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Piden la incompetencia material en la causa de los dos gendarmes detenidos

La fiscala penal 5, Gabriela Buabse, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la incompetencia material de la causa en la que dos efectivos de Gendarmería Nacional, fueron detenidos tras simular un allanamiento en un domicilio ubicado en barrio San José, de la ciudad de Salta, en el que hurtaron diversos objetos. El caso tomó trascendencia a través de los medios de comunicación.


La intervención de la fiscala penal Gabriela Buabse, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien tras el falso allanamiento puso en conocimiento el faltante en su domicilio de un anillo de oro 18 kilates, una cadena de oro con una perla blanca, un libro y la suma de 100.000 pesos, entre otros.

En sus fundamentos, la fiscala penal Gabriela Buabse, sostuvo que los hechos de la causa, ocurridos el pasado viernes por la noche, tienen íntima vinculación con otros hechos de corrupción que son investigados por la Justicia Federal, en la que se encuentran incluidos la Sub Alférez Caren Estefanía de Paoli, de 27 años y el Sub Alférez Enrique Ezequiel Gehrmann, de 32.

En este sentido, la fiscala sostuvo que es necesaria una investigación única, con el fin de no perder aspectos que pueden resultar sustanciales para conocer la trama delictiva de modo cohesivo.

Por otra parte, el accionar desplegado por los acusados, quienes son miembros de Gendarmería Nacional y que actuaron con uniforme y en un procedimiento que implicó un ejercicio excesivo y abusivo de sus funciones, afectó directamente el servicio de esa fuerza de seguridad y los intereses directos del Estado Nacional.

A su vez, es importante destacar que debe imponerse la competencia federal a ciertos delitos cuyo auge y peligrosidad, hacen que constituyan una verdadera ofensa a la seguridad del Estado, que trascienden la conducta individual para convertirse en medios tendientes a dislocar el sistema económico y la seguridad jurídica de la Nación, lo que pone en peligro el libre ejercicio de los derechos que acuerda la Constitución Nacional.

Las actuaciones originales fueron remitidas al fiscal federal en Turno, Eduardo José Villalba.

Coronel Moldes: Imputan a una mujer por desobediencia judicial

El fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, interviene en la causa en la que una mujer de 21 años fue detenida e imputada luego de incurrir en el delito de desobediencia judicial por segunda vez, al dejar a su hija menor de edad, en manos de su padre y sobre quien pesa una prohibición de acercamiento a la mujer, víctima de violencia.

En el marco de la causa, el Juzgado de Garantías interviniente ordenó la detención de la mujer, mientras el fiscal penal Gabriel Portal anticipó que requerirá medidas sustitutivas.

A su vez, el fiscal indicó que durante la audiencia de imputación celebrada este mediodía, en ningún momento la abogada particular de la imputada puso en conocimiento que la detenida estuviera amamantando a la menor.

Según la información suministrada por la Policía de Coronel Moldes a la Fiscalía, los efectivos se constituyeron en el domicilio de la mujer detenida y se entrevistaron con familiares, quienes indicaron que la menor se encuentra bajo su cuidado e informaron que ya no se encuentra en periodo de lactancia, situación informada al asesor de Incapaces interviniente.   

En la causa tomaron intervención un juez de Detenidos y otro de Garantías, sobre quienes pesa la obligación de velar por la seguridad de la imputada.

Pedro García Castiella juró como Procurador General de la Provincia

Juró Pedro García Castiella como Procurador General de la Provincia y anticipó que los fiscales trabajarán en forma coordinada y con una dinámica aceitada, con las fuerzas de seguridad, porque no puede haber fisuras entre la prevención, investigación y sanción de los delitos.

En un acto presidido por la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de la Provincia, Mirta Lapad, juró el procurador general Pedro García Castiella. En el mismo acto, que tuvo lugar en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, hizo lo propio el defensor general de la Provincia, José Gabriel Chibán. Contó con la participación del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz.

En su primer encuentro con la prensa como Procurador, García Castiella ratificó sus ejes de gestión, luego de sostener que continuará “todo lo que se hizo bien en la Procuración” que calibrará en los temas urgentes, que son “cuestiones muy delicadas que hacen al interés de la sociedad y que no ameritan ningún tipo de dilación”. Destacó en ese sentido, “la criminalidad de derecho común que proviene del narcotráfico, con hechos a los que no estábamos acostumbrados en la provincia y que son delitos graves que vienen de la mano del narcotráfico”.

Citó como ejemplo el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, y dijo que en la actualidad “la gravedad de la circunstancia es que tenemos en toda la provincia situaciones parecidas replicadas y también en el Distrito Centro, donde ya hay situaciones vinculadas con el narcotráfico, como fue el doble homicidio de avenida Circunvalación Oeste”. Afirmó el funcionario que la respuesta “del sistema de justicia; del Ministerio Público Fiscal y el Estado en su totalidad, debe ser absolutamente contundente”.

Al mismo tiempo, remarcó que se centrará en la lucha contra los delitos de violencia familiar y de género y los femicidios, “porque esa realidad tampoco admite tregua, y se debe atacar el problema desde todos los ángulos. Tiene una génesis cultural y por ello debe abordarse desde el Ministerio de Educación, la Justicia y todos los ámbitos”. García Castiella mencionó la cibercriminalidad como otra de las principales preocupaciones, porque entre otros delitos graves, “trae de la mano la captación y abuso de menores de edad”.

El Procurador, quien cuenta con 28 años de experiencia como litigante en los tribunales locales y completó casi dos, como titular de la Defensoría General de la Provincia, anticipó que llevará adelante “un trabajo coordinado y muy aceitado entre los fiscales y las fuerzas de seguridad, donde no puede haber fisuras”, cuando el objetivo es garantizar el bienestar social.

Del acto participaron el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Sylvester, el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el vicepresidente segundo de la Corte Justicia, Sergio Fabián Vittar, las juezas de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffín, el juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals; el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Ricardo Villada; el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo y magistrados y funcionarios judiciales, entre otros.

Villa Floresta: Piden el juicio contra un padrastro abusador

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa en la que un hombre de 27 años fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda.

De los elementos colectados en las actuaciones, surgió que en su domicilio ubicado en Villa Floresta de la ciudad de Salta, el acusado acometió contra la reserva sexual de la joven de 14 años en distintas oportunidades, cuando ésta iba de visita.

El accionar delictivo del imputado fue corroborado con la denuncia y posterior ratificación de la madre de la víctima en contra de su expareja, la declaración testimonial de la menor en circuito cerrado de televisión y la constancia de la revisión médica a la que se sometió.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, resaltó el coherente testimonio de la víctima, sostenido durante todo el tiempo, lo que reflejó su verosimilitud.

En efecto, “no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés y odio tendiente a perjudicar al imputado”.

Piden el juicio contra penitenciarias que golpearon brutalmente a una interna

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa en la que cinco efectivas del Servicio Penitenciario de la Unidad Carcelaria 4, fueron imputadas por el delito de severidades calificadas, en calidad de coautoras.

Las imputaciones recayeron sobre las efectivas sargento María José Guzmán, cabo primera Cristina Arancibia Peñaranda y las cabos María Alejandra Gutiérrez y Jésica Judith Maza, quienes en su carácter de funcionarias públicas eran las encargadas de la custodia y vigilancia de la interna víctima.

Si bien en un primer momento también fue imputada la sargento Ana Elizabeth Rodríguez, la investigación permitió determinar que ésta no ingresó a la celda de la víctima, por lo que al haberse corroborado con certeza que no participó del hecho investigado, el fiscal penal González requirió su sobreseimiento.

Del requerimiento, surgió que durante la medianoche del 25 de julio del corriente año, las acusadas acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien agredieron físicamente con patadas en los brazos, piernas y rostro, que le produjeron lesiones que fueron constatadas mediante un examen médico realizado por el CIF.

Además, prestaron declaración testimonial otras internas, quienes no solo pudieron escuchar los gritos y ver las lesiones sufridas por la víctima, sino que también situaron a las acusadas en el lugar del hecho y las señalaron como las agresoras.

Violencia Institucional

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.

A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.

Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.

Grooming: Imputarán a un docente del Colegio 11 de Septiembre

La fiscala penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Cecilia Flores Toranzos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria mediante el decreto de imputación contra un docente del Colegio 11 de Septiembre, luego de la denuncia radicada oportunamente por la madre de una alumna de 15 años que asiste a la institución.

La fiscala penal Cecilia Flores Toranzos, indicó que la audiencia será celebrada en los próximos días, en la que el docente del Colegio 11 de Septiembre, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, será acusado provisionalmente por la comisión del delito de grooming.

La denuncia fue radicada a fines de octubre por la madre de la víctima, alumna de 15 años. En el marco de la causa, se dio intervención a las partes.

General Güemes: Detenido e imputado por vender estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a Hugo Osvaldo Barboza, de 32 años, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, iniciaron con la recepción de una denuncia anónima, en la que se indicó que el acusado vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio, ubicado en barrio Los Olivos, de General Güemes.

Los elementos obtenidos de las tareas de investigación y vigilancia permitieron establecer que el denunciado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de estupefacientes, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la autorización para allanar su vivienda.

Autorizada la medida, el 21 de octubre, cerca de las 22, una comisión policial irrumpió en el domicilio del imputado, donde se secuestraron una bolsa y un envoltorio rojo con marihuana, una campera azul con restos de la misma sustancia, un frasco con 250 semillas, un cigarrillo armado, un colador con restos de cocaína, un teléfono celular, una memoria micro SD de 16 GB, una balanza gramera y la suma de $26.980 en efectivo.

Concluida la requisa y con el resultado positivo del narcotest, el procedimiento finalizó con la detención del imputado.

Dieciséis condenados por vender estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada en la Sala V del Tribunal de Juicio, que condenó a distintas penas a 16 personas que se dedicaban a comercializar estupefacientes en la ciudad de Salta.

Del fallo, surgió que Sergio Daniel Ríos, Ricardo Matías Callojas e Iván Juan Marcelo Colque, fueron condenados a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de autores.

En tanto, Malvina Libertad Cejas, Francisco Eduardo Camacho, Carlos Antonio Mamaní,  Carlos Antonio Mamaní (h), Cristian Eduardo Cristofani, Gladys Esther Penella, Julio Héctor Navia, Georgina Paola Medina e Iván Fabricio Colque, fueron condenados a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de partícipes secundarios.

Además, Saúl Ezequiel Pastrana, fue condenado a una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, como participe secundario del delito de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Los imputados Alberto Nicolás Liendro y Luis Alberto Chávez, fueron condenados a la pena de dos años, siete meses y 16 días de prisión de ejecución condicional, por el delito de confabulación para comercializar estupefacientes.   

Por último, Alejo Agustín Medina, fue condenado a la pena de 6 meses de prisión condicional, por tenencia de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

La investigación se inició a partir de un informe policial remitido por la Policía Federal Delegación Jujuy, en el que se indicó que Marcelo “Chacota” Colque, se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en su residencia, ubicada en Independencia al 100 de la ciudad de Salta.

Con la información aportada, personal policial especializado inició una investigación que incluyó tareas de vigilancia e inteligencia, que permitió identificar a quienes participaban.

En marzo de 2019, fueron realizados 14 allanamientos en los que se logró la detención de los 16 imputados y el secuestro de cinco kilos de marihuana y alrededor de 100 gramos de cocaína de máxima pureza, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Inicialmente, la totalidad de los imputados fueron acusados del delito de  comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. Sin embargo, no surgieron elementos suficientes para comprobar una tarea coordinada, que responda a un plan común, con división de roles y funciones, por lo que fue descartado el agravante.

Abuso sexual: Tenía prisión preventiva, fue liberado y amenazó a la víctima

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la detención de un hombre de 24 años, quien fue acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor edad. El imputado permanecía detenido con prisión preventiva y tras la apelación presentada por su defensa, le fue revocada por la Sala II del Tribunal de Impugnación.

En el requerimiento, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que existen motivos suficientes para sostener que el acusado cometió los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas y desobediencia judicial en concurso real.

El acusado recuperó su libertad el pasado sábado, tras la apelación presentada por su defensa y luego de que le fuera revocada la prisión preventiva por el juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Pablo David Arancibia.

La intervención del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, inició tras las actuaciones de prevención de la Comisaría 102, donde la madre de la víctima radicó la denuncia en representación de su hija, menor de 17 años y en contra del acusado, de 24.

En 2019, la mujer denunció al acusado por el delito de estupro, que luego la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 2 recaratuló como abuso sexual con acceso carnal, por lo que el imputado fue detenido en la Alcaidía General.

Recientemente, la denunciante sostuvo que tomó conocimiento por parte de su hija, que el acusado comenzó a amenazarla mediante mensajes en la red social Facebook, por lo que pidió que se tomaran las medidas legales del caso, ya que siente temor por la integridad de su hija y también de su nieto.

Los elementos colectados durante la investigación inicial y la declaración testimonial de la menor, permitieron establecer el abuso sexual que sufrió por parte del encartado y producto del cual nació su hijo.

Divino Niño: Tenía unas 250 dosis de cocaína para vender

El fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a Ramón Santos Zambrano, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, iniciaron con la recepción de un informe policial, luego de que el 19 de enero fuera radicada una denuncia anónima en contra del acusado, en la Subcomisaría de barrio Grand Bourg.

Los elementos obtenidos de las tareas de investigación y vigilancia permitieron establecer que el denunciado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de estupefacientes, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la autorización para allanar su domicilio, ubicado en barrio Divino Niño, de la zona oeste de la capital salteña.

Autorizada la medida, en la tarde del pasado 28 de octubre una comisión policial ingresó al domicilio y tras identificar a los residentes, requisaron al acusado y le secuestraron $15.450 en efectivo.

Durante el registro del inmueble se secuestró un teléfono celular y $12.850; mientras que dentro de un automóvil abandonado ubicado en el patio interno, fueron encontrados dos trapos rosados con dos medias del mismo color, que contenían un total de 249 envoltorios de plástico negro con cocaína.

Concluida la requisa y con el resultado positivo del narcotest, el procedimiento finalizó con la detención del imputado.