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Dos detenidos por abuso sexual y robo en barrio El Huaico

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, tomó intervención en la causa que investiga el abuso sexual y el robo en perjuicio de una mujer, ocurrido este jueves al mediodía en una vivienda de barrio El Huaico. Hay dos hombres detenidos y uno de ellos había sido liberado el mismo día del Centro de Contraventores, ubicado en la zona norte de la ciudad.

La intervención del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, inició luego de que un docente de la Escuela de Oficiales de la Policía, ubicada a pocos metros del lugar del hecho, se desplazara al domicilio de la víctima tras ser alertado por una vecina.

En el lugar, la víctima expresó que se encontraba en su habitación, cuando de repente dos hombres ingresaron, la empujaron y la amenazaron con una pistola y un cuchillo, mientas uno de ellos revolvía el lugar en busca de dinero y prendas de vestir.

En medio de una crisis nerviosa, la mujer denunció que antes de retirarse, ambos causantes abusaron sexualmente de ella.

Personal de Criminalística realizó las pericias de rigor y resguardó elementos que serían de los sujetos.

Por las características del hecho y la cercanía de los edificios de Alcaidía General y del Centro de Contraventores de la Policía, los investigadores de la Unidad Especial de Investigaciones, solicitaron los listados de personas liberadas recientemente.

Posteriormente, fueron detenidos dos hombres de 40 y 44 años, de los cuales uno de ellos fue puesto en libertad desde el Centro de Contraventores, el mismo jueves. Se trata de un sujeto que cumplió una condena a 14 años de prisión, por un hecho cometido bajo modalidades semejantes, por abuso sexual y robo con uso de armas.

A ambos detenidos se les secuestraron prendas de vestir y elementos relacionados con los delitos que se investigan.

Incumplimiento, fraude y cohecho: rechazan planteos de la defensa del Intendente de Rosario de la Frontera

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur – Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud planteada por la defensa técnica de Gustavo Solís Mónico, en la causa requerida a juicio por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke y en la que el jefe comunal de Rosario de la Frontera está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

Del fallo se desprendió que si bien el imputado, en su descargo por escrito, solicitó al Ministerio Público Fiscal que tuviera presente hechos relatados y se ordenara la evacuación de citas sobre sus manifestaciones, lo hizo de manera genérica y sin especificar las diligencias que resultaran pertinentes y útiles, conforme a la tesis defensiva planteada respecto de la hipótesis de la Fiscalía.

Es que la defensa adujo que esas diligencias consistían en la verificación de una batería de circunstancias, al menos 43, a las que se refirió el imputado en su declaración.

Sin embargo, el Juez interviniente consideró que en el ejercicio del derecho de defensa, el imputado y sus defensores pudieron proponer y ofrecer pruebas de manera detallada y no genérica como lo hicieron; de manera que el órgano acusador hubiera podido evaluar si las medidas solicitadas resultaban pertinentes y útiles a la investigación y en caso de denegatoria, peticionar la revisión ante el Juzgado de Garantías, por hacerse ostensible un agravio.

La causa fue requerida a juicio a finales de febrero por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, quien sostuvo en sus fundamentos que está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado, quien fue imputado el 21 de diciembre de 2020.

Las actuaciones iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.

Piden el juicio contra una banda que vendía drogas en el penal de Villa Las Rosas

La Unidad conformada por los fiscales penales Santiago López Soto, Verónica Simesen de Bielke y Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a diez personas acusadas de comercializar estupefacientes en la Unidad Carcelaria 1 de la Ciudad de Salta.

Las imputaciones recayeron sobre Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, Cristina Alejandra Santander Contrera, Rocío Alejandra Rodríguez, Micaela del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.

En tanto, Daniel Nicolás Valeriano, Miguel Martín Navarro y Pablo Alexis González Hussain, fueron imputados por el delito de

Además, Claudia Graciela Carrizo, fue acusada del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora, mientras que Miguel Martín Navarro, fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso civil.

Con respecto a la participación del imputado Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, se acreditó que dentro de la organización delictiva, era el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, tarea que realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además fraccionaba y distribuía la sustancia a otro de los imputados para su comercialización dentro de establecimiento, para luego recaudar el dinero de la actividad ilícita.

Tanto Santander Contrera como Lozano, comercializaban la sustancia estupefaciente en el interior de la Unidad Carcelaria. La que cobraba a los internos o a sus familiares era la primera de las mencionadas, a través de una cuenta de mercado pago. Esa actividad ilícita fue reconocida por Santander Contreras al declarar en fiscalía y en presencia de su abogado defensor.

Allanamientos realizados el 17 de diciembre de 2020 en el domicilio de Santander Contrera, en barrio 17 de Octubre, permitieron el secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular; mientras que de la celda 15 del Pabellón B1 de la Unidad Carcelaria 1, ocupada por Lozano, se secuestró dinero en efectivo, un DVD, una billetera con un papel con anotaciones de apodos, sumas de dinero y un celular.

Además, un procedimiento que tuvo lugar en la rotonda de acceso a la Universidad Católica, permitió la detención de Santander Contreras, a quien se le secuestró sustancia estupefaciente que llevaba a su pareja a la cárcel y otro celular.

Con respecto a la participación de Rocío Alejandra Rodríguez y Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, fue corroborado que conseguían estupefacientes para ingresarlos junto con los imputados Lozano y Santander Contreras a la Unidad Carcelaria 1, para que la vendan en el interior del establecimiento penitenciario.

También se sustenta la acusación en los elementos secuestrados durante el allanamiento al domicilio de los imputados Martín Navarro y Rocío Rodríguez, de calle Independiente al 2700, donde incautaron dinero en efectivo, marihuana y cocaína, una balanza gramera, celulares y un automóvil Chevrolet Agile.

Sobre la imputada Micaela del Valle Alderete, quedó acreditado que era una de las personas que Cristina Santander Contrera y Rocío Rodríguez contactaban para ingresar estupefacientes a la Unidad Carcelaria. El imputado Martín Miguel Navarro era quien conseguía la sustancia estupefaciente, que luego su pareja Rocío Rodríguez y Cristina Santander Contreras, ingresaban a la cárcel. Entre los elementos secuestrados en el domicilio que compartía con Rocío Rodríguez, se destaca la gran cantidad de sustancia estupefaciente y otro teléfono celular.

El imputado Pablo Alexis González Hussein, por su parte, era otro de los encargados de proveer sustancias a la imputada Rocío Rodríguez, para que ella las ingresara al Penal y las entregara a su hermano pata la venta. De su domicilio se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera, un celular y un automóvil marca Volkswagen Gol Power.

Otro de los encargados de proveer estupefacientes a la imputada Rocío Rodríguez era el imputado Daniel Nicolás Valeriano.

La acusación también queda corroborada mediante las tareas de vigilancia realizadas en diciembre de 2020 en barrio 23 de Agosto, en una vivienda donde fueron vistos Martín Navarro y Rocío Rodríguez, que permitieron conocer una de las residencias del imputado Daniel Valeriano, donde se observó el vehículo Chevrolet utilizado por Martín Navarro, junto a un Renault Fluence y se pudo divisar que Martín Navarro abordó éste último como acompañante junto a otro sujeto, luego identificado como el imputado Daniel Valeriano.

Del domicilio de Valeriano, en Villa Palacios, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera color gris, 13 semillas de cannabis y una caja con 23 cartuchos calibre 22; mientras que de la vivienda ubicada en barrio 23 de agosto, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, teléfonos celulares y un Renault Fluence.

Con respecto de la imputada Claudia Graciela Carrizo, fue acreditado que era otra de las personas que proveían de sustancia estupefaciente a Cristina Santander Contreras para introducirla a la Unidad Carcelaria para su venta. Del domicilio de Carrizo, sito en barrio Bancario, se secuestró dinero en efectivo, cocaína, un colador, un cuchillo con restos de sustancia, una tijera con restos de sustancia, una agenda con anotaciones varias y un teléfono celular.

Por último, la acusación en contra en contra de Martín Navarro, por portación de arma de fuego de uso civil, fue acreditada con el secuestro de su domicilio de barrio Castañares, de un arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo, una bolsa plástica con 21 proyectiles punta hueca y otro proyectil calibre 11.25; dos armas de fuego calibre 22, 11 cajas de cartón con 50 cartuchos, a plena disposición del acusado y en carácter de ser utilizadas de forma inmediata, sin contar con las autorizaciones legales para tal fin.

Requieren juicio para un edil acusado de abuso sexual

La fiscala penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del mismo Distrito, el juicio contra Lucas Federico Tévez, imputado por la supuesta comisión del delito de abuso sexual simple continuado, en perjuicio de una mujer mayor de edad.

La Fiscala requirió el juicio contra Tévez una vez que el Juzgado de Garantías 1 de Orán, cumplió el viernes pasado con lo ordenado por el Tribunal de Impugnación, de entender y proveer el escrito de constitución de Actoría Civil presentado por la víctima. De esa forma, desapareció el obstáculo que impedía el avance de las actuaciones y este lunes, pudo formalmente solicitar el juicio contra el acusado, de 34 años.

La intervención de Filtrín Cuezzo inició a partir de la denuncia de D.Y.G,. el 24 de noviembre último, en la que indicó que en oportunidad de prestar sus labores en la oficina de prensa del Concejo Deliberante la ciudad de Orán, una mañana sufrió tocamientos en zonas pudendas. La mujer denunció que los tocamientos iniciaron en febrero de 2020 y ocurrieron hasta días antes del día 11 de noviembre del mismo año.

En esta última fecha, la víctima también manifestó haber sufrido actos de discriminación y de violencia laboral. Justamente, en su requerimiento, la funcionaria del MPF destacó el valor del testimonio prestado por la víctima. Es que en oportunidad de ser convocada a la Fiscalía a raíz de una denuncia efectuada en sede policial el 12 de noviembre de 2020, por supuesta Violencia de Género -a la luz del ámbito de aplicación de la Ley 7888 y en la que intervino el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la jueza Maidana Vega-, dicha denuncia obró como efecto disparador en la visibilización del hecho posteriormente investigado, de abuso sexual simple continuado.

Por los hechos de violencia, la Jueza dispuso medidas de abstención de ejercer hechos de violencia en perjuicio de la víctima y también capacitación en materia de violencia de género para funcionarios del Cuerpo Deliberativo.

Según consta en las actuaciones, los tocamientos sucedieron en numerosas oportunidades y en ocasión de encontrarse la víctima a solas con el acusado Tévez. Describió también que el imputado aprovechó la intermitencia del funcionamiento del Concejo Deliberante, por la situación de pandemia por Covid -19.

Policías lo golpearon brutalmente y le perforaron el intestino

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves, en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial mayor Marcos Andrés Singh, el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y el agente Darío Alejandro Delgado.

Del requerimiento se desprendió que el 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los efectivos policiales patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial mayor Marcos Singh por inmediaciones de barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de la ciudad de Salta, e interceptaron a la víctima, quien estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante tal circunstancia, los efectivos lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron al Sector 6 A de barrio Democracia, donde una vez allí, lo golpearon brutalmente y le causaron lesiones graves.

Tales actos constituyeron un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, pues al encontrarse la víctima en estado de ebriedad, sus posibilidades de defensa, sumado a la superioridad en número de los efectivos policiales que acometieron contra su integridad física, resultaron de tal magnitud que le causaron una perforación en el intestino delgado y que por dicho cuadro, corrió riesgo de vida, conforme lo sostenido en el informe médico realizado por el CIF.

Las lesiones resultaron además compatibles con las manifestaciones de la víctima y de un testigo que estaba detenido el día de los hechos, quien pudo observar como la víctima fue brutalmente golpeada por los efectivos policiales; además de otros testimonios.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados, en ejercicio de la función policial, propinaron golpes al denunciante, lo que resultó reprochable penalmente, ya que son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

Además, conforme surge del reglamento policial para el uso de la fuerza pública, su uso se encuentra regido por una serie principios; entre ellos, la “racionalidad”, por lo que debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación, por lo que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención.

Remiten al Tribunal de Juicio la causa contra el exauxiliar fiscal Dantur por las filtraciones al policía Mamaní

El Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, remitió la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real, al Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán. La Mesa Distribuidora en lo Penal, deberá realizar el sorteo de la Vocalía del Tribunal de Juicio correspondiente.

De las consideraciones del fallo, surgió que tras el control de regularidad de la investigación, no fue advertida irregularidad alguna, por lo que se cumplieron con los requisitos formales de la acusación. Luego de que transcurriera el plazo previsto y sin que las partes formularan oposiciones o instado alguna de las medidas previstas por el Código Procesal, el magistrado interviniente ordenó la remisión de las actuaciones al mencionado Tribunal de Juicio.

El 26 de marzo, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real.

Los elementos colectados durante la investigación, demostraron que el acusado incurrió en conductas incompatibles con la rectitud, objetividad y buena fe con la que deben actuar los funcionarios públicos, aún más los que se desempeñan dentro del Ministerio Público Fiscal, ya que es a este órgano al que se le atribuye la obligación constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

En sus fundamentos, el fiscal penal Ramos Ossorio, sostuvo que Dantur, quien se desempeñaba como auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación de Apolinario Saravia, tomó conocimiento directo, el 1 de julio de 2020, de la denuncia radicada en contra de Walter Mamaní, quien a esa fecha ostentaba la función de Comisario en la Subcomisaría El Dorado.

En ese sentido, pudo demostrarse que Dantur mantuvo con Mamaní diversas conversaciones sobre la causa investigada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, quien sin embargo, logró requerir el juicio contra Mamaní y otros cuatro policías, por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en perjuicio de Luciano Diez.

En estas conversaciones, Dantur le transmitió a Mamaní información de las diligencias que Fiscalía le había requerido. Tal actuación por parte del exauxiliar fiscal resultó totalmente contraria a las normas que regulan el ejercicio de la función, en este caso, las disposiciones de la Ley N° 7712 y del Código Procesal Penal de Salta, toda vez que ejerció esa función en representación del órgano acusador y violó así los deberes a su cargo, específicamente lo dispuesto en los artículos 257 y 259 del Código Procesal Penal.

El artículo 257, establece en el segundo párrafo que: “Toda persona que por su función o participación tuviera acceso a los actos cumplidos en la investigación penal preparatoria, deberá guardar reserva y abstenerse de informar sobre los mismos».

A su vez el, artículo 259 del mismo cuerpo legal, reza que “los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, están obligadas a guardar secreto. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, el incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado conforme a las disposiciones de la ley respectiva”.

Las irregularidades registradas superaron el marco de discrecionalidad y tolerancia de lo que un trato cordial implica para con los integrantes de las fuerzas de seguridad en su rol de auxiliares de justicia, habida cuenta que Dantur decidió informar la marcha del trámite investigativo y las diligencias en curso, además de poner a disposición las actuaciones, actitud que sin lugar a dudas comprometió el éxito del proceso.

Además, Dantur incluso confeccionó un oficio para deslindar a Mamaní de un sumario iniciado en otra causa penal y puso a su disposición la llave de la oficina de la sede de la Delegación, para que el mismo Mamaní ingresara un día domingo a compulsar las actuaciones.

Vale recordar que a comienzos de febrero de este año, el Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al exauxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

Vendía marihuana y Clonazepam en la zona sudeste de la Capital

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ismael Aníbal Rojas, de 28 años, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones iniciaron con el registro de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre conocido como “Ranchín”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Virgen de Urkupiña.

Tras numerosas pruebas recolectadas durante la investigación, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento al domicilio del acusado, que fue realizado el 15 de abril.

Durante el procedimiento, el acusado hizo entrega voluntaria de $8.200 que estaban en una billetera que tenía encima del mueble del televisor.

Del domicilio fueros secuestradas dos bolsas con restos de sustancia vegetal disecada y otros tres envoltorios con sustancia vegetal, cuyo narcotest dio positivo para cannabis sativa, además de 74 blister con 10 unidades cada uno de Clonazepam y distintos elementos de cortes y fraccionamiento.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el imputado.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar al acusado mientras entregaban los estupefacientes a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Condenaron a dos hombres que vendían cocaína en barrio Juan Pablo II

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, condenó a dos hombres acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Martín Iván Guerra fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor, mientras que Sergio Rubén Reyes, fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundario.

Durante la audiencia de juicio abreviado, ambos acusados, con la asistencia de su defensa, reconocieron en forma expresa su participación en los hechos.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los mencionados vendían estupefacientes en inmediaciones de sus viviendas, ubicadas en barrio Juan Pablo II, en la zona norte de la ciudad de Salta.

Allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente y que fueron realizados el 24 de febrero en los domicilios de los acusados, permitieron su detención y el secuestro de estupefacientes y elementos de corte y fraccionamiento.

Del domicilio de Guerra, fueron secuestrados 71 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta (cartuchos), un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, un colador metálico grande, una tijera pequeña, una espátula, teléfonos celulares y la suma total de $30.520. La prueba de narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína.

En tanto, del domicilio de Reyes, fueron secuestradas 23 semillas de cannabis sativa, un envoltorio de papel con sustancia amarillenta en forma de pulvurenta, un colador con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera gris y un teléfono celular. El narcotest realizado a la sustancia, también arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los penados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Detienen a una pareja que estafó por más de 200 mil pesos al titular de una tarjeta de crédito

La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará en las próximas horas a un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos este jueves, luego de un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente y a partir del cual también se secuestraron elementos de interés para la investigación.

La intervención de Salinas Odorisio inició a partir de la denuncia de una persona que resultó afectada por compras con su tarjeta de crédito, por una suma superior a los $ 200.000 (doscientos mil pesos), en comercios de la provincia. También fue utilizada para pagos en dólares estadounidenses para compras realizadas en el exterior.

Las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos Complejos del CIF del Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar a los autores del delito, al confirmar que valiéndose de información obtenida en las empresas en las que trabajan, la pareja utilizó números de tarjetas de crédito ajenas y realizó compras online.

La estafa, bajo la modalidad “hormiga” fue verificada a través de compras realizadas mediante una aplicación de pedidos a domicilio, para la cual utilizaron nombres de terceros durante un año y medio. El denunciante sufrió débitos de su cuenta de caja de ahorros, en moneda argentina y extranjera, y además, contrajo una deuda por los intereses sumados por compras realizadas en moneda extranjera.

Ambos detenidos cuentan con antecedentes, ya que fueron denunciados en 2018 cuando él trabajaba en una concesionaria y una firma crediticia. Actualmente, el hombre se desempeña como asesor comercial de una empresa de alarmas y valiéndose de su conocimiento en el uso de tarjetas de créditos y débitos, habría robado datos del denunciante, quien a su vez, fue captado por la esposa del primero, quien trabaja en una empresa de telefonía celular.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos reiteró la necesidad de radicar la denuncia pertinente ante casos de estafas, porque la modalidad registra gran cantidad de víctimas que no dan a conocer los hechos defraudatorios. Es que la mayoría, como primera medida, desconoce la compra ante la entidad bancaria, que absorbe la responsabilidad financiera sobre el cliente. En consecuencia, muchas víctimas desisten de denunciar al no verse afectadas en su patrimonio y ello propicia la impunidad de quienes utilizan sus datos crediticios con fines ilícitos.

La OPRIV aportará recomendaciones técnicas para reducir la siniestralidad sobre Ruta Provincial 28

La Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales del Ministerio Público Fiscal se encuentra abocada a la elaboración de una propuesta con recomendaciones en materia de seguridad vial. Será presentada ante los poderes del Estado con incumbencia en la materia vial, específicamente para reforzar la seguridad sobre Ruta Provincial 28, donde fallecieron cinco personas en los últimos nueve meses.

Ante los alarmantes y continuos siniestros viales acaecidos en el tramo de la RN 28 que une los municipios Capital y San Lorenzo, la directora de la OPRIV, Clelia Poma, trabaja junto a la delegación fiscal de San Lorenzo y peritos especializados en Accidentología, en la elaboración de una propuesta concreta destinada a los organismos con responsabilidad en la materia del Poder Ejecutivo Provincial y de las Municipalidades de Salta y San Lorenzo.

En lo que va del año y hasta la fecha, murieron 57 personas en la provincia como consecuencia de siniestros viales. Sólo en lo que transcurrió de este mes, fallecieron cinco personas. Específicamente sobre RP 28, se registraron cuatro víctimas fatales en los últimos nueves meses, de las cuales dos fueron ciclistas; uno, automovilista -por vuelco- y una peatona, que fue embestida por un vehículo al descender de una unidad de transporte público. El rango de edades de esas víctimas, fue de 34 a 44 años.

El objetivo es entregar recomendaciones del ámbito vial a los organismos responsables de la planificación de políticas públicas, a los fines de que refuercen la seguridad y teniendo en cuenta básicamente, las siguientes observaciones: control de tránsito efectivo en toda la RP 28 -particularmente desde el empalme con avenida Bolivia (RN 9), a la altura del monumento al Quirquincho y hasta la curva de Castellanos, en proximidad a Lesser-; posibilidad de ejecución de bicisendas; iluminación de la ruta; despeje de banquinas, vigilancia de bacheo, señalética, cartelería y demarcación horizontal con trazas continuas o intermitentes de color blanco y amarillo.

También se reforzarán recomendaciones sobre la colocación de lomos de burro, reductores de velocidad e instalación de cámaras de videovigilancia de manera estratégica y preventiva; además del necesario control de animales sueltos.

A eso, Poma agregó que “resulta fundamental la adopción de acciones efectivas en cuanto al control del cumplimiento de la velocidad reglamentaria y del uso de casco por parte de ciclistas y motociclistas, ya que son la mayoría de las víctimas de siniestros fatales”.

Entre los objetivos de OPRIV, se destaca el tratamiento y relevamiento de los delitos que se produzcan en siniestros viales o de tránsito para la generación y obtención de estrategias de prevención e investigación que puedan implementarse de manera uniforme en el Ministerio Público Fiscal, a fin de disminuir los efectos de la modalidad delictiva en el ámbito vial.