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Condenado a cuatro años de prisión por vender drogas en Ceferino

Guillermo Segundo Paz alias “Gordo Guille” fue condenando a 4 años de prisión efectiva por el Tribunal de Juicio Sala 4 a cargo de la jueza Norma Vera, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Guillermo Segundo Paz, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación, que contó con la participación de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, comenzó a partir de denuncias anónimas recibidas por el Sistema del Ministerio Público en las que se dio cuenta de la actividad ilícita que Paz desplegaba.

Tras la realización de tareas investigativas y de inteligencia, se pudo establecer que Guillermo Segundo Paz vendía sustancia estupefaciente en su domicilio de barrio Ceferino, durante todo el día.

El material secuestrado en el domicilio allanado estaba acondicionado y distribuido para su venta directa al público, sobre la cual se realizó la correspondiente prueba orientativa de Narcotest que arrojó resultado positivo por cocaína.

Cambio climático: el Ministerio Público Fiscal expuso en la Conferencia de Naciones Unidas

La Procuración General de la Provincia, a través del secretario relator de Medio Ambiente, Juan Sebastián Lloret, participó de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP25, que se desarrolló en Madrid, España. El funcionario expuso sobre la importancia de la institucionalidad para atender la emergencia climática y ambiental.

Más de 25.000 representantes de 200 países se reunieron en Madrid, en la Cumbre del Clima celebrada del 2 al 13 de diciembre, para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos del cambio climático. El encuentro se desarrolló en el Centro de Exposiciones madrileño IFEMA, con la asistencia de procuradores, fiscales, ministros, magistrados, jueces y reconocidos investigadores y académicos de todo el mundo.

El objetivo de esta cumbre fue contribuir y enriquecer con los aportes y conclusiones que se generaron, a la labor del sector ambiental en general. En lo particular, sirvió para dar impulso, avance, promoción y desarrollo de soluciones para enfrentar el Cambio Climático.

La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, afirmó durante el acto de inauguración que “el drama climático es un problema global; necesitamos herramientas, compromisos y sanciones universales al problema medioambiental. Las instituciones debemos tratar de llegar tan pronto como la ciudadanía lo requiere porque es una emergencia, desde su perspectiva coercitiva”.

Por otro lado, luego de dar la bienvenida a los fiscales de Europa y Latinoamérica presentes, el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de España y vicepresidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa (CCPE), Antonio Vercher Noguera explicó los pormenores de la tarea fiscal en los respectivos países para enfocar la cuestión ambiental climática y utilizó para exponer de un modo práctico, el sonado caso de la contaminación atmosférica y las consecuencias del aumento del tránsito en Madrid central.

Además, expusieron el químico alemán Horts Büther, miembro de la Red de la Unión Europea para la implementación y aplicación del Derecho Ambiental (IMPEL), el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia, Álvaro García Ortiz y el fiscal delegado de Barcelona, Antonio Pelegrin.

Al cierre, se realizó una mesa redonda con diálogo de conclusiones, a la que fue invitado el relator ambiental Juan Sebastián Lloret, relacionada con incendios forestales, contaminación producida por grandes cruceros y contaminación atmosférica urbana, temas directamente conectados con el problema del cambio climático.

Lloret hizo un repaso de todo lo expuesto en la actividad y al retomar las palabras de la Ministra sobre la necesidad de una institucionalidad global para la atención de la emergencia climática y ambiental, expuso que la madurez alcanzada por la rama fiscal ambiental en muchos países y la vinculación que se ha logrado entre estos organismos especializados de persecución, ha llevado a que se aceleren los tiempos, producto de la cooperación y asistencia mutua internacional para el combate de la contaminación, lo cual confirma la idoneidad como instrumento, de la especialización en la materia.

Juran dos nuevos fiscales penales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomará juramento este lunes a Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, quienes se desempeñarán en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro. El acto se desarrollará en el Salón Auditorio del Ministerio Público al mediodía.

El 28 de noviembre pasado el Senado de la Provincia prestó el acuerdo para la designación de Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González, para desempeñarse en el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro. El decreto de designación fue publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre.

Este año, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se produjeron tres vacantes: las generadas por la jubilación del exfiscal penal 2, Justo Alberto Vaca; y debido a las renuncias del exfiscal penal 3, Maximiliano Troyano y la exfiscal penal de Rosario de Lerma, Gabriela Soledad Romero Nayar. Troyano asumió como juez del Tribunal de Juicio Sala IV y Romero Nayar, juró en la Sala V del Tribunal de Juicio, ambos en el Distrito Judicial del Centro.

Desestiman y archivan una denuncia de Teruel por supuesta extorsión

El fiscal penal 2, Federico Jovanovics, dispuso desestimar y archivar las actuaciones iniciadas por Mario Rolando Teruel y Noemí Cristina Laspiur. Consideró que lo denunciado no constituye delito y en consecuencia, que no encuadra en figura penal alguna.

Según se desprende de las actuaciones, Teruel y Laspiur denunciaron a una mujer y su hija, menor de edad, por el supuesto delito de Extorsión, Chantaje y/o Coacción, en octubre pasado.

De acuerdo a la denuncia, ambas habrían expresado a Teruel, en un local comercial en el que habrían pactado reunirse en enero pasado, que tenían una serie de grabaciones en las que su hijo menor Lautaro Teruel, reconocía un delito (sin señalarle cual) y que si no le compraban un terreno y un vehículo, las harían públicas y además harían una denuncia…y repitió que todo eso, se podía solucionar si antes llegaban a un arreglo económico, y que ni se le ocurra comentar esto con alguien porque inmediatamente lo sacarían en todos lados y Lautaro no iba a poder ni siquiera salir a la calle.

En su denuncia, Teruel y Laspiur dejaron constancia de decidieron no denunciar en enero pasado, “hasta tanto tengamos algún elemento como para sustentarla”.

Jovanovics consideró que el hecho “dio cuenta de un planteo de peticiones pecuniarias en base a supuestos padecimientos sufridos por la parte denunciada, lo que indica un potencial ejercicio de las acciones legales que cupieren al respecto”.

Entonces, descartó el delito de amenazas y de manera consecuente los de extorsión y coacción, porque el primero requiere el anuncio de un mal concreto, futuro, cierto, serio, grave, injusto, idóneo de carácter ilegítimo que no está obligado a sufrir y que no se trate necesariamente de un ilícito penal, no resultado injusto el ejercicio legítimo de un derecho.

Pero aclaró que en el caso particular, “la mujer y su hija se habrían presentado con exigencias económicas por el supuesto padecimiento de un hecho delictivo de acción de instancia privada en perjuicio de la integridad sexual de la menor, el cual ya se encuentra ventilando en un debido proceso en trámite por ante la justicia penal”. Y agregó que la mujer y su hija, al incitar al denunciante al pago de los daños como víctima del delito contra la integridad sexual por el cual se encuentra requerido Lautaro Teruel en perjuicio de la menor, “deja a todas luces claro la ausencia del elemento de ilegitimidad en las distintas peticiones pecuniarias efectuadas por las denunciadas, por lo que no se actualiza el delito de amenazas”. El fiscal también descartó el delito de extorsión.

Aclaró que en el presente caso no existió intimidación idónea, tal como ya se lo explicó al analizar la legitimidad para denunciar con la que contaban las mujeres, y que de hecho ya denunciaron a Lautaro Teruel por el delito contra la integridad sexual de la menor, encontrándose el proceso penal en curso.

Citó jurisprudencia que resolvió que “de ningún modo puede ser considerado constitutivo del delito de extorsión requerir una suma de dinero para no formular denuncia, pues solo se está advirtiendo que se piensa hacer uso de las vías legales”. Por último, descartó el delito de coacción, toda vez que al no darse los requisitos de la amenaza (es decir, del anuncio concreto de un mal futuro, cierto, serio, ilegítimo dirigida a obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, como entregar dinero y muebles e inmuebles a las denunciadas), no se puede tener por actualizado ese delito.

El fiscal también entendió que “del contenido de las actuaciones, no surgió que las denunciadas hayan manifestado de modo alguno que realizarían en contra de su hijo Lautaro Teruel una denuncia falsa”, es decir atribuirle deliberadamente un hecho que no existió.

Por el contrario, en ejercicio de los derechos que la ley les refrenda, acudieron a requerir a Teruel lo que entendieron suficiente para no activar las vías judiciales y legales, tanto para que se determine la responsabilidad penal del autor del hecho en perjuicio de la menor, como la civil para su reparación de daños patrimoniales y morales con el alcance que la ley la faculte para ello.

Las actuaciones fueron desestimadas y archivadas.

Tres detenidos e imputados por el robo a Cerámica del Norte

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a Juan Ramón Salas, Juan Pablo Ruiz y Antonia María Ruiz, en el marco de la causa iniciada a partir del asalto a mano armada registrado en la planta fabril de Cerámica del Norte el miércoles 21 de agosto. La investigación contó con la colaboración de la División Delitos contra la Propiedad de la Policía de la Provincia, a cardgo de Diego Bustos.

El fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero, imputó a Juan Ramón Salas, alias “Pochoclo”, por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, robo simple y hurto simple, todo en concurso real; Juan Pablo Ruiz por el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda y hurto simple en calidad de partícipe necesario, todo en concurso real; y Antonia María Ruiz por el delito de encubrimiento agravado.

La investigación, que incluyó análisis de telefonía, imágenes y allanamientos, permitió establecer que algunos elementos secuestrados, entre ellos una motocicleta tipo cross, cascos y vestimentas usadas para cometer el asalto en la planta febril de Cerámica del Norte, serían los mismos que fueron utilizados en un ilícito denunciado por un damnificado que sufrió un robo dentro de su vehículo particular a la salida del Banco Macro de B° San Francisco.

El asalto a mano armada en la planta fabril de Cerámica del Norte se produjo durante la tarde del mihttp://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/avanza-la-investigacion-por-el-robo-millonario-a-ceramica-del-norte/ércoles 21 de agosto, mientras se pagaban sueldos. El monto total robado, según la denunció de la empresa, fue de $ 1.200.000.

Investigan a un exjuez federal por amenazas

El fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Carlos Amad, remitió al Ministerio Público Fiscal de la Provincia, una denuncia realizada por una vecina contra un exjuez federal de la Provincia.

Foto: Flor Arias para H.I.J.O.S.

Según consta en el documento remitido por el Ministerio Público de la Nación, de acuerdo a lo ordenado por el Juez federal interviniente que declaró la incompetencia nacional en el tema; el 29 de agosto pasado compareció ante la Unidad de Derechos Humanos, Eugenia del Valle Barboza, quien dijo que reside hace 54 años en el domicilio ubicado sobre ruta provincial 87, de San Luis, departamento Capital, y que “hay personas que quieren sacarla de allí”, en alusión a “Ricardo Lona, a quien conoce desde hace mucho tiempo”. Agregó que “en 1999 los terrenos pertenecían a la familia Ortiz y que desde esa época es que Lona y su familia residen allí”.

De acuerdo a la misma denuncia, “Lona quiere sacar a la denunciante si no se deshace de los animales”, entre otras situaciones tales como “insultar y agredir” a su hija, quien es una mujer trans. Barboza dejó aclarado que “no es la primera vez que recibe amenazas de esa persona, que “lo hizo en varias ocasiones y a lo largo de los años, llegándole a decir que le va a destrozar la casa”. Expuso que hay una acequia entre la casa de ella y la del denunciado y que él siempre va a revisar que no haya animales de propiedad de la mujer; que cruza por el puente de la acequia en su camioneta y la amedrenta; igual que a su hija e hijos, uno de ellos menor de edad. Agregó que en cada oportunidad que Lona fue a su domicilio, lo hizo acompañado por su esposa.

Finalmente, la denunciante Eugenia del Valle Barboza, dejó constancia de que “desea que Lona no vaya más a su casa a amenazarla, que a veces lo hace en estado de ebriedad y que es cuando más agresivo se pone, que incluso llega a temer por su vida y la de sus hijos”.

La denuncia fue remitida al fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal.

Gala Cancinos: Convocan a los padres para reconocimiento de objetos

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio anticipó que los rastrillajes que se llevan adelante en el marco de la causa que investiga la desaparición de la menor Gala Cancinos concluirán este jueves. Ramos Ossorio se reunirá nuevamente con los padres de Gala para el reconocimiento de objetos encontrados en el cerro San Bernardo.

El Equipo de Búsqueda y Rescate, asistido por agentes de la Policía de la Provincia y perros adiestrados; llevará adelante hasta mañana la quinta etapa de rastrillajes en inmediaciones del Cerro San Bernardo.

Se trata de una continuación de la tarea de búsqueda iniciada en junio con el recorrido realizado sobre los terrenos de Lesser contiguos a la ruta provincial 28 y en el río Wierna, de Vaqueros, municipio de la zona norte del área metropolitana.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio se reunirá con Mónica Ovando y Javier Cancinos, padres de Gala, para el reconocimiento de los objetos colectados durante el rastrillaje.

Gala Cancinos fue vista por última vez el 18 de mayo de 2017, en inmediaciones del Parque Bicentenario de la ciudad de Salta.

Hay una recompensa vigente de 1.500.000 pesos, a nivel nacional, para quien aporte datos de Gala.

Por abuso sexual, piden juicio contra el docente de la Escuela Oficial de Ballet

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Carlos Eduardo Quiroz, por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación y en perjuicio de una alumna menor de edad, de la Escuela Oficial de Ballet.

En los fundamentos, el fiscal González Miralpeix sostuvo que de los elementos colectados durante la investigación, surgió que el docente Carlos Eduardo Quiroz, de 40 años y que se desempeñaba como profesor de preparación física en la institución mencionada, habría atentado contra la reserva sexual de la alumna, de 14 años. Destacó que el relato de la víctima resulta concordante con el de testigos consultados, quienes advirtieron claramente un profundo cambio en el estado de ánimo de la menor.

De acuerdo al fiscal, en todos los supuestos el imputado perpetró un serio acometimiento en contra de la víctima, vulnerando su libertad sexual, aprovechando su superioridad física y la posición que ostentaba respecto de ella, en pleno dominio de sus actos.

Quiroz fue imputado en julio pasado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación.

La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente que concurría a la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia, al tomar conocimiento de que su hija había sido víctima de tocamientos por parte del profesor de preparación física. La mujer señaló que su hija le dijo que no era la primera vez que sucedía y que conocía que lo hacía con otras alumnas.

También indicó que puso en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio de Cultura de la Provincia, quienes en forma inmediata lo separaron de su cargo y radicaron la denuncia en su contra.

Pintó un departamento y terminó acusado y detenido por usurpación

La Fiscalía Penal N° 1 intervino tras la consulta policial por la denuncia de la administradora del Consorcio Ciudad del Milagro. El acusado fue detenido y quedó imputado por usurpación y coacción.

Una mujer que se desempeña como administradora en el consorcio de Ciudad del Milagro denunció a un hombre que, hace más de un mes, había ingresado a un departamento cuyo inquilino se encontraba de viaje.

El acusado aseguró que fue contratado para realizar trabajos de pintura y mantenimiento. Sin embargo, la administradora tenía copias de las llaves, pero no pudo acceder. En ese contexto, el hombre amenazó a la denunciante y le dijo “si no me entregás mis cosas, te mato”. En otra ocasión le dijo “no dés más vueltas, tenés hasta mañana” e hizo alarde de que su hermano es un delincuente bien conocido en la zona.

Ante el temor de la situación, ya que también mandó mensajes a ella y a su madre, realizó la denuncia y personal de la Comisaría N° 6 en consulta con la fiscal Gabriela Buabse, identificó al acusado como Ricardo Diego Alejandro Dip Ribera de 44 años. A su vez se solicitaron testimoniales de vecinos que corroboraron el relato de la denunciante. Posteriormente, el propio inquilino denunció que al querer ingresar a su departamento Dip Ribera se lo impidió y tornó agresivo.

Con esta información Buabse solicitó al Juzgado de Garantías en turno la detención del hombre, quien luego fue imputado por el delito de usurpación y coacción en concurso real. Pidió que se mantenga su detención.

Los padres de Mathieu Martin destacan la investigación y esperan hallar a su hijo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con Claude y Patricia Martin, padres de Mathieu Martin. Ambos llegaron desde Francia y asistieron con su abogado. La causa que investiga la muerte del turista francés y cuyo requerimiento de elevación a juicio fue hecho el 12 de noviembre, tiene como imputados a los hermanos Juan y Froilán Cuevas, señalados como los autores del homicidio de Martin.

El abogado Matías Adet destacó la recepción de los padres por parte del Procurador, porque en ese contexto los familiares resolvieron dudas y accedieron a nueva información de la causa. Evaluó que Claude y Patricia Martin “están tranquilos porque advierten una gestión, desarrollo y diligencia de la investigación de mucha fuerza, pero como padres tienen la aflicción de hallar el paradero del cuerpo de su hijo, vivo o muerto”, afirmó el abogado. Explicó que “es un hecho objetivo que el cuerpo no haya aparecido, dadas las dificultades de la topografía y el escenario donde habrían ocurrido los hechos”.

Se coordinó una nueva reunión con los fiscales, que se concretará durante la semana para profundizar sobre aspectos que los padres podrían aportar a la investigación. El letrado dijo que “estamos en un avance porque la etapa de la investigación ha concluido y debemos pasar a la de juicio, momento en el que se concretará el ofrecimiento de prueba y llegará el debate contra los imputados que hasta hoy tiene el proceso”, finalizó Adet.

El 12 de noviembre, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero requirieron al Juzgado de Garantías Interviniente la elevación a juicio contra Juan Cuevas, de 39 años, y Froilán Cuevas, de 41, señalados como los autores de la muerte del turista francés. Según consta en la investigación, la autoría material del hecho que diera muerte a Martin surge acreditada de un informe del Servicio de Biología Molecular del CIF, cuyo análisis se realizó sobre una pulsera de goma secuestrada a Juan Cuevas. Ello permitió establecer un perfil genético compatible con un hijo de los padres de Mathieu. Por otra parte, dos testigos ratificaron sus dichos y comprometieron la situación de los detenidos, al señalarlos como los autores de la muerte del turista, quienes se encuentran imputados por el delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin, de 32 años.

El 1 de octubre pasado, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al cónsul general de Francia, Julien Bouchard y el agregado de Seguridad, Joël Molera, quienes se interiorizaron sobre los avances en la causa.

Este lunes, también participaron en la reunión los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero; el director del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila y el amigo de Mathieu, François Delbreil.