El hecho ocurrió en septiembre de 2021 en la zona norte de la ciudad de Salta, cuando una mujer de 23 años resultó herida con un arma blanca por su expareja.
En la fundamentación de la acusación, la fiscala Poma sostiene que el pasado 6 de setiembre por la madrugada, el acusado interceptó en la vía pública a la víctima y luego de amenazarla, valiéndose de un arma blanca, le provocó lesiones vitales en el cuello, abdomen y brazo, poniendo en riesgo su vida.
Los
agravantes son por la relación de pareja previa entre ambos y por la
violencia de género, dado a que el acusado representaba la figura de la
víctima como un objeto de su propiedad y como la misma se negaba a
seguir con la relación de pareja, decidió poner fin a su vida.
Se suma además que tras existir antecedentes de violencia, el Juzgado de Violencia Familiar y de Genero 1 dictó una prohibición de ejercer actos de violencia en perjuicio de la víctima, la que fue incumplida y concurre en forma ideal la desobediencia judicial.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, se declaró incompetente en la causa que investiga el femicidio de una niña de 13 años de la comunidad wichi, luego de que este domingo se produjera la detención de un adolescente de 17 años. La causa pasó al Juzgado de Menores en feria.
La intervención del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, se produjo este sábado tras el hallazgo del cuerpo de la menor a la vera de la ruta 81, cerca del acceso a la localidad de Pluma del Pato.
Entonces, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, dispuso el trabajo del personal de Criminalística en el lugar y la declaración testimonial de familiares de la víctima, al tiempo que ordenó el traslado del cuerpo de la menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán para la realización de la autopsia.
De los testimonios de familiares de la menor, surgió que el adolescente de 17 años detenido este domingo en Coronel Juan Solá y también integrante de la comunidad wichi, habría iniciado una relación sentimental con la víctima, con quien se habría encontrado tras una reunión familiar.
Al tratarse el detenido de un menor de edad, el Fiscal se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado de Menores en feria.
El hecho ocurrió el pasado 7 de enero en barrio Ramón Abdala de Rosario de la Frontera, cuando los moradores de una vivienda sorprendieron a tres jóvenes en el interior, tratando de sustraer elementos. Se dieron a la fuga y regresaron al día siguiente a reclamar una gorra y un celular que habrían dejado en el lugar. Amenazaron con un arma blanca a uno de los integrantes del grupo familiar.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera en feria, Oscar López Ibarra, imputó provisionalmente a dos jóvenes de 19 años y a uno de 21, por la posible comisión del delito de tentativa de robo, desobediencia judicial y amenazas con arma blanca.
El pasado 7 de enero, los miembros de una familia de barrio Ramón Abdala, despertaron ante la presencia de tres personas desconocidas que intentaban robar. Al ser descubiertos, los sospechosos huyeron. Al día siguiente los acusados regresaron a la casa a reclamar la entrega de un celular y una gorra que dejaron olvidadas y habrían proferido amenazas contra uno de los moradores.
En un hecho posterior, los acusados se presentaron en una reunión donde estaba la familia damnificada y habrían exigido con amenazas la entrega de los objetos antes mencionados. Allí fueron demorados.
El hecho ocurrió el pasado 27 de noviembre en barrio El Círculo de la ciudad de Salta. Tras una gresca entre vecinos, un hombre resultó golpeado y lesionado con un arma blanca. El condenado cumplirá prisión efectiva, fue declarado reincidente por primera vez y deberá someterse a tratamiento psicológico.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 27 de noviembre por la madrugada en barrio El Círculo de la ciudad de Salta, cuando tras una gresca entre vecinos, un hombre de 25 años resultó lesionado con un arma blanca.
La jueza Ada Guillermina Zunino, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de cuatro meses de prisión efectiva, lo declaró reincidente por primera vez y deberá someterse a tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos.
Para el coimputado, de 26 años, se solicitó el sobreseimiento ya que durante la investigación no pudo acreditarse su participación.
Tras la muerte de Franco Darío Centurión, de 29 años, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, remitió las actuaciones al fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega. González llevó adelante la investigación por la posible comisión del delito de apremios ilegales por parte de efectivos policiales de la Comisaría 45 de General Mosconi y de la motorizada.
En su denuncia, el padre indicó que el joven de 29 años, quien padecía leucemia y era un paciente trasplantado, fue interceptado junto a un amigo a bordo de una moto por personal policial motorizado, en inmediaciones de un hotel ubicado sobre ruta nacional 34, para luego ser trasladado a la Unidad Regional 4 y posteriormente a la Comisaría 45 de General Mosconi, donde permaneció detenido durante dos semanas y habría sido golpeado por parte de los efectivos policiales.
De la denuncia, también surgió que el joven debió ser internado a los pocos días de recuperar su libertad en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y posteriormente fue derivado al hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta, donde murió.
Al tomar intervención en la causa, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho investigado, entre ellas, el traslado del cuerpo del joven al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se le realizará la autopsia y estudios anatomopatológicos para determinar la causa del fallecimiento, como así también la remisión de la historia clínica actualizada.
El acto de jura del nuevo texto de la Carta Magna de la Provincia, modificado por la Convención Constituyente, se llevó adelante este jueves en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público.
Inicialmente, la presidenta
del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general, Mirta Lapad, tomó
juramento al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella.
Posteriormente, el Procurador encabezó el acto en el que Fiscalas y Fiscales del Distrito Centro, juraron el nuevo texto constitucional con las reformas aprobadas por la Convención Constituyente reunida en 2021.
Juraron Carolina Hernández,
Liliana Jorge, Sandra Rojas, Verónica Simesen de Bielke, Federico Obeid, Ana
Inés Salinas Odorisio, Cecilia Flores Toranzos, Elisa Pérez, Ezequiel Molinati,
Eugenia Guzmán, Gabriela Dávalos, Gustavo Vilar Rey, Horacio Córdoba Mazuranic,
Claudia Geria, Mónica Poma, Santiago López Soto, Leandro Flores, Gabriel
González, Guillermo Akemeier, Rodrigo González Miralpeix, Pablo Rivero y Nadia
Cruz.
El acto se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Escuela del Ministerio Público, donde Fiscalas y Fiscales realizaron el juramento individual y posteriormente firmaron el libro de actas.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, la incompetencia material de la causa en la que un hombre de nacionalidad boliviana, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población.
Foto: Diario El Tribuno
Del requerimiento, surgió que el 30 de marzo de 2020, en el local comercial del acusado, ubicado en la avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.
El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contenían residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representaban un serio problema de salud para la población, principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.
En junio del mismo año, el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal Cazón y ordenó la inmediata detención de otro hombre, quien le habría entregado los bidones al acusado, para ser puesto a disposición de la Fiscalía actuante con el fin de prestar declaración, también como imputado. A la fecha, el hombre permanece prófugo.
Ante lo mencionado y al tener en cuenta las claras violaciones a la Ley Nacional 27.270, que aprobó el Acuerdo de París en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Ley Nacional 27.233 de Sanidad de los Animales y Vegetales; y la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia requirió al Juzgado de Garantías interviniente la declaración de la incompetencia material y su remisión al Juzgado Federal que por turno corresponda, medida a la que el magistrado interviniente hizo lugar en las últimas horas.
Tras un convenio rubricado este martes, ambos organismos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta y de Nación, compartirán información en las investigaciones de tráfico de drogas sintéticas y delitos conexos, con el objetivo de profundizar las investigaciones, detectar factores en común y desbaratar bocas de expendio y proveedores.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, en representación de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, Eduardo Villalba, rubricaron este martes un importante convenio de trabajo.
Cada una de las partes tramitará las investigaciones vinculadas al tráfico de drogas sintéticas según su competencia, comunicará su existencia a la otra y remitirá información para su análisis.
Además, una vez al mes se celebrará una mesa de trabajo para compartir información de las causas en trámite y establecer estrategias de investigación.
Esta es la segunda reunión concretada, con el firme objetivo de reforzar los vínculos tendientes a optimizar el trabajo conjunto de los fiscales provinciales y federales, así como su proyección intensificada inmediata.
“Existen nuevas modalidades y fenomenologías, y la actividad separada entre fiscales provinciales y federales debe superarse mediante una articulación conjunta que potencie la investigación en contra del tráfico de estupefacientes y la narcocriminalidad y evite la dispersión de esfuerzos, pues esta actividad delictiva traspasa y no reconoce jurisdicciones”, había anticipado García Castiella.
“El narcotráfico ha tenido su evolución. La preferencia y el uso de distintos tipos de drogas, como así también su comercialización, tuvieron su avance”, indicó el Procurador y destacó que “hoy no es no menor la cuestión vinculada a las drogas sintéticas, que son mucho más sencillas de producir y que pueden generar situaciones muy graves en nuestra sociedad”.
Por su parte, el fiscal federal Eduardo Villalba, destacó que la lucha contra la narcocriminalidad “exige el esfuerzo de ambos Ministerios Públicos porque no distingue entre delitos federales y provinciales”.
Villalba resaltó la importancia que tienen las mesas de trabajo, mecanismo expresamente establecido a partir de la implementación de la Ley 27.063, Código Procesal Penal Federal de la Nación, que evita la atomización o segmentado de las investigaciones y su posible impacto en la eficiencia de la instrucción de causas del fuero federal.
“El sistema acusatorio implementado en los fueros federal y provincial, justamente tiene el sentido de que los fiscales coordinen, cooperen e intercambien información. El Código Procesal Penal, en su artículo 90, exige a los Ministerios Públicos una actuación coordinada y de cooperación”, afirmó Villalba.
Es para determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la medida, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.
La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de Salvador Mazza y otras 11 personas.
Según informó Salinas Odorisio, el objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la pericia, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.
La causa
Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.
Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.
El Exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.
Las autoridades del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, magistrados y funcionarios, inauguraron las oficinas en las que desde ahora funcionarán las Fiscalías pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.
La presidenta del Colegio de
Gobierno del Ministerio Público y asesora general de Incapaces, Mirta Lapad; el
procurador general, Pedro García Castiella; el defensor general, José Gabriel Chibán;
la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y el exprocurador y actual
ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, inauguraron las oficinas en las
que desde ahora funcionarán las Fiscalías pertenecientes a la Unidad de Delitos
contra la Integridad Sexual.
Las nuevas oficinas, ubicadas en el primer piso del edificio “Cintia Fernández” anexo a la Procuración General, ubicado sobre calle Evangelina Botta de Nicolai de la ciudad de Salta, dotan de mayores herramientas e infraestructura a las Fiscalías, aspectos que son fundamentales al momento de que las víctimas radiquen su denuncia y presten declaración testimonial con una mayor privacidad.
Al tomar la palabra, el exprocurador general y actual ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, sostuvo que “cuando existen objetivos concretos de afianzar y mejorar la justicia, a todos los poderes nos debe encontrar juntos. Es una enorme satisfacción participar de este acto. Hay un pensamiento que nos une a todos y es fortalecer las instituciones y mejorar la administración del servicio de justicia”.
“Celebro que en materia de delitos contra la integridad sexual, haya una política estratégica firme de apoyo a las investigaciones de los fiscales. Este edificio representa un símbolo de esta lucha y un claro mensaje de la actual conducción de la Procuración General, sobre cuál debe ser el proceder en este sentido, para que las víctimas no se sientan desprotegidas y todos contribuyamos a este anhelo de justicia que es un clamor de la sociedad”, aseveró Cornejo.
En igual sentido, el procurador general, Pedro García Castiella, sostuvo afirmó que “es un orgullo y una satisfacción poder inaugurar las nuevas oficinas en compañía de los presentes, lo que es una muestra de los nuevos perfiles y contornos en cuanto a priorizar las investigaciones de los delitos que más laceran. Otro aspecto es la contención y el acompañamiento a las víctimas de toda clase de delitos. Esta inauguración permitirá liberar espacios para que puedan trabajar los equipos de psicólogos y de acompañamiento a las víctimas con una mayor logística y privacidad”.
“Esto, en alguna medida sirve para dotar de una mejor calidad laboral, siempre reivindicando la misión de los fiscales como responsables y directores de las investigaciones. La sociedad espera mucho de nosotros. La realidad que nos toca afrontar es cada vez más difícil, pero no cabe dudas que tendremos todo el ahínco y el compromiso para estar a la altura de los tiempos que se avecinan. Por eso es necesaria la unidad y generar puentes con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, con la Corte de Justicia y también otras jurisdicciones tales como la justicia federal, que es lo que exigen los tiempos que nos toca afrontar”, sostuvo García Castiella.
Con una superficie construida
de 650 metros cuadrados, las obras que iniciaron en diciembre de 2019 y que
debieron ser interrumpidas a raíz de la pandemia a causa del coronavirus,
fueron ejecutadas por la empresa constructora Romero Igarzabal SRL por un monto
de $36.076.243,52.
Mediante resolución 462, de
septiembre de 2015, la Procuración General de la Provincia dispuso la creación
de las tres Unidades Fiscales especializadas en Delitos contra la Integridad Sexual,
con competencia en el ámbito del Distrito Judicial Centro. Cada una desarrolla
sus funciones mediante un trabajo conjunto, en el que cada integrante del
equipo interdisciplinario realiza una labor clave a la hora de esclarecer
hechos de abuso y acompañar a las víctimas.
Del acto también participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, los fiscales penales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, Federico Obeid y Rodrigo González Miralpeix e integrantes de las Fiscalías, miembros del Ministerio Público y diversos funcionarios.