La causa consta de siete actuaciones por hechos de violencia institucional acontecidos en el Distrito Sur. Resta la fijación de fecha de audiencia de debate.
La Fiscalía ante la Corte Nº 2 recibió notificación de fallo que denegó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la defensa de los 8 policías imputados (entre ellos, un diputado provincial) Orozco, Gustavo; Suarez, Andrés; Reynoso, Javier; Orellana, Víctor; Medina, Rubén; Luna Víctor; Coronel, Denis y Díaz, Andrea.
La Corte de Justicia de Salta, con votos de los jueces Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo, y Sergio Fabián Vittar, entendió que“si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el caso” y que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.
La causa que investiga siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre los años 2014 y 2015 llevaba más de un año y medio resolviendo los sucesivos recursos planteados por la defensa, quien venía solicitando el sobreseimiento de los acusados.
Cabe recordar que si bien existen otras causas por hechos similares en contra de los mismos acusados, esta causa, es la que se encuentra más avanzada, por lo que, con esta sentencia del máximo tribunal provincial, se espera que el Juez Héctor Guzmán notifique a los fiscales Oscar López Ibarra y Ramiro Ramos Ossorio y a las demás partes, la fecha de la audiencia de debate.
En el mediodía de este martes, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió a la Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca y al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ingeniero Alejandro Aldazábal, para aunar los esfuerzos del Estado Provincial en la lucha contra los incendios que vienen azotando a las localidades de Orán, Pichanal, Isla de Cañas, Colonia Santa Rosa, entre otras, del norte provincial.
Tras efectuar un repaso de las acciones que se han venido ejecutando desde el mes de agosto por parte de las Fiscalías de Orán y Pichanal, el Procurador remarcó la necesidad de evitar que se efectúe un eventual aprovechamiento inescrupuloso de la tierra arrasada por el desastre ambiental, debido a la perdida de las cualidades ecológicas de lo que fuera un bosque nativo protegido y de alto nivel de conservación.
En efecto, el 24 de agosto del corriente, la Procuración General procedió a abrir y remitir el Expte. N° 8795/22 caratulado “Posible Estrago Forestal”, que tramita en la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa, en cuyo marco se efectuaron diversas medidas como inspecciones oculares; croquis de bomberos; declaraciones testimoniales respecto del foco ígneo en la zona conocida como Valle Morado, en Colonia Santa Rosa y Urundel; informe técnico de la División Guardia de Incendios y otros Siniestros.
El Procurador repasó el trámite iniciado ante foco ígneo cercano en la plantación de bananas en el paraje Rio Blanquito en fecha 12 de septiembre de 2022 y destacó la labor investigativa de este segundo evento, que continúa llevando a cabo la Fiscalía Penal N°3 de Orán, a cargo de la Dra. Mónica Viazzi, desde el pasado 19 de septiembre.
Finalmente, García Castiella remarcó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomarán todas las medidas necesarias para impedir que, ya sean autores malintencionados, ya sean aprovechadores de ocasión, pretendan explotar esas tierras y que se activarán los resortes legales para que las tierras arrasadas no puedan ser aprovechadas o utilizadas con fines productivos por el máximo legal, que en algunos casos puede llegar a los sesenta años.
Asimismo se considero la denuncia efectuada en horas de la tarde por el Coordinador del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Patricio Cernadas Curuchet, a instancias del Ministro, Dr. Abel Cornejo, la que será incorporada a las actuaciones que ya se vienen tramitando con anterioridad.
Teniendo presente la relevancia de los hechos sucedidos en el norte de nuestra provincia, que tuvieron como víctima a una menor de la comunidad wichi, es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto.
Se pone en conocimiento que en fecha 3 de noviembre, siendo las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.
En atención a ello, siendo la hora 18:00 del mismo día, la Policía de la Provincia remite vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación.
Posteriormente y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.
Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.
La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.
Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigaciónespecializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales(CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
Se pondrá a disposición del juez interviniente a fin de colaborar en la diligencia de la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
Tomado conocimiento de un hecho ocurrido el pasado jueves en la localidad de Alto La Sierra, donde una menor resultó lesionada y en el que el Juzgado de Menores en turno tomó intervención, por la posible participación de otro menor como sospechoso, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición una comisión técnico investigativa a fin de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido.
La comisión especial está conformada por investigadores y técnicos criminalistas de Cuerpo de Investigaciones Fiscales pertenecientes al Departamento de Investigaciones de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual del distrito centro y profesionales del Departamento de Criminalistica, que partieron hacia Alto La Sierra a efectos de contribuir con el despliegue de las tareas de investigación, bajo las directivas que considere el magistrado interviniente.
Cabe recordar que en el Régimen Penal de Menores la tramitación e investigación de la causa es dirigida por el Juzgado de Menores en turno.
Se proveerá accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, brindando la capacitación necesaria y actividades dedicadas al quehacer de la investigación en esa materia. Estas herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia
El Procurador General de la Provincia de Salta Pedro García Castiella firmó con el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand un Convenio de cooperación y asistencia técnica de cara a incorporar herramientas útiles a fin de aumentar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia y la eficacia en la recolección, preservación y uso de evidencia digital en los procesos penales.
La medida, se enmarca en la profundización de las vinculaciones entre los ministerios públicos de todo el país compartiendo e intercambiando experiencias, así como acompañando y fortaleciendo la tarea que se despliega para lograr agilidad en los procesos y mayor efectividad en los resultados.
Se destaca que desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, se ha fijado el objetivo aunar esfuerzos en la lucha contra todo tipo de fenómeno delictivo en el ámbito de las provincias argentinas a través del intercambio de experiencias, recursos e información.
Es así como a través del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas dependiente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, se proveerá de los accesos a las Guías Interactivas de Investigación Digital, gestionado la capacitación para su adecuado uso, y auditando todos los accesos remotos que se efectúen
Estas guías abordan temas varios como la obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital, tratamiento de imágenes y video, requerimiento a empresas y accesos a bases de datos conveniadas y fuentes abiertas entre otras. Se trata, de una herramienta de gran valor para llevar a cabo los cometidos de una política criminal y eficaz embate contra el ciber delito y el delito en general, en todas y cada una de las jurisdicciones provinciales, fundamentalmente en el plano interjurisdiccional.
Tales herramientas prácticas son un aporte valioso que profundizará los ejes de trabajo que se vienen desarrollando con vistas a la próxima puesta en funcionamiento en la provincia de Salta, de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia que tendrá bajo su responsabilidad, la intervención en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos.
El encuentro formativo responde a la necesidad de contar con personal capacitado para la intervención adecuada y eficaz ante hechos que comprometan la seguridad de las mujeres y niños, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable.
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en el Salón Auditorium del Poder Judicial de Salta, Distrito Sur Metán, la capacitación a cargo de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Sur, Susana Redondo Torino, destinada a los Oficiales de Servicios y Operadores VIF y de Violencia de Género de comisarías, subcomisarías y destacamentos de la Unidad Regional Nº3.
Dicha capacitación se dictó
a solicitud de la Oficial de
Coordinación y Enlace Educativo de la UR 3, Teresita Guerrero, en el marco de
la ejecución del “Curso básico de intervención policial en hechos de Violencia Intrafamiliar-Violencia
de Género y Ciclos de Capacitación continua”, en respuesta a las exigencias de
la Ley 8121 que obliga a la Policía de la Provincia de Salta a contar en cada dependencia
policial con personal altamente capacitado para la recepción de denuncias y la
atención de víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género.
Los temas que se abordaron
en el encuentro fueron: El Proceso Penal, rol de la policía, actores que
intervienen, conductas típicas más frecuentes, elementos necesarios para cada
tipo penal, el primer interventor, preservación de los elementos de prueba,
cadena de custodia, criterios prácticos para la recepción de denuncias y
consulta judicial.
Junto a la fiscal Redondo Torino, estuvo la auxiliar fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, María del Huerto Ruiz y la abogada Karen Quiroga Navarro.
Tal como estaba previsto, esta mañana se realizó la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas.En www.saltacensoaguas.gob.ar, todos los habitantes la Provincia deberán declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2023.
La actividad tuvo lugar en el Salón Auditorio del Ministerio Público y estuvo presidida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal; el Director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Asuntos Hídricos, David Le Favi; el Director del Ente Regulador de Servicios Públicos (EnReSP), Gerónimo López Fleming y la Subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco.
Esta presentación constituye un paso más en el avance sobre lo que el Procurador Pedro García Castiella consideró «situaciones poco exploradas o no visibilizadas hasta este momento», a través del lanzamiento de lo que se ha denominado Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas, fruto de un acuerdo entre varios organismos y cuyo trámite inició la Procuración General, a través de diferentes encuentros.
El Censo está destinado a abordar la problemática de la evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de aguas subterráneas de toda la provincia de Salta.
El Procurador dio la
bienvenida a los presentes y comenzó expresando que “nuestra provincia utiliza
en forma masiva lo que son aguas subterráneas, con recurrencia a los pozos, a
la perforación de pozos”, destacando que “nos hemos dado con una realidad de
una falta de suficiente control, monitoreo y estadística e individualización de
cuántos son los pozos existentes”.
Al respecto, continuó
manifestando que “un punto de partida esencial para ello es tener la base de
datos fidedigna y precisa de con qué contamos en la realidad”, aclarando que “no
es algo ocioso, ni baladí, sino que esto tiene una fundamental trascendencia,
en términos de que si no se atienden estas situaciones, podemos darnos con
riesgos que no son hipotéticos, sino que son realidades, como pueden ser los
riesgos de contaminación de las napas o algún tipo de pérdida de caudal por
sobreuso”.
García Castiella advirtió,
en ese sentido, que “esto se traduce en consecuencias no deseadas, como puede
ser la aparición de dolencias masivas por ingestión de agua que no esté en buen
estado, agua contaminada, sobre todo en niños y ancianos”.
“Se está tratando de
atender, atacar y neutralizar el peligro de estos riesgos por aplicación de lo
que se llama el ‘Principio protector ambiental’, advirtió y continuó expresando
que “estamos materializando y haciendo realidad lo que es ese principio
protectorio”.
En referencia al censo, el titular de la Procuración detalló que “comenzamos con este Censo de Aguas Subterráneas que consiste, en el ingreso a una aplicación que permitirá a todos los habitantes la Provincia declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, que tiene carácter de declaración jurada. Vencido ese término se van a aplicar las sanciones que correspondan con las herramientas que tiene el Estado a disposición para, no sólo la localización de lo que no han sido denunciados, sino también para la sanción y aplicación de las multas que corresponde”, finalizó el Procurador.
Inmediatamente después, la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, hizo una demostración de la utilización del aplicativo para todo el público presente.
Finalizada la demostración, el Procurador, junto a quienes presidían la presentación y al Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, respondieron a consultas.
Cabe recordar que el
aplicativo fue desarrollado por los alumnos José Beleizán y Benjamín Quipildor,
de la Tecnicatura Universitaria Programación (TUP), dependiente de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, bajo la dirección del Dr.
Diego Rodríguez, a cargo de la cátedra “Programación de Aplicaciones Web”.
Este viernes 21 de octubre, a las 10, en el Salón Auditorio del Ministerio Público, tendrá lugar la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de las Aguas Subterráneas.
Dicho Censo está instrumentado por Resolución Conjunta SRH-ENRESP N° 2/22 (BO 21291) y en función del convenio multiinstitucional firmado el pasado 5 de agosto entre el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, conjuntamente con representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.
El Procurador General, Pedro García Castiella, resaltó que “tras décadas de vigencia de la Ley de Medio Ambiente y de no cumplimiento efectivo de lo estipulado en relación a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, hoy llegamos a este punto de respuesta al requerimiento y por el que, desde Procuración se firmó un convenio”.
Este programa consiste en relevar las vulnerabilidades del sistema, los niveles de situación de riesgo cierto en cuanto a contaminación, y de utilización de esas aguas por parte de las comunidades que cuentan con sistema de extracción.
Este aplicativo fue desarrollado por el equipo informático, uno de los tres grupos que conforman la mesa de trabajo integrada para dar cumplimiento a una primera etapa de diagnóstico.
La presentación que se realizará este viernes, es otro paso importante que marca el avance en el proceso multiinstitucional de trabajo y en cumplimiento del requerimiento de informe por parte de la Procuración de la Provincia sobre aguas subterráneas en Salta.
De la reunión convocada se prevé que tomen parte representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Medicina Social, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Ente Regulador de los Servicios Públicos y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
Desde que el Procurador General, Pedro García Castiella, convocara en abril pasado a una reunión en el marco de las actuaciones referidas al mencionado requerimiento, se han cumplimentado diferentes etapas, a lo largo de diferentes encuentros que incluyeron el acuerdo de conformación de un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, la integración de una mesa de trabajo y la rúbrica del Convenio.
Cabe recordar que la
resolución que instrumenta el Censo y Monitoreo de pozos de agua subterránea en
Salta, en su artículo 1 establece
que se instrumente un procedimiento excepcional por tres meses, desde el 1 de
noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el Censo de las Aguas
Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras hidráulicas
existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento, captaciones y/o
suministro de agua subterránea en todo el territorio de la provincia de Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la
coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin
precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades
ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del
uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
A ese respecto, cabe
recordar que es competencia del
Procurador de la Provincia el control de
la legalidad de los “derechos colectivos”.
El acto se realizó este jueves y entregaron distinciones al personal que cumple tareas en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, participó este jueves del acto realizado para conmemorar el 5° aniversario de la creación de la UFINAR y recibió un reconocimiento.
El acto contó con la presencia de los fiscales penales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, oficiales jefes de la Policía de la Provincia y Policía Federal, personal policial y de equipos interdisciplinarios que integran la Unidad.
Se entregaron plaquetas, diplomas y medallas de reconocimiento al personal y se homenajeó al fallecido Comisario Pablo Costilla.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad fue puesta en funcionamiento el 5 de octubre de 2017 y desde entonces encabeza la lucha contra el narcomenudeo. Cuenta con equipos interdisciplinarios y personal policial capacitado en el área para dar cumplimiento a la tarea encomendada.
En la apertura de las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Ministerio de Justicia de la Nación, sus titulares Pedro García Castiella y Martín Soria, firmaron convenios que garantizan el acceso a la justicia integral y con perspectiva de género a las víctimas de delitos en la provincia.
En el marco del Consejo Federal de Víctimas, se realizan en Salta las Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas del Delito, evento que cuenta con la participación de las oficinas especializadas en asistencia a las víctimas y los organismos especializados de todas las provincias del país. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de la presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delitos, Matilde Alonso, y del procurador general de Salta, Pedro García Castiella.
Durante su intervención, el Ministro de Justicia de la Nación agradeció al Procurador General de Salta y a la Presidenta del Consejo Federal por la invitación a la apertura del evento nacional y expuso los distintos programas y políticas de asistencia a las distintas víctimas de delitos en colaboración recíproca entre ambas jurisdicciones.
Convenios
Durante la apertura del evento, el ministro Soria y el procurador García Castiella, firmaron un convenio y acta complementaria que permitirán al Ministerio Público Fiscal de Salta y al Centro De Asistencia a la Víctima de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia llevar adelante acciones coordinadas que permitan la promoción, la difusión y consolidación de políticas públicas, en el marco de los lineamientos de atención integral previstos en la ley n° 27.372 y garantizar que el acceso a la justicia a las víctimas de delitos en la provincia de Salta se procure través de un abordaje integral y con perspectiva de género.
Se establece que para los casos de delitos graves en los que se encuentre en riesgo la vida de la persona, la integridad sexual, la libertad, diversidad e infancia se garantizará un abordaje integral y desde una perspectiva de género desde el CENAVID, para luego dar paso a las intervenciones correspondientes por parte del Ministerio de Justicia desde el PRONALCI o el PatrocinAr, dependiendo del caso.
Volcar la mirada hacia la víctima y sus necesidades
El procurador general Pedro García Castiella expresó su satisfacción de que la provincia de Salta sea la anfitriona de la Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima del Delito 2022, y de la reunión del Consejo Federal de Oficinas Públicas de Asistencia a Víctimas del Delito, resaltando también la suscripción del Convenio mencionado, y señalándolo como “la coronación de un esfuerzo conjunto, una consecuencia exitosa de la primeras reuniones iniciadas en marzo de este año».
García Castiella destacó la necesidad de “abrir sendas en cuanto a hacer realidad la perspectiva victimológica en lo que es el proceso penal, y en este drama que tienen que vivir las víctimas. Primero, desde el punto de vista humanitario, donde el Estado tiene que estar presente, acompañando a la víctima que debe transitar por las dificultades de un proceso penal. En segundo lugar, es una exigencia desde el punto de vista constitucional y convencional, porque la víctima tiene que ser el centro de atención de la respuesta del Estado, y esencialmente acompañarlos a lo que es el logro de otro gran valor que hoy tiene una suprema jerarquía constitucional y convencional como lo es poder alcanzar el derecho a la verdad. También debe tenerse en cuenta la importancia de reivindicar el rol de la víctima en lo que es el marco procesal estrictamente, en el que es necesario propiciar y alentar una suerte de cambio de paradigma en el trabajo de los operadores judiciales, fiscales y jueces, para un cambio de mirada hacia la víctima, que no se la vea como una cuestión aparte del proceso que si no estás regularmente constituida como querellante o actor civil, sea tomada con algún tipo de resquemor o como una suerte de auditor que viene a controlarnos, sino asociarla, acercarse, aproximarse, acompañarla porque además desde el punto de vista criminalístico la víctima el sujeto procesal o la persona es la que está en mejores condiciones para aportar información que ingrese al proceso penal. Es por eso que hay una gran pluralidad de circunstancias que hacen fundamental volcar la mirada hacia la víctima hacia todas sus necesidades, y esencialmente hacia la respuesta que el Estado está obligado a dar a este nuevo protagonista del proceso penal que es la víctima. Enhorabuena que se vaya ensanchando cada día más ese camino«.
Recordó el Procurador: “En nuestra provincia de Salta tenemos distintos avances en ese sentido en especial en lo que refiere a Violencia Familiar y de Género, una serie de legislaciones importantes, fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género, tenemos en esas fiscalias la potestad de lo que se conoce en la Ley Nacional como el Defensor Público de Victimas. Estas fiscalías tienen la potestad de querellar acompañado a las víctimas en la medida que sean de modestos recursos para que exista una igualdad de oportunidades de acceso a la justicia. Hemos impulsado en la oportunidad en la que yo era Defensor General, una Ley Provincial de Víctimas que tienda a adecuar nuestro Régimen Procesal Penal a lo que es el régimen de la Ley Nº 27.372, que si bien es de orden público, invita a las provincias a adecuar su legislación a esa norma. Esas adecuaciones están contempladas en el texto de reforma del Código Procesal que está en manos de la Comisión de Reforma de Justicia, en especial es aspectos trascendentes y fundamentales, cómo es la participación de la víctima como sujeto procesal, no necesariamente como querellante o actor civil, sino como víctima a secas, como dice el doctor Pedro Bertolino, en lo que son procesos de morigeración de condiciones de libertad, ya sea en la etapa penal preparatoria, cuando hay una restricción de libertad y el acusado va a recuperar la libertad, la participación y el anoticiamiento en esta etapa, como así también en los regímenes de morigeración del encierro contemplados y previstos por la Ley Nº 24.660 , que son la semilibertad, libertad condicional, libertad anticipada, que tenga participación la víctima, anoticiamiento, que sea escuchada. Todas estas cuestiones forman parte de los proyectos que consideramos urgente adecuar en nuestra provincia de Salta. También se ha creado una Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, para que sea una suerte de catalizador y colaboración con las fiscalías especializadas, para que con su trabajo de sistematización de antecedentes, ayuden a una suerte de prognosis de riesgo que le llegue al fiscal, ya en condiciones de tomar determinaciones mucho mas acertadas en cuanto a los antecedentes de cada caso”.
Prioridad en la agenda pública
Al hacer uso de la palabra, el ministro de Justicia Martín Soria, destacó la “prioridad que las políticas públicas destinadas a fortalecer el derecho y las garantías de las personas que son víctimas de delitos en nuestro país tienen dentro de la agenda de trabajo de la cartera nacional de justicia” y expuso la situación actual del Programa PatrocinAR, del Fondo de Asistencia Directo para Víctimas de Trata y el Mapa AyudAR, nuevos programas y políticas implementadas en 2022 desde el Ministerio de Justicia de la Nación.
Sobre el programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), valoró que “a 7 meses de su creación y lanzamiento el patrocinar ya opera en 21 provincias del país y patrocina 377 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes«.
Soria destacó la consolidación del Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión y Rastreo de Agresores por motivos de género. Subrayó “el carácter federal” que detenta ya que gracias a esa política “el gobierno nacional pone a disposición de las provincias, sin importar a que región pertenezca o de que sello partidario sea el gobierno de turno, las ya conocidas “pulseras duales”, tecnología de avanzada para hacer cumplir las restricciones dispuestas por la justicia y prevenir femicidios«.
Destacó que “en los últimos dos años logramos incorporar a todas las provincias dentro del sistema de dispositivos duales, alcanzando el 100% del territorio nacional y federalizando plenamente la política pública” y agregó que “en línea con la ampliación del sistema a todas las provincias del país hemos más que duplicado la cantidad de pulseras entregadas de forma gratuita a las provincias, pasando de 944 en 2019 a 2100 en octubre de este año”.
Martin Soria destacó la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a la Víctimas de Trata, herramienta que permite utilizar los bienes y el dinero recuperado de las bandas criminales para asistir económica y directamente a las víctimas de trata, con el objetivo de reparar económicamente los daños sufridos y también asistirlas para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad que generalmente se encuentran las víctimas antes de ser captadas.
Reconoció también el trabajo conjunto realizado con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para articular el funcionamiento del Fondo de Asistencia a víctimas de Trata y convocó a todos los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras a “hacer propio esta herramienta de vanguardia que desde el gobierno nacional hemos podido poner en funcionamiento para toda la sociedad”.
Rescatar la dimension humana de las víctimas
Durante su intervención, la presidenta del Consejo Federal de Víctimas, Matilde Alonso, hizo énfasis en la importancia de “Rescatar la dimensión humana de las víctimas, de carne y hueso, en una escucha integral, activa, participativa, atendiendo las afectaciones que le causa el delito sufrido y reparar, restaurar el daño causado, es un deber insoslayable de quienes operamos en todo el sistema a través del cual transitan las víctimas. Atender a los tiempos de las víctimas por sobre la agenda institucional es construir justicia humanizada, donde los derechos humanos se hacen realidad en su debido respeto”.
Por su parte, Azul Romero Beery, Directora Nacional de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia de la Nación, afirmó que “Seguimos trabajando para la efectiva implementación de la ley 27.372, garantizando el acceso a la justicia de quien ha sido víctima de delito, posicionándola en un lugar preponderante en el proceso penal”.