Derechos Humanos

La actuación se inició de oficio tras la difusión de un video en el que los padres denunciaban haber permanecido varias horas sin conocer el paradero de sus hijos y cuestionaban el procedimiento policial.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició de oficio una investigación para determinar si el procedimiento policial realizado con dos adolescentes de 13 años se ajustó a la normativa vigente, luego de que sus progenitores permanecieran durante varias horas sin conocer el paradero de sus hijos, situación que incluso motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas extraviadas.

La actuación fiscal se originó tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales, en el que los padres de los adolescentes cuestionaban el procedimiento llevado adelante por personal policial y manifestaban que recién fueron informados con posterioridad de que sus hijos se encontraban demorados y habían sido trasladados para la realización de un examen médico legal.

De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se produjo luego de la denuncia de un particular, quien habría retenido a ambos adolescentes hasta la llegada del personal policial, al señalar que los menores habrían ocasionado daños en el portón de un inmueble.

Ante la urgencia del caso, desde la Fiscalía se intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la Subcomisaría Villa El Sol, sin obtener respuesta. Frente a ello, debió recurrir a la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, quien dispuso que la jefatura de la dependencia se comunicara con la Fiscalía. Posteriormente, la comisario Caresana Tenorio, jefa de la Comisaría Villa El Sol, estableció contacto con la Fiscal.

Como primera medida, la fiscal Geria requirió con carácter urgente la remisión de copias certificadas de todas las actuaciones originadas por la demora de los adolescentes y de toda la documentación vinculada al procedimiento policial, con el objeto de reconstruir cronológicamente los hechos y verificar el cumplimiento de la normativa y los protocolos vigentes. Asimismo, requirió la individualización de todo el personal policial que intervino en el procedimiento, precisando la participación y responsabilidades de cada uno de los efectivos, así como de los funcionarios que tuvieron a su cargo la custodia de los adolescentes, su traslado y la comunicación con sus progenitores.

En el marco de la investigación, se analizarán además los libros de guardia y de novedades de la dependencia policial, los registros de ingreso y egreso de los adolescentes, las actuaciones relacionadas con su traslado para la realización del examen médico legal, las comunicaciones mantenidas entre el personal policial y otras dependencias y toda otra documentación que permita establecer las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento.

De resultar necesario, la Fiscalía dispondrá el relevamiento y secuestro de registros fílmicos de la dependencia policial y de cámaras de seguridad públicas o privadas que hubieran captado el procedimiento, la recepción de declaraciones testimoniales del personal policial interviniente, del denunciante, de los progenitores y de toda otra persona que pudiera aportar información relevante, así como la incorporación de los protocolos de actuación aplicables a procedimientos con niños, niñas y adolescentes y cualquier otra medida probatoria que resulte pertinente.

Destacó la fiscal Claudia Geria que la investigación tiene por objeto establecer, entre otros aspectos, si la comunicación con los progenitores se realizó en tiempo oportuno; si la demora y el traslado de los adolescentes para la realización del examen médico legal se efectuaron conforme a los protocolos vigentes; si las medidas adoptadas resultaban proporcionales a las circunstancias que motivaron la intervención policial; y si el accionar del personal interviniente se ajustó al marco legal aplicable, garantizando el pleno respeto de los derechos y garantías de los adolescentes.