Julio Frias

Imputado por vender seguros falsos y adulterar documentación

El modo de obrar del acusado habría consistido en utilizar engaños y ardides, utilizando formularios y comprobantes apócrifos, para afiliar a los damnificados, obteniendo como contrapartida determinadas sumas de dinero en concepto de cuota inicial y mensual. Se solicitó prisión preventiva.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de  estafas reiteradas y falsificación de documento privado en concurso real, a un hombre de 52 años.

De acuerdo a las constataciones efectuadas, el acusado habría realizado afiliaciones a particulares, mediante el uso de formularios apócrifos en los que decía pertenecer a una empresa de seguros, como a un supuesto grupo empresario inexistente, para luego hacerse del dinero de las afiliaciones y cuotas.

Su procedimiento habría consistido en pasar a cobrar a los domicilios de los damnificados, entregando recibos sin valor alguno y haciéndose pasar como vendedor de servicios de sepelio y en cuyos membretes de los formularios que entregaba, se consignaban los nombres de la empresa y el supuesto grupo, como prestatarios del servicio.

El hombre habría operado mediante engaños y aprovechándose de su conocimiento  para la venta de seguros de sepelios, puesto que trabajó muchos años en una reconocida empresa local, de la que fue desvinculado.

El accionar del acusado no sólo quedó acreditado por el relato de los damnificados y la dueña de la empresa de seguros, sino también por los elementos hallados al momento de producirse el registro en su domicilio, tales como formularios, folletos, entre otros.

De uno de los informes del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), se supo que dos de las damnificadas se presentaron en la empresa local de servicios de sepelio para requerirlos, ya que habrían sido contactadas por el acusado en noviembre de 2022, el que las habría incorporado como beneficiarias de dichos servicios y su correspondiente cobertura.

En una de las oportunidades, el acusado les habría ofrecido, además, cobertura de servicios de salud, a través de una tercera empresa en la que trabajaría su esposa. Los pagos efectivizados constaban de una cuota inicial de $1000 y cuotas mensuales de $5000. El acusado,  también, habría emitido recibos por los pagos, a nombre del supuesto grupo empresario y facturas a nombre de un tercero, las que se encontraban vencidas desde abril de 2017.

Las damnificadas radicaron la correspondiente denuncia en la página de denuncias web del Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.

Se imputó a efectivo del Servicio Penitenciario por golpear en el rostro a un interno

La investigación e intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos se inició a partir de la remisión desde el propio Servicio Penitenciario de las copias de las actuaciones administrativas contra personal que, durante un procedimiento de traslado de un interno al sector Sanidad, lo habría golpeado con mano abierta, ocasionándole un sangrado en la nariz. Sucedió en marzo de este año y el efectivo fue pasado a disponibilidad.

E l fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de severidades agravadas por la violencia, a un subalcaide del Servicio Penitenciario.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 12 de marzo, en el sector de Sanidad de la Unidad Carcelaria N° 1, cuando el acusado, que al momento se desempeñaba como Jefe de Pabellón, le habría dado tres golpes de mano abierta en el rostro, a un internado.

Lo ocurrido se produjo después de un incidente en un pabellón de esa unidad carcelaria, que suscitó que se trasladara al interno hacia el sector Sanidad. Al llegar al lugar, se le ordenó a los efectivos sacarle las medidas de sujeción y fue ahí cuando el oficial subalcaide habría propinado las tres bofetadas al rostro del damnificado.

El informe del enfermero que presenció la agresión física y realizó el examen médico del interno dio cuenta que “se observa sangrado en el tabique nasal, procediendo a realizar limpieza y compresión en dicha zona”.

En las filmaciones de las cámaras de seguridad fija del sector, se visualiza la agresión física de un efectivo de civil hacia un interno que se encontraba con las manos detrás de la espalda, frente a la pared y cerca de una camilla, rodeado de funcionarios penitenciarios y un efectivo, vestido con camisa celeste y pantalón gris. En las imágenes, se observa cómo el individuo vestido de civil golpea al interno en el rostro tres veces, seguido de la intervención de otro funcionario penitenciario que lo separa y lo aparta de la escena.

Tomado conocimiento del hecho por parte de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, se ordenó el pase a situación de disponibilidad del subalcaide.

Teniendo en cuenta las documentación remitida por la Dirección de la Unidad Carcelaria N° 1, la filmación de la cámara fija, las manifestaciones del personal penitenciario que presenció la agresión al interno, entre otros elementos de convicción reunidos respecto a cómo sucedió el hecho en el que resultó lesionado el damnificado, el fiscal González entiende que constituyen elementos suficientes para imputar, provisionalmente,  al subalcaide.

El fiscal de Derechos Humanos sostiene que el acusado actuó violando la ley y los reglamentos carcelarios, al agredir físicamente al interno penado, cuando éste se encontraba neutralizado, sin oponer resistencia alguna.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y manifestó que presentaría su descargo por escrito.

Barrio Solidaridad: Imputado por desobediencia y amenazas a su padre

El acusado habría aprovechado la ausencia de su madre para ingresar a la vivienda. Tenía exclusión de hogar. 

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, imputó provisionalmente por la presunta comisión de los delitos de desobediencia judicial y amenazas, en concurso real, a un hombre de 21 años.

El hecho sucedió la tarde del pasado 14 de mayo, en un domicilio de barrio Solidaridad, cuando el acusado, aprovechando la ausencia de su madre, habría ingresado a la vivienda con la intención de sustraer prendas de vestir, utensilios, vajilla, entre otros objetos.

Enterado de lo sucedido, el padre se dirigió al domicilio, y al no poder recuperar los elementos sustraídos, decidió trasladar al acusado a la dependencia policial, oportunidad en la que recibió amenazas.

Al momento de radicar la denuncia, la madre del acusado dijo que existe una resolución del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3 en contra de su hijo, que ordenó la exclusión de hogar y prohibición de acercamiento al domicilio. El hombre de 21 años, se encuentra en situación de calle y tiene consumo problemático de sustancias, según lo manifestado por su madre.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, la fiscal Adet Figueroa solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.

Condenado por abuso sexual a menores

El hombre había recibido una pena en 2013 por este mismo tipo de hechos. Tras varias denuncias, testimoniales de las menores e informes médicos, fue llevado a juicio y recibió una pena de 7 años por reiterados hechos de abuso. 

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, representó al Ministerio Público Fiscal en acuerdo de juicio abreviado en el que un hombre de 44 años fue condenado a 7 años de prisión efectiva, como autor de los delitos de abuso sexual simple, agravado por la guarda y convivencia preexistente; abuso sexual simple continuado; abuso sexual simple; abuso sexual simple, agravado por la guarda (dos hechos) y abuso sexual simple, todo en concurso real.

El fiscal de UDIS 2, conforme a los elementos colectados en las actuaciones, sostuvo en su requerimiento a juicio que los hechos descriptos se encontraban corroborados, fundamentalmente, por la declaración de las menores damnificadas en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), quienes pudieron contarle a sus progenitores.

Uno de los casos sucedió en septiembre de 2022, cuando el imputado, aprovechando que la menor de 8 años se encontraba bajo su guarda, en el domicilio donde convivían, la sometió a tocamientos.

Otra de las denunciantes, vecina del acusado, dijo que se había enterado por familiares que el hombre, que tenía contacto con las menores cuando las llevaba a la escuela u ocasionalmente en la calle, estaba detenido por supuesto abuso sexual, con acceso carnal. Ante la preocupación generada, habló con sus hijas, las que le expresaron que el acusado las había sometido a tocamientos en varias oportunidades, lo cual ratificaron luego en Circuito Cerrado de Televisión.

En tanto, la otra menor, que por entonces tenía 12 años, dijo que el amigo de su tío los llevaba a la escuela (a ella y sus hermanos), que una vez intentó abusar de ella, pero ella lo apartó.

Otra denuncia fue radicada por la madre de una menor de 17 años, quien relató que fue citada a fines del año pasado al colegio donde asiste su hija, donde las autoridades le informaron que la adolescente había manifestado a su profesora de educación física que, en 2019, cuando su tío la había llevado a visitar a su abuelo, abusó de ella pese a que opuso férrea resistencia. Según el relato de la menor, quien corroboró lo expresado por su madre, luego fue amenazada con que a su abuelo le iba a pasar algo, si hablaba.

En el requerimiento elevado oportunamente por el fiscal González Miralpeix, los hechos fueron corroborados por la declaración de las menores damnificadas, cuyos relatos fueron sostenidos en el tiempo y concretos, lo que avala la verosimilitud de los sucesos narrados.

El hombre de 44 años ya había sido condenado por esta misma clase de hechos, en mayo de 2013, siendo declarado reincidente por tercera vez.

El Tribunal de Juicio, Sala VII, del Distrito Judicial Centro, condenó al hombre a la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y dispuso la extracción de material genético del condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Sustrajo un neumático y fue condenado

El hombre violentó la cerradura del vehículo de la damnificada, estacionado en la vía pública y sustrajo un neumático, lo que quedó registrado por las cámaras de la zona.  A pocos días del hecho fue condenado y cumplirá prisión efectiva.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, representó al Ministerio Público Fiscal en el acuerdo de juicio abreviado por el que Carlos Saúl Condorí resultó condenado a la pena de 4 meses de prisión efectiva, por el delito de robo simple.

El hecho por el que llega condenado Condorí sucedió la tarde del pasado 8 de mayo, en inmediaciones de calles Esteco y Rioja cuando, luego de ejercer violencia sobre la cerradura de un vehículo Gol Power gris, sustrajo ilegítimamente una rueda de auxilio, para luego retirarse del lugar.

La denuncia había sido radicada por la damnificada, luego de que personal del Circuito de Video Vigilancia (CVV) observara el hecho y personal policial se desplazara y procediera a demorar al acusado.

El Juez de Garantías 3, Antonio Germán Pastrana, declaró a Carlos Condorí, además, reincidente por cuarta vez.

Cerrillos: Por robar un medidor de agua fue condenado a prisión efectiva

El hombre reconoció su participación y responsabilidad en el hecho y manifestó su acuerdo con la calificación del delito. Recibió condena efectiva.

El fiscal penal de Cerrillos, Federico Portal, representó al Ministerio Público Fiscal, en el acuerdo de juicio abreviado en el que  fue condenado  a la pena de 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, Walter Ezequiel Cardozo, de 30 años, por el delito de robo simple.

La madrugada del pasado 22 de abril, tras violentar las mangueras de suministro de agua, el acusado sustrajo el medidor del domicilio de la damnificada, en barrio Los Crespones, de la localidad de Cerrillos.

De acuerdo al informe policial, un efectivo de subcomisaría Pinares salió a patrullar, luego de conocido el hecho, y en inmediaciones del fondo de barrio Palmares de la Isla, observó al acusado que estaba entre las malezas. El hombre tenía bajo sus prendas un medidor de agua, por lo que se procedió a su demora.

Cuando la damnificada se hizo presente en la dependencia policial, al corroborar el número que figura en la boleta de luz, con el del medidor secuestrado, verificaron que coincidían, por lo que le fue restituido.

La jueza Ada Zunino, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación del hecho endilgado, le impuso el cumplimento de una pena de dos  meses de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por cuarta vez.

Inicia el Ciclo Nacional de Capacitaciones sobre Ley Yolanda

El ciclo constará de 8 encuentros virtuales y autoadministrados, y busca capacitar a procuradores, fiscales y empleados de los ministerios públicos de todo el país. El programa, enmarcado en un convenio entre el CONICET y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, será presentado mañana con la participación de destacadas autoridades.

El Ministerio Público Fiscal de Salta participa de la organización del Ciclo de Capacitaciones sobre Ley Yolanda (Ley 27592), promovido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que dará inicio mañana viernes 19 de mayo.

El ciclo se enmarca dentro del convenio suscripto entre el CONICET y el mencionado Consejo,  y apunta a fomentar los vínculos de cooperación científica y tecnológica, establecer la realización de capacitaciones, cursos y asesoramiento jurídico permanentes.

La presentación está prevista para las 10 de la mañana, vía plataforma Zoom y contará con la presencia del presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Dr. Alejandro Gullé; el director del Ciclo de capacitación y Procurador General de la Corte de Justicia de Santa Fe, Dr. Jorge Alberto Barraguirre; y el Coordinador del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, Alan Temiño. En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, estará el Secretario Relator Ambiental de la Procuración, Dr. Juan Sebastián Lloret, designado como Subdirector del Ciclo.

Estas capacitaciones de formación del Consejo de Procuradores están destinadas a procuradores y procuradoras, fiscales, secretarios, auxiliares y empleados de los ministerios públicos de todo el país.

El Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda contempla un total de 8 encuentros, con diferentes unidades temáticas, y se enmarca dentro de un plan de acción continua, iniciado durante el Primer Encuentro sobre Ambiente, Ciencia y Justicia que tuvo lugar en noviembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La modalidad de dictado de estas 8 jornadas que contempla el Programa de Capacitación sobre Ley Yolanda, es totalmente virtual y autoadministrada.

MPFS y EDESA coordinan y dictan capacitación ante ola de robo de cobre de transformadores

El objetivo principal es capacitar a personal de las distintas fuerzas de seguridad para lograr la identificación de transformadores que pudieran ser manipulados y dañados para la extracción ilegal de cobre, en todo el territorio provincial.

Organizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, conjuntamente con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima (EDESA), este miércoles 18, tuvo lugar en la sede del Casino de Suboficiales, una capacitación sobre transformadores de energía eléctrica, sus características, identificación y uso. El evento estuvo dirigido al personal del Escuadrón 45 “Salta” y de la Agrupación VII “Salta” de Gendarmería Nacional.

Se ofreció contenido teórico-práctico a cargo de un profesional de EDESA, con el fin de poner en conocimiento del personal de esa fuerza respecto al funcionamiento y composición de estos dispositivos que permiten elevar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico.

Ante el crecimiento de delitos de robo de cobre extraído de estos transformadores de energía eléctrica, lo que se viene sucediendo con mayor frecuencia en el norte provincial, el Ministerio Público Fiscal coordinó junto a EDESA esta primera actividad, que se extenderá en los próximos días a otras fuerzas de seguridad provinciales, CIF y personal afectado a diferentes fiscalías que tienen a su cargo la investigación de delitos de esta naturaleza.

En la capacitación, coordinada por Marcos Rubinovich del equipo de abogados de la Procuración General de la provincia en representación del Ministerio Público Fiscal, también estuvo presente Jorge Luis Salvano, Gerente General de EDESA y experto en ingeniería eléctrica.

Estos encuentros tienen como objetivo principal,  brindar las herramientas necesarias para identificación en controles en rutas o peajes u operativos, de potenciales casos de robo y transporte ilegal de cobre, como así también la mecánica utilizada para su sustracción.

Dos condenados por estafar y amenazar a un taxista

A poco más de un mes de cometido el hecho, la pareja fue condenada, en audiencia multipropósito. La mujer recibió condena efectiva y el hombre, condicional.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado que tuvo lugar en el Juzgado de Garantías 3, Distrito Judicial del Centro.

En audiencia multipropósito, el Juez Antonio Germán Pastrana, luego de reconocer el hecho y confesar su autoría material, condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución efectiva, por los delitos de estafa y amenazas con arma, a Anabella Decia García, de 24 años; y a la pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, por los delitos de estafa y amenazas, a Abel Moisés Mendoza, de 31 años.

El incidente por el cual los acusados fueron condenados ocurrió la madrugada del 4 de abril pasado. En ese momento, ambos acusados abordaron un taxi conducido por la persona que presentó la denuncia. Después del viaje, los acusados se bajaron del taxi sin pagar la tarifa indicada.

El damnificado los siguió y les solicitó a los imputados que abonaran lo adeudado. Fue entonces que Mendoza lo amenazó y, acto seguido, García se acercó con un cuchillo al denunciante. Ante el temor de sufrir un daño, el conductor del vehículo se retiró y llamó al Servicio de Emergencias 911. No obstante, los siguió hasta que fueron detenidos por personal policial, previo intentar darse a la fuga.

El Juez condenó a Anabella García a prisión de ejecución efectiva por contar con una condena anterior, de tipo condicional y su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria N° 4; e impuso a Mendoza una serie de reglas de conducta, por el término de 2 años, tal como prohibición de acercamiento y el pago de una suma de 3 mil pesos, en concepto de reparación del daño, a favor de la víctima.

Santa Clara de Asís: Dos acusados por sustracción de motocicletas

Luego de la denuncia del damnificado, se logró llevar adelante distintos allanamientos, con resultado positivo, merced a las investigaciones realizadas. Se solicitó mantenimiento de detención.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública, a dos hombres de 25 años.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia del damnificado, quien el pasado 21 de enero asistió a un local bailable, en calle Richieri al 600, a bordo de su motocicleta Gilera, la que dejó estacionada en la playa de estacionamiento para motos, con traba manubrio, que contenía en el baúl un teléfono celular y una campera. Cuando el denunciante salió del local, junto a su pareja, se dio con que su motocicleta no estaba donde la había dejado estacionada. Al preguntarle al encargado del estacionamiento, le indicó que fuera a hacer la denuncia.

Iniciadas las averiguaciones, personal del boliche hizo entrega, de manera voluntaria, de las grabaciones de las cámaras ubicadas en el estacionamiento. Al ser analizadas las imágenes, se logró identificar a uno de los acusados cuando sustrae la motocicleta del denunciante y la saca empujando hacia la vía pública. En las imágenes se ve, además, al otro acusado, junto a otras personas que tomaron parte en el hecho, a bordo de dos motocicletas.

Según la información recopilada, uno de los acusados, que vive en el barrio Santa Clara de Asís, tiene un patrón de comportamiento en el que se le ha visto entrar con distintas motocicletas a su domicilio. Por las noches, desmontaría las motos frente a su vivienda, y luego trasladaría durante las primeras horas de la madrugada, las piezas al domicilio de al lado, donde aparentemente hay un taller mecánico.

De un relevamiento de datos, se obtuvo información de  que uno de los acusados tenía a la venta varias partes de motos con ruedas y cuadros de rodados desarmados, publicados en una página de ventas que funciona en una red social.

De los allanamientos realizados en diferentes domicilios, solicitados por la fiscalía penal 4 y dispuestos por el Juzgado de Garantías en turno, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa y  la detención de los dos acusados.

Durante la audiencia de imputación, uno de los acusados dio su versión de los hechos, en tanto el otro se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Ruiz de los Llanos solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, mantenimiento de detención.