María Fernanda Quinteros

El Colegio de Magistrados celebra la creación de un cuerpo especial de investigadores

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, para tratar distintos temas referidos al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

En el encuentro con el Procurador, estuvieron el presidente del Colegio, Eduardo Barrionuevo, el vicepresidente, Ángel Longarte y la secretaria general, Gabriela Buabse. Se sumaron la tesorera, Liliana Linares Morón y la protesorera, Julia Gómez Saravia.

En ese marco, las autoridades del Colegio plantearon la posibilidad de capacitaciones conjuntas de todos los operadores que se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Pupilar. En ese sentido, dijo Barrionuevo que hay que “acercar las distancias entre los distintos operadores del sistema, mediante el trabajo en proyectos de capacitación conjunta para brindar las respuestas necesarias”, al ciudadano que demanda justicia. 

Además, destacó que el Procurador planteó un proyecto de trabajo sobre la carrera de investigadores y “la necesidad de que los fiscales cuenten con investigadores confiables que dependan del Ministerio Público; algo que nosotros oportunamente también propusimos”, sostuvo el presidente del Colegio, Eduardo Barrionuevo.

El Colegio nuclea a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta (Camaristas, Fiscales, Defensores de Cámara; Jueces de primera y segunda Instancia, Fiscales, Defensores, Secretarios Relatores; Secretarios de Cámara, Secretarios de primera y segunda Instancia, Prosecretarios y Abogados Auxiliares) y tiene como objetivos velar por el mantenimiento del orden, respeto y dignidad propia de la función que ejercen sus asociados y representarlos en la defensa de sus legítimos intereses. También, gestiona entre los demás poderes del Estado y asesorarlos en toda la legislación o reglamentación que se refiere al Poder Judicial y del Ministerio Público, como así también proponer cualquier iniciativa que tienda a obtener un equitativo mejoramiento para la Administración de Justicia.

Además, fomenta la vinculación entre los miembros del Poder Judicial de la Provincia y del Ministerio Público y las relaciones con entidades afines de otras Provincias y del extranjero, auspiciando conferencias, congresos y actos que tiendan a una fraternidad cultural y científica. Entre sus objetivos, el Colegio que reúne a funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, también propugna la implantación de la carrera judicial y promueve el mejoramiento de la Administración de Justicia, cooperando con toda iniciativa tendiente a ese objetivo.

Comercializaba estupefacientes junto a un menor

Ocurrió en Joaquín V. González, donde un hombre fue detenido e imputado por comercializar estupefacientes en esa ciudad. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de la actividad ilícita que desplegaba junto a un menor bajo la modalidad delivery.

El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Matías Federico Peña por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de un menor.

A principios del mes de mayo, personal de la División Drogas Peligrosas de Joaquín V. González, recibió la denuncia anónima de un vecino que daba cuenta de la actividad ilícita que desplegaba Peña junto a un menor, principalmente bajo la modalidad delivery y en algunos casos en su propio domicilio.

Se iniciaron así tareas de vigilancia y de inteligencia que permitieron reunir los elementos de convicción necesarias para solicitar orden de allanamiento y detención para los sospechados.

En las últimas horas se produjo el allanamiento en el domicilio de Peña, donde se logró secuestrar sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

El menor fue detenido y hoy, tras el control de legalidad con el juez de Menores de Metán, será imputado.

Detenido por apuñalar a un menor

Un hombre de 35 años fue detenido e imputado luego de herir a un joven de 16 años con un arma blanca y poner en riesgo su vida. Según la propia víctima, el hecho sucedió cuando intentó recuperar desde un balcón una campera que le había vendido al acusado días atrás.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, imputó a Enzo Daniel Molina por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un menor de 16 años, al que hirió con un arma blanca en la zona inguinal y en la región toracoabdominal.

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo en barrio Castañares, cuando vecinos alertaron de la presencia de un menor herido en inmediaciones de un block de departamentos. Fue auxiliado y trasladado en código rojo al hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El agresor fue identificado por la propia víctima como «Harry», a quien días atrás le había vendido una campera para adquirir sustancias estupefacientes. Según el relato del menor, vio el abrigo colgado en un balcón y cuando intentaba recuperarlo con una caña, apareció el acusado, lo golpeó y lo apuñaló, diciéndole «Yo te voy a enseñar a no robar…».

Desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención del acusado, que en su declaración negó la participación en el hecho y trató de implicar a otras personas del barrio.

Condenado por abusar sexualmente de una niña

Un hombre de 50 años fue condenado a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual con acceso carnal de una niña a la que interceptó cuando iba a casa de su abuela y bajo amenazas, la llevó a un descampado y abusó de ella. El acusado es conocido de la familia.

El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra Raúl Antonio Paz, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 10 años que padece retraso madurativo.

El hecho ocurrió en julio del año pasado cuando la niña fue enviada a la casa de su abuela por la tarde y en el camino fue interceptada por el acusado, quien bajo amenazas, la condujo a una zona descampada y abusó sexualmente de ella. La niña aprovechó un descuido de Paz y huyó para pedir auxilio.

La denuncia fue realizada por su madre, quien refirió que el acusado es conocido de la familia y que según lo que le manifestó su hija, tenía aliento etílico y la amenazó con unas tijeras.

El juez Ramón Haddad lo condenó a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, se dispuso que se proceda a la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Elaboran el Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal

En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo invitó a sus integrantes a colaborar en la elaboración del Plan Estratégico 2020, que fijará objetivos concretos a desarrollar. Abordaron otros temas, tales como la iniciativa de creación de una Fiscalía de Ciberdelitos; la actuación de fiscales en materia contravencional y los decomisos y destrucción de bienes, entre otros temas.

Durante el encuentro, el Procurador anunció la creación de la Oficina de Coordinación de Audiencias, para dinamizar la organización de la agenda de los fiscales, quienes insistieron en la necesidad de mejorar la interacción con el Poder Judicial de Salta, al momento de fijar fechas y horarios de juicios y así, evitar superposiciones entre causas.

Por otra parte, los presentes accedieron a la estadística sobre bienes incautados por infracciones al Código de Contravenciones de la Provincia, en el Distrito Judicial del Centro y el interior. Entre los elementos secuestrados, se encuentran motocicletas, caballos y vacas.

Coincidieron en señalar las dificultades operativas que generó la adición de las actuaciones contravencionales a los fiscales penales, a partir de la reforma de la ley que quitó facultades al Jefe de Policía como Juez Contravencional.

En ese marco, el procurador Abel Cornejo, ratificó su postura sobre la materia contravencional y consideró que los fiscales deberían ocuparse solo de cuestiones penales, porque las contravenciones se encuentran en el plano del Derecho Administrativo sancionador y no de los delitos.

Otro proyecto abordado durante la reunión del Consejo Asesor, fue la creación de una Fiscalía de Ciberdelitos, punto en el que esta semana coincidieron el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y el ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver, durante sendas reuniones con el Procurador.

El Consejo
El Consejo que preside Abel Cornejo y cuya vicepresidenta es la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse, se integra por el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal y la de Gral. Güemes, Verónica Simesen de Bielke; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y la fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet. También lo integran el fiscal penal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; y los fiscales 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio y 3 de Orán, Mónica Viazzi; además de la fiscal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma; el fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, Federico Jovanovics Torino y la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila. La próxima reunión será el viernes 7 de junio, a las 8.

Cintia Fernández: imputaron a uno de los testigos detenidos

José Antonio Ormeño de 62 años, fue imputado por los delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio en el marco del juicio que se sigue por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández. Se solicitó el mantenimiento de su detención.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, imputó a José Antonio Ormeño por los delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio tras ser detenido durante una de las jornadas del juicio que se sigue contra Mario Federico Condorí por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández.

Su detención se produjo el 28 de mayo pasado a partir de la solicitud del fiscal Ramiro Ramos Ossorio al Tribunal de la Sala IV, cuando Ormeño fue citado a declarar como testigo, ya que al momento del hecho se desempeñaba como administrador del complejo habitacional donde vívía la víctima.

En la fundamentación, González Miralpeix considera que el imputado habría ocultado pruebas del delito e información que en su momento resultaban de vital importancia para la investigación, ya que durante la audiencia brindó una declaración contradictoria con las que prestó oportunamente durante la investigacíón, donde había omitido información por «nervios»

El fiscal informó que Ormeño declaró durante la audiencia de imputación y que en sus dichos, sostuvo que no tuvo la intención de obstruir la investigación ni causar perjuicio alguno y que si omitió detalles no fue con mala intención.

El teléfono celular del imputado fue secuestrado para ser analizado y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención.

Se realizó una inspección ocular en los cerros Ala Delta y Las Pavas

En el marco de la averiguación preliminar que se lleva adelante a partir de la denuncia de una ciudadana que advierte sobre un posible daño ambiental en el marco de obras que se realizan para la extensión del Complejo Teleférico, ayer se realizó una inspección ocular con participación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, inició una averiguación preliminar a partir de la denuncia radicada por Alicia Mónica Pellegrino, quien en su carácter de ciudadana advierte sobre la posible contaminación ambiental en los cerros Ala Delta y Las Pavas ante el inicio de obras en el marco del proyecto de ampliación del Teleférico Salta.

En la denuncia, Pellegrino refiere que se evidenció desmonte y que pudo constatar que el proyecto avanza sin autorizaciones ni estudios del certificado de Aptitud Ambiental Municipal .

En este marco, la fiscal solicitó al Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, área Medio Ambiente, que se realice un análisis técnico documental de la obra denominada Complejo Teleférico Salta y que se proceda a realizar en conjunto con la Policía de la Provincia una inspección ocular con fotografías y croquis ilustrativo respecto de las obras que se estarían realizando.

La inspección ocular se realizó este jueves con la participación de peritos del CIF, personal de la Fiscalía y personal policial.

Microtráfico, contravenciones, ciberdelitos y policías: temas del encuentro con el Ministro de Seguridad

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al ministro de Seguridad, Carlos Cayetano Oliver y al secretario de Seguridad, Jorge Ovejero. Avanzaron en el análisis de la actuación de las fiscalías contravencionales, la destrucción de la droga secuestrada y el remate de los efectos incautados, entre otros temas.

Durante el encuentro, el Procurador y los funcionarios de Seguridad abordaron aspectos referidos a la permanente interacción entre el Ministerio Publico Fiscal y la Policía. En ese marco, consideraron la posibilidad de creación una fiscalía especializada en Ciberdelitos. Además, destacaron la necesidad de profundizar la capacitación de los agentes de la Policía de la Provincia, quienes actúan bajo la dirección de los fiscales en los hechos delictivos que se investigan.

Sobre el secuestro de estupefacientes y su necesaria destrucción, vale recordar que desde el 1 de enero de 2014 rige en Salta la adhesión al artículo 34 de la Ley nacional 23737 de Desfederalización del Microtráfico de Drogas. Desde entonces, la justicia provincial, con apoyo de las fuerzas de seguridad locales, tiene la responsabilidad de perseguir la venta de droga al por menor y condenarla.

Desde 2014, el destino de los fondos incautados en casos de microtráfico de drogas es materia de legislación provincial. Y el 16 de mayo pasado, fue aprobada la ley de “extinción de dominio”. La modificación de la Ley Nº 7782 faculta al Estado a utilizar el dinero que se secuestra en operativos contra la venta de droga al menudeo.

Con la nueva legislación, “las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y el producto de su venta, serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes”, establece el texto de la normativa.

Prisión preventiva para el policía detenido por abuso sexual

Está preso desde el 18 de mayo, cuando la madre de una menor de 16 años lo denunció tras conocer, mediante un video subido a las redes sociales, que el agente había abusado de su hija. El fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado, planteó la preventiva en base al riesgo de fuga, entorpecimiento procesal y la firme expectativa de que el acusado sea pasible de una condena efectiva.

El planteo de la fiscalía de Joaquín V. González fue resuelto de manera favorable por el Juzgado de Garantías interviniente, el que confirmó la prisión preventiva del agente José Matías Paz, quien fue detenido el 18 de mayo pasado a pedido del fiscal Gómez Amado en torno a una investigación penal que lleva adelante tras la denuncia de la madre de una menor de 16 años.

En la denuncia, la mujer indicó que todo surgió cuando un video íntimo, en el que aparece el policía con su hija se viralizó por las redes sociales y llegó a conocimiento de otros familiares, quienes la alertaron sobre lo sucedido. A partir de ello, y bajo directivas del fiscal penal, la delegación de El Quebrachal, inició las actuaciones penales correspondientes.

De las mismas, se pudo establecer que el hecho ocurrió después de una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2018, la que se celebró en la localidad de El Quebrachal, y a la que asistió la víctima, una adolescente de 16 años, quien reveló que durante los festejos ingirió bebidas alcohólicas, por lo que no estaba del todo consciente.

En esa celebración, la menor se encontró con el acusado, identificado como José Matías Paz, un agente de la Policía de la Provincia, con revista en la localidad de Joaquín V. González, a quien la adolescente conoció a través de las redes sociales y ambos acordaron un encuentro en dicha fiesta.

En su decreto de imputación, el fiscal Gómez Amado indicó que el policía se habría aprovechado del estado de ebriedad de la menor para cometer el abuso sexual, el cual quedó claramente evidenciado en el video que posteriormente se viralizó por las redes sociales. Por el hecho, el fiscal imputó al agente los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores”, por los cuales el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión.

Planteo

Posteriormente, el fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado en función de que “concurren elementos concretos de peligrosidad procesal, los cuales emergen del comportamiento evidenciado por el imputado, caracterizado por la violencia poniendo en peligro la integridad física de la víctima menor de edad”. Para el fiscal esta situación “hace presumir un riesgo cierto” para la conclusión del proceso penal.

“Es importante puntualizar que procesalmente encontramos el fundamento de la medida en el peligro de fuga del imputado, por lo que deviene necesaria para asegurar el normal transcurrir de la investigación y la presencia del mismo hasta la culminación del proceso, impidiendo que se sustraiga a los requerimientos del proceso o evada sus consecuencias.”, agregó.

Por otra parte, indicó que restan aún tomar distintas diligencias pendientes, entre ellas declaración de la menor afectada. Al respecto, el fiscal entiende que el agente, en caso de estar en libertad, podría “ejercer influencia para impedir que declare”.

Por último, señaló que “teniendo en consideración que la pena esperada por el delito imputado puede resultar de ejecución efectiva y estando en juego la libertad ambulatoria es normal pensar que el imputado pueda sustraerse del proceso.”. Con estos argumentos, Gómez Amado fundó su pedido de prisión preventiva, el que fue avalado por el juzgado de garantías interviniente.

Cintia Fernández: declararon los últimos testigos

Ayer finalizó la ronda de testimoniales en el juicio que se sigue contra Mario Federico Condorí por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández. Declararon tres testigos y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 6 de Junio para los alegatos.

Ayer se desarolló la última jornada de testimoniales en el juicio que se sigue contra el expolicía Mario Federico Condorí por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández.

En la oportunidad declararon dos efectivos policiales que trabajaron junto a Condorí en la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia y una fisioterapeuta que atendía a la joven.

El Tribunal de la Sala IV de Juicio, integrado por los jueces Norma Vera, Paola Marocco en forma interina y Roberto Lezcano, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 6 de Junio para realizar la incorporación de la prueba producida y dar lugar a los alegatos de las partes. Se espera que al finalizar esa jornada, se conozca el veredicto.