María Fernanda Quinteros

Caso Juárez Iñigo: No declaró el tercer detenido

El tercer detenido por la muerte de Cristian Iván Juárez Iñigo, es oriundo de Embarcación y del análisis de comunicaciones, se pudo establecer que tuvo activa participación en los hechos que se investigan. Se abstuvo de declarar.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, integrante de la Unidad Fiscal constituida para investigar la desaparición y muerte de Cristian Iván Juárez Inigo, imputó a Facundo Agustín Montero como coautor del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y criminis causa.

En el decreto de imputación, se hace constar que del análisis de comunicaciones en el marco de la investigación, realizado por personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, se logró establecer la activa participación de Montero en los hechos, pudiendo verificarse que al momento del incendio del vehículo de la víctima, se encontraba en Pichanal, de manera coincidente con el ya imputado Oscar Cabrera.

El acusado es oriundo de la ciudad de Embarcación y tras su detención, fue trasladado al Distrito Judicial Orán, donde fue imputado y se abstuvo de declarar.

Condenado por abusar de sus hijas y una sobrina

Un hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una sobrina y dos hijas. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple agravado (tres hechos) en perjuicio de una sobrina y dos de sus hijas.

El acusado fue denunciado por someter a tocamientos a sus dos hijas y a una sobrina y el acceso carnal de esta última.

El juez Ángel Amadeo Longarte, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga al condenado, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Finaliza el juicio por el homicidio de Arnaldo Silvestre Pereyra

Finalizada la ronda de testimoniales, este viernes se producirán los alegatos en el juicio que se sigue contra Facundo Maximiliano López, acusado del homicidio de quien fuera su pareja. El veredicto se conocerá al finalizar la jornada.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representa al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Facundo Maximiliano López por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente en perjuicio de Arnaldo Silvestre Pereyra.

López, durante la primera jornada del juicio, declaró ante la jueza Norma Beatriz Vera y admitió su responsabilidad en el hecho, reconociendo que tenía una relación cercana e intimidad con la víctima.

Finalizada la ronda de testimoniales, este viernes se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se conocerá el veredicto al final de la jornada.

Iniciativas y un árbol para recordar a las víctimas de femicidio

En una actividad conjunta, familiares de víctimas de femicidio; organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Nacional de Salta; este jueves fue plantado un árbol en el predio del Ministerio Público Fiscal. Antes del acto, las mujeres se reunieron con el Procurador General y plantearon cuestiones vinculadas con la problemática de la violencia de género.

Luego de un encuentro realizado este jueves, en el que participaron la madre de Paola Álvarez, Mónica Morales y la madre y hermana de Agustina Guedilla, Rosa Sajama y Rocío Guedilla; las integrantes de la Fundación Entre Mujeres, Beatriz Guevara y Sandra Bustamante; la diputada nacional, Lía Verónica Caliva; la presidenta  del Instituto de Comunicación, Políticas y Sociedad (INCOPOS) de la UNSa, Alejandra Cebrelli; la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke; la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el procurador Abel Cornejo, fue plantado un lapacho rosado en el predio del Ministerio Público Fiscal.

Previamente, compartieron su experiencia; los proyectos de asistencia integral con los que cuentan y la iniciativa de la legisladora Caliva, quien propone crear un Registro de Jueces y Fiscales Obstructores de Justicia. El fin es que esos magistrados, al menos tengan una condena social, cuando incumplen sus obligaciones. En ese sentido, citó el caso de Paola Tacacho, la salteña asesinada en Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur aceptó la renuncia condicionada al juez penal Juan Francisco Pisa, quien de esta forma evitó el juicio político que podía haberlo destituido y evitar su jubilación con  el beneficio del 82% móvil, horas antes de que se analizarán los siete pedidos de juicio político que fueron presentados en la Legislatura provincial.

El Registro de jueces y juezas, tiene por objeto ponerle fin a la “justicia patriarcal”, dijo Caliva y citó que en é, figurarán los nombres de los y las magistradxs que han sido denunciados por mala actuación en casos de violencia machista. Se tomará en cuenta la vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, inobservancia de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia

La actividad fue llevada adelante por un pequeño grupo de personas debido al contexto de pandemia y buscó rendir homenaje a todas las víctimas de femicidio de Salta, a través de la presencia de las madres y hermana de Paola Álvarez y Agustina Guedilla.

Precisamente, el lunes 15 estaba previsto que comenzara la audiencia de debate contra Walter Alejandro Espinoza por el femicidio de Agustina Guedilla, de 16 años, ocurrido en diciembre de 2019 en la cancha “Los Vallistos” de barrio Palermo II de la ciudad de Salta, y por la tentativa de homicidio de una mujer trans, ocurrida días previos. Fue postergada por un cambio de defensor. Espinoza está imputado como autor de los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género en perjuicio de una menor de 16 años en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el género en perjuicio de una mujer trans de 31 años, a la que contactó en noviembre de 2019.

En mayo de 2019, el Tribunal de la Sala IV impuso la pena máxima prevista en el Código Penal a Santiago Alfredo Zambrani por el homicidio doblemente calificado de Paola Mariana Álvarez.  Fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado. Sus padres, en cambio, fueron absueltos por mediar excusa absolutoria, del delito de encubrimiento agravado.

La fiscal Poma se reunió con la madre de Macarena Blanco

Este jueves se concretó una reunión entre la madre de la mujer de 28 años y la fiscal que investiga su femicidio. Se la puso al tanto de lo actuado hasta el momento y de los derechos que la asisten como víctima. Estuvo acompañada por profesionales de la Secretaría de Justicia de la Provincia, quienes también se reunieron con la fiscal.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, se reunió este jueves con la madre de Macarena Sol Blanco Domínguez, asesinada el pasado fin de semana en un departamento de calle Alvarado al 1700 de la ciudad de Salta. Participó el además, el subcomisario Rodrigo Bautista, como segundo jefe de la Unidad de Investigaciones de Homicidio del CIF.

En el encuentro, la madre de la víctima fue puesta en conocimiento del estado de la investigación que se lleva adelante por el homicidio triplemente calificado de la mujer de 28 años y de los derechos que los asisten como víctimas.

Con la asistencia del Equipo Interdisciplinario de la Unidad, se iniciaron los trámites para que el cuerpo sea retirado del Servicio de Tanatología Forense y sea inhumado.

La madre de la víctima fue acompañada por la psicóloga Carla Tiano y el abogado Sebastián Schmidt del programa de Orientación y Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves de la Secretaría de Justicia de la Provincia, quienes desde un primer momento le brindaron ayuda y contención, gestionando su viaje y estadía en la provincia de Salta.

Los profesionales mantuvieron además una reunión con la fiscal Poma, donde intercambiaron información y establecieron vínculos para trabajar a futuro, en forma mancomunada en los casos que pudieran presentarse.

Una fiscala se declara incompetente para investigar una denuncia de un empresario contra un diputado nacional y otras autoridades federales

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia de un empresario contra un diputado nacional y las remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lo hizo al considerar que “no caben dudas que en la presente causa, se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación, pues se trata de cuestionamientos en relación a las autoridades del organismo fiscal nacional (AFIP), de la Justicia Federal y de un Diputado Nacional”.

Después de realizar un análisis pormenorizado de los diversos hechos denunciados por el empresario Matías Huergo y en contra del diputado nacional, Martín Grande, funcionarios nacionales y autoridades del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, la fiscala Simesen de Bielke, se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones. Lo hizo al encontrarse “ante hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita por ante el Fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional”.  Por eso, las circunstancias impiden que la fiscala provincial, lleve a cabo una investigación a los fines de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales, atento el marco en el que se suscitaron, de acuerdo al denunciante.

Es que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP, no resulta competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial, como tampoco lo es, determinar si las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades de la Justicia Federal de Salta, lo han sido mediante la comisión de hechos presuntamente ilícitos, pues ello es competencia exclusiva de las autoridades federales.

Con la cita de abundante jurisprudencia sobre la materia, en la que se destaca lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dijo que “la distribución de las competencias judiciales entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad”, la Fiscala concluyó que la denuncia presentada por Matías Luis Huergo, debe ser investigada por la justicia federal.

La denuncia

En su denuncia, Huergo sostuvo que ha habido tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta y que habrían sido perpetradas por el diputado nacional, Martín Federico Grande Durand, como ideólogo, autor intelectual y material.

Es que según el denunciante, como consecuencia de la causa judicial: “IMPUTADO HUERGO, MATIAS LUIS (SECSA – ARCADIO) s/ INFRACCION LEY 24.769” (Expte N° 24746/17) en trámite por ante el Juzgado Federal N° 1, “habrían actuado en forma coordinada, los Sres. Jaime Mecikovsky – ex Director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro – ex Director (I) de la Dirección Regional Salta de AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe (I) de la Sección Penal Tributario de la AFIP; José Félix Castellaro, ex Jefe (I) de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP y/o cualquier otro funcionario de AFIP que haya intervenido en el hecho que se denuncia”. Asimismo, sindicó como presuntos responsables “al Dr. Ricardo Toranzos – Fiscal Federal; Dr. Julio Leonardo Bavio – Juez Federal del Juzgado Federal N° 1, Dr. Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Dr. Santiago French, jueces de la Cámara Federal de Salta y al diputado nacional Martín Federico Grande Durand, todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”.

Dentro de las consideraciones generales, afirmó que existió “una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces Intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz quien había anunciado su candidatura a Gobernador” y que “en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces Intendente, actual gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz para perjudicar su candidatura a Gobernador”.

Las reuniones con el diputado nacional

Huergo afirmó que por su vinculación empresarial tenía una relación personal con el diputado Martín Grande y por esas razones, en febrero de 2019, lo visitó en su radio, oportunidad en la que le manifestó que no entendía lo que estaba sucediendo, ya que había sido objeto de allanamientos en su oficina y en su casa particular, en el marco de numerosos allanamientos a funcionarios públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y en el propio municipio. Según la denuncia, Martín Grande le manifestó que tenía excelente relación con las autoridades nacionales de AFIP con los que estaba en contacto y visitaría en los días subsiguientes. A su regreso de Buenos Aires se produjo el encuentro en el mismo lugar y allí Martín Grande le manifestó haberse reunido con las máximas autoridades de AFIP y le recomendó que denunciara a los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y al propio Intendente ya que él era el “salame del sándwich” y sería acusado de una serie de delitos que no precisó, diciéndole que si no hacía esto iría preso “porque el hilo se corta por lo más fino” y que no podría soportar las condiciones de detención.

En la misma denuncia, enfatizó que la causa judicial mencionada se inició en setiembre de 2017 con una denuncia en la cual AFIP requirió intervenciones telefónicas sin fundamento alguno y que tales escuchas se produjeron durante un año y que el sustento de dicha intervención, esto es, una denuncia anónima – fundamento de la medida – nunca fue acompañada al expediente por parte de AFIP.

Agregó que “si bien la causa fue iniciada por funcionarios de AFIP, el Fiscal Federal y el Juez Federal delegaron la investigación en la División Investigaciones de AFIP, existiendo por parte de estos funcionarios de AFIP un exceso al investigar supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública, porque su competencia se limita a las disposiciones de la Ley N 11.683 y Dec. N° 618/91”.

Según el entender del denunciante, “esto evidencia que se buscó una causa política para que el actual gobernador Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura y ello sólo podía cumplirse si el denunciante se acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el diputado Martín Grande”.

La figura del arrepentido

En relación a ese pedido, de acogerse a la figura del arrepentido, afirmó que el 16 de mayo de 2019, mientras se encontraba privado de libertad en la sede de la Policía Federal se hizo presente, pese a la restricción de visitas, el diputado Martín Grande. Dijo que tal visita “estuvo plagada de irregularidades, pues se llevó a cabo fuera del horario establecido y en un lugar distinto al que concurrían las visitas, pues se hizo en la oficina del Comisario. El celador le dijo que el Comisario quería verlo y lo condujo hasta su oficina y al arribar, lo recibió, cerró la puerta y en un sector parecido a un living, lo esperaba el diputado Martín Grande, quien tomó un paquete, y le dijo: “vení Matías, nos sentemos en el living, donde vamos a estar más cómodos, te traje medialunas”. Luego de ello le expresó: “Matías, te tenés que acoger a la figura del arrepentido y denunciar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios. Es la única manera que tenés de zafar, vos no vas a aguantar estar detenido, vos no tenés idea de lo que te espera acá y después en la cárcel de Güemes. Vos no estás hecho para esto”, ante ello le respondió: “No te entiendo Martín, que es lo que querés que denuncie?”

Y allí Grande, según la denuncia de Huergo, le dijo que ya estaba todo arreglado con el fiscal federal Ricardo Toranzos y que su abogado Jorge Gálvez había redactado el escrito con las denuncias referidas para inculpar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios, que si firmaba saldría libre esa misma noche, respondiéndole que no haría tal cosa, ya que no tenía nada que denunciar, ni delito del que arrepentiste porque no existía delito alguno. Ante ello Martín Grande volvió a insistir en lo mal que lo iba a pasar y el largo tiempo que iba a estar detenido, y luego se levantó, ante sus negativas y le dijo: “Yo que vos lo pensaría y lo conversaría con tu abogado” y se retiró.

Por último mencionó que todas las estrategias estuvieron pergeñadas por el diputado nacional Martín Grande, AFIP, la fiscalía y el juzgado, a fin de que se acogiera a la figura del arrepentido y para ello, lo tuvieron privado de libertad por 92 días

Metán: detenido por desvalijar una casa en construcción

Un hombre de 31 años de edad, fue detenido e imputado por un hecho donde tras violentar los ingresos, sustrajo muebles y otros elementos de una casilla en construcción. Al momento de su detención, se secuestraron algunos de los elementos denunciados.

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Mario Eduardo Giménez como autor del delito de robo en perjuicio de la propietaria de una vivienda en construcción.

Según consta en la denuncia, la vivienda se encuentra en construcción y el acusado tras violentar los ingresos, sustrajo mobiliario y otros elementos.

Tras la tarea investigativa desplegada por personal policial, se identificó al acusado y al momento de su detención, en su domicilio, se encontró alguno de los elementos robados y otros de interés para otra denuncia de robo.

Gómez Amado explicó que la investigación continúa, ya que no se descarta la participación de otras personas.

Orán: doce años de prisión por el homicidio de su hermano

El hecho ocurrió en paraje Arasay, Los Toldos, en diciembre de 2019, cuando el acusado hirió mortalmente a uno de sus hermanos con un arma blanca. Fue condenado en juicio abreviado.

GERMANY – MAY 10: Symbolic photo to the topics: prison, justice, et, Our picture shows hands in handcuffs behind bars. (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Guillermo Ruiz por el delito de homicidio simple en perjuicio de su hermano, Federico Alfredo Ruiz.

El hecho juzgado ocurrió en paraje Arasay, Los Toldos, el 18 de diciembre de 2019, cuando los cuatro hermanos Ruiz se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas en una habitación en casa de su madre. Iniciaron una gresca que culminó con uno de ellos muerto por una lesión de arma blanca en el abdomen.

El juez Aldo Primucci, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, lo declaró reincidente y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga al condenado, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Prisión para un padre abusador

El acusado cumplirá 10 años de prisión por actos de abuso en perjuicio de dos hijas menores de edad. La denuncia la radicó la madre de las víctimas. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de una de sus hijas y abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado (2 hechos) en perjuicio de otra de sus hijas.

La denuncia fue radicada en abril de 2020 por la madre de las adolescentes, al tomar conocimiento de que su padre sometía a una de ellas a tocamientos y otros actos con contenido sexual y que había accedido carnalmente a la otra menor.

El juez Pablo Farah, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 10 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga al condenado, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Apelan la incompetencia de la Justicia provincial en la causa de las vacunas en el CIF

La Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7. Consideró que lo que se investiga es la conducta de integrantes del CIF “al gestionar y acceder a la vacunación de personal sin respetar los criterios de prioridad”. Además, advirtió que la jueza tomó la determinación “sin siquiera contar con un elemento de valoración tan básico como el Legajo de Investigaciones”.

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7, para que deje sin efecto el fallo de incompetencia material de la Justicia ordinaria en la causa por las vacunas en el CIF dictado por la jueza de Garantías de Séptima Nominación, María Edith Rodríguez.

Salinas Odorisio advirtió que la jueza tomó la determinación “sin siquiera contar con un elemento de valoración tan básico como el Legajo de Investigaciones, de cuya lectura habría advertido la evidente competencia material de la Justicia provincial, sin que surja un motivo de tanta urgencia, salvo el de evitar la profundización de la investigación que se lleva adelante”.

El lunes 8 de marzo, la jueza de Garantías de Séptima Nominación, María Edith Rodríguez, declaró la incompetencia material de la Justicia ordinaria en la causa “Villagrán, Pedro Dilmar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y dispuso su remisión al Área de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal Federal.

La decisión fue adoptada luego que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio requiriera la competencia de la justicia ordinaria para intervenir. Previamente había requerido a la Fiscalía Federal actuante la remisión de la investigación, planteo que fue rechazado.

Vale recalcar que la resolución de la magistrada de primera instancia, se adoptó en el momento en el que Salinas Odorisio estaba por imputar a tres personas más.

En sus argumentos, Rodríguez compartió el fundamento de la Procuración General en cuanto “no resulta adecuado ni tampoco ajustado para una recta administración de investigación, el desdoblamiento de dos fiscalías en este caso (federal y provincial) por la posible violación a principios de raigambre constitucional, porque en la investigación de todos los sucesos descriptos existe un único designio criminal”. Sin embargo, la jueza consideró que debería actuar la Justicia Federal pues “se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina”.

Salinas Odorisio señaló que no discute la competencia del Estado nacional para regular el ingreso y logística de vacunación de la población argentina, sino que lo que se investiga es la conducta de integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales “al gestionar y acceder a la vacunación de personal por ellos incluidos en listas sin respetar los criterios de prioridad”.  

Además explicó que el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, analiza la conducta del acusado y los límites y atribuciones de su autoridad en un organismo provincial, además de la posibilidad de haber manipulado listas o argumentos para el acceso anticipado a las vacunas.

En cuanto a la afectación al erario público, Salinas Odorisio aclaró y destacó que “jamás se imputó por fraude económico”.

Por último, la Fiscal insistió en que la causa debe ser llevada adelante por la Justicia provincial ya que existe un único designio criminal en el cual se encontrarían involucrados funcionarios públicos provinciales, toda vez que el objeto de la pesquisa se resume en investigar los procesos de gestión de vacunas y colocación a fin de determinar la posible existencia de delitos por parte de quienes acceden a las mismas y las gestionan en incumplimiento a los deberes funcionales y a las normas que rigen el plan de vacunación originadas en nuestra provincia a partir de la Circular Normativa Nº10/21 del programa de Inmunización del Ministerio Público de Salud de la Provincia de Salta.