las requeridas en calidad de préstamo por las víctimas, conforme se acreditó con la pericia caligráfica realizada, haciendo ejecutar judicialmente los pagarés, perjudicando así económicamente a cada uno de los denunciantes, quienes sufrieron el embargo de sus sueldos.

Finalizó la pericia contable a la Caja de Abogados

El Informe Pericial Contable fue elevado a la Unidad Fiscal que investiga la administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, recibió el Informe Pericial Contable de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.

El 28 de septiembre pasado, ambos fiscales  solicitaron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevar a cabo una pericia en el contexto de la investigación por presunta administración fraudulenta en la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta. El análisis de los datos y la elaboración del informe final fueron realizados por peritos contables del CIF y una perito de parte.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta quienes fueron alertados por parte de personal del área contable sobre una irregularidad en el cobro de un expediente. Al realizar un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba  que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, a pesar de haberse emitido por caja un recibo completamente válido y aceptable en términos legales, listo para ser presentado como evidencia de pago en juicio.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.

La Unidad Fiscal que investiga la causa de la Caja de Abogados ordenó un Informe Pericial Contable

Socco Internacional: Requieren juicio para los implicados por 183 hechos de estafa y asociación ilícita

Facundo Daniel Córdoba está acusado, además, de ser el jefe y organizador de la banda que estafó a cientos de personas con la construcción de viviendas prefabricadas.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 por estafas reiteradas (183 hechos) y asociación ilícita, en concurso real para ocho personas implicadas en la causa Socco Internacional.

Facundo Daniel Córdoba, Celeste Valeria Salinas, Benjamín Jesús Córdoba y Rosario Del Milagro Carrazán están acusados de ser autores de los delitos de 183 estafas reiteradas. Asimismo, Facundo Daniel Córdoba está acusado de ser el jefe/organizador de la asociación.

Por su parte, la UDEC acusa, en calidad de coautores, a Facundo Tobias Ruiz, de los delitos de estafas reiteradas (136 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Juan Francisco Bakun, de estafas reiteradas (63 hechos) y asociación ilícita, en concurso real; a Matías Adrián González, de estafas reiteradas (139 hechos) y asociación ilícita, en concurso real, a Camilo Romero, de estafas reiteradas (119 hechos) y asociación ilícita, en concurso real

Tras llevar adelante una minuciosa investigación, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Facundo Daniel Córdoba (en su carácter de jefe/organizador) actuó en connivencia con el resto de los acusados, pero actuando cada uno con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando pertenecer a una empresa seria, entre junio de 2019 y abril de 2022.

Los acusados ofrecían la construcción de viviendas prefabricadas mediante la suscripción de contratos, para generar mayor confianza de la operación realizada a las víctimas. Además, solicitaron importantes sumas de dinero, que fueron abonadas por los damnificados, sin que cumplieran con la entrega de las viviendas.

En el escrito elevado al Juzgado de Garantías, la fiscal de UDEC aseguró que Córdoba y los otros acusados “actuaron a sabiendas desde el inicio de la operación de que no cumplirían, toda vez que se pudo vislumbrar que el encartado Facundo Cordoba, sabiendo claramente que no cumpliría con las entregas de las viviendas, desde que recibía a los potenciales clientes,  distribuía las tareas a ejecutar en las empresas con los demás miembros de la organización, los que en algunos casos actuaron en forma permanente en la firma y en otros desempeñaron tareas transitoriamente, analizando cada detalle de lo que se hacía para evitar las consecuencias legales y realizando incluso en algunos casos cumplimientos parciales para eludir la responsabilidad penal, haciendo parecer que se trataba de meros incumplimientos contractuales, logrando captar y manipular la voluntad de personas que, movidas por la necesidad y el anhelo de obtener la vivienda propia, fueron burladas en su buena fe, buscando únicamente obtener sumas de dinero para su propio beneficio”

 

Socco Internacional: Amplían la imputación de los implicados por 114 hechos de estafa y asociación ilícita

 

 

General Güemes: Prisión preventiva para la mujer imputada por 67 estafas

Un grupo de personas había denunciado en junio pasado que la imputada les había ofrecido un terreno a cambio de la entrega de dinero, además de hacerles hacer trabajos de mantención de un espacio público.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito para resolver el pedido de prisión preventiva para una mujer acusada del delito de estafas reiteradas (67 hechos) en concurso real.

En la audiencia, de la que participaron los 67 damnificados, el juez Diego Rodríguez Pipino, haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Salinas Odorisio, dictó la prisión preventiva de la acusada.

La investigación se inició a partir de que un grupo de personas denunció que hace cinco años, habían entregado documentación y dinero en efectivo a una mujer perteneciente a la agrupación piquetera y sindical conocida como Movimiento Evita para acceder a un terreno en la parte posterior del barrio 200 Viviendas de La Banda, localidad de General Güemes, lo que nunca se concretó.

Manifestaron que además les solicitaba realizar trabajos de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario y en su domicilio.

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

 

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó su prisión preventiva.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafas reiteras (67 hechos), en concurso real.

Durante la audiencia, la imputada fue asistida por un defensor público y negó los hechos. La fiscal Salinas Odorisio solicitó su prisión preventiva.

La mujer fue detenida el jueves pasado en el marco de una investigación por estafas con viviendas sociales que lleva adelante la UDEC.

En junio de 2023, 67 personas denunciaron que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del B° 200 Viviendas en la zona de la Banda, en General Güemes.

Además de la entrega de dinero, manifestaron que debían hacer trabajo de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada. Ante la falta de la concreción de la entrega del terreno, los damnificados reclamaron a la mujer, quien les explicó que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. En el lugar desconocían la existencia de la mujer y de las carpetas, por lo que los damnificados radicaron denuncias.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron una investigación y elevaron un informe a la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas, solicitando sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de realizar la supuesta confección de carpetas que les posibilitaría  obtener un lote y/o terreno por la intervención de sus influencias con el Intendente municipal, actuando a sabiendas de que no cumplirían con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia”

Ríos & Asociados: Nuevamente otorgan arresto domiciliario a la líder de la falsa financiera

En audiencia multipropósito, la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, consideró que la medida pone en riesgo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Cinthya Moya estuvo 12 días prófuga de la Justicia, está imputados por 850 estafas, falsedad de instrumento privado y asociación ilícita. El 1 de septiembre, la fiscal de UDEC había solicitado su detención por nuevas denuncias relacionadas a una nueva financiera.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia multipropósito en la que el juez Javier Araníbar otorgó prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario a Cinthya del Valle Moya, quien está imputada por los delitos de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 casos) y asociación ilícita, en concurso real, en calidad de organizadora.

Luego de una extensa jornada de audiencia y tras un cuarto intermedio, el juez Araníbar dispuso otorgarle a Moya el arresto domiciliario a pesar de los contundentes argumentos vertidos por Salinas Odorisio, quien consideró que el arresto domiciliario de Moya no sólo pone en riesgo la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, sino que también recordó que la mujer estuvo prófuga de la Justicia durante 12 días y las nuevas denuncias en contra de la líder de Ríos & Asociados.

Cabe recordar que la Fiscal de UDEC había solicitado el viernes 1 de septiembre pasado, la detención de Moya ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, a raíz de nuevas denuncias que daban cuenta de que la imputada había conformado una nueva financiera.

Días después, Moya fue detenida por orden del juez Antonio Pastrana por incumplir las medidas sustitutivas de detención dispuestas. Junto a la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, fue detenida la agente de la Policía de la Provincia de Salta, Zulma Yanina Correa.

La primera detención de Cinthya del Valle Moya se concretó en abril de 2022, luego de permanecer prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados.

Tras varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia de la Vocalía I, Sala II del Tribunal de Impugnación, resolvió la liberación de Moya, en octubre de 2022, con medidas sustitutivas de detención, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados en la causa y las víctimas de la estafa.

General Güemes: Detienen a una mujer denunciada por 67 personas por estafas con viviendas sociales

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, lleva adelante la investigación.

En el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por estafas con viviendas sociales, esta mañana se realizaron dos allanamientos en General Güemes.

Como resultado del operativo, una mujer fue detenida y secuestrados documentos de interés para la causa, celulares y otros elementos.

La intervención de la UDEC inició luego de que 67 personas denunciaran en junio de 2023 que cinco años atrás entregaron documentación y dinero a una mujer que se desempeña en el Movimiento Evita, a cambio de hacerlas acreedoras de un terreno ubicado en la parte posterior del B° 200 Viviendas en la zona de la Banda, en General Güemes.

Además de la entrega de dinero, manifestaron que debían hacer trabajo de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario de 4 a 12, y en el domicilio de la denunciada. Ante la falta de la concreción de la entrega del terreno, los damnificados reclamaron a la mujer, quien les explicó que las carpetas se encontraban en la Municipalidad de General Güemes. En el lugar desconocían la existencia de la mujer y de las carpetas, por lo que los damnificados radicaron denuncias.

Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) iniciaron una investigación y elevaron un informe a la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien concluyó que la denunciada, mediante maniobras ardidosas, procedió a ganarse la confianza de las víctimas, solicitando sumas de dinero, obligándolas a realizar diferentes tareas en beneficio propio, con la promesa de realizar la supuesta confección de carpetas que les posibilitaría obtener un lote y/o terreno por la intervención de sus influencias con el Intendente municipal, actuando a sabiendas de que no cumplirían con lo prometido a las víctimas, perjudicándolas económicamente en consecuencia”

En este marco, desde UDEC se solicitó al Juzgado de Garantías 2 el allanamiento de dos viviendas, la detención de la mujer y el secuestro de elementos de interés para la causa, medida que se concretó en la mañana de hoy.

La Unidad Fiscal que investiga la causa de la Caja de Abogados ordenó un Informe Pericial Contable

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elevará un Informe Pericial Contable a los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC) y Ramiro Ramos Ossorio (Penal 2).

La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, en la investigación por administración fraudulenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta, requirió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales que realice un Informe Pericial Contable.

Para ello, desde UDEC se entregó al CIF toda la documentación obrante en el Legajo de Investigación, consistente de dos cuerpos de 231 fojas y un bibliorato de 411 fojas.

Se espera que en 15 días hábiles, los peritos eleven un informe a la Unidad Fiscal.

La causa

Por Resolución 1456/23 del 17 de agosto de 2023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta, quienes fueron alertados por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente y que, al hacer un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.

La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar, provocando que en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.

El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino, del Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.

 

Un detenido por la supuesta malversación de fondos de la Caja de Abogados

Condenaron al hombre denunciado por estafar con la promesa de viviendas sociales

Tras permanecer nueve meses detenido, Matías Alejandro Macedo admitió ser responsable de simular tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional para entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero. Además, confesó haber confeccionado y utilizado documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta.

Macedo llegó al juicio luego de estar nueve meses detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y aceptó su responsabilidad en los seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), de los que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

Como parte del acuerdo alcanzado, y teniendo en cuenta que permaneció privado de su libertad desde su detención el 19 de enero pasado, el condenado resarció económicamente a las víctimas de sus estafas.

La causa

El 19 de enero pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, radicó denuncia al tomar conocimiento sobre una maniobra que realizaba Macedo, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial para, a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

Horas más tarde, la mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Durante la investigación realizada por UDEC, se pudo determinar que Macedo había operado de la misma manera con dos conocidos del colegio secundario, a quienes les ofreció gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó. El mismo modus operandi fue empleado para estafar a un hombre que trabajaba en el Hospital San Bernardo.

En otro hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Tras reunir todas las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, acusó al hombre de los delitos de estafas reiteradas (6 hechos), falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos).

 

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales