María Fernanda Quinteros

“Paya” y “Mojo” serán juzgados por un homicidio en villa 20 de Junio

Dos hombres serán juzgados desde este miércoles por un hecho ocurrido en marzo de 2019 en calle Levene al 900, donde los dos damnificados concurrieron para realizar una transacción y uno de ellos recibió un disparo en la nuca de parte de la persona con la que debía reunirse.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Hugo Eduardo Durán, “Paya”, por los delitos de homicidio agravado por la alevosía, por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego, y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, todo en concurso ideal, en perjuicio de Ezequiel Gustavo Moreno y contra Víctor Hugo Medina, “Mojo”, por los delitos de tentativa de homicidio agravado por la alevosía, por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego, y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, todo en concurso ideal, en perjuicio de Gastón Alvarado Quispe.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2019 por la tarde, en calle Levene al 900, Villa 20 de Junio, donde Moreno y su acompañante, Alvarado Quispe, concurrieron, para realizar una transacción y el conductor recibió un disparo en la nuca de parte de la persona con la que debía reunirse.

Alertado personal policial sobre el suceso, tomó intervención y una ambulancia trasladó a Moreno en código rojo al hospital San Bernardo donde falleció luego. En tanto su acompañante no resultó herido pero dijo que otras dos personas que acompañaban al acusado, lo apuntaron con un arma de fuego.

El Tribunal colegiado estará integrado por los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Federico Armiñana Dohorman y está previsto que la audiencia se extienda hasta el próximo 31 de agosto.

La Merced: chofer de SAETA a juicio por homicidio culposo

El hombre de 39 años, será llevado a juicio por un hecho ocurrido en la localidad del Valle de Lerma, donde al realizar una maniobra imprudente, causó un siniestro vial, donde falleció un hombre de 36 años que circulaba en una motocicleta.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2, para Tiofilo Fortunato Gerón como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente, o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

El hecho ocurrió el pasado 3 de enero por la tarde en la localidad de La Merced, cuando una unidad de transporte, conducida por Gerón, circulaba por avenida Sarmiento en sentido Oeste a Este y el chofer realizó una maniobra de giro hacia la izquierda sin respetar la prioridad de paso de la motocicleta conducida por la víctima, la cual circulaba por el lado derecho, ingresando el colectivo a calle Mendoza, momento en que el damnificado advierte el cruce del colectivo por frente de su línea de marcha, acciona los frenos e impacta en la parte posterior del vehículo de mayor porte.

La víctima, identificada como Álvaro Federico López, fue asistido y falleció horas más tarde en el hospital San Bernardo, con diagnóstico de shock hipovolémico, politraumatismo grave y TEC.

El fiscal Flores sostiene en la acusación que Gerón debió respetar las normas de tránsito indicadas, en razón de que las circunstancias del lugar lo obligaban a extremar los recaudos necesarios para evitar el siniestro vial, adoptando las precauciones correspondientes frente a la intersección de calles -teniendo en cuenta que la motocicleta tenía prioridad de paso pues circulaba por su mano derecha-, situación que omitió por completo, generando así el riesgo que terminó costándole la vida a la víctima.

Finaliza el juicio por la tentativa de homicidio en el penal

Este martes se llevarán a cabo los alegatos en el juicio que se sigue contra Víctor Alejandro Soto, acusado del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Esteban Gabriel Massola. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representa al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Víctor Alejandro Soto por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Esteban Gabriel Massola.

Al reanudarse la audiencia de debate este martes, se prevé la declaración de un último testigo citado y luego se dará lugar a los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto antes de finalizar la jornada.

El hecho juzgado ocurrió pasado el mediodía del 13 de mayo de 2020 en el pabellón A1 del penal de Villa Las Rosas, cuando ambos hombres iniciaron una gresca y antes de que pudieran separarlos, Soto hirió con una punta carcelaria a Massola en el tórax. La víctima fue asistido y derivado al hospital San Bernardo, donde pudo restablecerse.

La Procuración General recurre a la Corte Suprema de Justicia por el Frigorífico Brunetti

En el recurso extraordinario federal, el Ministerio Público Fiscal de Salta cuestionó “la decisión tomada por la Corte de Justicia de Salta por la arbitrariedad y errónea aplicación de la ley, pidiendo por ello su revocación, restableciéndose la decisión que dispuso que la Municipalidad de la Ciudad de Salta debe dar un íntegro cumplimiento de su deber de brindar información pública ambiental”.

El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y el fiscal penal ante la Corte N°1, Eduardo Sylvester, interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario federal en la causa “Procurador Gral. de la Provincia de Salta vs. Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta – Amparo – Recurso de Apelación”.

En el recurso federal, el Ministerio Público Fiscal de Salta cuestiona “la decisión tomada por la Corte de Justicia de Salta el 7 de abril de 2021 por la arbitrariedad y errónea aplicación de la ley que esta implicó, pidiendo por ello su revocación, restableciéndose la decisión que dispuso que la Municipalidad de la Ciudad de Salta debía dar un íntegro cumplimiento de su deber de brindar información pública ambiental y, en ese sentido, poder continuar ejercitándose las atribuciones constitucionales del Ministerio Público Fiscal”.

El MPF ya había presentado el 20 de abril pasado un recurso urgente y extremo de un día para que el Máximo Tribunal local revea su posición respecto a la relocalización de la firma Compañía Industrial Argentina de Carnes Sociedad Anónima (C.I.A.C.S.A.) o “Frigorífico Brunetti”, y se cumpla con el deber de brindar información pública ambiental.

El 18 de agosto, la Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso del MPF, pues consideró que “no procura la reparación de un error grave, esencial e indisputable sino que esta Corte «reexamine», «reconsidere» o «revea» un aspecto de su decisión, a la luz de una línea argumental que, lejos de evidenciar tal tipo de error, revela las objeciones que a su entender merece el juicio seguido por este Tribunal que declaró abstracta la cuestión por sustracción de la materia objeto del amparo, y pretende por esta vía reeditar un nuevo análisis de la cuestión”.

Ante ello, el Procurador General de la Provincia, decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal, que es un instrumento jurídico que permite revertir el fallo de la Corte local.

Antecedentes

En el año 2008 se presentaron vecinos de barrios circundantes al “Frigorífico Brunetti”, solicitando al Concejo Deliberante su erradicación por razones ambientales, sanitarias y urbanísticas. El cuerpo sancionó la Ordenanza N° 13.328, que resolvió trasladar en forma definitiva la empresa y otorgó al Intendente la posibilidad de convenir la manera, con un plazo de 360 días corridos más una prórroga de 180. Una vez cumplidos, no podría operar bajo ninguna forma.

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado, la Concejo creó (Resolución N° 119/08 del CD) una Comisión de Seguimiento, con funcionarios municipales, provinciales, invitados de la Universidad Nacional y vecinos.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal intervino ante la denuncia del presidente del Consejo Vecinal del barrio San Rafael y otros vecinos por la presencia de olores nauseabundos y vertido de restos de animales al arroyo Isasmendi. El Juzgado de Instrucción Formal de 6ta. Nominación resolvió la desestimación y archivó la causa planteada por la Fiscalía Penal N° 8.

La Procuración General continuó requiriendo informes a la Comisión de Seguimiento para asegurar el cumplimiento del traslado.

A su vez C.I.A.C.S.A. planteó contra la Municipalidad de Salta un amparo, buscando que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza de erradicación. Fue rechazado tanto por el Juzgado de Primera Instancia, la Corte de Justicia de Salta y finalmente por la Corte Suprema de la Nación.

Todos los pedidos y averiguaciones sostenidos por la Procuración General se sustentaron en el derecho fundamental al acceso a la información pública. Ya en 2004 se había promulgado la ley 25.831, con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública ambiental que se encuentre en poder del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Esta ley garantiza que, ante el incumplimiento a los pedidos queda habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima, ante los tribunales competentes.

Entonces, la Procuración General interpuso un amparo por información pública ambiental denegada, ante la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Salta. Ésta resolvió que la Municipalidad de la Ciudad de Salta debía hacer tres cosas:

-cumplir íntegramente con la información ambiental requerida;

-continuar presentando la información subsiguiente en el expediente en trámite ante la Procuración General de la Provincia;

-instrumentar una medida ordenatoria de dar a publicidad de todo esto a la gente, en un plazo no superior a los veinte días (20) hábiles.

La Municipalidad apeló la sentencia a la Corte local. Aceptó que era verdad que la información que había dado “fue muy escueta y pobre como también lo fue su actuación en toda esta problemática”. Pero aclaró que todo lo efectuado o dejado de realizar sobre el asunto ya había sido comunicado al juez y al Ministerio Público Fiscal y, por tanto, no cabía brindar nuevos informes. Por eso, pidió que se declarara abstracto el amparo.

No obstante su apelación, la Comuna afirmó también que, de existir nueva información en el futuro, sería comunicada de inmediato al Ministerio Público.

Aunque la Procuración General y el Municipio entienden que todavía falta información, como la Corte de Justicia de Salta hizo lugar al recurso municipal, paró la búsqueda de respuestas ambientales encarada por el Ministerio Público Fiscal.

El Alto Tribunal dijo que había solo un reclamo de extemporaneidad, pero no de falta de cumplimiento. Por ello, declaró como abstracta la cuestión. Sobre los tres puntos que había reconocido el Juez de Cámara, dejo únicamente subsistente la obligación de publicar, pero detuvo la de requerir información.

Marco legal vigente

En setiembre de 2020, Argentina ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, mediante la ley 27.566. Por este acuerdo se intensifican las obligaciones estatales de tener un gobierno abierto, sistemas proactivos de comunicación y vías de reclamo judicial para la información pública ambiental. También se extiende estas obligaciones a la participación pública en asuntos ambientales.

Con este nuevo antecedente interamericano en vigencia, la Procuración General interpuso en un día un recurso de revocatoria in extremis, citando dicho antecedente y posibilitando que la Corte de Salta enmiende su error de manera expedita. Se le recordó que la Corte Interamericana dijo en la Opinión Consultiva OC-23/17, que los derechos a la información y a la participación pública ambiental son derechos humanos procedimentales, porque aseguran la vigencia del derecho al ambiente sano y la calidad de vida.

La Corte de Salta rechazó el recurso urgente.

Consecuencias

De quedar firme el precedente judicial, la Corte local abre a las administraciones provinciales y municipales una posibilidad de instaurar una práctica ilegal e inconvencional, consistente en no contestar en los plazos y formas previstos por las leyes 25.831 y 27.566 los pedidos que se le requieran y con eso ganar tiempo.

Además, una vez judicializados, las administraciones podrán presentar una escasa información, argumentando ser la única en su poder, logrando que se declare abstracta la cuestión e, incluso, clausurando la posibilidad de seguir preguntando en el mismo trámite por las cuestiones solicitadas y no informadas.

La Procuración General insistió en que estas leyes tienen un objetivo diferente: buscan constreñir a los Estados a asegurar la prevención de los daños ambientales, obligándolos a revisar todos los aspectos que le sean requeridos en tanto puedan traer riesgos o peligros ambientales a la sociedad.

Por ello la Procuración introdujo y sostuvo todo el tiempo la reserva de caso federal e interamericano, encontrándose pendiente de resolución el recurso federal extraordinario planteado ante la Corte de Justicia de Salta.

Acusado de homicidio culposo, fue sorprendido conduciendo

Un joven de 19 años, acusado de un homicidio culposo ocurrido en diciembre de 2020, incumplió la prohibición de conducir un vehículo y al ser sorprendido por personal policial, protagonizó una temeraria persecución por Las Lajitas. Desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva.

La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, en el mes de diciembre de 2020, imputó a Javier Exequiel Ruiz como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria agravada por la fuga del conductor en perjuicio de una joven de 17 años, en concurso ideal con el delito de lesiones graves en accidente de tránsito agravadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria agravada por la fuga del conductor en perjuicio de una joven de 18 años.

El acusado estuvo detenido y luego recuperó su libertad con cumplimiento de medidas sustitutivas, entre las que el Juzgado de Garantías interviniente, fijó la prohibición de conducir o manejar cualquier tipo de automotor y/o motovehículo durante el tiempo que dure el proceso.

Durante las primeras horas del pasado 11 de agosto, personal policial divisó al joven conduciendo una camioneta por las calles de la ciudad y al intentar interceptarlo, se inició una persecución por las calles de Las Lajitas, donde el joven condujo a alta velocidad, en forma antirreglamentaria y temeraria, poniendo en riesgo la vida de los efectivos policiales que intentaban detenerlo y de terceros.

Ante esta situación, la fiscala solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, su inmediata detención por el delito de desobediencia judicial y resistencia a la autoridad en concurso ideal y fundamentado en el riesgo procesal, solicitó su prisión preventiva.

Bº 26 de marzo: últimas instancias en el juicio por el homicidio de un menor

Cinco hombres son juzgados por el homicidio del niño Fernando Tobares, ocurrido en junio de 2020 en la ciudad de Salta. Este martes, cuando se reanude la audiencia de debate, declararán los últimos testigos citados por las partes y se prevé que el próximo miércoles 25 se lleven adelante los alegatos.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Facundo Daniel Morales, por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, amenazas con arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil; Gabriel Ángel Tejerina, César Demetrio Morales, Nahuel Alejandro Morales y Gonzalo Emanuel Meriles, por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad.

Este martes 24, al reanudarse la audiencia de debate, el juez José Luis Riera, recibirá los últimos testimonios citados por las partes y según lo establecido, el próximo miércoles 25, se dará lugar a los alegatos de las partes y se conocerá el veredicto.

Declaró el recluso acusado de tentativa de homicidio

Víctor Alejandro Soto está siendo juzgado por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Esteban Gabriel Massola. El pasado viernes, declaró ante la jueza Paola Marocco y reconoció haber «punteado» a la víctima pero sin intenciones de matarlo. Los alegatos se llevarán a cabo este martes 24.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representa al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Víctor Alejandro Soto por el delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de Esteban Gabriel Massola.

Durante la jornada del pasado viernes, el imputado declaró ante la jueza Paola Marocco y admitió haber lesionado a Massola con una punta carcelaria, aunque señaló que no tenía la intención de quitarle la vida.

Según lo fijó el Tribunal, los alegatos se llevarán a cabo este martes 24 y antes que finalice la jornada, se conocerá el veredicto.

Bº Apolinario Saravia: un joven recibió un disparo en la cabeza

Ocurrió durante las primeras horas de este sábado en la zona Sudeste de la ciudad de Salta. Un joven de 23 resultó gravemente herido tras recibir una herida de arma de fuego en la cabeza en circunstancias que se tratan de establecer. Se trabaja en la identificación de el o los causantes.

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados en turno, Verónica Simesen de Bielke, investiga un hecho ocurrido alrededor de las 6.30 de este sábado en inmediaciones de calles Lago Grande y Lago de los Cisnes de barrio Apolinario Saravia de la ciudad de Salta.

Allì, un joven de 23 años, identificado como Gustavo Rueda, en circunstancias que se tratan de establecer, resultó herido por un disparo de arma de fuego, que impactó en su cabeza. Debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

Simesen de Bielke informó que dispuso todas las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho y se trabaja en la identificación de el o los causantes.

Embarcación: desbaratan boca de expendio de drogas

En un allanamiento realizado durante las primeras horas de este sábado, se logró la detención de un hombre de 32 años. Comercializaba sustancias estupefacientes en su vivienda, ubicada en barrio Fonavi. Fue imputado y se abstuvo de declarar.

La fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Fernando Nicolás Gutiérrez, «Pichuky», como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el lugar de comisión.

La investigación fue llevada adelante por personal policial de la Sección de Investigación Narcocriminal Sector N.º 44 de Embarcación, quienes ante la sospecha de que en el domicilio del sospechoso se almacenaba, fraccionaba y comercializaba estupefacientes, realizaron tareas de inteligencia que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios.

La fiscala solicitó al Juzgado de Garantías 1 del distrito Tartagal orden de allanamiento y detención para la vivienda del investigado, ubicada en barrio Fonavi de Embarcación y en cumplimiento de la medida, durante las primeras horas de este sábado, se logró el secuestro de sustancia estupefaciente, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, celulares y otros de interés para la causa.

El acusado, quien se desempeña como empleado municipal, fue asistido por un defensor oficial y tras conocer la imputación en su contra, se abstuvo de declarar.

La importancia de la Biología Molecular en la investigación penal

La responsable del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Alejandra Guinudinik, explicó la relevancia de la disciplina en el marco de las investigaciones que dirigen los fiscales penales del MPF de Salta. Este lunes 23 iniciará la capacitación sobre toma, conservación y transporte de muestras biológicas y serología y genética forense. La especialista precisa sobre los aportes que los indicios biológicos pueden brindar al esclarecimiento de distintos hechos.

La Biología Molecular Forense se ocupa de todo lo concerniente a la pericia y los análisis que atañen a ella. Por ejemplo, la determinación de indicios biológicos en una escena, tales como sangre, saliva, semen, células epiteliales, pelos y otros fluidos del cuerpo humano. Lo explica la especialista Alejandra Guinudinik, quien integra la Junta Técnica de Laboratorios de Genética Forense y participa de la organización de la capacitación que ofrecerá la Escuela del Ministerio Público de Salta, organizada por profesionales del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

“Una vez que identificamos qué fluidos biológicos están en una escena, en una prenda, en un objeto, podemos hacer una extracción del ADN utilizando métodos selectivos y de acuerdo a la etiología de esas células. Extraemos posible ADN, que luego será cotejado para poder establecer un vínculo entre un objeto y la pertenencia a una víctima o a un imputado o la conexión que encontramos en el perfil genético mezclado de dos individuos”, precisa Guinudinik y pone como ejemplo, que un hisopado vaginal en el que se halle sangre, semen o haya un perfil genético mezcla, permitirá determinar la compatibilidad con una víctima y un imputado, o no.

El servicio de Biología Molecular Forense cuenta con técnicos de laboratorio, bioquímicos y biólogos. Otras profesiones afines son la licenciatura en genética e ingeniería genética.

Sobre la importancia de la actualización en Biología Molecular Forense, Guinudinik sostiene que “debe ser permanente, para perfeccionar las técnicas y mejorar su sensibilidad y obtener, en consecuencia, mejor calidad de perfiles genéticos.  Por eso, quien trabaja para el sistema judicial y los peritos y futuros especialistas, deben capacitarse y saber qué métodos son los que actualmente están en uso”.

Evidencia y su gestión en peritajes

Está dirigida a profesionales de la Biología Molecular, auxiliares de justicia, licenciados en criminalística, abogados que trabajen como peritos de parte y el los mismos empleados de fiscalía y magistrados.  “El curso, además de otorgar una muy buena introducción a la disciplina, explica el contenido de los informes periciales que elabora el CIF; y sirve a los auxiliares de justicia para comprender qué piden, específicamente, cuando hacen solicitudes de estudio. Para quienes investigan y al colectar un indicio, es útil para saber cómo lo pueden transformar en una evidencia, a través de los estudios pertinentes”, define la especialista. Entre otras posibilidades, los estudios de genética involucran a cromosomas sexuales y según la bioquímica Guinudinik por las técnicas convencionales, solamente vamos a observar un perfil genético femenino, pero no los masculinos (es decir, todas las personas que nacen con los cromosomas XY, tienen un cromosoma Y, que las mujeres no); y ese cromosoma puede ser analizado a través de un estudio de marcadores de cromosomas Y.

“Cualquier persona puede convertirse en perito y saber cómo preservar muestras”

En el Primer Módulo: el eje será la escena del hecho y toma de muestra. De hecho, es tal su importancia, que cualquier persona puede convertirse en un perito, sea cualquier rama de la ciencia. Como ejemplo, citó que una niña podría acudir a un consultorio bioquímico en el que se tome muestra de sangre y se hallen espermatozoides. Entonces, dicha muestra podría convertirse en la evidencia de un delito sexual, resume Guinudinik, al tiempo que revela que profesionales hospitalarios consultan al CIF sobre cómo tomar y conservar muestras ante posibles casos de abusos sexuales.

En el Segundo Módulo: se abordarán los indicios biológicos, cómo se observan en las prendas, su inspección ocular desde la biología molecular (y no desde la criminalística) y qué indicios se deben priorizar cuando se investigan distintos delitos, sean homicidios abusos sexuales o robo.

El Tercer Módulo es una introducción básica a la genética para avanzar en los módulos Cuarto y Quinto sobre vínculos biológicos de parentesco y cómo elaborar un correcto pedido. “Muchas veces tenemos personas que desaparecen o se encuentran cuerpos NN y tenemos que vincularlo a un pariente. Lo ideal es siempre tener a la madre, el padre o los hijos, pero muchas veces no disponemos de esos familiares y se necesitarán otras personas en el árbol familiar o pedigree familiar”, explica Guinudinik y apunta que con estas precisiones, las diferentes fiscalías o magistrados podrán saber qué familiares son los más aptos para determinaciones de vínculos biológicos, tendientes a la identificación de personas. Y para aquellos peritos del fuero civil, sabrán cómo valorar una paternidad, una maternidad o un índice de abuelidad.

El último módulo será el criminalístico, es decir cómo se valora la prueba en un hecho criminal como un homicidio o abuso sexual.

Las inscripciones se reciben en: http://gestion.escuelampsalta.gob.ar/HjcGAy1Pk=/Formulario-Pre-Inscripcion_1063, a través del el sitio www.escuelampsalta.gov.ar