Sorprendente decisión de un Juez de Garantías: negó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a los jefes del Servicio Penitenciario

Los siete funcionarios y los otros involucrados en la causa fueron enviados a sus domicilios con medidas sustitutivas por el juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino. El Ministerio Público Fiscal se opuso y solicitó la prisión preventiva en reiteradas oportunidades durante la audiencia “multipropósito”.

El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó este mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los detenidos en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Pese al pedido de la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, para que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, el juez Rodríguez Pipinio otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados. Sobre uno de los detenidos aún no falló y sobre el hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1, ordenó que continué detenido.

Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardia cárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria N° 1.  También se secuestraron “facas”, celulares, y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron ante el Juzgado en la necesidad de que los involucrados permanezcan detenidos para poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa y el libre testimonio de los testigos, por el riesgo de presionar a estos ultimos. Fundamentaron, además, su pedido en la contundencia de las pruebas recabadas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos efectuados, en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debian pagar para acceder a beneficios, entre otras negociaciones abominables.

El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación, que demandó más de dos meses de esfuerzos y recursos al Ministerio Público Fiscal, y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados.

Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada hoy por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes

“La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu) que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades. En este caso, y fruto del desorden, a mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores”, advirtió Salinas Odorisio para luego señalar que “ante la escasez de los argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la Fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos”.

La fiscal de UDEC consideró que “en este razonamiento se aleja totalmente de los hechos y del derecho que se debe aplicar, ya que todo se pudo comprobar este de manera exhaustiva, para lo que implica esta instancia del proceso en una investigación activa durante meses, sino que además faltan realizar medidas (programadas para los meses de diciembre y enero), en donde hemos comprobado que existen testigos que están condicionados y que piden declarar con identidad reservada. Obviamente la libertad de los imputados condiciona la declaración de los testigos”

La red de corrupción de la cárcel sólo presenta un inicio y tiene que ser investigado y el juez se aparta de esto, hasta desconociendo las escalas penales durante la audiencia, concluyó la fiscal Salinas Odorisio.

Por otra parte, y ante la gravedad de los hechos investigados, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso acudir a la figura contemplada en el Art. 32 de la Ley N° 7.328, que permite al Procurador General dentro de sus facultades «Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique», para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la Unidad Fiscal, pasando a integrar formalmente la misma. Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, agregó el Procurador General.

 

Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella

 

Elementos secuestrados en el puesto de trabajo de un imputado del Servicio Penitenciario

 

Elementos secuestrados en el puesto de trabajo de un imputado del Servicio Penitenciario

Imputaron a los detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

 

Imputaron a los detenidos en la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

La unidad compuesta por UDEC y UFINAR derivó el 6 de diciembre pasado en allanamientos múltiples y detenciones. La investigación se centra en presuntas prácticas ilegales llevadas a cabo por funcionarios e internos del Servicio Penitenciario, así como también por individuos externos a la institución.

La Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a 16 personas en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Cinco funcionarios, tres de ellos con rango de jefes, del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta fueron imputados provisionalmente como autores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión), en un número indeterminado de hechos.

La Unidad Fiscal determinó que los acusados, en su carácter de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº1 de esta Provincia, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades, como así también de su jerarquía y antigüedad, habrían exigido durante el periodo del año 2022-2023 indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados, consistentes en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de su interés, a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena (buenas calificaciones en concepto/conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja, cambios de pabellón, etc), y/o el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos conforme el reglamento interno de las Unidades Carcelarias creado por Decreto 6930/72 (celulares, cargadores, comidas, bebidas, etcétera)

Uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputado por concusión, también fue imputado, junto a otros dos funcionarios, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada; por ser realizada en un lugar de detención y por ser cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos.

Así, son siete los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados, revistiendo tres de ellos el cargo de jefe.

Por otra parte, un hombre privado de su libertad fue imputado provisionalmente por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por ser realizada en lugar de detención.

Por último, un hombre y cinco mujeres (entre las que se encuentra la empleada detenida en el Ministerio de Educación de Salta) fueron imputados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

De la investigación realizada se logró determinar que los funcionarios del Servicio Penitenciario habrían participado en el engranaje conformado por internos de la Unidad Carcelaria. Uno de ellos habría utilizado dispositivos telefónicos, oportunamente intervenidos, comunicándose periódicamente con su madre, quien sería el nexo externo que administraba la distribución del dinero producto de la comercialización de estupefacientes, a su vez vinculada junto a los otros imputados.

En cuanto a otras dos mujeres detenidas durante el operativo efectuado el miércoles pasado, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Múltiples allanamientos en una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

Múltiples allanamientos en una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y Narcocriminalidad (UDEC y UFINAR) para investigar denuncias a ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos para personas detenidas.

Esta mañana se realizaron 37 allanamientos en distintos lugares de la capital salteña en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

El operativo fue ejecutado por 85 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y 21 móviles, con la colaboración en cobertura de seguridad Grupo Antidisturbios Infantería y Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo GOPAR. Fueron allanadas 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1 y un puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, que tiene a su hijo privado de la libertad.

La Unidad Fiscal integrada por Salinas Odorisio, López Soto y Torres Rubelt, con la colaboración de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, lleva adelante una investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Por la complejidad de la investigación, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, conformó una Unidad Fiscal integrada por las fiscalías especializadas en delitos económicos complejos y Narcocriminalidad (UDEC y UFINAR).

La Unidad Fiscal tuvo como principal objetivo la confirmación de los hechos denunciados, mediante la compilación de operaciones bancarias, declaraciones testimoniales, captación de las comunicaciones durante 60 días y el análisis de 113 extractos bancarios sobre un total de 17 personas que fueron investigadas, que permitieron la consecuente individualización de los responsables de diversos actos corruptos.

Como resultado del operativo, hasta el momento, fueron detenidas 13 personas, entre ellas siete funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y se procedió a la demora de una mujer que trabaja en el Ministerio de Educación, la cual es investigada por ser parte de la organización delictiva que operaba en el penal y que en nada se relaciona a la gestión de la cartera educativa.

El operativo continúa desarrollándose por lo que se continuará informando.

 

El Ministerio Público Fiscal expuso su perspectiva ante el Senado sobre la Reforma parcial del Código Procesal Penal

Se enfatizó en la necesidad de que toda reforma procesal debe estar acompañada de consensos que contemplen una visión completa de la política de persecución penal; en cuyo contexto, las bondades de la oralidad y un sistema de litigación profundizado atienden solo una parte de la conflictividad penal.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, acompañado por funcionarios del Ministerio Público Fiscal, expuso ante el Senado Provincial su perspectiva respecto del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia instado por la Corte de Justicia. Resaltando que sin la debida transferencia y reasignación de recursos financieros y humanos, generará un mayor impacto en el MPFS, recargando de sobremanera la tarea de los fiscales y el sistema carcelario provincial.

“Si hay una predisposición a marchar hacia un modelo adversarial, tenemos que tomar las previsiones presupuestarias, logísticas, edilicias y de transformación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, pero eso demanda consensos, tiempo, análisis y también acompañar una política carcelaria que en algún momento debemos afrontar. Quizá el tiempo histórico y político de hoy no sea el más propicio para eso”, indicó el Procurador General.

En el transcurso del encuentro, se destacó que si bien se comparte avanzar hacia paradigmas de oralidad, ello demanda abordar consensos sobre una reforma integral del modelo procesal penal, por cuanto resultaría incompatible un tránsito hacia un concepto puramente adversarial en determinados aspectos del Código, en contradicción con el resto del articulado cimentado en filosofías y principios de difícil compatibilidad con una adversidad profundizada; lo imperativo es una revisión completa, sistémica y coherente con el resto del Código, pensado y diseñado bajo otros paradigmas de investigación criminal basada en un consenso genuino y reflexivo, que refleje una política de persecución penal más efectiva y acorde con las demandas presentes de la sociedad y la conflictividad actual.

Además, se hizo notar que una reforma de las características propuestas necesariamente debe ir acompañada por dos aspectos indispensables: una inversión carcelaria que al menos duplique la capacidad actual del sistema provincial; ya que la lógica del sistema se sostiene en el auspicio del incremento del logro de procesos abreviados (pena negociada), lo que acelera sensiblemente las condenas a prisión efectiva; y por otro lado, la profundización de modelos de especialización y perfeccionamientos de cuerpos de investigación que fortalezcan las investigaciones penales que ayuden a llevar a juicio infracciones criminales de mayor entidad con un potencial dañino a la paz y seguridad social de imprescindible atención, tales como una policía especializada en investigaciones.

Los logros obtenidos hasta el momento con el plan piloto de oralidad se concentraron en juicios de relativa simplicidad y sin mayores complejidades probatorias. Según la perspectiva de la Procuración General, la política de persecución penal, así como las herramientas para su juzgamiento, deben también comprender la delictividad compleja, el creciente incremento de la violencia, los delitos contra la integridad sexual y el crimen organizado, para lo cual se requiere un consenso de todos los actores del sistema, incluido el Poder Ejecutivo, a través de las infraestructuras penitenciarias que deben acompañar con la infraestructura suficiente que contenga los efectos de esta aceleración de procesos con condena.

Acompañaron al Procurador, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; el Secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras; la directora del CIF, Gabriela Buabse; la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, y el titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid.

Representando al Senado, estuvieron presentes el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los presidentes de ambas comisiones, Javier Mónico por Legislación General y Jorge Soto por Justicia. La reunión contó con la participación de los senadores Walter Wayar, Leopoldo Salva, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá, Sergio Saldaño, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Luis Altamirano, Esteban D’Andrea, Sonia Magno y Diego Cari.

El Procurador General ratificó la acusación al juez Laurenci

En el día de hoy, Pedro García Castiella se expidió sobre la necesidad de admitir la acusación oportunamente efectuada al juez Edgardo Laurenci por su actuación ante la fuga del homicida de Liliana Ledesma, Lino Ademar Moreno.

​El pasado 28 de septiembre, en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley le confieren, el Procurador General acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Edgardo Lauranci por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Lino Moreno, solicitando su destitución.

​Tal como lo prevé el trámite de la Ley 7138 (art. 12, párrafo 4to.) el Jurado corrió vista al denunciado para que conteste la acusación y ofrezca pruebas, al tiempo que también corrió vista al Procurador General.

​En respuesta de esa vista, en el día de la fecha el Procurador General García Castiella ratificó su posición y se expidió sobre la admisibilidad formal de la acusación, ya que ese es el sentido de la opinión que se le requirió en esta instancia -hecho que implica solicitar la apertura formal del procedimiento de enjuiciamiento y la suspensión preventiva del acusado-.

​En el escrito que se presentó esta mañana, se destacó que la acusación formulada cumple adecuadamente con los requisitos legales, pues ha individualizado correctamente al magistrado al que se acusa, contiene una exposición clara y precisa de los hechos en que se funda, una adecuada relación entre el contenido fáctico y las normas que se enuncian, una explicación somera de las causales constitucionales y legales previstas y por las que se solicita el juicio y, por último, un adelanto de la prueba que se ofrece para la instancia de debate.

​Destacó el Procurador General que resulta relevante, pertinente y conveniente que el Jurado se expida sobre la admisión de la acusación instada por su parte, a los fines de que la sociedad salteña tenga la oportunidad de conocer, mediante la correspondiente audiencia de debate oral y pública, los graves hechos que fueron denunciados, la prueba que allí se producirá, la defensa que pueda articular el denunciado y, en definitiva, la valoración –ceñida a las pruebas que en ese acto se produzcan- sobre si el juez Edgardo Osvaldo Laurenci se encuentra o no en condiciones de seguir ejerciendo la magistratura jurisdiccional.

El Procurador General denunció ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Laurenci

Interés de todos los Poderes en el fortalecimiento de acciones para la lucha contra el Crimen Organizado

​En el marco de las actividades que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Orán y luego de la visita del procurador Pedro García Castiella a las fiscalías penales, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, le comunicó que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, asumió el compromiso de realizar acciones concretas para un abordaje integral de las alertas delictivas que se detectaron como problemática en esa región, comprometiendo el refuerzo de las estructuras federales y de logística territoriales de las agencias de seguridad nacionales para un abordaje coordinado que permita enfrentar de manera efectiva los desafíos particulares que presenta el norte de nuestra provincia, asegurando un impacto positivo en la persecución penal eficiente y sistemática e incrementar la seguridad de la zona de frontera.

​Este compromiso asumido por la autoridades nacionales, viene a reforzar la política criminal planteada, desde hace un tiempo, por este Ministerio Público Fiscal, el cual primeramente tuvo una acogida positiva por parte del Gobernador de la Provincia al transferir los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación con base en la ciudad de Orán. Ahora bien, resulta de suma importancia el acompañamiento nacional, al accionar que está desplegando la recientemente creada Unidad Fiscal Especial de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, como así también el andamiaje de la Unidad de Graves Atentados.

​El fortalecimiento del trabajo en materia de seguridad a cargo del Ejecutivo provincial y la obligación de una persecución penal estratégica a cargo del Ministerio Público Fiscal, nos lleva al desafío de articular actividades de interacción conjunta con distribución de funciones específicas en pos de un adecuada respuesta a la problemática de frontera.

​Tales acciones resultan sumamente auspiciosas para el sostenimiento de la tranquilidad y la paz social en el norte de la provincia, por cuanto el abordaje del flagelo del crimen organizado no puede jamás resultar de esfuerzos aislados e inconexos de las provincias individualmente, sino que requiere indefectiblemente de una agenda conjunta entre autoridades nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad y Ministerios Públicos Fiscales. Dicha exigencia se visibiliza más aún en nuestra provincia, atendiendo que en el Sistema Procesal Penal local y federal impera el sistema acusatorio penal, que sitúa a los fiscales como titulares de las investigación criminal.

El Procurador visitó la ciudad de Orán

Garcia Castiella brindó a las fiscales actuantes en distintas causas, el respaldo del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El día de hoy, el procurador general de la provincia de salta, Pedro García Castiella, llevó a cabo una visita a las Fiscalías Penales ubicadas en el distrito de Orán, donde sostuvo encuentros con las fiscales penales Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo, Daniela Murúa, Mariana TorresMaria Sofía Fuentes de Pichanal.

El Procurador expresó su acompañamiento a las fiscales en las investigaciones que actualmente están en desarrollo y enfatizó en el compromiso del Ministerio Público Fiscal en contribuir al bienestar y la confianza de la ciudadanía de Orán en el sistema de justicia.

Acompañaron al Procurador, el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, el Secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá, el auxiliar de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado Daniel Espilocin, y el jefe del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, Juan Ramón Miranda.

Unidad Fiscal rechaza el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Palavecino

La falta de arraigo, la amenaza de una pena significativa y el peligro de obstrucción a la investigación son destacados como razones para mantener la prisión preventiva.

En respuesta a la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa y al pedido del juez Francisco Oyarzú de requerir informes de factibilidad técnica para vigilancia por monitoreo del imputado Cristian Gabriel Palavecino en su domicilio, los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, miembros de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, han expresado su oposición ante el Juez de Garantías.

La Unidad Fiscal sostuvo que no existen nuevas circunstancias que modifiquen los fundamentos expuestos en el pedido de prisión preventiva formulado el 19 de octubre de 2023. Al contrario, desde esa fecha se han incorporado nuevos elementos que refuerzan la participación de Palavecino en los hechos imputados, y la sofisticada estructura criminal con la que operaba, así como la validez de los riesgos procesales previamente identificados por el Ministerio Público Fiscal.

En una audiencia celebrada el 6 de noviembre de 2023, la Unidad Fiscal presentó nuevos elementos que incrementan el conocimiento sobre la participación de Palavecino en los hechos, incluyendo audios en los que el imputado reconoce su participación en un violento robo a la empresa Abra de Sol. Esto refuerza la probabilidad de una condena de ejecución efectiva, considerando la gravedad de los delitos imputados.

Además, se destaca que el imputado carece de arraigo, como se evidencia en su período prófugo, desestimando la afirmación de desconocimiento de ser requerido por la justicia. La Unidad Fiscal subraya además que la prisión preventiva fue dispuesta en otra causa por los mismos riesgos procesales.

También se indica la existencia de un peligro actual de entorpecer la investigación, evidenciada en audios y en el material probatorio que surgen de la evidencia digital extraída de los celulares, que dan cuenta de la peligrosidad y la clara intención de Palavecino de influir en miembros de la policía, Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Respecto al pedido de informes efectuado por parte del juez Oyarzú a la UADME a fin de evaluar la viabilidad técnica de implementar un sistema de vigilancia monitoreado para el imputado, con el objetivo de reemplazar su detención por un eventual arresto domiciliario, la Unidad Fiscal expresó su oposición sosteniendo que el arresto domiciliario, ya sea en la residencia propuesta o en cualquier otra, no constituye una medida apropiada ni adecuada para mitigar los riesgos procesales previamente expuestos.

Cabe resaltar, que Palavecino mantuvo una conducta evasiva al encontrarse prófugo por un periodo de 5 años.

Por las razones expuestas, la Unidad Fiscal sostiene la necesidad de rechazar los pedidos de la defensa.

Reunión con funcionarias del Cuerpo Diplomático y Consular de la embajada de Estados Unidos

Las representantes informaron sobre los ámbitos de injerencia en los que se vienen desempeñando. Destacaron la importancia de la colaboración mutua.

El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiella mantuvo un encuentro hoy con la Vice Cónsul de los Estados Unidos, Jessica Rodríguez, y la Coordinadora de Pasaportes de la Sección Consular de Servicios al Ciudadano Estadounidense de la Embajada de los Estados Unidos de América, María Eugenia Arrube.

Durante el encuentro, ambas funcionarias destacaron la importancia de la labor desempeñada por la Sección Consular, que se centra en dos áreas fundamentales. Por un lado, la emisión de pasaportes estadounidenses, y por otro, brindando asistencia consular a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio argentino.

Junto al Procurador, abordaron la temática de la colaboración recíproca en un amplio espectro de servicios de asistencia, que incluyen cuestiones relacionadas con la salud, situaciones de arresto, atención a víctimas de delitos, extradiciones, sustracción internacional de menores en el marco de la Convención de La Haya, manejo de casos de fallecimiento de ciudadanos estadounidenses en territorio argentino y su repatriación a los Estados Unidos, así como cuestiones relacionadas con situaciones en la frontera.

La reunión entre el Procurador García Castiella y las representantes de la Embajada de los Estados Unidos refleja el compromiso de ambas partes para fortalecer la cooperación y garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos estadounidenses en Argentina.

Solicitan refuerzo de seguridad en Fiscalías Penales de Orán

El pedido responde a la recopilación de evidencia en material peritado en posesión del imputado Cristian Palavecino. Diversas fotografías sugieren tareas de espionaje sobre posibles puntos de acceso a edificios de relevancia, como las Fiscalías Penales de Orán y las instalaciones del CIF.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha emitido una comunicación oficial dirigida al ministro Marcelo Dominguez, reiterando su solicitud de refuerzo de seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán, ubicadas en la calle Lamadrid al 300 y Coronel Egües al 400, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

La necesidad de esta solicitud de refuerzo de seguridad está relacionada con el material probatorio recopilado a partir de  dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo (A. P. 487/23). Este material incluye elementos de convicción relevantes para otros casos, incluyendo la causa denominada «Palavecino, Cristian Gabriel; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol».

El material descubierto consiste en diversas fotografías de los edificios que albergan las Fiscalías Penales, del CIF de Orán, edificios contiguos y postes de alumbrado público cercanos a los balcones de uno de los edificios, elementos que se encontraban en las extracciones telefónicas de los aparatos celulares secuestrados, lo que sugiere una posible actividad de inteligencia y seguimiento por parte de una organización criminal. Esta situación, junto con otros casos pendientes, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot.

Ajuntamos algunas de las las fotografías mencionadas.