Julio Frias

Barrio Progreso: Imputados por diferentes hechos de robo

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente por la presunta comisión de los delitos de robo a cinco hombres mayores de edad, entre 20 y 23 años, y un menor de 17 años. Otros dos menores de 12 y 14 también tuvieron participación.

Conforme a las actuaciones, los acusados habrían cometido diversos hechos de robo durante los pasados meses de abril y mayo, la mayoría de ellos bajo la modalidad de arrebatadores, en uno de ellos inclusive, con uso de arma, en las inmediaciones del Barrio Progreso de la ciudad de Salta.

De las tareas investigativas desplegadas, a partir de las denuncias radicadas por los damnificados, se logró identificar a los sospechosos y, reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal Jovanovics solicitó orden de allanamiento para los domicilios vinculados a los investigados.

En  cumplimiento de la medida, se logró el secuestro de algunos de los elementos denunciados como robados y otros de interés para la causa.

Luego de ser imputados, desde la fiscalía se requirió al juzgado de garantías interviniente, el mantenimiento de detención de los imputados.

Este jueves inicia la Capacitación sobre cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital

Organizado por la Procuración General de la Provincia, a cargo de Pedro García Castiella, y en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se realizará los días jueves 26 y viernes 27 de mayo. el ciclo de capacitación “Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital. La investigación penal en entornos digitales”, que será impartido en modalidad presencial y vía zoom.

El acto de apertura del ciclo tendrá lugar en el Salón Auditorio “Facundo de Zuviría” del Poder Judicial, a las 16:00, y contará con la presencia de autoridades provinciales, del Poder Judicial de Salta, académicas y de organismos públicos, como también funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta y de la Nación.

El objetivo de la actividad es capacitar en la materia a los operadores salteños (magistrados, funcionarios y profesionales), en consonancia con los lineamientos establecidos por la normativa internacional. Se busca dotar a la justicia penal provincial de las herramientas procesales adecuadas para llevar adelante las investigaciones que demanda la modernidad y estar a la altura de esta nueva realidad, respeto a de las garantías de las personas sometidas a proceso.

El constante crecimiento y desarrollo de internet, entendida como una red informática de conexión mundial que provee información; el avance de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y, especialmente, la aparición de la evidencia digital, implican un cambio en el paradigma dentro del proceso penal, cuya magnitud obliga a repensar el tratamiento de la prueba, tanto en las investigaciones penales como en los códigos de procedimiento.

Las temáticas a abordar están vinculadas al ciberdelito, el tratamiento de la evidencia digital, aspectos de cooperación internacional, con énfasis en el análisis de la violencia contra las mujeres en las redes sociales.

El ciclo de capacitación forma parte de una de las actividades pensadas en pos de acompañar la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, la que se sumará a las ya existentes Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Chubut.

Durante los dos días de capacitación, los asistentes contarán con expositores de alto nivel profesional y de amplia y reconocida trayectoria en la temática: el Dr. Marcos Gabriel Salt, abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Director de la  carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el Dr. Horacio Juan Azzolín, Fiscal desde 2008, especializado en litigación de casos complejos, relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los Derechos Humanos. Dedicado a la temática del cibercrimen, desde fines de 2015 es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación; la Dra. Cristina Giordano, Jueza de Control N° 6 y el Dr. Franco Pilnik, Fiscal especializado en Ciberdelito, ambos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

A modo de adelanto sobre diferentes aspectos vinculados a Cibercrimen, ponemos a disposición la entrevista realizada al Dr. Marcos Gabriel Salt.

Condenado por amenazas a su ex pareja y desobediencia judicial

El Juzgado de Garantías 5, representado por la Jueza interina Ada Zunino, condenó en juicio abreviado a Rolando Martín Aiza a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas por tres hechos denunciados por su expareja, madre de sus cuatro hijos. Representó al Ministerio Público Fiscal, el fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.

Los tres hechos ocurrieron el pasado 21 de abril, en el domicilio de la damnificada, de Barrio Las Malvinas, de Rosario de Lerma, cuando el acusado se presentó en estado de ebriedad, realizándole cuestionamientos. Fue entonces que la damnificada llamó al Servicio de Emergencias 911, ante lo cual el acusado se retiró.

Más tarde, a la medianoche, Aiza regresó al domicilio de su ex pareja y comenzó a gritarle y a amenazarla para luego retirarse. Sin embargo, retornó en la madrugada en estado de ebriedad y armado con un fierro, profiriendo amenazas y empujando la puerta para ingresar.

La damnificada sintió temor y se comunicó nuevamente, con el Servicio de Emergencias 911, dándose el acusado a la fuga por los potreros.

La pareja se encontraba separada hace más de un año por episodios de violencia de género, y el hombre había sido notificado por el Juzgado de Violencia Familiar y Género 1 sobre la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia física y psíquica.

Con el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa, la jueza Zunino condenó a Rolando Martín Aiza a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas por encontrarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio (tres hechos), amenazas, amenazas con arma y desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta por el término que dure la pena.

Imputada por rociar con alcohol a su pareja y prenderle fuego

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo preexistente, a una mujer de 47 años.

El hecho denunciado ocurrió el pasado lunes 23 de mayo en horas de la tarde, debajo del puente de Avenida Chile y Astigueta, cuando la acusada se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su pareja. Posteriormente, el damnificado se acostó en el suelo a descansar, momento en que la mujer habría aprovechado para rociarlo con alcohol, y luego prenderle fuego.

Fue entonces que el hombre comenzó a rodar, intentando mitigar el fuego, hasta que fue asistido por personal policial y de salud, quienes lo trasladaron al Hospital San Bernardo.

El hombre sufrió quemaduras en rostro, tórax y cuello, conforme lo informado por el médico legal del CIF que lo examinó.

La acusada quedó detenida, a la espera de ser citada para prestar declaración en audiencia de imputación.

Piden elevar a juicio una causa por golpiza a un menor en Centro de Jóvenes de Tartagal

Son ocho las personas involucradas en dos hechos cometidos contra el mismo, entonces menor de edad. Filmaron lo sucedido y no lo aportaron como prueba a la investigación fiscal.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa en la que personal penitenciario del Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de Tartagal fue imputado por dos hechos, ocurridos en 2020 contra un menor.

El oficial Manuel Orlando Figueroa está acusado del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia (dos hechos), en concurso real, en calidad de coautor, por los hechos ocurridos en día 21 de septiembre de 2020.

Por su parte, los sargentos Juan Ismael Maldonado, Miguel Ángel Areruma, los cabos Mario Ricardo Mercado Giménez y Leonardo Iván González, fueron acusados por el delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores, y el cabo José Luis Pérez como partícipe necesario del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia por el hecho ocurrido en la misma fecha, a las 16:15, aproximadamente.

En tanto, la cabo primero Mabel Alejandra Giménez y la enfermera Alina del Milagro Ortíz, están acusadas del delito de encubrimiento agravado.

Primer hecho

Del requerimiento surge que el 21 de septiembre de 2020, mientras el entonces menor se encontraba alojado en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de Tartagal, fue agredido físicamente por los imputados, mediante golpes en el cuerpo, con motivo de la requisa efectuada en su celda.

Los imputados se encontraban cumpliendo con la función de Jefe del Centro (Figueroa), encargado (Maldonado), personal de pasiva (cabos Mercado Giménez y González) y personal de servicio (Areruma), encontrándose a su cargo el cuidado de la integridad física y psíquica del entonces menor de edad.

Del examen médico, realizado el día del hecho, se desprende que el joven presentaba “hematoma en párpado superior izquierdo y pequeño derrame ocular izquierdo”

En relación a la conducta endilgada a los acusados, configura el tipo penal de severidades agravadas por el uso de la violencia ya que, sostiene el fiscal González, “los imputados, siendo funcionarios del servicio penitenciario, incurrieron en un claro abuso funcional respecto de la persona de Y.”, quien estaba bajo su guarda y responsabilidad.

Continúa expresando que “de las filmaciones que se encuentran en el video aportado, no se vislumbra ninguna situación que los habilitara para desplegar tanta violencia”.      

Respecto de la conducta endilgada al sargento José Luis Pérez, se verifica que se encontraba en la puerta de la habitación donde estaban golpeando al menor, conducta que resultó necesaria para asegurar la realización del acto, con “aportes activos a la acción”, es decir, custodiar el lugar para que se produzca el hecho y asegurarse de poder ejecutarlo. De ahí su imputación como partícipe necesario del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia.

Segundo hecho

Conforme se desprende de las declaraciones testimoniales del damnificado, se verificó un segundo hecho que encuadra dentro del delito de severidades agravadas por el uso de la violencia, ya que, después de la golpiza propinada, ese mismo día, el menor subió al cielorraso del módulo donde estaba alojado, haciendo luego lo propio el sargento Figueroa. Allí fue c cuando volvió a agredirlo físicamente, lo ahorcó, le pegó piñas en la cara, y patadas en costillas y estómago. Lo sucedido fue corroborado por otro menor, a través de su testimonio. Es por eso que el sargento Manuel Orlando Figueroa está acusado del delito de severidades agravadas por el uso de violencia, por dos hechos, todo en concurso real.

En tanto, la cabo primero Mabel Alejandra Giménez y la enfermera Alina del Milagro Ortíz incurrieron en el delito de encubrimiento agravado, ya que se pudo comprobar que la primera, cumpliendo la función de subjefa del Centro, impartió la orden de filmar el video del procedimiento de requisa y quien habría filmado sería la enfermera, quienes no denunciaron el accionar delictivo, y ayudando a eludir las investigaciones, ocultaron un medio de prueba fundamental para la causa, omitiendo remitir a la fiscalía de Derechos Humanos las fotografías de las lesiones que presentaba el joven.

Ocho meses después y ante la viralización del video a través de medios de comunicación, la oficial Giménez denunció lo sucedido alegando desconocer el hecho, y pretendiendo involucrar a un funcionario que no estuvo presente ese día , con el fin de encubrir a los autores de la golpiza. Por su parte, la enfermera Ortiz negó saber de la existencia del video.

Por todo esto, el fiscal de Derechos Humanos, advierte el despliegue de una práctica de violencia institucional, destacando en el requerimiento que “la violencia institucional es una práctica estructural de violación de derechos humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le ha sido encargadas dentro del sistema constitucional y democrático”.

Abundante prueba documental y testimonial, constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Avanza el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta

En cumplimiento de lo propuesto al Procurador General de la provincia, Dr. Pedro García Castiella, por las instituciones competentes, en relación al avance en las actuaciones para cumplir con el Sistema de Monitoreo de la calidad del agua en Salta, el pasado viernes se concretó la segunda reunión prevista para delinear un plan de trabajo sostenido.

De la convocatoria participaron por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret; el Director de Informática del Ministerio Público, Lic. José Peralta; por el Servicio de Ingeniería y Química del CIF, el Ing. Joel Medina;  por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, el Dr. Virgilio Núñez; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Mauricio Romero Leal; el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Alejandro Aldazabal; el jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Antonio Sánchez López; por la Secretaría de Asuntos Hídricos, la Geóloga, Gabriela Pitzzu, la A. Quím., Mónica Rodríguez y el Dr. David Le Favi; por el Programa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la Mg. Od., María Valdéz y la médica Rosana Romano, de Vigilancia Epidemiológica; por el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Lic. Marina Hoyos, el Ing. Marcelo Ovando y el Dr. Jerónimo López Fleming.

En la oportunidad se acordó que, conforme lo dispone la Ley Provincial N° 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 3097/00, generar un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, para lo cual se debe contar con información sistematizada y actualizada sobre la situación existente, que comenzaría con un enérgico plan de censado y determinación de la totalidad de los pozos existentes en la provincia.

Para tal fin, se resolvió la conformación de una mesa de trabajo, a fin de cumplimentar una primera etapa de diagnóstico, que estará integrada por tres grupos: técnico, coordinado por el Dr. Virgilio Núñez (UNSa); jurídico, coordinado por los Dres. David Le Favi y Antonio Sánchez López; e informático, coordinado por el Lic. José Peralta.

Al término de la reunión se asumió el compromiso de designar a quienes conformarán los grupos de trabajo, en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de reunión y, cumplido este término y con un tiempo máximo de un mes, iniciar el trabajo por equipo para una nueva convocatoria, en la que se volcarán los resultados de los lineamientos que conformarán la norma técnica a emitir por parte de Recursos Hídricos de la provincia.

Acusado de golpear a su expareja e incumplir resolución judicial

El hombre habría lesionado a la mujer, con la que tiene dos hijos en común, de 3 y 5 años, a pesar de habérsele ordenado exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de lesiones leves  agravadas por la relación de pareja preexistente y género y desobediencia judicial, todo en concurso real, a un hombre de 30 años.

El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando el acusado, en estado de ebriedad, se presentó en el domicilio de Barrio Chañarcito de San Antonio de los Cobres, donde reside la mujer, a quien habría empujado hacia adentro de la vivienda y una vez en la habitación, le habría propinado una trompada en la nariz.

La lesión quedó acreditada por certificado médico, expedido por el profesional que asistió a la damnificada.

Cabe destacar que ya pesaba sobre el hombre una orden de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2, la que incumplió en dos oportunidades, ya que el mismo día, horas más tarde, volvió a presentarse en el domicilio de la ex pareja. Ésta le pidió que se retirara, pero nuevamente, reaccionó de mala manera e intentó volver a golpearla en presencia de sus familiares. Luego, llegó personal policial que procedió a la demora del hombre.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y el fiscal Escalante solicitó mantenimiento de detención.

La Silleta: Un año de prisión efectiva por robo, en juicio abreviado

El Tribunal de Juicio Sala V, Vocalía II, a cargo de la Dra. Mónica Faber, condenó en juicio abreviado a Daniel Alejandro Márquez a la pena de un año de prisión, de ejecución efectiva por un hecho de robo, denunciado por una vecina, a la que le sustrajo varias pertenencias de su domicilio particular. El hecho ocurrió en julio de 2021.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal y, en diálogo con el defensor oficial penal, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado.

Las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia de un efectivo policial, quien manifestó que fue comisionado a verificar un ilícito en Barro Los Robles, de la localidad de La Silleta.

Al llegar al lugar, se entrevistó con la damnificada, propietaria del inmueble, quien dijo que luego de ausentarse, al retornar a su vivienda, se percató de que habían ingresado y sustraído varias pertenecías.

De la investigación realizada, se determinó que el acusado, había ingresado a la propiedad dañando el alambrado perimetral y la cerradura de la puerta, habiéndose podido levantar en la escena, rastros dactilares con resultado positivo.

La jueza Mónica Faber resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado y condenó a Daniel Alejandro Márquez, de 30 años, a la pena de un año de prisión de ejecución efectiva, como autor del delito de robo simple y declarándolo reincidente por primera vez por existir antecedentes penales previos.

Las Lajitas: Ordenan medidas cautelares de protección para la censista agredida

La mujer habría sido agredida físicamente por la ex esposa de su actual pareja luego de un cruce de palabras. Se dispuso consigna ambulatoria como medida de protección a la víctima.

La fiscal penal de Joaquín V. González, a través de la Delegación Las Lajitas, María Celeste García Pisacic, solicitó ante el Juzgado de Garantías 1, Distrito Judicial del Sur, medidas cautelares para la censista que resultó agredida en la jornada del miércoles pasado.

El hecho sucedió cuando la censista fue a cumplir con su tarea al domicilio donde reside la ex esposa de su actual pareja. Luego de un intercambio de palabras entre ambas, la residente del domicilio la habría agredido físicamente. La damnificada se retiró del domicilio y se dirigió a la delegación policial donde radicó la correspondiente denuncia.

La fiscalía ordenó que se realice la investigación de lo acontecido, solicitando que se eleven las actuaciones para su derivación a audiencia de mediación penal.

La fiscal García Pisacic solicitó, además, medidas de protección inmediatas y consigna ambulatoria en el domicilio de la mujer que resultó agredida, ante el Juez de Garantías 1, Distrito Judicial del Sur, Sebastián Guzmán, quien dio inmediata orden de cumplimiento de las mismas.

Capacitación dentro del acuerdo marco entre el Ministerio Público Fiscal y Telecom

Como resultado del nuevo protocolo para agilización de pedidos de información en los requerimientos penales, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, encabezó la capacitación a los fiscales del Ministerio Público Fiscal, junto al equipo legal de Telecom.

El encuentro consistió en la capacitación sobre el nuevo Protocolo de Información de la compañía telefónica, con el objeto de que se dé curso a los requerimientos de los fiscales de manera más eficiente.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, consideró de vital importancia para magistrados y funcionarios el trabajo colaborativo con Telecom, al tiempo que señaló que “las herramientas tecnológicas son una parte fundamental en el presente y futuro de las investigaciones penales de este Ministerio Fiscal”.

Por su parte, el gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, Sergio Piris, expresó que la compañía considera de vital importancia la colaboración con el Ministerio Público Fiscal, al igual que la relación entre sector público y privado.

Este es un ciclo de capacitaciones, iniciadas en 2021 por la empresa, siendo Salta la segunda provincia en la que se dicta, en el presente año y que contempla replicar la experiencia con iniciativas similares en otras provincias.

La Procuración General de la Provincia de Salta, viene generando una serie de acciones tendientes a potenciar y agilizar el trabajo en las diferentes fiscalías, a través de cursos, capacitaciones y charlas, dirigidas a funcionarios y magistrados.